Ciudad de México. La organización ASILEGAL solicitó a la Comisión Revisora para la Ley de Amnistía, que depende de la Secretaría de Gobernación, otorgar la libertad a 8 mujeres acusadas de transportar droga que se encuentran privadas de su libertad en centros penitenciarios del norte del país.
El pasado 25 de septiembre el equipo legal de esta organización presentó las solicitudes de libertad, aún cuando no se sabe cuándo sesionará la Comisión Revisora, su modo de operación, ni cómo hará efectivos los lineamientos para otorgar la amnistía a las personas que pueden pedir este beneficio.
La ley, publicada el pasado 22 de abril, indica que en casos de delitos contra la salud, como el transporte de drogas, se otorgará el perdón si la persona cometió el delito por estar en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación o por tener una discapacidad permanente.
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De igual forma serán beneficiadas aquellas personas que cometieron el crimen por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito, entre otras consideraciones.
ASILEGAL expresó en un comunicado que también existen dudas de cómo se evaluará la condición de vulnerabilidad de las personas en conflicto con la ley penal; pese a ello tramitó la amnistía de estas mujeres en pobreza extrema, entre ellas una madre sola, una adulta mayor y una extranjera que no sabían español. Todas condenadas a pasar de 6 a 10 años de prisión.
La organización expuso que estos casos de mujeres obligadas a transportar paquetes de drogas u orilladas a cometer el ilícito debido a su precaria situación económica es apenas una fracción minúscula de la enorme cantidad de mujeres mexicanas que a la fecha se encuentran pagando una condena desproporcionada en prisión.
De acuerdo con la organización, en el peor de los casos las mujeres son completamente inocentes y su único crimen fue vivir en situaciones de vulnerabilidad y violencia de género, contextos que no fueron analizados por la justicia a la hora de dictar sentencia.
Por otra parte, la agrupación “Equis Justicia para las Mujeres”, que mantiene la campaña #LiberarlasEsJusticia, documentó que existen 3 mil 018 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud. Esta agencia solicitó a la Secretaría de Gobernación, por medio de la plataforma de transparencia, saber cuántas solicitudes de amnistía son de mujeres y cuáles son los delitos que las llevaron a prisión, sin embargo la institución sólo informó que hasta agosto ha recibido 290 peticiones, sin detallar el delito de la condena ni si se trataba de hombres o mujeres.
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El equipo jurídico de ASILEGAL instó a las autoridades responsables a no olvidar que la Ley de Amnistía se trata de que el Estado haga un resarcimiento histórico a la criminalización estructural hacia grupos vulnerables, por lo que cada día que estas mujeres pasan en prisión acrecienta la deuda del Estado para combatir la violencia estructural contra las mujeres.
Asimismo, puntualizó que los alcances, supuestos y lineamientos de la Ley de Amnistía aún no son socializados entre la población reclusa potencialmente beneficiaría; y que no hay claridad, ni un plan de atención a la demanda de asesorías y acompañamiento jurídico de las personas privadas de libertad y a sus familias.
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