El Caso Narvarte permanece como uno de los mayores símbolos de impunidad en México.
El 31 de julio de 2015 se registraron los casos de feminicidio de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera, Alejandra Negrete y homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, en la colonia Narvarte en la Ciudad de México, sin que hasta el día de hoy exista justicia verdadera para las víctimas.
Once años después, el caso continúa siendo uno de los mayores símbolos de la impunidad en México. Aunque tres personas fueron sentenciadas como autores materiales, las familias sostienen que la investigación permanece incompleta, sin esclarecer el móvil del crimen ni identificar a todos los responsables, particularmente a quienes pudieron ordenar los asesinatos.
El multihomicidio sacudió al país porque entre las víctimas se encontraban Rubén Espinosa, quien había salido de Veracruz tras denunciar amenazas derivadas de su labor periodística, y Nadia Vera, defensora de derechos humanos que también había advertido públicamente sobre los riesgos que enfrentaba por su activismo. Desde entonces, organizaciones nacionales e internacionales han insistido en que la investigación debía contemplar como una de sus principales líneas el contexto de agresiones contra periodistas y personas defensoras.
Un caso que permanece en la impunidad
Durante más de una década, las familias han denunciado irregularidades en la investigación, pérdida y ocultamiento de evidencia, filtraciones de información, así como la falta de voluntad para profundizar en todas las líneas de investigación.
Entre los principales señalamientos se encuentra que nunca se agotó de manera adecuada la hipótesis relacionada con las amenazas que Rubén Espinoza y Nadia Vera habían denunciado en Veracruz, entidad gobernada entonces por Javier Duarte, uno de los periodos más violentos para la prensa mexicana.
Diversas organizaciones acompañantes también han señalado que el acceso al expediente ha sido limitado para las familias y que, con el paso de los años, han surgido nuevas evidencias que refuerzan la necesidad de ampliar las investigaciones en lugar de dar por cerrado el caso.
La violencia también ocurrió desde las instituciones y los medios
Aunado a lo anterior, el Caso Narvarte evidenció otra forma de violencia: la revictimización de las mujeres asesinadas.
Desde los primeros días de la investigación se difundieron datos personales, fotografías, aspectos de su vida privada y versiones sin sustento que buscaban explicar el crimen a partir de estereotipos de género. En lugar de colocar el foco en las omisiones de las autoridades, gran parte de la cobertura mediática reprodujo narrativas que responsabilizaban a las propias víctimas.
CIMAC documentó que esa cobertura estuvo marcada por enfoques misóginos y discriminatorios que vulneraron la dignidad de Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete, reforzando prejuicios sobre la vida de las mujeres en lugar de exigir una investigación con perspectiva de género.
Por ejejmplo, el feminicidio de Nadia, Yesenia, Alejandra y Mile estuvo atravesado por revictimización institucional y mediática. Esto fue especialmente evidente en el caso de Mile, a quien —como denunciaron sus hermanos en el documental “A plena luz: el caso Narvarte” de Netflix, la prensa mexicana redujo a concepto revictimizante cargado de estigma: “la colombiana” que la vinculaba con delincuencia organizada.
De acuerdo con la defensora Micheel Salas, este imaginario discriminatorio se fortaleció por el uso del apodo de Mile, ya que en narrativas mediáticas y judiciales los sobrenombres suelen asociarse con actividades ilícitas.
Nadia Vera también fue señalada tras hallarse restos de marihuana en un cenicero de su habitación. Filtraciones sobre una supuesta maleta con cocaína reforzaron la hipótesis de que el multihomicidio era un ajuste de cuentas, mientras que la violencia extrema y las demás líneas de investigación fueron minimizadas.
Años después, especialistas y organizaciones insistieron en que los asesinatos de las cuatro mujeres debieron analizarse también bajo el protocolo de feminicidio, pues la violencia ejercida contra ellas y el contexto de discriminación obligaban a incorporar esa perspectiva desde el inicio de la investigación.
Un referente para la libertad de expresión y los derechos de las mujeres
El Caso Narvarte se convirtió en un referente para documentar los riesgos que enfrentan periodistas, personas defensoras de derechos humanos y mujeres en México.
También evidenció las fallas estructurales del sistema de procuración de justicia para investigar crímenes complejos, garantizar los derechos de las víctimas y evitar la revictimización durante los procesos judiciales.
A once años de los hechos, las familias continúan exigiendo que la Fiscalía de la Ciudad de México esclarezca el móvil del crimen, identifique a todos los responsables materiales e intelectuales y agote las líneas de investigación pendientes. Para ellas, la impunidad no sólo significa la ausencia de sentencias suficientes, sino la falta de verdad sobre lo ocurrido aquella tarde del 31 de julio de 2015.
