Familias desplazadas por la violencia comenzaron a regresar a comunidades de la Montaña de Guerrero.
Después de años de violencia y desplazamiento forzado, familias de la Montaña Alta y Baja de Guerrero comenzaron a regresar a sus comunidades. El Gobierno federal informó que la mayoría de las personas desplazadas ya volvió a sus lugares de origen, como parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero.
La estrategia gubernamental contempla 19 comunidades de cuatro municipios y, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta el momento no se han registrado nuevos desplazamientos. Como parte del proceso, 17 familias de Tula, municipio de Chilapa, regresaron a sus viviendas con acompañamiento de autoridades federales y estatales.
Para facilitar el retorno, las autoridades reportaron trabajos de limpieza y rehabilitación de viviendas, recuperación de espacios comunitarios y restablecimiento de servicios básicos. Las familias también recibieron enseres para el hogar y apoyo para incorporarse a programas de bienestar.
El Gobierno federal señaló además que mantiene presencia permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional en la zona, con el objetivo de generar condiciones de seguridad que permitan a las familias permanecer nuevamente en sus comunidades y evitar nuevos desplazamientos.
Volver a casa después de ser desplazadas
El retorno ocurre después de años en los que la violencia obligó a comunidades enteras a abandonar sus hogares.
CIMAC documentó en junio pasado cómo el desplazamiento forzado en la Montaña de Guerrero tiene impactos diferenciados para las mujeres. En diversos casos, ellas han quedado al frente de niñas, niños y personas adultas mayores, además de asumir tareas de alimentación, cuidado y generación de ingresos después de abandonar sus territorios.
Uno de los casos documentados fue el de Victoria —nombre editorial ficticio—, una mujer que tuvo que salir de Huixtlazala, municipio de Zapotitlán, junto con sus cuatro hermanos menores, después de que un ataque armado provocara la muerte de su madre.
Tras el desplazamiento, Victoria tuvo que asumir la responsabilidad de sus hermanos y buscar formas de generar ingresos para sostener a su familia. Su historia muestra que abandonar un territorio no implica únicamente perder una vivienda: también significa romper redes comunitarias, dejar patrimonio y modificar proyectos de vida.
La abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, explicó a CIMAC que las mujeres enfrentan algunos de los mayores impactos de estos desplazamientos, pues suelen quedar a cargo de niñas, niños y personas adultas mayores.
También enfrentan dificultades para acceder a empleo, particularmente cuando no cuentan con estudios básicos, mientras deben priorizar la seguridad y sobrevivencia de sus familias.
El género también importa en el retorno
Aunque el desplazamiento afecta a comunidades completas, sus consecuencias no son iguales para mujeres y hombres.
La investigación previa de CIMAC mostró que en la Montaña de Guerrero la violencia ha producido diferentes formas de desplazamiento. En una primera etapa, algunos hombres tuvieron que salir de las comunidades para buscar seguridad o empleo en otras entidades, mientras mujeres, niñas y niños permanecieron en los territorios para sostener la vida familiar y resguardar viviendas, tierras y patrimonio.
Con el avance de la violencia, sin embargo, también las mujeres y sus familias tuvieron que abandonar sus comunidades.
A esto se suman otras violencias basadas en género. Tlachinollan ha documentado desplazamientos relacionados con matrimonios forzados, desaparición forzada y feminicidio. En estos casos, las familias pueden abandonar sus comunidades por el estigma y por la falta de protección institucional.
Por ello, el regreso de las familias no puede medirse únicamente por el número de viviendas rehabilitadas o por la ausencia de nuevos desplazamientos. Para las mujeres, regresar también implica recuperar condiciones para estudiar, trabajar, cuidar, participar en la vida comunitaria y reconstruir sus proyectos personales.
¿Regresar significa recuperar la vida que dejaron atrás?
El Gobierno federal sostiene que la presencia institucional busca garantizar que las familias puedan permanecer en sus comunidades y que el Plan Maestro también contempla acciones en educación, salud, vivienda, caminos, empleo y bienestar.
Sin embargo, el retorno plantea retos que van más allá de la recuperación física de las localidades.
La experiencia documentada por CIMAC muestra que las mujeres desplazadas han tenido que reconstruir sus vidas lejos de sus comunidades mientras enfrentan pérdidas familiares, económicas y patrimoniales. Algunas dejaron de estudiar; otras asumieron responsabilidades de cuidado y buscaron empleos informales para sobrevivir.
Por eso, garantizar un retorno digno implica que la seguridad no sea entendida solamente como presencia militar, sino también como la posibilidad de que las mujeres y sus familias puedan vivir sin violencia, recuperar sus medios de subsistencia, acceder a educación y salud y reconstruir sus redes comunitarias.
El Gobierno federal aseguró que permanecerá en el territorio “el tiempo que sea necesario” para consolidar la seguridad, garantizar derechos y construir una paz duradera.
Para las mujeres que fueron desplazadas, esa permanencia será fundamental: volver a casa no necesariamente significa recuperar la vida que tenían antes de la violencia. Significa, en muchos casos, comenzar nuevamente a construirla.
