La legislación mexicana reconoce derechos para las mujeres en movilidad, pero persisten vacíos institucionales.
Las mujeres migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, en retorno o deportación enfrentan en México un riesgo constante de violencia basada en género (VBG), mientras que las instituciones públicas mantienen dificultades para garantizarles acceso efectivo a servicios de protección, salud y justicia.
Así lo advierte el informe “Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en México”, elaborado por la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM), con coordinación del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
La investigación, realizada en 2025, revisó legislación, políticas públicas, gasto gubernamental y jurisprudencia, además de recuperar las experiencias de mujeres sobrevivientes de VBG y de informantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
El estudio realizó 11 entrevistas a informantes clave y 15 entrevistas presenciales a mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, quienes habían experimentado uno o más hechos de violencia entre 2020 y 2025. Sus testimonios fueron analizados desde una metodología cualitativa feminista y las participantes permanecieron en el anonimato para proteger su identidad.
México tiene leyes para protegerlas, pero la protección no siempre llega
Uno de los principales hallazgos del informe es que México cuenta con un marco jurídico amplio para proteger a las mujeres frente a la violencia, incluso cuando se encuentran en situación migratoria irregular.
La investigación señala que la legislación federal reconoce el impacto diferenciado de los delitos contra mujeres y niñas, niños y adolescentes en movilidad y permite invocar estos derechos sin que la protección esté condicionada a demostrar la ciudadanía mexicana.
También existe legislación que protege los derechos sexuales y reproductivos. La Ley General de Salud, por ejemplo, no establece barreras legales para que las personas en movilidad accedan a los servicios públicos de salud. El estudio destaca además que la normativa reconoce derechos relacionados con la atención de violencia sexual y reproductiva.
El problema, plantea el análisis, está en la distancia entre las normas y su implementación.
La investigación encontró dificultades para coordinar las instituciones responsables de la política migratoria con aquellas encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La estructura federal, estatal y municipal también vuelve compleja la identificación de las autoridades responsables y la exigibilidad de derechos.
Para las mujeres sobrevivientes que no cuentan con redes de apoyo o acompañamiento especializado, esta complejidad puede convertirse en una barrera prácticamente infranqueable para acceder a la justicia.
Violencia durante el tránsito y falta de información
El informe recupera datos que muestran la dimensión de los riesgos que enfrentan las mujeres durante sus trayectorias de movilidad.
Un diagnóstico citado por la investigación encontró que 53 por ciento de las mujeres consultadas había sido víctima de algún delito durante su tránsito por México; 28 por ciento reportó secuestro, 40 por ciento extorsión económica y 34 por ciento violencia basada en género.
El desconocimiento de las políticas migratorias y la falta de información confiable agravan estas condiciones.
De acuerdo con el estudio, 80 por ciento de la población encuestada carecía de información confiable sobre sus derechos, recursos y referencias de apoyo. Muchas mujeres dependían de familiares, recomendaciones de otras personas o redes sociales como Facebook y WhatsApp para conocer los servicios disponibles.
Esta falta de información puede afectar trámites de regularización, acceso a la justicia, empleo y servicios de salud, particularmente aquellos relacionados con la salud sexual y reproductiva.
La investigación también identifica factores que incrementan el riesgo de violencia basada en género: viajar con el agresor o pareja, hacerlo solas o con hijas e hijos, transitar por rutas bajo control del crimen organizado, utilizar transporte público o pertenecer a grupos que enfrentan procesos de hipersexualización y discriminación.
Los datos oficiales no permiten dimensionar la violencia contra mujeres migrantes
Otro problema señalado por la investigación es la falta de información estadística desagregada por condición migratoria.
Los registros oficiales sobre violencia contra las mujeres generalmente no permiten saber si la víctima es migrante, refugiada o solicitante de asilo. Esto dificulta conocer la magnitud real de la violencia basada en género que enfrentan las mujeres en movilidad y, por consecuencia, diseñar políticas públicas específicas.
Un ejemplo aparece en los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). En México existen 65 centros distribuidos en 31 entidades federativas y ofrecen servicios como asesoría jurídica, atención psicológica y médica, acompañamiento social y protección. Sin embargo, el estudio encontró que la información sobre mujeres migrantes atendidas no está disponible de manera homogénea.
De las respuestas obtenidas mediante solicitudes de información, 11 entidades reportaron datos sobre personas migrantes atendidas y su identidad, mientras que siete estados informaron sobre sus actividades pero no contaban con la variable migratoria. Otros nueve estados no respondieron a la solicitud.
La ausencia de este tipo de información impide saber cuántas mujeres migrantes llegan a estos servicios, qué violencia enfrentan y qué tipo de atención reciben.
Presupuesto insuficiente y dependencia de recursos externos
El componente presupuestario también representa una preocupación.
El informe señala que el financiamiento para implementar la Ley de Migración se ha mantenido por debajo de lo que sería necesario para cubrir las necesidades operativas. En el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 disminuyó 10 por ciento respecto de 2024.
Además, el proyecto del PEF 2026 contemplaba una reducción de 7 por ciento en el capítulo de Servicios Personales de la COMAR: de 31.6 millones de pesos en 2025 a 29.4 millones en 2026. El estudio advierte que esto puede impactar directamente en su capacidad operativa y disponibilidad de personal especializado.
La situación se suma a la reducción del financiamiento internacional destinado a organizaciones que acompañan a personas migrantes y refugiadas.
Para las organizaciones civiles, el informe identifica una necesidad urgente de fortalecer los recursos públicos destinados a quienes brindan acompañamiento y atención a mujeres sobrevivientes de violencia basada en género en contextos de movilidad.
Salud sexual y reproductiva: derechos que también enfrentan barreras
La falta de recursos también tiene efectos en la atención sanitaria.
El análisis señala que el PEF 2025 redujo el gasto en salud en 34 por ciento y advierte posibles repercusiones para población sin seguridad social, particularmente por los efectos sobre los sistemas estatales de salud, medicamentos, servicios y salud mental.
En el caso de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, la investigación destaca la importancia de garantizar la aplicación oportuna de la NOM-046, que establece criterios para prevenir, detectar y atender la violencia familiar y sexual.
El informe también señala que la legislación sanitaria garantiza derechos sexuales y reproductivos para las personas en movilidad y que estos derechos no están condicionados a demostrar ciudadanía.
Un solo indicador sobre mujeres migrantes en la política contra la violencia
Otro hallazgo relevante es que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) cuenta únicamente con una meta e indicador de resultado específicamente relacionado con mujeres en contextos de movilidad.
Se trata de la tasa de mujeres, hijas e hijos víctimas colaterales de violencia que recibieron atención en Centros de Justicia para las Mujeres, desagregada por condición migrante. Sin embargo, el informe advierte que la información de este indicador, tanto a nivel nacional como estatal, se presenta de manera irregular.
Para la RMMSyM, esta falta de información representa una limitación para evaluar si las políticas públicas están realmente llegando a las mujeres que las necesitan.
¿Qué propone el informe?
Entre las recomendaciones planteadas se encuentra mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de migración y aquellas encargadas de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.
El documento propone, entre otras medidas, ratificar convenios de colaboración entre la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la COMAR para dar continuidad a los mecanismos de atención y asesoría; revisar casos de feminicidio rezagados en la Fiscalía General de la República cuando involucren a mujeres en movilidad; y fortalecer la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes desde el sector salud.
También plantea impulsar redes de análisis y auditoría ciudadana sobre el presupuesto destinado a migración y género, así como fortalecer la profesionalización de las organizaciones civiles que acompañan a mujeres sobrevivientes.
El objetivo, señala el informe, es cerrar la brecha entre los derechos reconocidos en las leyes y las condiciones reales que enfrentan las mujeres en movilidad.
Porque migrar no implica perder derechos. Y la condición migratoria tampoco puede convertirse en un obstáculo para acceder a protección, salud, justicia y una vida libre de violencia.
