Inicio AgendaEn defensa La tutela del cuerpo de las mujeres, Segunda y última parte

La tutela del cuerpo de las mujeres, Segunda y última parte

Por Argentina Casanova Mendoza
Foto: Cortesía de María Julia Castañeda

Una vez más con la despenalización del aborto en Hidalgo se hace evidente que la política pública y legislativa para todas las personas, desde una visión laica, es la única garantía de que todas las mujeres, las niñas y las adolescentes tengan acceso a la interrupción legal del embarazo y que se garantice el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos bajo nuevos contextos globales de salud pública, de gobierno y de desarrollo.

El mapa nacional de la despenalización del aborto se modificó en el transcurso de la semana pasada con la aprobación en el estado de Hidalgo, sumándose a Oaxaca y la Ciudad de México, atrás se quedó en esta ocasión Baja California Sur con su iniciativa a punto de ser aprobada pero que no llegó a consolidarse en el pasado proceso de votación.

Este escenario nos permite dar continuidad al texto publicado la semana pasada en el que analizamos el trasfondo de la negativa en la mayoría de los estados de aprobar las iniciativas que despenalizan el aborto y/o permiten ampliar las excepciones con un marco que desestigmatice la práctica, facilite el acceso y garantice que no habrá criminalización sobre las mujeres que necesiten realizarlo.

Para muchas personas es difícil conciliar la práctica religiosa y apelan a esa posición para rechazar una iniciativa que da respuesta no a un asunto de práctica de fe, sino a una necesidad de las mujeres y niñas, frente a una situación que ha estado presente en la vida de las mujeres desde tiempos remotos y que las ha llevado en muchos casos a tomar decisiones críticas.

Votar a favor de una iniciativa de ley que reconozca el derecho de las mujeres y las niñas a la interrupción legal del embarazo no es un asunto de fe personal, la decisión de acceder al ejercicio de éste es un asunto de conciencia individual y de garantizar un marco normativo que ayude a las mujeres a tomar la decisión de ponerlo o no en práctica.

Durante mucho tiempo los dogmas religiosos han minado y controlado el derecho, desde los resabios del derecho visigodo que reducía la voluntad de las mujeres a lo que los padres decidieran sobre ellas y su valor se supeditara a lo que los hombres paterfamilias les conferían.

Consecuentemente se generaron estigmas y desvalorizaciones ligadas a la condición social de las mujeres en relación con la soltería, el matrimonio, la separación y la viudez, esto obligó a que se creara un dogma de fe en relación con la permanencia en el matrimonio sin importar sus consecuencias, la violencia física o emocional que vivieran, aparejado a un sistema jurídico que mimetizado con lo religioso impedía el divorcio. Pasaron varios siglos para que el “divorcio” fuera legal y aún por mucho tiempo permaneció el estigma desvalorizando a las mujeres separadas, ubicándolas en los bordes, en la invisibilidad o el escarnio público.

La legislación cambió y también cambió paulatinamente la percepción sobre el divorcio que dejó de ser “dilema moral” para convertirse en un procedimiento civil al que las personas tienen derecho, se derrumbó el mito patriarcal sobre las mujeres periféricas e invisibles a partir de la separación.

Lo mismo sucede con la interrupción legal del embarazo. Quienes aprueben estas iniciativas están contribuyendo a derrumbar los mitos y los dogmas de fe que permean los ámbitos civiles y de derecho bajo prejuicios y estereotipos, desde la idea del Estado como padre que controla los cuerpos de las mujeres que le son propias, extensiones de su dominio y control, potestad sobre los úteros y cuidadores de conciencias de las mujeres que -desde esta visión patriarcal y machista- no pueden ni saben tomar por sí mismas sus decisiones para ejercer sus derechos conforme a sus realidades y vidas.

Pienso en este ejemplo porque creo que es la mejor forma de sensibilizar a quienes tienen la responsabilidad de la toma de decisiones, de legislar, de diseñar política pública, de ser actores políticos que fijan posiciones en relación con los derechos y el cambio progresivo, de entender que no es imponiendo la visión dogmática de la tutela de los cuerpos y las conciencias, como prosperamos hasta hoy, sino reconociendo la posibilidad de que vivimos en sociedades distintas a las del pasado, en contextos sociales en los que la libertad individual es clave en la protección de los derechos de todas las personas.

21/ACM/LGL

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