Quintana Roo
Foto: Adriana Varillas

la decisión que no llega

Por Adriana Varillas

Han pasado casi 24 horas desde que Karla, junto con su mejor amiga, se unió en el Malecón Tajamar de Cancún a la protesta del 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro.

 

La joven de 21 años gritó consignas a favor de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que ya es una realidad en la Ciudad de México y en Oaxaca, y bailó en círculo con otras mujeres alrededor de una extensa manta morada en la que se leía: “Aborto legal en Quintana Roo. #NosotrasYaDecidimos”. 

 

Previo a la batucada, al grito de consignas y a la danza, se formó un círculo de reflexión, en el que Karla compartió que se realizó un aborto en 2018, sin conocer el proceso, con miedo por su vida y temor a ser juzgada.

 

Aunque Karla contó con el apoyo de su mejor amiga y de su madre para interrumpir su embarazo, el hecho quedó prácticamente sepultado. Ninguna volvió a hacer referencia a lo ocurrido, y eso dificultó que gestionara adecuadamente ese pasaje de su vida. 

 

Pensando en las iniciativas que se han presentado en el Congreso estatal para la despenalización del aborto, la joven relató su experiencia para sensibilizar a las y los legisladores sobre la importancia de reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

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“Votar a favor del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Para mí, el aborto tiene que ser legal porque viene con muchísimas cosas más: educación, libertad, como una manera de cambiar completamente el sistema”, planteó. “Siendo extremistas, el aborto debería ser obligatorio si no tienes las condiciones adecuadas para tener un bebé, por ti, por la sociedad, por la vida que le vas a dar”.

 

La historia de Karla, la menor de tres descendientes de un matrimonio de adultos mayores, no es ajena a la de muchas jóvenes. Hace dos años, cuando estudiaba gastronomía, tuvo relaciones sexuales sin protección y presentó un embarazo. 

 

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 71.8 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años encuestadas en la entidad utilizó un método anticonceptivo, señaló la antropóloga Silvia Chuc Aburto, integrante de Gobernanza Mx.

 

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no te vas a morir'

Cuando la menstruación de Karla se interrumpió, no le dio importancia. Pero sus malestares —vómitos, mareos, incluso desmayos en clase—agravaron su preocupación. Se hizo una prueba casera que dio positivo, pero no lloró, dijo, sino que buscó una solución. 

 

“Pensé en contactar a una amiga que había abortado en su casa con pastillas. Comienzas a preguntarte qué voy a hacer, por qué me pasa esto a mí. De alguna manera te culpas”.

 

Supo, tras realizarse un estudio, que aún no había rebasado las 12 semanas de gestación. Podía acceder a la ILE… pero no en Quintana Roo. 

 

La Constitución Política del estado, en su artículo 13, “reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano” desde la concepción, por lo que el Código Penal solo admite cuatro causales de aborto: si el embarazo es resultado de una violación, y esta ha sido denunciada ante el Ministerio Público; si la vida de la mujer encinta corre peligro; si a juicio de dos especialistas el producto padece alteraciones genéticas o congénitas que puedan causarle graves trastornos físicos o mentales, y si el aborto se produce por imprudencia de la embarazada. 

 

La expareja de Karla ofreció apoyarla en su decisión, pero en los días siguientes quiso persuadirla de que no abortara y le propuso retomar la relación. Recurrió a chantajes emocionales y amenazas. “Nadie te pregunta qué quieres hacer, ni qué sientes, pero todos quieren opinar. En mi cabeza había una guerra”. 

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La amiga de Karla obtuvo los datos de una clínica a la que su jefe había recurrido. Juntas visitaron el consultorio, en una zona céntrica de la ciudad, donde un médico originario de Cuba despachaba en un cubículo “sucio” y clandestino. Le aseguró a la joven que, “aunque el lugar estaba feo, iba a estar bien”, y le precisó el costo del legrado: 6 mil pesos. “No te va a doler, no te vas a morir”, le aseguró.

 

Esa noche, Karla habló con su madre y le dijo que abortaría. Hubo reproches y cuestionamientos. La joven argumentó que no estaba capacitada para formar a una persona, educarla, alimentarla y guiarla. Dos días después, condujo hasta la clínica, donde el médico le realizó el procedimiento. 

 

El mismo doctor la canalizó a un instituto de ayuda para la mujer, laico, en las afueras de la ciudad, para que recibiera contención emocional y psicológica, en donde escuchó decenas de testimonios, desde adolescentes que abortaron tras ser víctimas de violación, hasta mujeres adultas a quienes sus parejas les habían prohibido embarazarse bajo amenaza de muerte. Muchas provenían de zonas rurales del estado.

 

El proceso para recobrarse fue largo y difícil debido al silencio obligado con la familia y por el estigma social que sufren las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

 

“Es injusto que te critiquen sin saber lo que sientes”, afirmó Karla. “No tienes por qué avergonzarte de tus decisiones. ¿Cómo se puede traer al mundo a una persona si no tienes nada que darle? No me arrepiento de haber abortado”.

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Trato implica discriminación

Desde 2007 hasta julio de 2020, 142 mujeres procedentes de Quintana Roo han viajado a la capital del país para acceder a la ILE, según cifras de la Secretaría de Salud de la CDMX. En el resto de la península de Yucatán los números son sustancialmente menores: 45 mujeres de Yucatán han requerido el servicio, y apenas 16 de Campeche.

 

Yunitzilim Rodríguez Pedraza, integrante del colectivo Marea Verde Quintana Roo, y Vanesa González-Rizzo Krasniansky, representante estatal de Derechos, Autonomías y Sexualidades (DAS) y de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), coincidieron en que el hecho de que haya mujeres que pueden ejercer su derecho al aborto, y otras a quienes les es vedado, representa un trato desigual e inequitativo que se traduce en discriminación.

 

Advirtieron que, probablemente, las quintanarroenses con mayores recursos económicos son las que pueden costearse el viaje a la CDMX para acceder a la ILE, lo que deja en la indefensión a quienes no tienen esa posibilidad y deben recurrir a abortos inseguros.

 

“Parece muy complejo, pero es muy sencillo. Hacer un aborto legal lo único que logra es que las mujeres no mueran. Nada más. Si tú, mujer, no quieres abortar, no abortes; hay que dar libertad a la gente, no restringir a nadie. Más allá de las creencias personales, hay que respetar los derechos humanos y, dentro de estos, están los derechos sexuales y reproductivos”, afirmó González-Rizzo Krasniansky.

 

Según cifras proporcionadas por Chuc Aburto, basadas en reportes de hospitales públicos de la Secretaría de Salud (SS) federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 2002 se registraron 2 mil 422 abortos en la entidad, mientras que en 2017 la cifra aumentó a 3 mil 232. 

 

De 2002 a 2017 fueron reportados en el estado 13 fallecimientos de mujeres por complicaciones al abortar, según datos del Inegi y la SS. Del total de defunciones, el 23 por ciento fueron adolescentes. 

 

Con base en datos de la SS, la antropóloga subrayó que, de las 18 mil 86 atenciones obstétricas registradas en el Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios en 2017 en Quintana Roo, mil 630 fueron por aborto, y 376 correspondieron a menores de 20 años. 

 

De 2016 a 2018, el Inegi registró 52 abortos en la entidad, de los que 30 fueron espontáneos, y ninguno se clasificó como provocado; sin embargo, de 2016 a 2019 hubo 25 denuncias por el delito de aborto, la mayoría de personal médico. 

 

Quintana Roo ocupa, con 11 carpetas de investigación abiertas, la novena posición a nivel nacional en el número de procesos penales por aborto, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a agosto de 2020.

 

El Estado de México ocupa el primer lugar con 101 casos, seguido de Nuevo León con 67 y la Ciudad de México con 57.

 

Chuc Aburto destacó que la criminalización de las mujeres ha aumentado con respecto a 2019, cuando se registraron nueve denuncias en el estado. 

 

El Código Penal estatal establece una pena de seis meses a dos años de prisión a la mujer que se provoque un aborto o consienta en que alguien se lo realice.

 

El censo de Procuración de Justicia del Inegi registró que, en 2019, de 553 delitos de aborto en el país, cuatro correspondieron a Quintana Roo. En ese mismo año, el censo del Sistema Penitenciario, también del Inegi, estableció que había seis personas recluidas y bajo proceso por el delito en la entidad.

 

La Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046), que garantiza a las mujeres que han sufrido violación el derecho a interrumpir su embarazo sin el requisito de levantar una denuncia ante el Ministerio Público, se incumple en el estado, aseguró Chuc Aburto.

 

“No aplican la NOM-046”, afirmó. “En general, hay una mala atención a las víctimas de violencia sexual, a las que no solo no se les da acceso al aborto. Los centros de salud no quieren proporcionarles la pastilla anticonceptiva de emergencia y es el personal de salud el que denuncia los abortos”.

Foto: Adriana Varillas

Iniciativas de ley

Mariana Belló Contreras, investigadora de Gobernanza Mx, destacó que el centro del debate “no es si se está a favor de abortar o en contra, porque las mujeres lo seguirán haciendo”. El tema es garantizar, dijo, que el procedimiento sea seguro.

 

Actualmente se analizan en comisiones dos iniciativas de ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación presentadas el 9 de marzo y el 2 de septiembre de este año por la diputada Ana Pamplona Ramírez, del Partido del Trabajo, y el legislador José Luis Guillén López, del Movimiento Auténtico Social, que proponen reformas a la Constitución, los códigos Penal y Civil, y la Ley de Salud. 

 

“A siete meses de presentada la iniciativa y a cuatro de ser turnada a comisiones, está ‘congelada’, y las y los diputados no tienen interés en discutirla, porque lo que hay es miedo al costo político”, aseguró Pamplona Ramírez. “Varios compañeros me han expresado que tienen la intención de participar en el proceso electoral de 2021 y temen que les pueda afectar. Desgraciadamente, en Quintana Roo priva una ideología tradicionalista, misógina y machista. Hay un doble discurso, una doble moral. Los diputados solo abogan por ciertos derechos, y a las diputadas se les ha invitado y no quieren participar”.

 

La diputada explicó que la idea que prevalece en el Congreso es que no se va a premiar “el libertinaje”, sin entender la problemática real: un estado que, según cifras del SESNSP, ocupa el lugar 11 a nivel nacional en el número de mujeres víctimas de violación sexual, con 379 casos de enero a agosto de este año, pero el primero por tasa poblacional, con 22 violaciones por cada 100 mil habitantes.

 

A partir de datos del SESNSP, la Red Feminista de Quintana Roo indicó que la entidad ocupa el séptimo lugar nacional en el número de llamadas por incidentes de abuso sexual, con 131 hasta agosto, y el séptimo en llamadas de emergencia por incidentes de violación, con 94 reportes, pero por tasa poblacional escala al segundo lugar, con 5.5 denuncias por cada 100 mil habitantes.

 

“Yo hago un llamado enérgico a las y los diputados para que dejen de evadir el tema, que asuman el costo político y que voten, en el sentido en que lo consideren, pero que se informen y voten”, exhortó Pamplona Ramírez, pues existe el riesgo de que las iniciativas sean nuevamente archivadas, como sucedió en el pasado.

 

La primera de esas propuestas, presentada por el gobernador Carlos Joaquín González el 7 de abril de 2017, desapareció con todo y sus 46 páginas, y luego fue negada tanto por la XV Legislatura como por el propio Ejecutivo del estado. La segunda fue presentada el 24 de septiembre de 2018 por Marea Verde Quintana Roo, pero no se discutió ni se dictaminó.



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