La artesanía textil es reconocida por su valor cultural y como patrimonio vivo de México, pero las mujeres que la sostienen enfrentan informalidad, bajos ingresos, falta de seguridad social, sobrecarga de cuidados y violencia económica, advierte informe.
En México, la artesanía textil es celebrada como parte de la identidad cultural del país: sus técnicas, diseños y conocimientos son reconocidos como patrimonio cultural vivo y existen políticas públicas destinadas a preservar y promover esta actividad.
Pero hay una contradicción detrás de ese reconocimiento: se protege y comercializa la artesanía como expresión cultural, mientras el trabajo de las mujeres que la producen permanece en gran medida invisibilizado y precarizado.
Así lo documenta Tejiendo el cambio. Por un trabajo justo para las trabajadoras de la artesanía-textil en México, un informe elaborado por Unidas, Red de mujeres por el trabajo justo, lo anterior a partir de revisión documental, datos públicos, solicitudes de información, entrevistas y grupos focales con trabajadoras y organizaciones de Chiapas, Puebla y Baja California.
Se celebra la artesanía, pero no a quien la produce
El informe identifica una forma de violencia simbólica y cultural que atraviesa al subsector: las creaciones de las mujeres artesanas son visibles como mercancías culturales, pero su trabajo permanece oculto.
La artesanía aparece en mercados, espacios turísticos, campañas de promoción y discursos sobre identidad y tradición. Sin embargo, esta valoración suele separarse de las condiciones materiales en las que se producen las piezas.
La paradoja es clara: el objeto puede ser reconocido como patrimonio, mientras la mujer que lo creó no es reconocida plenamente como trabajadora.
De acuerdo con el informe, esta separación tiene consecuencias concretas. Al no reconocerse plenamente la dimensión productiva y laboral de la artesanía, se limita el acceso de las mujeres a derechos laborales, seguridad social y mecanismos de protección.
Por ello, el documento plantea que el reconocimiento cultural por sí solo es insuficiente: debe acompañarse de reconocimiento económico y laboral.
Más de tres cuartas partes de quienes producen textiles son mujeres
La dimensión de género de esta actividad es contundente.
Según los datos de la La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI retomados por la investigación, 771 mil 480 personas de 15 años o más se dedicaban a la producción de artesanías textiles en México durante el cuarto trimestre de 2025; 78.5 por ciento eran mujeres.
Es decir, las mujeres no son un grupo marginal dentro de esta actividad: constituyen la mayoría de quienes sostienen la producción artesanal-textil.
El problema es que esta feminización no se traduce necesariamente en autonomía económica ni en mejores condiciones laborales.
Por el contrario, el informe documenta una estructura marcada por el autoempleo, el trabajo a domicilio, el pago por pieza, la ausencia de contratos y la variabilidad de los ingresos.
El trabajo artesanal queda fuera de la protección laboral
Una de las principales dificultades es que buena parte de las artesanas trabaja bajo esquemas que no encajan en el modelo tradicional de empleo formal.
Muchas producen por cuenta propia, de manera familiar o comunitaria. Otras trabajan desde sus hogares y algunas reciben encargos de intermediarios, talleres o empresas que establecen diseños, tiempos y condiciones de producción sin reconocer formalmente una relación laboral.
El informe denomina a estas últimas situaciones “subordinación encubierta”: existe una relación de trabajo, pero no se reconocen las obligaciones laborales que deberían acompañarla.
Esta situación deja a las artesanas en una zona de vulnerabilidad en la que pueden quedar fuera de derechos como salario justo, prestaciones y seguridad social.
La informalidad también significa quedarse sin seguridad social
La falta de reconocimiento laboral tiene otra consecuencia: la exclusión de los sistemas de protección social.
El informe señala que la no afiliación al IMSS es una condición estructural del subsector, relacionada con el autoempleo, la producción domiciliaria, los ingresos bajos e intermitentes y la ausencia de relaciones laborales formales.
Aunque existen mecanismos de afiliación voluntaria, las artesanas enfrentan barreras económicas, administrativas y territoriales para acceder a ellos.
Incluso cuando consiguen algún tipo de afiliación, el acceso efectivo a la salud puede verse limitado por las distancias, los tiempos de espera, el desabasto de medicamentos y la falta de personal especializado.
Así, el derecho existe formalmente, pero no necesariamente llega a la vida cotidiana de las mujeres artesanas.
El mercado también se beneficia de su trabajo
La desigualdad no termina en la falta de seguridad social.
Las artesanas enfrentan relaciones de comercialización en las que intermediarios y otros actores con mayor poder de negociación concentran una parte importante del valor generado por sus piezas.
A ello se suma el plagio y la apropiación de diseños y conocimientos tradicionales. El informe documenta casos en los que diseños elaborados por artesanas son utilizados y comercializados por terceros bajo otras etiquetas, sin reconocimiento de la autoría colectiva ni beneficios para las comunidades.
De esta manera, el conocimiento cultural puede convertirse en mercancía mientras quienes lo producen continúan enfrentando bajos ingresos.
El documento identifica esta dinámica como violencia económica y extractivismo cultural.
Bordar y cuidar: dos trabajos que ocurren al mismo tiempo
La precariedad laboral tampoco puede analizarse sin hablar de cuidados.
Para muchas artesanas, el lugar de producción es también el hogar. Ahí bordan, tejen o confeccionan mientras realizan trabajo doméstico y cuidan a niñas, niños, personas mayores u otros integrantes de la familia.
Los datos de la ENOE citados en el informe muestran que las mujeres artesanas textiles dedican cerca de 57 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados, frente a aproximadamente 38.5 horas de los hombres del sector.
La sobrecarga reduce el tiempo disponible para producir, comercializar sus piezas, participar en organizaciones colectivas y fortalecer su autonomía económica.
Por ello, el informe advierte que cualquier política dirigida a fortalecer la artesanía que no considere los cuidados corre el riesgo de reproducir las mismas desigualdades que pretende combatir.
FONART reconoce a las mujeres, pero falta garantizar sus derechos
El Estado mexicano ha desarrollado programas para apoyar al sector artesanal. En marzo de 2026, la Secretaría de Cultura presentó una Política Integral para el Fortalecimiento del Sector Artesanal que reconoce a la artesanía como un sector estratégico en términos culturales, económicos y sociales, y destaca el papel de las mujeres artesanas.
Sin embargo, el informe encuentra límites en la implementación.
Por ejemplo, FONART reconoce que no cuenta con atribuciones para promover directamente la formalización laboral ni el acceso a esquemas de protección social de las personas artesanas. Además, aunque sus programas incorporan formalmente un enfoque de género, no existen indicadores ni evaluaciones específicas para saber si están reduciendo las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres.
El resultado es una política que puede apoyar la producción, capacitación o comercialización, pero que todavía enfrenta dificultades para garantizar que quienes producen las artesanías tengan derechos laborales y protección social.
Reconocer la pieza también implica reconocer a la artesana
Para las organizaciones que participaron en la investigación, el reto no consiste únicamente en aumentar los apoyos o promover las artesanías en los mercados.
El informe plantea la necesidad de articular las políticas culturales, laborales, económicas y de cuidados para que la artesanía sea reconocida simultáneamente como patrimonio cultural y como trabajo.
Entre las recomendaciones se encuentran:
- Adaptar la protección laboral a las condiciones del trabajo independiente y a domicilio.
- Identificar relaciones laborales encubiertas.
- Facilitar el acceso a la seguridad social.
- Fortalecer la comercialización directa.
- Proteger los diseños y saberes colectivos.
- Desarrollar sistemas de cuidados territorializados y culturalmente pertinentes.
El desafío, concluye el informe, es pasar de valorar únicamente la artesanía como patrimonio a garantizar condiciones dignas para las mujeres que hacen posible que ese patrimonio siga vivo.
