Ciudad de México. Representantes de organizaciones civiles calificaron de torpeza y un retroceso en materia de Derechos Humanos eliminar el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, por lo que llamaron a la Cámara de Diputados a no desaparecerlos y proteger a las personas en riesgo que son beneficiadas por estos fondos.
En conferencia de prensa virtual, las agrupaciones civiles se pronunciaron en contra del dictamen para desaparecer 109 fideicomisos, entre ellos el que apoya a personas defensoras y periodistas que viven con amenazas o cuya vida corre peligro porque han sido atacadas. El documento fue aprobado el pasado 29 de septiembre por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y se espera que sea aprobado por el pleno este 1 de octubre.
| El decreto reforma y deroga diversas disposiciones de la Leyes para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; General de Protección Civil; Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de Ciencia y Tecnología; Aduanera; Reglamentaria del Servicio Ferroviario; General de Cultura Física y Deporte; de las Leyes Federales de Cinematografía; de Derechos; de las Leyes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; General de Cambio Climático; General de Víctimas; y se abrogan las Leyes que Crean el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; y el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. |
Las organizaciones civiles alertaron que de estos recursos depende la vida de personas: por lo menos de 30 mil que están en el Registro Nacional de Víctimas y mil 304 (418 periodistas y 886 defensoras de Derechos Humanos) que cuentan con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Estos recursos no se entregan directamente a las personas, se utilizan para pagar alimentación, vivienda, hospedaje, transporte y medidas de seguridad como botones de auxilio, cámaras de vigilancia o escoltas a víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos, personas defensoras y periodistas cuya vida está en riesgo por el trabajo que realizan.
Es por ello que las y los defensores llamaron a la Cámara de Diputados a no modificar la Ley General de Víctimas, de 2013, ni la Ley Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de 2012, que dieron origen a estos fideicomisos y que fueron producto de la lucha de la sociedad civil para atender necesidades mínimas de las víctimas.
El investigador del Programa de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Ángel Ruiz Tovar, expuso que no hay mecanismo más ideal para asegurar recursos a favor de esta población que un fondo. Destacó que la ventaja es que el dinero se mueve por medio de reglas de operación y los recursos que no se gastan en el año no se deben regresar a la federación, por lo que cuenta con solvencia en momentos de crisis económica.
Ruiz Tovar criticó que en el dictamen que se discutirá en el pleno de la Cámara de Diputados no hay claridad de qué sucederá con los recursos. Se sabe que una vez que los fideicomisos se extingan, los fondos van a pasar a la Tesorería de la federación, pero no hay garantía de cuándo ni cómo serán reasignados a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) o a la Secretaría de Gobernación (Segob), instituciones que atienden a las personas beneficiadas.
El investigador agregó que en caso de que estos recursos se reintegren tampoco hay garantía de que no se utilicen para otras cuestiones. El dictamen señala que se deben realizar acciones que coadyuven a mitigar la crisis económica provocada por la pandemia mundial por COVID-19, pero las y los legisladores han declarado que los recursos no desaparecen sino que serán resignados para evitar la corrupción en estos fideicomisos.
| Un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indica que de aprobarse la reforma para desaparecer los fideicomisos sería posible resignar recursos para la federación por 36 mil 085 millones de pesos, en el supuesto de que se puedan utilizar los fondos reportados hasta marzo de 2020. |
La directora de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Nancy J. López Pérez, explicó que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas era un mecanismo ágil para asistir a las víctimas pero al eliminarlo de la Ley General de Víctimas, las personas deberán presentar una solicitud de apoyo que deberá ser dictaminada por la CEAV y será sujeta a los recursos autorizados si es que hay disponibilidad presupuestaria.
La defensora señaló que con este fondo se solventaban gastos de alimentación, alojamiento o vivienda para víctimas de tortura, desplazamiento forzado u otras violaciones; o bien, traslados para que las víctimas dieran seguimiento a los procesos penales en los que estaban involucradas, participaran en diligencias de búsqueda de personas desparecidas o presentaran peritajes independientes en su búsqueda de justicia.
Es por esa razón que expuso que eliminar este fondo es una medida “torpe y absurda” que implica un retroceso en el acceso a derechos de víctimas y además hará más compleja su atención. La defensora lamentó que ahora las medidas de asistencia se supeditan a la disponibilidad presupuestal, por ello exhortó a la Cámara de Diputados a no cometer el error de desaparecer los fideicomisos y pidió al Senado no permitir este retroceso.
A su vez el presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Alberto Xicoténcatl Carrasco, aclaró que el fideicomiso para personas defensoras no entrega recursos económicos, los fondos se utilizan para pagar bienes y servicios en beneficio de estas personas.
Aseguró que cada año el fideicomiso, creado por medio de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, es auditado y no ha tenido ninguna observación de corrupción, aunado a esto, la sociedad civil ha observado la erogación de los recursos y tampoco ha encontrado ningún uso discrecional.
Xicoténcatl Carrasco adelantó que si bien el Mecanismo de Protección puede mejorar y tiene áreas de oportunidad, hoy es administrado por el partido en el poder: Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien es el mismo que busca eliminarlo.
Para el defensor una consecuencia negativa de desaparecer este fideicomiso es que durante los primeros tres meses de cada año el Mecanismo se paralizará mientras llega el presupuesto, como ocurre con todas las dependencias. Es decir, se eliminará la agilidad de reacción del Mecanismo ante situaciones de emergencia y las personas que están en riesgo se quedarán sin protección durante este tiempo.
| Las organizaciones emitieron un comunicado en el que señalan que tan solo en lo que va de 2020, la ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de Derechos Humanos y organizaciones civiles han señalado al menos 4 casos de periodistas asesinados. De acuerdo con el Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) en lo que va de 2020 se han registrado 215 casos de violencia contra mujeres periodistas |
La periodista Jade Ramírez reiteró que estos recursos públicos tienen alcance en la vida e integridad física de las personas. La integrante de Periodistas de a Pie consideró que si el objetivo es combatir la corrupción, en este caso los fondos están libres de malos manejos porque cuenta con un catálogo de medidas de protección y éstas se autorizan de acuerdo con un análisis de riesgo.
La reportera señaló que la administración de este presupuesto no están en manos de la Secretaría de Gobernación ni con funcionarios que desconocen la situación y mencionó que una preocupación de la sociedad civil es que sin el fideicomiso la operación de las medidas de protección va a ser más burocrática y se podrían generar daños irreparables para la vida, salud y estabilidad emocional de periodistas y personas defensoras.
20/AGM/LGL
