Más de 186 mil personas resultaron afectadas por el terremoto en Colombia.
Casi dos semanas después del terremoto que golpeó el occidente de Colombia, la emergencia humanitaria continúa y las necesidades de las comunidades afectadas se multiplican. Más de 186 mil personas resultaron afectadas en 15 departamentos y 472 municipios, mientras miles de familias enfrentan la pérdida de sus viviendas, ingresos y acceso a servicios esenciales.
Ante este escenario, Naciones Unidas amplió su respuesta para atender necesidades de alimentación, alojamiento, agua potable, salud y educación, pero también para prevenir riesgos de protección que pueden agravarse durante una emergencia, entre ellos la trata de personas y la violencia de género.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) solicitó inicialmente 23 millones de dólares para proporcionar asistencia alimentaria a 100 mil personas durante los próximos tres meses.
La ayuda comenzó a distribuirse en algunas de las zonas más afectadas. Tan sólo el domingo pasado, más de 2 mil personas recibieron alimentos en Pereira y Quibdó, mientras el organismo prepara una ampliación de sus operaciones desde sus centros logísticos en Cali, Quibdó y Medellín.
Una emergencia que profundiza desigualdades
De acuerdo con la última actualización de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), hasta el 17 de agosto se habían reportado 304 muertes, 4 mil 400 personas heridas y 426 desaparecidas, además de más de 26 mil 500 viviendas destruidas.
El impacto también alcanza a las comunidades educativas. Más de 75 mil estudiantes ya no tienen garantizado un acceso seguro a sus escuelas, luego de que mil 631 instituciones resultaran dañadas y 263 sufrieran colapsos totales o parciales o quedaran en riesgo inminente.
La emergencia se concentra especialmente en Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas, donde continúan las necesidades de medicamentos, alimentos, agua potable, saneamiento, alojamiento temporal y rehabilitación de infraestructura.
Pero el terremoto no ocurrió en territorios sin problemas previos. Naciones Unidas señala que cerca de siete millones de personas en Colombia ya enfrentaban inseguridad alimentaria moderada o severa antes del desastre.
En Chocó y Valle del Cauca, dos de las regiones más afectadas, aproximadamente una de cada tres personas se encontraba en esa situación.
A ello se suman años de conflicto y desplazamiento, condiciones que ahora se combinan con la destrucción de viviendas, la pérdida de ingresos y la interrupción de servicios básicos.
En Chocó, alrededor de 69 mil 200 personas fueron afectadas en 29 municipios y más de 3 mil viviendas quedaron destruidas. En Valle del Cauca, al menos 72 mil 670 personas resultaron afectadas.
Mujeres y niñas, entre los grupos que requieren protección
Las consecuencias de un desastre no afectan de la misma manera a todas las personas. La pérdida de vivienda, el desplazamiento y la permanencia en refugios temporales pueden aumentar las condiciones de vulnerabilidad para mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó que la separación familiar y la pérdida de medios de vida pueden incrementar el riesgo de trata de personas, particularmente entre quienes necesitan trasladarse para encontrar ayuda, alojamiento o trabajo.
Las redes criminales pueden aprovechar estas condiciones para ofrecer falsos empleos, transporte, alojamiento o asistencia.
Por ello, la OIM recomendó a las familias verificar que la ayuda provenga de instituciones oficiales y evitar entregar documentos personales o información sensible a personas desconocidas.
La protección también forma parte de las prioridades de la respuesta humanitaria. En los lugares afectados se requieren espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, mecanismos de reunificación familiar y medidas para prevenir la violencia de género en los albergues, además de atención psicológica y apoyo psicosocial.
Naciones Unidas amplía su respuesta
La asistencia alimentaria forma parte de una operación más amplia en la que participan distintas agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias.
En Quibdó, el PMA, UNICEF y otras organizaciones ya distribuyeron paquetes de alimentos a 350 familias afectadas, mientras UNICEF y sus socios entregaron kits de higiene y trabajan en la instalación y mejora de duchas y baños en refugios temporales.
OCHA coordina la respuesta humanitaria en los departamentos más afectados y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabaja con autoridades colombianas en el análisis de imágenes satelitales para identificar daños en edificios y población expuesta.
Mientras tanto, el PMA mantiene unidades móviles de almacenamiento preparadas y suministros adicionales disponibles desde el Depósito de Respuesta Humanitaria que administra en Panamá.
Para las comunidades afectadas, la emergencia comienza ahora una etapa distinta: pasar de la respuesta inmediata a una recuperación que podría extenderse durante meses y que deberá contemplar no sólo la reconstrucción de viviendas e infraestructura, sino también la protección de quienes enfrentan mayores riesgos de violencia, explotación y desplazamiento.
