Ciudad de México. Especialistas en violencia y derechos de las mujeres declararon que es necesario que la paridad sea una realidad en el poder judicial a fin de que las ciudadanas puedan acceder hacia la justicia de forma más efectiva pues prevalece la impunidad en delitos cometidos hacia ellas porque las autoridades actúan de manera ineficiente y bajo sus prejuicios, lo que deja en riesgo la vida de las mexicanas y aumenta los casos de feminicidio.
Al participar en el foro virtual “Mujeres, justicia y paridad”, organizado por la Cámara de Diputados, explicaron que es indispensable que se avance en la paridad de género en el poder judicial para que exista igualdad en la impartición de justicia. “Esto no debe verse como una forma de materializar la oportunidad de hacer valer nuestra perspectiva del mundo al igual que los hombres”, añadió la magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Martha Alejandra Chávez Camarena.
Datos citados por las panelistas registraron que de las 78 magistraturas que existen en el poder judicial, 63.5 por ciento están ocupadas por hombres y 36.5 por mujeres en 2020, por otro lado, hay 6 mil 432 personas servidoras públicas en el poder judicial, de las cuales 43 por ciento son hombres y 56 por ciento son mujeres. Estas cifras “advierten que hay una sobrerrepresentación de los hombres en los altos cargos y una mayor presencia de las mujeres en cargos de bajo rango, esto es lo que debemos cambiar”, agregó Chávez Camarena.
Detallaron que impulsar la presencia de las mujeres en el poder judicial es necesario, pero éstas deben estar sensibilizadas en perspectiva de género y Derechos Humanos para que en verdad vigilen que la normativa sea aplicada de forma correcta y se impulse el acceso de las ciudadanas a la justicia porque una queja histórica es que las autoridades no emplean las leyes, ni consideran los contextos de las víctimas, lo que las deja lejos de que puedan vivir una vida libre de violencia.
Señalaron que un reto para las personas que fueron electas para un cargo público en las pasadas elecciones es que supervisen que las normativas sean aplicadas a fin de que encuentren y resuelvan los obstáculos que padecen las mujeres para acceder a la justicia.
“El Estado se tiene que hacer presente a través de todas las instituciones y autoridades que tienen que cambiar y reestructurarse. En los casos de feminicidio, desapariciones y asesinatos de mujeres podíamos hablar de la banalidad de la impunidad que está permeada por hilos fallidos en la investigación, hay un conflicto interno entre las competencias de las autoridades, de lo que toca a la federación y a los estados”, declaró la abogada e integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Micheel Salas Ramírez.
Comentaron que un caso que demuestra el difícil acceso de las mujeres a la justicia es el del “Campo Algodonero”, que se refiere al asesinato violento de 8 mujeres en Ciudad Juárez, Cihuahua en 2001. A 11 años, el Estado mexicano sigue cumplir en sus totalidad con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH): no ha creado un banco de datos sanguíneos para que las víctimas sean identificadas, o crear una página web donde la población pueda consultar cuántos casos de feminicidio, desapariciones y asesinatos ocurren en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“A estas alturas creo que es imposible que se encuentre a los culpables de estos asesinatos y que sean condenados ni tampoco se ejerzan acciones contra los funcionarios que discriminaron a las familias de las víctimas y cometieron irregularidades en estos casos. Este caso demostró la indiferencia y los estereotipos de género bajo los cuales actuaron las autoridades, pero que siguen en el sistema de justicia”, agregó la investigadora del Instituto de Jurídicas de la UNAM y especialista en género, Rosa María Álvarez González.
En sus palabras, las autoridades deben trabajar en promover la paridad en el poder judicial, reforzar los mecanismos de protección hacia mujeres como las órdenes de protección y los refugios, revisar si lo descrito en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es efectivo ante las problemáticas que ha dejado el Covid-19, y desarrollen tribunales especializados que sí apliquen la perspectiva de género en los delitos hacia mexicanas.
Además de ello, solicitaron que impulsen que sólo una autoridad brinde las órdenes de protección, que exista la oportunidad de que este mecanismo no tenga un límite y que cuando sean dictadas se considere la violencia que también vive la niñez de forma directa o indirecta. También promuevan el derecho de decidir de las mexicanas, la igualdad laboral y la no discriminación hacia ellas.
En este evento también participaron la coordinadora de la iniciativa Spotlight en ONU Mujeres México, Nayeli Sánchez Macías; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashielli Ramírez Hernández; la magistrada de la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Celia Marín Sasaki; y la subdirectora de “Equis Justicia para las Mujeres”, Maissa Hubert Chakour.
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