El nuevo instrumento incorpora herramientas como análisis de contexto, identificación de patrones de violencia y enfoques diferenciados, de género e interseccionales.
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprobó el Protocolo Homologado Especializado para la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de los derechos humanos, instrumento que busca fortalecer las investigaciones sobre agresiones contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos y contribuir a combatir la impunidad.
El Protocolo fue adoptado el pasado 14 de agosto por la instancia que reúne a representantes de las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas y de la Federación.
Organizaciones de la sociedad civil celebraron su aprobación y destacaron la participación que tuvieron durante el proceso de elaboración. Entre ellas, CIMAC aportó recomendaciones para fortalecer el instrumento e incorporar una perspectiva de género y enfoques diferenciados.
La aprobación ocurre en un contexto de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo con cifras de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2025 al menos 184 personas defensoras fueron asesinadas en México en posible relación con su legítima labor.
Las agresiones afectan de manera particular a quienes defienden el territorio y el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las personas LGBTI+ y de las personas migrantes, así como a quienes ejercen la libertad de expresión y buscan verdad y justicia.
También se encuentran entre las personas afectadas quienes realizan labores de búsqueda de familiares desaparecidos.
Un protocolo frente a años de impunidad
La aprobación del instrumento responde también a un problema histórico de impunidad.
Durante su visita a México en 2017, el entonces Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, señaló que, según diversas estimaciones, alrededor de 98 por ciento de los delitos cometidos contra personas defensoras en relación con su labor permanecían sin resolver.
Forst advirtió que la falta de investigaciones diligentes y de sanciones efectivas favorece que las agresiones se repitan y envía un mensaje de tolerancia frente a la violencia contra quienes defienden derechos humanos.
Entre sus recomendaciones estuvo precisamente la creación de un protocolo especializado para investigar este tipo de delitos.
En este sentido, las organizaciones consideraron que la aprobación del instrumento representa un avance para fortalecer las capacidades del Estado mexicano y combatir la impunidad.
Además, contribuye al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa y familiares vs. México, emitida en 2021, que ordenó al Estado mexicano, entre otras medidas, elaborar un protocolo específico y especializado para investigar ataques contra personas defensoras de derechos humanos.
CIMAC participó en la elaboración
Las organizaciones reconocieron la apertura de la Fiscalía General de la República (FGR) al diálogo y a la participación de la sociedad civil durante el proceso de elaboración del Protocolo, así como el acompañamiento y la asistencia técnica de la ONU-DH.
Este proceso permitió incorporar propuestas encaminadas a que las investigaciones consideren las particularidades de las agresiones contra personas defensoras.
Entre las herramientas contempladas se encuentran el análisis de contexto, la identificación de patrones de violencia y los enfoques diferenciados, de género e interseccionales, además de considerar la dimensión y el impacto colectivo de los delitos.
La participación de organizaciones como CIMAC resulta relevante para que las investigaciones incorporen las distintas formas en que la violencia afecta a las personas defensoras, particularmente cuando las agresiones están atravesadas por razones de género.
Organizaciones piden que el protocolo se aplique en todo México
Aunque las organizaciones calificaron la aprobación como un avance, advirtieron que el Protocolo representa apenas un primer paso.
Su efectividad, señalaron, dependerá de que sea implementado de manera adecuada, de la generación de capacidades institucionales y de que las autoridades cuenten con los recursos humanos, técnicos y presupuestales necesarios.
Por ello, hicieron un llamado a la FGR, a las fiscalías estatales y a las autoridades responsables de prevenir, proteger y atender la violencia contra personas defensoras para garantizar la aplicación del instrumento en todo el país.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- Socializar e implementar el Protocolo en las 32 entidades federativas, acompañado de procesos permanentes de capacitación para ministerios públicos, policías de investigación, servicios periciales, asesorías jurídicas y demás autoridades involucradas.
- Garantizar recursos humanos, técnicos y presupuestales suficientes para su aplicación, así como fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre autoridades federales y estatales.
- Crear un mecanismo de seguimiento y evaluación, con participación de la FGR, instituciones de procuración de justicia y organizaciones de la sociedad civil, que permita identificar avances, obstáculos y medidas correctivas.
- Mantener el diálogo con organizaciones, personas defensoras y víctimas durante la implementación, seguimiento y evaluación del instrumento.
- Evaluar la creación de una Fiscalía Especializada a nivel federal para investigar delitos contra personas defensoras de derechos humanos, con personal especializado, capacidades técnicas y recursos suficientes.
Las organizaciones insistieron en que el verdadero alcance del Protocolo dependerá de que sus disposiciones se traduzcan en investigaciones diligentes, efectivas y con perspectiva de género, capaces de identificar a quienes agreden a las personas defensoras y romper con los niveles históricos de impunidad.
