Puebla de Zaragoza, Pue.- Guadalupe Valencia fue víctima de tentativa de feminicidio el pasado 6 de mayo de 2020, en Puebla, cuando su esposo Josué M. la golpeó e incluso amenazó con asesinarla. A dos años de lo ocurrido las autoridades estatales continúan beneficiando al agresor, acusó Guadalupe, mientras tanto ella teme por su vida y la de su familia.
“Te voy a matar”, fueron las palabras que expresó Josué aquel 6 de mayo. El hombre, quien se ha desempeñado como especialista en Derechos Humanos dentro del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra libre luego de que las autoridades en Puebla desestimaron las agresiones que perpetró contra Guadalupe.
El día de la agresión el servidor público estranguló a la mujer y la golpeó en reiteradas ocasiones, en un momento ella logró marcar al 911 y de forma inmediata recibió atención. “Esa ocasión tuve suerte”, cuenta en entrevista con Cimacnoticias, pues previamente ya había intentado comunicarse a este número telefónico sin éxito.
Las agresiones en contra de Guadalupe incrementaron paulatinamente, ya que la violencia física no fue la única que se perpetró en su contra; Josué la sometió y durante su relación ejerció violencia psicológica y patrimonial hacia ella. Llegando así al grado de intentar quitarle la vida. Pese a que aquel día el agresor fue detenido en flagrancia, las pruebas no fueron suficientes para mantenerlo en prisión.
Revictimización
En mayo de 2020 se inició la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar, no como tentativa de feminicidio, ilícito que es sancionado en dicho estado, de acuerdo con el Código Penal local.
Cuando Guadalupe se presentó ante las autoridades luego de sufrir el ataque, personal del Ministerio Público le dijo que “no estaba tan golpeada”, por lo que se le ofrecieron 20 mil pesos y pensión alimenticia para su hijo y para ella si le otorgaba el perdón a su agresor. La víctima no aceptó y así inició su camino por la impunidad.
Durante un año con nueve meses magistrados analizaron el caso para determinar -el pasado mes de julio del presente año- que el agresor no sería vinculado a proceso, pues la audiencia se repondría para darle la posibilidad de presentar pruebas que presuntamente mostraran su inocencia.
“Yo me quejé, porque habían pruebas suficientes”, contó Guadalupe; sin embargo, acusó que desde un inicio su caso no se investigó con perspectiva de género. Finalmente el 28 de julio se llevó a cabo una nueva audiencia en la que se determinó que Josué M. no sería vinculado a proceso por el delito de violencia familiar.
Hasta ahora Guadalupe desconoce si su exesposo continúa ejerciendo en su cargo, lo que sí sabe es que ha sido beneficiado por parte de las autoridades estatales.
Medidas de protección caducas
La violencia que Josué ejerció contra Guadalupe, además del conocimiento sobre la portación de armas del funcionario, han provocado en la víctima el temor de ser agredida nuevamente o asesinada.
Debido a lo anterior solicitó medidas de protección a la Fiscalía General del Estado; sin embargo, con decepción descubrió que dicho mecanismo únicamente tiene duración de 90 días, por lo que decidió recurrir a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, donde se le ingresó al programa Mujer segura, que consta de una protección indefinida que salvaguarda su vida a distancia en todo momento.
Así es como Guadalupe llegó al punto de incluso querer solicitar asilo a otro estado o país para mantenerse segura a ella y su hijo. Sin embargo, se pregunta: ¿por qué he de huir yo cuando él fue quien me agredió?
La respuesta para sí misma es la responsabilidad de las autoridades, quienes teniendo todos los elementos para acreditar el delito decidieron ignorar la situación. “El mismo sistema no apoya, las leyes que están en papel no se ejecutan en la realidad”, acusó Guadalupe, por lo que nuevamente levantó la voz para exigir justicia.
Puebla y la invisibilización de la violencia contra las mujeres
Desde el pasado 8 de abril de 2019, Puebla se sumó a la lista de estados que cuentan con declaratorio de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para 50 de sus 217 municipios.
Sin embargo, los ataques con ácido, casos de feminicidio y tentativa de este, han colocado a la entidad como una de las 10 más violentas, registrando 73 asesinatos contra mujeres, de los cuales únicamente 12 se investigan como feminicidio, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Pero eso no es todo, pues el estado también acumula mil 246 denuncias por lesiones perpetradas en contra de mujeres. Mientras que al hablar de llamadas de emergencia, la entidad registró seis mil 357 en lo que va de 2022.
Ante este panorama, la sociedad civil coincide en que el estado de Puebla tiene una deuda con las mujeres, donde actualmente su gobernador, Miguel Barbosa Huerta, ha decidido minimizar las agresiones e incluso compararlas con las que viven los hombres.
