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Pendientes, reglas sobre paridad en municipios de Nuevo León 

Por Anayeli García Martínez

Ciudad de México.- A pesar de que los datos del Instituto Nacional Electoral (INE) muestran que la participación política de las mujeres en los municipios es de apenas 25.8 por ciento, los partidos políticos en el Congreso de Nuevo León se resisten a legislar a favor de la paridad a nivel local.

Si bien este año no habrá elecciones en estado,el Congreso local de Nuevo León se apresura a aprobar una reforma sobre paridad con reglas laxas para la integración paritaria de candidaturas a ocupar ayuntamientos. En diciembre de 2021 las y los diputados aprobaron, en primera vuelta, una reforma que no favorecen la presencia de más mujeres en estos cargos. 

Datos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México indican que en Nuevo León hay 10 mujeres presidentas municipales y 41 hombres. Además, los resultados electorales del 6 de junio de 2021 arrojan que mil 486 hombres y 525 mujeres gobernarán los municipios y alcaldías del país, de acuerdo con datos del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

De ahí que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmara que los municipios se han convertido en el “talón de Aquiles” para lograr la paridad. Es por eso que este 31 de enero propuso que el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal elabore un diagnóstico sobre los obstáculos que las mujeres enfrentan para desempeñarse en esos ámbitos.

Paridad en municipios, el pendiente

Desde 2015 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de al Federación (TEPJF) señaló que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble dimensión: vertical, postular candidatas para presidencias, regidurías y sindicatuas; y horizontal, postular candidatas entre los diferentes ayuntamientos de un estado. 

El estado de Nuevo León es uno de los estados que no ha cumplido con su obligación de legislar en la materia. “El Congreso, además de no asumir su responsabilidad de legislar, ahora quiera dar reversa a lo que nosotras, las mujeres, de manera organizada tuvimos que lograr ante los tribunales electorales”, explica en entrevista la abogada y diputada local por Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes.

La maestrante en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, destacó que a pesar de que este año no hay elecciones en el estado (en 2022 sólo el estado de Durango renovará 39 presidencias municipales), en diciembre de 2021 el Congreso aprobó, en primera vuelta, una iniciativa para reformar la Constitución y la Ley Electoral estatal en materia  de paridad electoral, a poseer de que las próximas elecciones son en 2024.

“Creo que la intención es que en este periodo se apruebe la segunda vuelta y ojo: se va a probar la reforma electoral de paridad de género, no se ha probado la reforma constitucional de paridad (en todo) donde se incluyen todos los poderes, gabinete, organismos autónomos, no se han aprobado esa reformas”, destacó.

La abogada agregó que la iniciativa, que debe ser avalada en segunda vuelta, es laxa, por lo que en caso de avanzar tendrán que impugnarla en tribunales. “Es ridículo que cada tres años tenemos que ir a los tribunales para asegurar mejores reglas para nosotras y tenemos que estar en esta batalla, cuando los Congresos tienen obligación de generar reglas justas que permitan la igualdad de participación política entre hombres y mujeres y que aseguren que tengamos posibilidades reales de acceso al poder público”.

Dos años de omisiones legislativas

En 2019 el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia de paridad de género en los tres niveles y poderes de gobierno, conocida como “Paridad en Todo”; asimismo, en abril de 2020 el Congreso de la Unión aprobó las reformas sobre violencia política de género.

En consecuencia todas las entidades federativas tenían la obligación de homologar sus Constitución y leyes electorales al nuevo marco jurídico. Los estados, incluida la entidad gobernada por Samuel García, debió ajustar su legislación antes de las elecciones de julio de 2021, para que las nuevas reglas se aplicaran en esos comicios. Sin embargo no lo hizo.

Si bien en 2020 el Congreso aprobó, en primera vuelta, una reforma sobre ”Paridad en Todo” y violencia política contra las mujeres, está no se avaló en segunda vuelta y quedó en la congeladora; pero además, aquella iniciativa que no avanzó decía que la implementación de las reglas para garantizar la participación política de las mujeres sería gradual. 

Es por eso que defensoras de los derechos político-electorales se inconformaron e iniciaron una campaña con el lema: #ParidadAMediasNoEsParidad. Las mujeres, entre ellas Iraís Reyes lograron que MC promoviera un juicio que llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en agosto de 2020 determinó que el Congreso local era omiso al no legislar y ordenó emitir la normativa correspondiente. 

“(El Tribunal) Marcó una sentencia histórica porque estableció que si un Congreso no legislaba sobre paridad de género eso no implicaba que nosotros no tuviéramos garantía de esos derechos”, destacó la diputada. Además, la Sala Superior del TEPJF determinó que la Comisión Estatal Electoral debía emitir lineamientos sobre paridad para las elecciones de junio de 2021.

Estos antecedentes, del año pasado, son relevantes porque las mujeres lograron que el Tribunal Electoral se pronunciara sobre los Congresos que deciden no legislar. Aún así Nuevo León sigue sin una norma en la materia. “El tema que más les incomodaba es que si entraban en la paridad iban a tener que ver la paridad en la postulación de mujeres a ocupar presidencias municipales en Nuevo León”, planteó Iraís Reyes.

A fin de establecer criterios para las elecciones de junio de 2021, la Comisión Estatal Electoral estableció que los partidos deberían dividir los municipios del estado en tres bloques de población: grandes medianos y pequeños y medir la competitividad para que las mujeres no fueran postuladas en espacios perdedores. Los partidos impugnaron estas reglas, pero los tribunales avalaron los criterios.

“Eso no les gustaba, que tuvieran criterios de población y de su competitividad porque imagínate que tienen a los mismos señores, dueños de las ciudades, que históricamente compiten, y que ya saben a quién le toca (ganar) la siguiente elección; cuando metes reglas de paridad rompes todas esos acuerdos, esa dinámica“, expuso la legisladora.

Esto obligó a que los partidos postularan por lo menos a una mujer en los tres municipios más grandes de la ciudad y en donde siempre gobernaban hombres. A pesar de ello, en el estado solo hay 10 presidentas municipales y 41 hombres, ellas ocupan apenas 19 por ciento de estos espacios.

Proponen reglas laxas 

Después de ver los resultados electorales, en diciembre de 2021 el PRI y el PAN, que tiene la mayoría en el Congreso, propusieron una reforma sobre paridad, pero las defensoras de este principio constitucional aseguran que la propuesta deja fuera las criterios que estableció la Comisión Estatal Electoral en las elecciones de junio de ese año.

La propuesta de reforma dice que cada partido deberá dividir los municipios en dos bloques: los 26 municipios donde les fue mejor y los 25 donde les fue peor. “Eso no garantiza que las mujeres compiten en municipios de la zona metropolitana de Monterrey puedes cumplir esa regla mandando a las mujeres a las zonas rurales; dividir en dos bloques un estado con 51 municipios tampoco asegura que nos vayan a poner a contener en lugares donde haya posibilidades de ganar“.

La reforma se aprobó en diciembre sin mucho ruido, pero las activistas del estado y de otras entidades hicieron un pronunciamiento donde señalaron al Congreso de atentar contra sus derechos. La presión logró que en enero la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el priista Héctor García García, hiciera una mesa de trabajo para debatir el contenido de la reforma que sigue en análisis.

Para la diputada por Movimiento Ciudadano, el discurso de mujeres en Nuevo León lo utilizan como campaña, como bandera política, pero a la hora de las verdades no se aplica.

“Las candidatas y los candidatos diciendo: vamos con las mujeres, estamos con ustedes, vamos por la igualdad, pero una forma de garantizar políticas públicas con perspectiva de género y poner nuestras temas sobre la mesa es asegurar que las mujeres podamos estar en los espacios donde se toman las decisiones, si no entendemos la importancia de que nosotras estemos ahí no vamos a poder avanzar en el resto de los temas”, precisó. 

La reforma constitucional y los cambios a la Ley Electoral estatal están pendientes de una aprobación en segunda vuelta. “El sistema político es complicado, para nosotras es complicado participar, ser candidatas; pero vale la pena al final porque eso nos permite defender una agenda que favorezca a a las mujeres y espero que todo lo que estamos haciendo feministas, activistas, organizaciones de la sociedad civil, nos permita al final asegurar una reforma que proteja nuestros derechos político- electorales”, señaló la diputada.

22/AGM

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