La propuesta advierte que México enfrenta más de 135 mil personas desaparecidas, las niñas y adolescentes son el grupo más vulnerable.
México enfrenta una crisis de desapariciones que, de acuerdo con una propuesta presentada por organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares, supera las capacidades de las instituciones encargadas de prevenir, buscar e investigar estos casos.
La propuesta, fechada el 30 de agosto y dirigida a las misiones de los Estados miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas, señala que en el país hay más de 135 mil personas desaparecidas y más de 72 mil restos humanos pendientes de identificación forense.
Las organizaciones consideran que esta situación representa una deuda del Estado mexicano con las familias de las víctimas y con la sociedad, particularmente en materia de verdad, justicia y reparación.
El documento surge después de que el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) activara, por primera vez, el artículo 34 de la Convención, al considerar que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y continúan perpetrándose en México como crímenes de lesa humanidad, mediante ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
Mujeres y familias sostienen la búsqueda
La crisis de desapariciones también tiene una dimensión social que recae directamente en las familias de las víctimas. Los colectivos que suscriben la propuesta demandan que quienes llevan años buscando a sus seres queridos sean considerados actores centrales en cualquier mecanismo que se establezca.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran colectivos de búsqueda y familiares de distintas entidades del país, además de organizaciones defensoras de derechos humanos de México y otros países.
La lista incluye colectivos como Madres Buscadoras de Jalisco, Madres Buscadoras de San Quintín, Rastreadoras de El Fuerte, Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, Hasta Encontrarles CDMX, Fuerzas Unidas para Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (FUUNDEC-M), así como decenas de organizaciones nacionales e internacionales.
Para las familias, la búsqueda no puede desvincularse de la exigencia de verdad y justicia. Por ello, la propuesta plantea que cualquier mecanismo internacional cuente con su participación, supervisión y evaluación.
Desapariciones aumentan en 28 entidades
El documento advierte que las políticas implementadas hasta ahora para prevenir las desapariciones han sido insuficientes e ineficaces. De acuerdo con la propuesta, las desapariciones aumentan en 28 de las 32 entidades federativas.
Las organizaciones señalan además que las desapariciones pueden ser perpetradas por particulares o grupos criminales, por autoridades estatales o por grupos criminales que cuentan con apoyo, tolerancia o aquiescencia de agentes del Estado.
Uno de los principales obstáculos identificados es la impunidad. La propuesta sostiene que existe un 99 por ciento de impunidad en los casos de desaparición y cuestiona la capacidad de las fiscalías para investigar de manera efectiva estos delitos.
También señala que no se investiga adecuadamente la posible participación o colusión de servidores públicos con quienes perpetran las desapariciones.
Frente a este panorama, las organizaciones consideran indispensable establecer mecanismos extraordinarios para fortalecer la prevención, búsqueda, identificación forense e investigación de las desapariciones, además de garantizar el acceso de las familias a la verdad, la justicia y la reparación.
ONU analizará el caso de México
El CED resolvió invocar el artículo 34 el 19 de marzo de 2026 y posteriormente elevó el caso al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
El 12 de mayo, Guterres envió el asunto a los Estados miembros de la Asamblea General mediante la nota A/80/737. Actualmente, el caso se encuentra incluido en el punto 71, relativo a la promoción y protección de los derechos humanos, que es tratado habitualmente por la Tercera Comisión.
De acuerdo con la propuesta de las organizaciones, se prevé que el caso pueda ser analizado durante el periodo de sesiones de la Asamblea General entre octubre y noviembre de 2026.
El artículo 34 establece un procedimiento para situaciones en las que el Comité recibe información que indica que las desapariciones forzadas se practican de forma generalizada o sistemática en un Estado parte.
Para las organizaciones firmantes, el procedimiento representa una oportunidad para que México reciba cooperación internacional frente a una problemática cuya magnitud, aseguran, rebasa las capacidades del Estado.
Familias buscan participar en la respuesta internacional
Uno de los principales planteamientos es que la respuesta internacional no se limite a una discusión entre gobiernos, sino que incluya directamente a las familias de las personas desaparecidas y a las organizaciones que las acompañan.
La propuesta plantea que uno o varios Estados impulsen el tema ante la Tercera Comisión y promuevan la construcción de un procedimiento específico para dar seguimiento a la activación del artículo 34.
Entre las opciones planteadas se encuentra la creación de una comisión o una persona experta independiente que elabore una propuesta para atender la solicitud del Comité contra las Desapariciones Forzadas.
Este mecanismo debería consultar a los Estados miembros de la Convención, incluido México; al propio CED; a personas expertas en la materia; y, de manera fundamental, a los colectivos de víctimas y organizaciones civiles mexicanas.
Las organizaciones proponen además que la Tercera Comisión adopte la propuesta y asigne los recursos necesarios para implementarla de manera urgente.
El objetivo, sostienen, no debería ser convertir el procedimiento en un juicio o un ataque contra el gobierno mexicano, sino generar un proceso de cooperación internacional que permita enfrentar la crisis.
Piden diálogo con el gobierno mexicano
La propuesta contrasta esta postura con la respuesta que ha tenido el gobierno de México frente a la resolución del CED.
De acuerdo con el documento, la Cancillería y la Secretaría de Gobernación han manifestado su desacuerdo con el procedimiento activado por el Comité, al considerar que no está sustentada la presunción de que exista una práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada en el territorio nacional.
Ante ello, las organizaciones llaman a los Estados considerados amigos de México a promover un diálogo bilateral con el gobierno mexicano y abordar el proceso desde una perspectiva de cooperación.
La intención, plantean, es que México adopte una postura colaborativa y participe en la construcción de un acuerdo que permita enfrentar la problemática.
Preparan acciones rumbo a la Asamblea General
Las organizaciones y colectivos anunciaron que preparan acciones de incidencia para el siguiente periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Entre ellas se encuentran reuniones con misiones diplomáticas en Nueva York, encuentros con personas expertas independientes de Naciones Unidas y espacios de diálogo con familiares de personas desaparecidas durante eventos paralelos.
La propuesta plantea que este debe ser un proceso de mediano plazo que permita construir mecanismos concretos para frenar las desapariciones, avanzar en la identificación de restos humanos y acercar a las familias a procesos de verdad y justicia.
Las organizaciones sostienen que la activación del artículo 34, inédita en la historia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, representa una oportunidad para establecer un procedimiento internacional que no sólo atienda la situación actual de México, sino que pueda servir como referencia para futuros casos de desaparición forzada en otros países.
