Ciudad de México.- Desde 2019, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) –donde este 2022 se denunció públicamente un abuso sexual al interior de las instalaciones de una vocacional, lo que desencadenó protestas feministas con más denuncias por otros casos de violencia no atendidos– se comprometió en la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados a generar acciones por la integridad y seguridad de las estudiantes y maestras de ese recinto educativo.
De acuerdo con una ficha informativa que emitió la Cámara de Diputados y con información de prensa de la Secretaría de Educación Pública, el 26 de junio de 2019 se llevó a cabo una reunión en la Comisión de Igualdad de Género de este recinto, en la cual participó el entonces director del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, así como la también entonces directora general adjunta de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Nadia Sierra, y la entonces coordinadora de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Como consta en la ficha informativa, el director del IPN habría sido citado a esta reunión, titulada “1era reunión de trabajo con universidades y escuelas de educación superior”, porque a lo largo de 2019, la Comisión de Igualdad de Género recibió 12 denuncias de alumnas y profesoras de ese instituto por hostigamiento, acoso, amenazas y una presunta red de explotación “disfrazada de grupo de estudio”.
Tras esa reunión, los compromisos que hizo Rodríguez Casas fueron: garantizar una política de protección total hacia las denunciantes al interior de la institución; garantizar y reconocer todos los derechos de las politécnicas de acuerdo a la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; a que la Unidad de género tuviera voz y voto en el Consejo General Consultivo del IPN; y mesas de trabajo con todas las escuelas del IPN para la creación de un Protocolo Específico sobre prevención, atención y sanción de todos los casos de acoso y hostigamiento en la institución.
También se hizo el compromiso de que todas las personas que integren las redes de género de las escuelas superiores y centros de investigación estén capacitadas para la atención de casos de acoso y hostigamiento en el siguiente ciclo escolar; que todas estas redes tengan una psicóloga con perspectiva de género; y que, de forma obligatoria, las sanciones administrativas contra las y los docentes que cometan agresiones sexuales sean acordes a las leyes mexicanas.
El IPN quedó en informar cada seis meses a la Comisión de Igualdad de Género el avance en cada uno de estos compromisos, y que, en caso de emitir disculpas públicas por alguno de los casos, quede claro que la institución no minimiza de ninguna forma la violencia contra las estudiantes y maestras. La Comisión de Igualdad de Género, por su parte, presentó al IPN la información de los casos, con respeto a la protección de datos personales e integridad de las denunciantes.
Tras su reunión, en un comunicado aparte, el IPN se pronunció en contra de cualquier tipo de violencia y acoso que pueda afectar física, emocional, sexual, académica y laboralmente a los integrantes de su comunidad y para ello, dijo, implementaría políticas de “Cero Tolerancia a la Violencia”.
La institución también informó que a fin de fortalecer la perspectiva de género en el IPN y posibilitar una cultura de igualdad de género y buen trato entre la comunidad politécnica, la planeación institucional, contemplada en el Programa de Trabajo 2017-2020, ya incluía dos ejes transversales, uno de los cuales corresponde a la Perspectiva de Género.
Para ese 2019, el IPN ya tenía un Protocolo de Atención al Acoso y Diferentes Tipos de Violencia que integra cuatro etapas: el reporte de la o el denunciante, el acompañamiento, la intervención y el seguimiento, así como una Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, y un subcomité para la atención de denuncias sobre hostigamiento y acoso sexual para el personal adscrito a la institución, al cual ya se habían presentado desde 2018 un total de 9 denuncias, de las cuales 8 se turnaron al Órgano Interno de Control, se aplicaron medidas precautorias en 7 casos, uno se turnó a la Oficina del Abogado General y otro ameritó medidas preventivas; también se retiraron de sus funciones a tres docentes, y hubo amonestaciones escritas y verbales y se han registrado a la fecha 9 denuncias. En 7 casos se dio vista al Órgano Interno de Control y se establecieron medidas precautorias.
No obstante, a dos años de estos compromisos el IPN no ha conseguido frenar la violencia contra las universitarias, quienes aseguran que el protocolo de género del IPN no se ha utilizado.
El el pasado 24 de marzo, cerca de 200 estudiantes, en su mayoría mujeres de diferentes planteles del IPN, marcharon en las cercanías de la Dirección General del IPN para exigir a las autoridades que se trabaje en la solución de los casos que han sido denunciados y se castigue a los culpables. Las marchas de las estudiantes continuaron los días siguientes, durante los cuales denunciaron públicamente decenas de casos de violencia contra ellas que no han sido atendidos por las autoridades.
Es de recordar que esta nueva movilización de las estudiantes sucedió después de que se dio a conocer que una alumna de 15 años de edad habría sido víctima de violación sexual cometida por cinco compañeros y un adulto, caso que ocurrió al interior de un baño de la vocacional número 7, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, de acuerdo con medios de comunicación.
Luego de la denuncia, el IPN informó en sus redes sociales institucionales que el día de los hechos informó a la familia de la estudiante sobre lo sucedido y entrevistó a las personas involucradas, incluyendo a la denunciante. No obstante, las autoridades informaron que “no existió el presunto delito” expresado en los medios de comunicación y que, en consecuencia, no había indicios de “una conducta que causara perjuicio a la alumna”. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por su parte, informó a medios que ya investigaba el caso.
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