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Castigar la libertad: Nuevo León

Por Montserrat Jmnz
Nuevo León
Foto: María Julia Castañeda

Criminalización y

Por María Julia Castañeda

Clara*, politóloga de 25 años, descubrió en una cita ginecológica en Monterrey que tenía un embarazo ectópico, lo que ponía en riesgo su vida. “Yo tengo muy claras las causales por las que se permite en este estado (abortar); entonces, eso para mí era una ventaja”, explicó al recordar la experiencia que vivió en 2019.

No temió enfrentar una denuncia por interrumpir su embarazo, pues sabía que la ley la amparaba, pero prefirió evitar trámites con las autoridades y abortó en su casa, después de lidiar con el personal médico, que no le ofreció la opción de hacerlo.

El Código Penal de Nuevo León define el aborto como “la muerte del producto desde la concepción, en cualquier momento de la preñez”, y castiga con seis meses a un año de prisión a la mujer que “procure su aborto” o consienta en que alguien más lo haga. No es punible cuando la embarazada corre “peligro de muerte o de grave daño a su salud”, y cuando el embarazo es resultado de una violación.

“Qué grave”, dijo Clara, “que hayan preferido que mi embarazo avanzara para ver si se lograba el producto en lugar de interrumpirlo”.

Foto: Dalia Souza

La joven lamentó que, para evitar este tipo de experiencias con el personal médico, algunas mujeres prefieran no hacerse un ultrasonido después de un aborto, lo que nuevamente pone en riesgo su salud.

Según reportes del Programa de Salud Materna y Perinatal de la Secretaría de Salud federal, en 2018 no se reportaron casos de muerte por abortos inseguros. 

La Secretaría de Salud de Nuevo León no atendió una solicitud de entrevista ni proporcionó el número de muertes y egresos hospitalarios por abortos inseguros en el estado.

Con respecto a la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046), Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que permite a las solicitantes mayores de 12 años acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en caso de violación, el secretario de Salud Manuel de la O Cavazos manifestó estar de acuerdo con su aplicación. 

“Nosotros no estamos a favor del aborto, solamente en caso de violencia sexual, claro que sí, definitivamente, pero es un tema complicado en cuanto a las opiniones, hay unos que (piensan que) sí, en la Ciudad de México, y hay unos que no”, afirmó en noviembre de 2019 en entrevista.

Foto: Dalia Souza

Estigma y

Aunque ninguna sentencia ha resultado en condena, en los últimos 12 años la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Nuevo León registró 520 denuncias por el delito de aborto.

“La causal que compartimos en todo el país es la de violación, en la que nos ampara además la NOM-046”, señaló Vanessa Jiménez Rubalcava, integrante de la Red Necesito Abortar.

En el primer semestre de 2020 se abrieron 67 carpetas de investigación por el delito de aborto, pero en ninguna se ha procedido con la vinculación a proceso, según la FGJE. Tampoco hay mujeres detenidas por el delito de aborto en Nuevo León, según el Poder Judicial del Estado (PJE). 

“De 2012 a la fecha solo se tiene registro de un asunto de aborto, en el que fue sentenciado y condenado un hombre, en enero de 2016”, informó la vocería del PJE.

Los municipios de Nuevo León con mayor número de denuncias por aborto en el primer semestre de 2020 son Guadalupe con 15, García con 14, Juárez con nueve, y Monterrey con siete, de acuerdo con la FGJE.

Jiménez Rubalcava, quien ha dado acompañamiento a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, aseguró que sufren otro tipo de condena, que las obliga a lidiar con el estigma social y el miedo tanto a ser denunciadas como a enfrentar daños a la salud. 

“Hay una criminalización innegable que tiene que ver con todo lo que vemos, tanto en redes sociales como en los discursos de personas públicas, en iniciativas (de legisladores) que están hechas con la intención de amedrentar, de desinformar”, lamentó.

Foto: Dalia Souza

Sandra Cardona Alanís, defensora de los derechos sexuales y reproductivos e integrante también de la Red Necesito Abortar, consideró que la causal de salud que contempla el Código Penal no es solo física.

“Si estar embarazada te causa algún problema emocional o psicológico, pues ya no estás bien de salud, eso es algo muy importante”, precisó la activista.

Agregó que la mayoría de las mujeres que ha acompañado durante el cierre de una carpeta de investigación por aborto fueron denunciadas por el personal de salud.

Por eso, Laura*, activista de 31 años, decidió abortar sola en 2015 y vivió con culpa y dolor el procedimiento, que falló debido a la falta de información para interrumpir su embarazo de manera segura.

“Tenía miedo en el sentido de que, si algo pasaba, pues con quién iba a ir, a quién le iba a decir, o qué podía pasar si algo salía mal; no tenía la información que se ha socializado ahorita gracias a las feministas”, recordó. “El Estado se encargó, digamos, de que yo no supiera nada del proceso”.

Laura logró acceder a la ILE en la Ciudad de México, aunque había superado el límite de 12 semanas de gestación, gracias a las colectivas feministas, que la refirieron a una clínica en la que aceptaron hacerle el procedimiento. Han pasado cinco años desde esa experiencia, y ahora acompaña a otras mujeres que desean abortar. 

“Tiempo después, con otras feministas y activistas del derecho a decidir, lo he podido vivir con menos culpa. No siento culpa, pero no puedo hablar de esto libremente porque sé que está estigmatizado, que me van a señalar”.

En su caso, por haber viajado a la CDMX, no temía que le interpusieran una demanda, pero de cualquier modo, dijo, hubiera sido “lo de menos”.

“No prosiguen esto (con las carpetas de investigación), lo que quieren es que no lo hagamos, que sintamos culpa, que tengamos toda una serie de obstáculos para poder acceder a este derecho básico y vaya que lo logran, porque es un derecho que está también en tratados internacionales a los que estamos adscritos en México”.

El aborto, en un contexto estigmatizado, puede generar impactos emocionales como ansiedad y otros trastornos, alertó la psicóloga Ana Luisa González Rosas, integrante de la colectiva Hablemos de Aborto. 

Lo que genera daño no es la interrupción del embarazo, aclaró, sino la reacción de la sociedad, que lleva a las mujeres a optar por procedimientos inseguros.

“Saber que están en una situación en donde, precisamente por los obstáculos que las rodean, siempre hay una prisa por actuar, ya sea por la estigmatización, por el miedo a las leyes criminalizadoras, o por creer que se está cometiendo ‘un delito’, siempre es una situación superdifícil”.

Foto: Dalia Souza

Falta de política

La modificación al artículo 1 de la Constitución Política de Nuevo León de marzo de 2019, para garantizar el derecho a la vida desde “el momento de la concepción” hasta la muerte natural, fue impulsada por grupos de ideología derechista.

Desde la perspectiva legislativa, esto significó un retroceso para la despenalización del aborto, consideró la abogada feminista María Santos Villarreal. 

“Pese a que el Código Penal sigue previendo las causales, sí afecta (a la despenalización) porque lo que quieren ahora es homologar todo con el tema de la vida desde la concepción”, explicó. 

Negó que en Nuevo León exista una “ley antiaborto” —como se denominó a la reforma constitucional—, un término que busca desinformar a través de discursos políticos y mediáticos. 

En el Congreso del estado no se ha discutido la despenalización del aborto ni siquiera en comisiones, aseguró la abogada. Pocos legisladores han impulsado iniciativas, dijo, y ninguna ha avanzado.

Desde las colectivas, precisó Jiménez Rubalcava, se han hecho exhortos, e incluso se planteó en 2014 una iniciativa que era una réplica de la propuesta que permitió la ILE en la CDMX en 2007. 

“Ni siquiera la pasaron al Congreso”, lamentó la activista. “El proceso es ese. Entra una iniciativa (ciudadana) y luego el Congreso decide si la incluye en su agenda de ese día, si la votan o no, si la pasan a comisiones, y a veces ni siquiera eso. O sea, tú puedes meter las iniciativas, pero ni siquiera se discuten, y ahí dependemos de la voluntad política”.

Foto: Dalia Souza

De ida y

“Estamos haciendo el trabajo que el Estado no hace”, sostuvo Yolanda*, quien tuvo el “privilegio” de abortar en Nuevo León en 2018, apoyada por la Red Necesito Abortar, de la que forma parte como acompañante desde entonces.

“Sé que no fue inseguro (la interrupción del embarazo); sin embargo, estás en una posición en la que tienes miedo, en que crees que si necesitas algo no puedes pedir ayuda, en que se te apunta (socialmente)… Sentirte así de vulnerable te pone en un estado de peligro. Tener ese miedo definitivamente obstaculiza que ejerzamos (el derecho a decidir) sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida”, consideró la madre de dos hijas.

Yolanda dijo que conoce casos en donde las mujeres llegaron a los hospitales de Nuevo León por complicaciones al abortar y en ese momento son denunciadas.

“Sabemos que el hecho de que se abra una carpeta (de investigación) no significa nada, pero no me puedo imaginar el miedo o el pánico de una mujer en esa situación”, agregó la profesora de 30 años. 

Aby*, estudiante de 24 años, es una de las 143 mujeres neoleonesas que, de 2007 a julio de 2020, según cifras de la Secretaría de Salud de la CDMX, viajaron a la capital del país para interrumpir su embarazo.

“Me doy cuenta del montón de privilegios que tenemos las mujeres que podemos acceder a un aborto seguro en la CDMX”, afirmó la joven, que interrumpió su embarazo en 2014 y tres años después se integró a las redes de apoyo para el aborto seguro en Nuevo León.

“En la experiencia que he tenido con los acompañamientos he notado que ese tipo de criminalización y estigma que existe en torno al aborto se da más en los hospitales públicos que en los privados”, señaló. Le ha tocado presenciar casos, dijo, en los que el personal médico ha querido imponer su ideología personal sobre lo que establece la legislación.

Generalmente, son profesionales de la salud los que interponen las denuncias por aborto, afirmó Issa Pérez Cerda, de la colectiva Tú Decides Nuevo León. Agregó que, aunque en las denuncias no procede la vinculación a proceso, la amenaza pone en peligro la vida de las mujeres.

“Si un embarazo no previsto está afectando (a la mujer) al grado de poner en riesgo su vida, su salud, nada más por esa causa puede solicitar una interrupción del embarazo en los servicios médicos públicos o privados, pero sucede que en Nuevo León el personal no está capacitado”, señaló la activista.

La primera vez que Greta*, psicóloga de 24 años, contó cómo fue su aborto tenía 21 años y muchas ganas de que su historia impactara en quienes han vivido una experiencia similar o podrían pasar por lo mismo.

Ella también se trasladó, hace cinco años, a la CDMX para interrumpir su embarazo y, desde marzo de 2018, forma parte de las redes de acompañamiento para el aborto seguro en el estado.

“Yo crecí con la idea de que abortar era una opción; sin embargo, sabía que en Nuevo León no era legal, entonces, bueno, decido que sí quiero abortar y empiezo a buscar experiencias, clínicas y todo”, compartió.

Su labor consiste, principalmente, en desmitificar el aborto y compartir información, para que las mujeres no sientan que cometen un delito, y reducir el estigma y los prejuicios en torno al derecho a decidir.

“Tienen esta idea de que en cualquier momento la policía se las va a llevar y, aunque sí es un delito, yo creo que lo importante es que sepamos que la ley aquí es la que está mal”, subrayó. “O sea, la ley no es un ente extraño, raro, que está ahí, sino que la creamos las personas. Y mientras el Estado no garantice (el derecho al aborto), las acompañantes lo vamos a seguir garantizando”.

*El nombre de las mujeres es ficticio para resguardar su identidad. 

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