La violencia puede reproducirse durante las distintas etapas de la movilidad humana.
Migrar, ser desplazada, solicitar protección internacional o regresar a El Salvador no pone fin a las violencias que enfrentan las mujeres. Por el contrario, estas pueden reproducirse durante las distintas etapas de la movilidad humana y encontrarse con nuevas barreras para acceder a protección, justicia, salud y servicios de reintegración.
Así lo documenta el informe “Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en El Salvador”, presentado este 24 de septiembre por la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
La investigación, realizada entre julio y octubre de 2025, revisó el marco jurídico y las políticas públicas salvadoreñas, además de incorporar testimonios y experiencias de mujeres y aportes de organizaciones de la sociedad civil.
Uno de sus principales hallazgos es la existencia de una brecha entre el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres y su implementación efectiva, particularmente en el caso de mujeres migrantes, retornadas y desplazadas por violencia.
La violencia continúa durante las distintas etapas de la movilidad
El informe señala que las mujeres pueden enfrentar violencia sexual, física, económica e institucional, además de discriminación y estigmatización, tanto durante sus procesos de movilidad como al regresar a El Salvador.
A ello se suman dificultades para acceder a mecanismos seguros de denuncia y atención, así como a servicios de salud, justicia y protección.
La investigación identifica que el problema no se limita a la existencia o ausencia de leyes. El Salvador cuenta con instrumentos como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la legislación contra la trata de personas, además de protocolos y otras disposiciones de protección.
Sin embargo, persisten obstáculos para convertir este marco normativo en respuestas efectivas. Entre ellos, el informe señala la fragmentación institucional, la falta de presupuesto específico, la limitada coordinación entre instituciones, la ausencia de datos desagregados y la falta de rutas de atención claras y accesibles.
Por ello, uno de los retos identificados es que las políticas públicas pasen del reconocimiento formal de derechos a acciones concretas, sostenibles y culturalmente pertinentes para las mujeres en movilidad.
El retorno también puede ser una etapa de vulnerabilidad
La investigación advierte que el regreso a El Salvador tampoco representa necesariamente el fin de las condiciones de vulnerabilidad.
Las mujeres retornadas pueden encontrarse nuevamente con las circunstancias que motivaron su salida y, al mismo tiempo, enfrentar precariedad laboral y habitacional, estigma asociado a la migración, discriminación y dificultades para acceder a atención psicosocial, salud sexual y reproductiva y justicia.
Durante 2024, El Salvador recibió oficialmente 15 mil 3 personas retornadas, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En ese mismo año, las mujeres representaron 29 por ciento de las 12 mil 873 deportaciones registradas, de acuerdo con las cifras retomadas por la investigación.
Estos datos permiten dimensionar la necesidad de incorporar una perspectiva de género en las políticas de retorno y reintegración, particularmente frente a las condiciones diferenciadas que enfrentan las mujeres.
Organizaciones civiles sostienen parte de la atención
El informe también destaca el papel de las organizaciones de la sociedad civil y las redes comunitarias que acompañan a mujeres migrantes, retornadas y desplazadas.
A partir de las entrevistas realizadas para la investigación, se documentó que algunas instituciones públicas derivan casos hacia organizaciones civiles debido a limitaciones de presupuesto, personal capacitado o recursos.
De esta manera, organizaciones con recursos limitados terminan asumiendo procesos de atención y acompañamiento que requieren una respuesta institucional sostenida.
La RMMSyM plantea que estas redes necesitan reconocimiento institucional, financiamiento sostenible y coordinación intersectorial, para evitar que el acceso de las mujeres a la protección dependa de la capacidad de respuesta de las organizaciones de la sociedad civil.
¿Qué propone el informe para proteger a las mujeres?
Entre las recomendaciones dirigidas al Estado salvadoreño se encuentra el diseño e implementación de programas de reintegración para mujeres retornadas que garanticen acceso a empleo digno, vivienda, educación y atención psicosocial.
También plantea garantizar una atención integral en salud mediante servicios confidenciales y libres de discriminación, así como incorporar un enfoque interseccional en las políticas públicas.
Esto implica reconocer las necesidades específicas de mujeres jóvenes, rurales, en situación de pobreza, con identidades trans y con discapacidad, entre otras condiciones que pueden profundizar las barreras de acceso a derechos.
La investigación propone además fortalecer las redes comunitarias y organizaciones de la sociedad civil mediante financiamiento sostenible y una articulación efectiva con el sistema estatal de protección.
Para la RMMSyM, atender las violencias que enfrentan las mujeres en contextos de movilidad requiere superar las respuestas fragmentadas y avanzar hacia políticas públicas coordinadas, sostenibles y centradas en garantizar sus derechos, dignidad y necesidades específicas.
