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Zona de Reflexión

Columna de opinión sobre diversos temas, feminismo, política, economía, justicia, violencia, libertad de expresión.

Cómo entender que la exigencia de las mujeres de vivir libres de violencia se reciba desde los gobiernos con violencia, cómo creer que verdaderamente hay una política de Estado en favor de la labor de mujeres periodistas y defensoras, cuando se tortura a una y otras.

Hace años que las feministas pasamos de las poquitas a la multitud. La marcha del 24 de abril #24A, de 2016 inundó el paseo de la reforma de morado, era claro, la semilla sembrada por el feminismo durante un siglo florecía a la par de las jacarandas. A partir de entonces nada volvió a ser igual.

Las marchas se llenaron de batucadas, y los más diversos performances y empezamos a contar la presencia de las mujeres por miles, a la par de este maravilloso florecer, la represión policial fue apareciendo como la sombra, supusimos que era la clásica lógica con la que gobiernos autoritarios han enfrentado las movilizaciones juveniles desde 1968.

Pero no eran iguales, esta represión contra las manifestantes feministas esta plagada de misoginia que se refleja en las palabras, el abuso sexual y la tortura.

No toleran que las mujeres se organicen, rompan el silencio e interpelen públicamente al poder, que en su gran mayoría sigue tomado por los hombres.

Las calles también son nuestras, fue una consigna y una posición política de recuperar el espacio público que la violencia machista nos ha arrebatado.

Y seguimos saliendo a la calle, en 2019 llegamos al 8M con un nuevo gobierno federal, que ya sabíamos no era feminista ni de cerca, pero no teníamos la dimensión de su misoginia, entendamos el odio hacia las mujeres, especialmente hacia las que rompen con la sumisión, hablan fuerte y dejan la huella de su paso y sus demandas en los muros y monumentos.

Aprovechando el poder de investidura y de la palabra se construyó una narrativa que al principio fue acompañada por los medios de comunicación: “las feministas son violentas” porque rompen parabuces, vidrios y pintan monumentos.

La narrativa sostenida por cinco años ha generado que la represión policial crezca a lo largo y ancho del país, y este año no fue la excepción.

De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras en las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, en ocho entidades se usó, gas lacrimógeno, polvo extintor, gas pimienta, detención arbitraria y criminalización. Mientras CIMAC reporta que en seis estados 19 periodistas fueron agredidas, es decir en 11 entidades se registraron atentados al derecho a manifestarse y a la libertad de expresión.

Acciones que contradicen completamente el discurso institucional que vemos en foros, ceremonias gubernamentales y boletines que conmemoran el Día Internacional de la Mujer.

Y para muestra basta un botón, pues mientras los cuerpos policiales arremetían contras las manifestantes feministas este 8M, el Mecanismo de Protección Federal, reconocía la labor de las defensoras y las mujeres periodistas por fortalecer la democracia y el estado de derecho, y asegura que es una tarea permanente del Estado Mexicano garantizar que puedan hacer su labor en condiciones de seguridad, dicho en el comunicado número 20 que subieron a redes sociales el mismo 8 de marzo.

Puede ser, que esa sea la visión de quienes dirigen el Mecanismo, pero no lo es del Estado Mexicano, si lo fuera el abuso policial en Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Colima, Chihuahua, Oaxaca, Nuevo León, San Luis Potosí, estado de México, Michoacán y Ciudad de México no hubiera ocurrido y esta columna no tendría razón de ser.

Pero no es así, porque el discurso de odio del ejecutivo federal se toma como permiso por parte de gobernadores y funcionarios, y más si son del mismo partido en el poder, sino cheque usted, pues de las 11 entidades en las cuales se registraron abuso policial  8 son gobernadas por Morena, incluida, por supuesto la peor de este año Zacatecas, una que los demás se acomodan a la sombra del presidente pues tambien hay gobiernos del Verde, el PAN y Movimiento Ciudadano.

Claro que no podemos hablar de una visión de Estado que genera que las periodistas y las defensoras hagan su labor de forma segura, como sostener este dicho cuando desde 2019, vemos con enorme preocupación el incremento de la violencia contra las manifestaciones feministas, o se nos olvidó la represión con armas de fuego el 9 de noviembre en Cancún,  el desalojo violento en Ecatepec, estado de México, las represiones policiales en Chihuahua y en León e Irapuato ambos en Guanajuato, las gaseadas y encapsulamientos en Ciudad de México, Solo por mencionar  algunas.

En todas, el actuar policial es desproporcionado contra las mujeres feministas, están enojados porque ya no les temen, por ello se ensañan con la violencia física, la violencia verbal sexualizada y retadora, la tortura y la violencia sexual.

Nada justifica el actuar misógino de los gobernantes ni de los cuerpos policiales, quienes actúan violentamente ante las mujeres autónomas que se manifiestan, gritan, pintar muros y exigen a los gobiernos que actúen de manera efectiva para detener la violencia feminicida.

Pues tal cual describen las pancartas “disculpen las molestias que la marcha les ocasione, pues nos están matando”.

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Ya estamos en el umbral del 8M, Día Internacional de las Mujeres, que une al mundo en la gran movilización feminista que ha convertido al 8 de marzo en la acción global más importante en favor de la igualdad plena de las mujeres en toda su diversidad de edades, oficios, profesiones, religiones etc. En esta acción ninguna queda fuera.

Desde marzo de 1910, año en que la feminista socialista Clara Zetkin propone un día mundial para reivindicar a las mujeres trabajadoras hasta hoy, hemos visto como este día se transformó.

Dejó de ser el emblema de una cuantas, de aquellas que nos nombrábamos feministas, para ser el día mundial donde las ciudadanas llaman a cuentas a sus gobiernos, exigen vivir libres de violencia y se solidarizan con otras causas por los impactos desproporcionados que tienen en la vida de las mujeres, por ejemplo, el alto a las acciones bélicas de Israel en la franja de Gaza.

Este año llegamos con claros oscuros, pues mientras en Francia se logra el reconocimiento del aborto como un derecho constitucional en Argentina el retroceso en lo ganado es brutal, no solo se retira el derecho al aborto, sino que se elevan los castigos penales para las mujeres que aborten.

Lo cual nos constata que mientras el patriarcado subsista todo lo ganado en materia de igualdad para las mujeres está en riesgo.

Y mientras esto ocurra el 8M seguirá siendo el punto de reunión de todas las mujeres del mundo.

Para las mexicanas este Día Internacional de las Mujeres tendrá un tinto distinto, pues después de doscientos años de historia independiente de México y 65 presidentes, 2024 será el año de la elección de la primera presidenta mexicana.

Qué tipo de gobierno será, estamos por verlo, qué será vivir bajo la presidencia de una mujer y cuáles serán sus impactos, tampoco lo sabemos. La historia está por escribirse y dependerá de su gobierno y su forma de gobernar.

Ninguna de las dos candidatas presidenciales mexicanas se asume feminista, aunque sean el logro del movimiento, en el cual no han militado y es el que posibilitó que alguna de las dos llegue a conducir al décimo país más poblado del mundo y el segundo en América Latina.

Ni ellas, ni nosotras y nosotros tenemos referentes de lo que es gobernar desde el feminismo, porque no ha existido, pues en la historia del mundo solo una mujer ha gobernado por 11 años continuos, que es Margaret Tacher, y por supuesto ella tampoco era feminista.

La gran mayoría de los países que han tenido presidentas han sido de una sola vez, y solo 8 naciones han tenido más de una presidenta, sin rebasar el máximo de cinco que le corresponde a Suiza y nunca han sido continuas y todas han llegado a gobernar con las reglas patriarcales que aún no se transforman.

En la actualidad pese a las leyes de igualdad y paridad que se han ido construyendo a lo largo y ancho del planeta solo 15 países de 193 están presididos por una mujer, México será el número 16.

Cualquiera de las dos que gane será, la presidenta número 14 en América Latina en gobernar un país de los 33 que conforman la región.

Tanto Claudia como Xóchitl, ocupan el lugar número siete y ocho de las candidatas presidenciales mexicanas, ninguna de las dos tiene como interlocutor al movimiento feminista, ambas miran a las mujeres como muchos políticos hombres, de lado y sin darnos el peso que tenemos como actoras políticas y ciudadanas plenas.

Ambas entran a la política con las reglas patriarcales, la que gane tendrá el reto no solo de ser la primera mujer presidenta sino construir una identidad propia como gobernanta y un país donde la igualdad sea cada ves menos discurso y mas realidad.

Las mexicanas llegamos a este 8 de marzo con presencia de las mujeres en la vida pública, donde por primera vez un hombre le pondrá la banda presidencial a una mujer y con este acto simbólico, construido por ellos, estará reconociéndola cómo la gobernanta del país.

Llegamos también con la primera presidenta del Instituto Nacional Electoral, la primera presidenta en la Corte, la primera ocasión en que tanto la Cámara de diputados como del senado están encabezados por mujeres, la primera directora de la Facultad de Medicina de la UNAM y la primera vez que las portadas de los medios coinciden con tener a las mujeres presidenciales como sujetas de la noticia.

Donde la instancia que calificará la elección presidencial de la primera mujer en el Poder Ejecutivo, que el Tribunal Electoral, también está encabezado por una mujer.

Con esto entorno conmemoraremos el Día Internacional de las Mujeres, y lo sepan o no, ellas son el triunfo del feminismo que cada 8 de marzo sale a las calles del mundo para defender que todas las mujeres puedan estar en todos los lugares y en todos los espacios de decisión porque es su derecho.

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A dos días de la conmemoración de 25 de noviembre es imposible no hablar de la deuda que tiene la humanidad para cerrarle el paso al permiso de dañar a las mujeres.

Porque en la medida que tenemos más evidencia de esta violencia, es terriblemente doloroso ver la crueldad con la cual nos lastiman en cualquier parte de este mundo y cómo, nuestros agresores son protegidos y disculpados, pero para nosotras, que somos a quienes violentan nos siguen exigiendo demostrar el maltrato, como si no compartiéramos lo humano.

Cualquiera puede ir a denunciar el robo de un objeto y no pondrán en duda el dicho, pero si una mujer denuncia violencia no le creerán fácilmente, tendremos que demostrar esa violencia y aun cuando sea evidente el maltrato, pesará sobre ella la responsabilidad de la agresión y no en el agresor.

Estas miradas y comentarios de… quién sabe, ¿qué habrá hecho?, ¡ella se lo busco!, nos han acompañado a lo largo de la historia, como tótems, aún cuando el razonamiento humano avanza, los estigmas sobre la violencia contra las mujeres no lo hacen con la misma velocidad.

Reconocer a la violencia contra las mujeres como un atentado contra la humanidad es el pendiente civilizatorio que tenemos hoy en día.

Pues pese a toda la evidencia que hemos proporcionado las mujeres de los impactos individuales, colectivos y globales que genera la violencia contra las mujeres se sigue mirando como un hecho menor que afecta a unas cuantas y en ciertos lugares, ocultando la dimensión sistémica de la violencia.

Es tan ominoso lo que vivimos las mujeres en todo el mundo, que la iniciativa feminista latinoamericana de declarar un día al año para llamar la atención sobre los impactos terroríficos de la violencia contra las mujeres y la responsabilidad de los Estados en ello, se convirtió en un hecho mundial. No hay país donde no haya una acción al respecto.

Pasó de ser una acción de las feministas a una fecha de relevancia en la agenda internacional de los derechos humanos de manera más o menos rápida.

42 años después de que se creara el 25 de noviembre como el Día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, nos siguen dañando, nos compran y venden como mercancías, nos lastiman el cuerpo, la autoestima, la vida completa frente a todo el mundo.

Porque aun cuando hemos avanzado y logrado recuperar nuestro derechos educativos, laborales, a nuestro propio dinero, a nuestras propiedades, estar en el mundo público, y todo lo que hoy hemos logrado, la violencia está pegada a nuestras vidas como el gran dique para el reconocimiento pleno de nuestra humanidad.

Y por más que intentamos sacudírnosla, no lo logramos porque no podemos solas, si el resto de la humanidad no se la sacude.

Y para sacudirlo hay que sancionar socialmente el daño contra la mitad de la población que somos las mujeres. Garantizar que niñas y niños crezcan reconociéndose iguales en derechos y valía.

Donde los Estados, los gobiernos, la ciudadanía deje de voltear la cara a otro lado cuando las mujeres salgan a las calles para gritar queremos vivir libres y plenas.

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Una vez más se tuvo que hacer la defensa de la Paridad en todo, para garantizar el derecho de las mujeres a participar en el próximo proceso electoral en por lo menos 5 de las 9 gubernaturas que se renovarán el siguiente año.

Aun cuando está en la constitución la paridad, los líderes partidarios nuevamente buscaron la forma de darle la vuelta.

Primero en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutieron con los mismos argumentos unos y otros, ahí sí son iguales, y después en el Tribunal Electoral, que este miércoles ratificó que la paridad no puede ser un juego de una elección si y otra no, sino todo lo contrario. Que el principio de paridad en todo, debe mirarse desde la lógica de la progresividad de derechos humanos.

Las razones que se niegan a mirar, los machirulos partidarios, es la injusticia de la desigualdad con la cual han limitado los derechos humanos de las mujeres, así en general, y en particular los políticos y civiles.

Como si no pesara que en 70 años de voto femenino solo 16 mujeres hayan ejercido el cargo de gobernadora, aún con las oposiciones de ellos y gracias a los cambios legales que han hecho las mujeres comprometidas con la igualdad.

Porque si hoy gobiernan 9 mujeres en el mismo número de entidades frente a 23 gobernadores, ha sido gracias a las ciudadanas organizadas, a las consejeras y magistradas no solo convencidas de la igualdad entre mujeres y hombres, sino con la capacidad y los argumentos para defender el derecho de todas.

El miércoles volvimos a ganar la paridad, con la ley en la mano y la razón de la igualdad y no discriminación de las mujeres.

Desde que se reformó la constitución en 2019 para garantizar la Paridad en Todo, cada proceso electoral hay que defenderla de las mismas intensiones con los mismos argumentos rancios, que buscan limitarla, contenerla e incumplirla, para mantener vivo el pacto patriarcal del mayoriteo genérico masculino.

Pacto antidemocrático que busca mantener el privilegio de unos cuantos frente a la mayoría que construye democracia.

Porque la paridad no es solo 50 y 50, como se ha representado numéricamente. Es la propuesta civilizatoria más revolucionaria de la organización social, política, económica, cultural y un largo etcétera.

Es hacer tangible la equivalencia humana de las mujeres, moverlas/movernos de lugar para dejar de ser las otras y ser nosotras.

Es la base de la construcción de la sociedad del siglo XXI, que construye el camino para dejar atrás la desigualdad, discriminación y la injusticia que pesa sobre las muejres en todos los ámbitos de la vida humana.

Lo que se ha ganado es la evolución desde una altura constitucional y democrática.

Esta es la lucha sufragista del siglo XXI que tomó la estafeta de las precursoras del siglo XVIII, porque esta persistencia no se cuenta en años sino en siglos, en argumentos y evidencia.

Volvimos a ganar la paridad para que las mujeres puedan gobernar e incluso ser presidentas de la República, aun cuando no hayan defendido el derecho a serlo.

Porque esta lucha sufragista feminista nos mira a todas y nos defiende de todas las intentonas de regresión.

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La memoria humana a veces enfrenta fragilidades que le hace olvidar el camino que se ha recorrido para llegar a donde estamos. El olvido de nuestro linaje en grave, pero más cuando ello nos borra el esfuerzo de lo ganado.

Desde hace dos décadas cada 17 de octubre era la oportunidad de refrendar el pacto feminista entre mujeres, más allá de los colores partidarios. Honrar a las sufragistas, recordar el camino andado y refrendar ni un paso atrás a lo ganado.

Era la fecha de las mujeres no de los partidos, no de los gobiernos no de las instituciones, sino de las mujeres en plural de todas, porque gracias a ellas, a nosotras hay lo que hay.

Pero este año fue distinto, no hubo “El festejo” ni “El acto político” donde la defensa de lo ganado lograra un frente único, la polarización que vivimos en México, alimentada desde Palacio, nos robó incluso esto.

Ningún periódico dio la portada a siete décadas del sufragio femenino, a los logros obtenidos ni a los retos que se avizoran ante lo que tenemos enfrente: la verdadera posibilidad de tener la primera presidenta de la República y gobernar casi la mitad del país.

Este bajo perfil de la fecha me confirmo que hay que recordar nuestro linaje.

Rememorar que a las sufragistas mexicanas les llevó casi un siglo de insistencia para conseguir el voto femenino en 1953, recordar a las 22 zacatecanas que firmaron la misiva en 1824 solicitando el voto.

Porque lograr el reconocimiento del derecho político de las mujeres significo un parteaguas en la historia democrática de nuestro país.

Un cambio, que, como bien dijo la senadora María Lavalle Urbina, en su toma de posesión como la primera presidenta de esta cámara en 1965, “nos encontramos frente a una revolución mundial que sacude la recia estructura que sitúa a las mujeres en condiciones de humillante inferioridad”.

Esta posibilidad de la primera presidenta mexicana es gracias a la revolución pacífica de las feministas.  La cual tardó 26 años para tener a la primera gobernadora en este país, lo cual ocurre hasta 1979 cuando doña Griselda Alvares llega al gobierno de Colima, con ello se abre una rendija para que las mujeres logren ocupar estos cargos.

Esta grieta abierta al patriarcado logró que, en 39 años, nueve mujeres ocuparan una gubernatura en siete entidades federativas.

A este paso la paridad se miraba inalcanzable, había que acelerar la revolución feminista y las sufragistas modernas en 2019 hicieran los cambios legislativos y constitucionales que generaron un salto cuántico en la presencia de las mexicanas en el mundo político.  

Y en tres años se logró que nueve mujeres gobiernen el mismo número de entidades federativas simultáneamente, que se cuente con paridad como principio y norma en todos los espacios políticos y de elección popular.

La paridad que hoy vivimos es el sueño de las sufragistas mexicanas del siglo XIX que nos heredaron en la realidad a las del siglo XXI.

Reconocer estos logros y el camino para conseguirlo es fundamental para sacudir el discurso de que las mujeres están en la política por concesiones o favores. Nada de eso, sostener la agenda un siglo no es cualquier cosa.

Quienes ocupan estos cargos son las beneficiarias de esta historia y están llamadas a honrarla.

Ellas están ahí gracias a sus antecesoras, quienes enfrentaron las resistencias partidarias y para avanzar construyeron pactos entre ellas superando la división de los partidos al colocar en el centro los derechos de las mujeres y apenas eran un puñado.

Así lograron que, en 1993, por primera vez se estableciera la recomendación en el COFIPE para que los partidos políticos postularan, por lo menos, 30 por ciento de mujeres, haciendo política feminista lograron la paridad en todo.

Sin ello, no habría la posibilidad de una presidenta, de cinco gobernadoras que se sumen a las nueve existentes de 10 mil cargos electorales para las mujeres, de recursos financieros para sus campañas, para la formación política de las mujeres dentro de los partidos, ni instrumentos de vigilancia para que la obligación no se evada.

Cambios que no han sido fáciles pero que son un logro que no tiene retrocesos, aun cuando el machismo partidario busque revertir e incluso frenar. El reto es superar la política misógina que pervive.

Llegamos a la conmemoración del voto femenino con varios triunfos en el bolsillo por la igualdad sustantiva y hay que reconocerlos, no para sentarnos a contemplar sino para cuidar que se mantengan a salvo.

Las herederas y beneficiarias de esta lucha están llamadas a gobernar y ejercer el poder honrando esta herencia democrática, ampliando libertades, consolidando la legitimidad de las mujeres en el espacio público, construyendo una identidad propia como políticas.

Trascender los cercos partidarios y lealtades misóginas que han roto la alianza entre políticas, militantes y feministas así en plural, para colocar por encima de cualquier color los derechos de las mujeres.

El pacto está roto y urge volver a pactar, porque mientras el patriarcado exista la posibilidad del retroceso pesa sobre nuestros derechos.

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¿Porqué cuidamos las mujeres? Para facilitarle la vida a los hombres y sostener a las naciones. Así de simple, pero no porque nosotras decidiéramos hacerles la vida fácil a ellos y complicárnosla a nosotras, no claro que no.

Lo que sucede, es que nos condicionaron para creer que parte de nuestras muestras amorosas estaba el de cuidar, y no es que el cuidar sea negativo, el problema es cuando solo nosotras somos responsables de ello a costa de nosotras mismas.

Como explica la psicóloga Wendy Arriaga, en una entrevista para Corriente Alterna, “Durante años nos han vendido la idea de que la responsable de la casa es la mujer”. Y los demás miembros de la familia son una suerte de “invitados” a los que la anfitriona debe procurar: cuidar, proporcionar alimento, velar por su salud, mantener un ambiente favorable. Mientras, los demás integrantes de la familia “asumen ese papel de ‘invitados’ y esperan que sus necesidades sean cubiertas enteramente por mamá, esposa o, en general, por una mujer”.

Evidenciar esta sobrecarga de las mujeres, ha sido una tarea larga del feminismo primero haciéndola evidente, nombrándola, y mostrando, que, el trabajo doméstico no remunerado, el cual incluye el cuidado, tiene aportes económicos trascendentes para las naciones y que contarlo en las cuentas públicas era necesario, en un ejercicio de reconocimiento.

Así llegamos a lo que se conoce como las cuentas satélites y que cada año evidencia el valor económico de las labores domésticas y de cuidados no remuneradas, sin que realmente se valore.

Tan solo en 2021 el trabajo doméstico de millones de mujeres adultas y niñas que no es pagado representa el 26.3 por ciento del PIB nacional, según datos del INEGI. Sin estas tareas tuvieran que ser pagadas por las familias estaríamos en un estallido social.

Con los resientes resultados de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidado, ENASIC, nuevamente se corrobora la explotación de las mujeres a través de la romanización del cuidado como una muestra más del amor de las mujeres.

La enseñanza del amor romántico se basa en el despojo de las mujeres, para bien de los otros.

Esta tarea de cuidados descansa en las mujeres, en 19.5 millones de mujeres mayores de 15 años, quienes por esta sobrecarga ven limitadas sus oportunidades de desarrollo, de descanso, de estudio, de trabajo remunerado, de diversión, de todo.

El sacrificio de las mujeres, tan alabado en el cine mexicano de la llamada época de oro, para cuidar, oculta lo que la ENASIC revela, esta labor tiene un impacto concreto en la desigualdad estructural que enfrentamos las mujeres, al despojarnos de la autonomía ante la sobre carga de cuidar a otros, cuando tendría que ser una tarea del Estado.

Pues resulta que en 8 de cada 10 hogares existe la necesidad de contar con una persona cuidadora, por ello se demanda un Sistema Nacional de Cuidados que descargue a las mujeres de la sobrecarga y la sobre responsabilidad de cuidar a otras personas.

Esas principales necesidades de cuidado se centran en tres categorías: edad, condición médica o alguna discapacidad.

La categoría que mayor demanda de cuidados presenta es la de edad, ya sea por niñez o por ser mayor de 60 años. En el primer caso 15.8 millones de hogares tienen esta necesidad y para personas mayores 12.4 millones de hogares, así de enorme es la demanda de cuidados en México y en más de un hogar se puede encontrar más de una necesidad de cuidados.

Hay que decir, que ambos grupos poblaciones podrían ser cuidados, sin que esto implicara la renuncia al desarrollo personal de las mujeres o el desgaste altísimo de su salud y bienestar.

Recordemos que el cuidado es un derecho que el Estado debe garantizar, un derecho que también nos incluye a las mujeres, un primer caso es quitarnos la sobrecarga doméstica y de cuidados.

Para ello es necesario que el Estado cuente con un Sistema Integral de Cuidados que esté en todo el país, que este gobierno anunció en su primer informe de gobierno sin que se haya cumplido.

Un sistema que priorice los hogares encabezados por mujeres, que impactaría en 28 por ciento de los hogares de México, y por supuesto en aquellos con alta marginación.

Si en lugar de desaparecer las escuelas de tiempo completo se hubieran fortalecido y ampliado estaríamos ante otra realidad.

La encuesta nos revela la importancia de contar con este tipo de escuelas donde niñas y niños puedan desarrollarse plenamente en espacios seguros, así como el desarrollo de casas de retiro o de cuidado de día para las personas de la tercera edad.

Lo cual liberaría a sus madres, esposas, hijas y nietas que son las principales cuidadoras, para poderse incorporar al mercado laboral a las escuelas, a la creatividad, al descanso y esparcimiento, lo cual no solo impulsaría la economía y el desarrollo de este país, sino que aplanaría el terreno para llegar antes a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

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Hace cuánto que no escuchamos que las autoridades pongan la luz sobre la Muerte Materna en nuestro país, como si la tragedia se hubiera superado y no fuera necesario seguir colocándola en la agenda pública y en la lista de prioridades de los gobiernos.

El hecho de no nombrarla y dejarla a la sombra, oculta la emergencia que continúa en nuestro país tanto en materia de salud pública, como un indicador en el desarrollo social que hemos alcanzado y qué tanto de la supuesta reducción en pobreza es real.

La tragedia de la muerte materna es más insultante porque son evitables, es decir, que no ocurrirían si las mujeres contaran con todas las condiciones para llevar a cabo un embarazo, un parto y post parto, porque es en estos tres momentos es cuando ocurren las defunciones.

En México esta falta de prioridad de la vida de las mujeres, significa que cada día dos mujeres mueren por causas relacionadas con la maternidad, especialmente en las entidades con los mayores índices de pobreza, con mayoría de población indígena y con poco desarrollo de infraestructura.

El no tener en la prioridad gubernamental la importancia de evitar la muerte materna impide la planeación y el desarrollo de políticas públicas acordes a la problemática que enfrenta nuestro país, y se concreta en presupuesto público raquíticos para estos temas, como lo es el proyecto presupuestal del gobierno federal para 2024, según el análisis del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

Mira la falta de prioridad en la vida y el buen vivir de las mujeres, se refleja en hechos muy concretos como es la concentración reiterada de los recursos en 9 programas de los 93 que integra el Anexo 13 para la igualdad entre mujeres y hombres, que en esta propuesta presupuestal acaparan prácticamente 90 por ciento de los recursos mientras que 83 programas que van dirigidos para el buen vivir de las mujeres y las niñas solo alcanzan 10%.

Hay que decir que esos nueve programas son los programas asistencialistas de alta prioridad del gobierno federal.

Entre los 83 programas rezagados están dos, por lo menos, que van encaminados a salvar la vida de las mujeres en cuanto a muerte materna.

El primero es el programa de Salud Materna, sexual y reproductiva ubicado en el ramo 12, que es un programa considerado con impacto real en la vida de mujeres y niñas y que pese a su importancia se encuentra entre los que se han visto afectados por disminuciones, especialmente tras la pandemia, que aun cuando este año presenta un incremento no alcanza a recuperar el recurso asignado en 2019, de acuerdo con el análisis hecho por el Comité por una Maternidad Sin Riesgo lo que refleja la falta de progresividad que se requiere.

El otro son las Casas de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas, ubicado en el de Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas. Casas que han venido enfrentando recortes presupuestales fortísimos en este sexenio, pese a ser las primeras instancias de atención a las mujeres de los pueblos originarios, el ramo sufre un decremento de 8 por ciento, de acuerdo al estudio de la cámara de Diputadas y diputados. Población que supuestamente es prioritaria para este gobierno.

En la década de los 90’s estimaciones internacionales señalaron que la inversión de un dólar por cada mujer en edad reproductiva sería suficiente en países como el nuestro, para prevenir la muerte materna. Pese a lo bajo de la inversión casi ningún gobierno caminó en esa ruta, entre ellos nuestro país.

Hay que recordar que la Muerte Materna se ha considerado a nivel internacional como un indicador del grado de desarrollo de las naciones a causa de que estas muertes son producto del cúmulo de desigualdades que tienen las mujeres en las condiciones sociales y materiales.

Pese a que México se comprometió a nivel internacional con la reducción de la muerte materna al signar en el año 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde la salud materna es el quinto de estos. Cuando este gobierno ha buscado alejarse de sus antecesores vemos que su posición es bastante similar a aquello que, el presidente nombra como conservadores, al no tomarse en serio la vida de

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Desde el feminismo hemos tenido muy claro el papel que juegan los medios de comunicación para afianzar la cultura patriarcal. 

Por ello, desde que logramos acceder a la educación hemos buscado la forma de avanzar en el camino de la Aculturación Feminista, como es la propuesta de Marcela Lagarde. Ante la exclusión de los medios tradicionales hicimos los nuestros e intervenimos en la teoría de la comunicación y del periodismo desde el feminismo y a partir de mediados del siglo XIX impulsando normas legislativas tanto a nivel nacional e internacional.

La tensión entre la sanción hacia los medios y las acciones consensuadas ha acompañado esta exigencia de un trato digno para las mujeres.

Mi primera reacción ante la aprobación de la Ley Ingrid, fue de entusiasmo, es entendible, cuando estamos tan ávidas de buenas noticias y nos queda el buen sabor de la despenalización del aborto a nivel federal, si a eso le sumamos que en estos cinco años la sequía de acciones en favor de las mujeres ha sido tremenda cada gota, siempre, refrescan la esperanza.

Y no es que no me entusiasme, sino que me asalta la duda si realmente estamos por el buen camino o solo estamos acumulando leyes, como quien acumula libros para que un día se ponga a leerlos.

El efecto de acumular es que cada que miras el cúmulo de lecturas pendientes, no necesariamente te pones a leer, es probable que te desanime y te alimente más la apatía.

Con las leyes pasa algo similar, conforme creamos más y se cumplen menos la apatía se traduce en pérdida de credibilidad en las instituciones de justicia y cuando miras que en México la impunidad de los delitos es del 98 por ciento, me pregunto si vale la pena seguir acumulando leyes.

Entiendo y comparto las motivaciones que se buscan en la aprobación de la Ley Ingrid por parte del senado, porque es lo que desde el feminismo hemos impulsado, que los medios de comunicación adopten un tratamiento ético de la violencia contra las mujeres y por supuesto que apoyo, para exigirle a las autoridades cumplir con la ley y respetar a las víctimas de la violencia feminicida por lo cual hay que desterrar la práctica misógina de la filtración de información incluida las imágenes de los cuerpos sin vida de las mujeres como ocurrió, de manera indignante, con Ingrid Escamilla que da nombre a esta ley.

En un país con la incidencia de violencia feminicida que tenemos, no solo es pertinente sino necesario, frenar la circulación de imágenes e información que atenta contra la dignidad de las víctimas e impulsar que los medios de comunicación incorporen como parten de su ética el tratamiento respetuoso de las víctimas de feminicidio y romper con el sensacionalismo y el espectáculo que se ha hecho de la violencia feminicida y de la violencia en general, desde que el periodismo se nombra como tal.

Sin embargo, me pregunto, qué cambiará realmente cuando tenemos leyes anteriores que van en ese camino sin que se logren cumplir.

Cuántas leyes más necesitamos para garantizar que las autoridades cumplan con su deber, cuándo ya tienen el mandato, incluso desde la constitución. 

Qué tanto funcionará una sanción penal para lograr el cambio que queremos o abonará a la resistencia pues lo vivirán como censura.

La decisión que toma el senado y que tendrá que ser revisada por la cámara de diputados, necesita tomar en consideración lo que ya existe.

Desde 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconoció la importancia de transformar; desde ese momento se colocó entre las tareas de la Secretaría de Gobernación, promover directrices para que los medios de comunicación contribuyeran a erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres por medio de fortalecer la dignidad y el respeto hacia ellas.

En 2011 la cámara de diputados modificó la Ley General y estableció un deber más a la Secretaría de Gobernación, sancionar a los medios que no cumplieran con el seguimiento de las directrices. 

El tema es que hasta donde se sabe esas directrices nunca se crearon. 

Pese a tener la tarea prácticamente no se hizo nada, incluso la falta de directrices impidió la sanción a los medios pese a la queja de la CONAVIM y a lo mediático del caso.

Otro ejemplo del abandono es el Convenio para promover la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) que se firmó durante el periodo de Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación en 2016, a instancia de CONAVIM, de acuerdo con el documento no cuenta con fecha de caducidad, así que suponemos sigue vigente, pero no vemos se esté cumpliendo.

La falta de acciones preventivas lleva a esta acción punitivista, que ante la falta de claridades genera más resistencias que cambios. No es mejor cumplir con lo que ya se tiene, ver si con ello avanzamos antes de colocar nuevas sanciones que no estamos seguras que ahora sí funcionen.

La convocatoria para transformar la mirada sexista de los medios, desde el feminismo, existe desde hace años a nivel internacional. Por ello, en 1994 en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belém do Pará, se incorpora “el alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer”.

México asumió esta convención cinco años después de su creación, incluso tiene una representante en la instancia que da seguimiento al cumplimiento de la misma, pero sobre este punto de los medios no se le ha querido entrar, pues los gobiernos decidieron poner por encima de los derechos de las víctimas de feminicidio su relación con las empresas mediáticas.

Y al abandono del deber de las autoridades se suma el de las empresas mediáticas y periodística quienes tampoco han querido escuchar la exigencia de las ciudadanas para un trato digno de las mujeres y las niñas.

No se trata de romper con nadie ni atacar a nadie, sino de colocar en el centro la dignidad de las mujeres y las niñas y tomar en serio sus vidas.

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La próxima semana regresan a las escuelas millones de niñas y niños, en situación de alta vulnerabilidad por la falta de acción de las autoridades que pese tener la evidencia y hasta algunas sentencias, siguen sin toma medidas frente a la violencia sexual que está viviendo la niñez dentro de sus centros escolares.

Este es un tema difícil, indignante y terriblemente doloroso que hay que seguir poniendo en el centro y no voltear a otro lado, como lo ha hecho las autoridades, especialmente la Secretaría de Educación Pública.

La falta de acción gubernamental ha permitido que la violencia contra niñas y niños en los centros escolares escale y en tiempos de criminalidad generalizada esta también se haga presente. 

Lo que está ocurriendo en escuelas preescolares y primarias, públicas y privadas, es el uso de niñas y niños menores de 7 años para la explotación sexual comercial, a través de la indignante pornografía infantil.

En esta acción criminal están involucrados docentes, directivas, supervisores e incluso personas externas a los centros escolares, y pese a las denuncias judiciales que están en curso y algunas sentencias, las autoridades educativas y de protección a la niñez, siguen sin tomar medidas.

No es que sea un rumor ni nada por el estilo, son los otros datos que han sistematizado desde la sociedad civil la Oficina de Defensoría de los derechos de la Infancia (ODI), quien ha documentado 141 casos en 25 centros escolares privados y públicos, de 10 entidades federativas. 

“Ya no es un secreto” es el informe que presenta ODI y que es una actualización al presentado en 2021 donde muestra que la edad de las víctimas se ha reducido y se concentra en niñas y niños de entre 3 y 7 años de edad

Estas niñas y niños son víctimas de abuso sexual organizado como lo clasifica ODI, cuyos patrones muestran el sistema que se usa: pues se agrede a víctimas en grupo; hay múltiples adultos presentes durante el abuso; existen actos de encubrimiento por personal escolar; hay adultos que facilitan el abuso de las y los niños; existen prácticas ritualistas y grotescas; se narra el uso de disfraces durante el abuso; el uso de cámaras y hay indicios de sedación.

Esta repetición muestra la organización que existen dentro de los centros escolares para el abuso sexual de las y los niños menores de edad y evidencia que no son hechos aislados ni excepcionales. No hay que olvidar que por desgracia México es un país que se encuentra en los primeros lugares de producción de pornografía infantil.

Este informe es público, es la segunda edición y las autoridades educativas no han dicho nada ni han tomado cartas en el asunto.

El abuso sexual contra niñas y niños en centros educativos es una denuncia vieja, con 30 años por lo menos, que en más de una ocasión se ha señalado a las autoridades educativas quienes han sido omisas con costos gravísimos para las y los niños.

En 2021 cuando se dio a conocer la primera investigación de ODI, varias periodistas preguntaron sobre el tema en la conferencia de prensa matutina del ejecutivo federal, quien prometió que la entonces secretaria de educación Pública Delfina Gómez informaría al respecto, la hoy gobernadora del estado de México acudió a los pocos días para hablar del regreso a clases sin tocar el tema.

Ante la ausencia de respuesta en días posteriores periodistas volvieron a insistir sobre el tema en La Mañanera, la respuesta que obtuvieron fue el dicho presidencial de que las investigaciones judiciales serían expeditas, como si él fuera el fiscal general, pero nada de la política de protección a la niñez que sí le compete. 

Y como siempre se deja pasar el tiempo para que se olvide el tema.

Esta irresponsabilidad gubernamental tiene efectos en la búsqueda de justicia y no repetición, hoy varias de las investigaciones penales no solo no han hecho la justicia, sino que los procesos están plagados de irregularidades y obstaculizaciones que no han permitido el acceso a la justicia de las víctimas y las escuelas siguen funcionando con los mismos agresores.

Qué clase de país le hemos construido a las y los niños que están pasando por esto sin que la autoridad reaccione y cumpla con su deber de garantizar su derecho a la protección contra la violencia.

Más allá de los libros de texto pregunto qué está haciendo la actual Secretaria de Educación para que en este ciclo escolar que inicia el próximo lunes no se repitan ninguna agresión contra niñas y niños y se cumpla con las sentencias que se han logra donde se establece que la secretaria de Educación Pública debe:

  • Instaurar un día del calendario escolar para concientizar sobre el abuso sexual en las escuelas.
  • Establecer un programa de capacitación permanente al personal sobre el abuso sexual escolar. 
  • Y crear una política de escuelas transparentes para prevenir la violencia sexual.

Tres puntos muy concretos que ya deberían ser parte del programa escolar que inicia, que no cuesta dinero, pero que si puede ir construyendo el camino para proteger a la niñez de este terrible situación.

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Quiero recuperar el Informe Mundial sobre Población de este 2023, que en su centro coloca la importancia de seguir blindando derechos y libertades de las mujeres y las niñas, pues sobre ellas están pendiendo tentaciones autoritarias que buscan revivir el control demográfico como política gubernamental.

El diagnóstico y análisis del informe nos plantea mirar el futuro de la humanidad desde nuestra realidad, alertando que es necesario dejar de caer en las tendencias de sentencias absolutas, sino que debemos mirar la demografía desde la amplitud de los derechos humanos y las libertades.

Es decir, dejar de alarmar a la población con sentencias de que el crecimiento de la población nos llevará a la catástrofe o con afirmaciones como que es tan bajo el nivel de nacimientos que la humanidad prácticamente desaparecerá.

Ni una ni la otra, pues el informe señala que esto solo genera ansiedad demográfica y para evitar esto, es necesario hacer el análisis desde el contexto de lo que se ha avanzado en derechos, especialmente los sexuales y reproductivos, frente a los retos que nos quedan en materia de desigualdad y discriminación contra las mujeres y niñas.

Quedarnos solo en los números puede ser un peligro si no se leen desde esta lógica.

Especialmente porque estas lecturas absolutistas son el caldo de cultivo para que resurjan las tentaciones autoritarias de los gobiernos que intentan desarrollar políticas de control demográfico, que violenta los derechos pues están basados en controlar la fecundidad de las mujeres.

De los hallazgos que reporta el Informe es que están resurgiendo políticas demográficas basadas en la suspensión de los derechos y las libertades de las mujeres, las cuales cuentan con respaldo social provocadas por estas miradas extremistas de somos muchos, así que hay que reducir los nacimientos o somos muy pocos, hay que hacer que nazcan más, todo centrado en mayor control del cuerpo y la sexualidad femenina.

Por ello, Natalia Kanem, directora ejecutiva del Fondo de Población, que es la instancia responsable del Informe, señala en la presentación que todas las personas que componen la familia humana tenemos derecho a tomar decisiones libres y fundadas sobre nuestra salud, nuestro cuerpo y nuestro futuro. 

Y advierte que cualquier debate sobre cuestiones demográficas debe partir de ese derecho. A fin de cuentas, señala Kanem, la población gira en torno a las personas y a la creación de las condiciones para que los 8 mil 000 millones de habitantes de la tierra podamos llevar una vida plena y libre, iguales en dignidad y derechos, en un planeta sano, seguro y próspero.  Con lo cual, la especie humana sale ganando.

Desde este ángulo es importante reconocer, que, si bien vivimos en un mundo con mayores libertades y derechos aún hay brechas que son necesarias cerrar, por ejemplo, hoy existen 68 países, donde cuatro de cada diez mujeres con pareja no tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre su atención médica, su placer sexual o el uso de anticonceptivos. 

Que esto siga ocurriendo, no es un solo un dato, sino que retrata los retos de las desigualdades y la cadena de violaciones a los derechos humanos de las mujeres. 

Que ellas, no tengan garantizadas las condiciones para decidir de forma libre e informada el número de hijos y cuándo quiere embarazarse, lleva a que casi la mitad de los embarazos no son intencionales.

Que estas mujeres no puedan tomar decisiones sobre su bienestar nos recuerda que no todas las mujeres tienen los mismos derechos y que hay regiones en el mundo y dentro de los países con mayores retos que otras, por ejemplo, América Latina y el Caribe es la región con el segundo nivel más alto de `fecundidad adolescente, con 53 nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 15 a 19 años (El primer lugar lo tienen África Occidental y Central). 

Ser madre en la adolescencia profundiza la marginación en la cual ya viven estas jovenas y cierra futuros posibles para ellas y sus criaturas.

En 2021 se estima que en el planeta medio millones de niñas entre los 10 y los 14 años se convirtieron en madres, cifra que es escandalosa por todos lados, porque lo que deja al descubierto la enorme violencia sexual que sigue habitando en las familias del planeta tierra y el enorme riesgo en el que se encuentras las niñas.

Finalmente quiero recuperar lo que sostiene el informe a lo largo de sus páginas la desigualdad y la discriminación que viven las mujeres por ser mujeres aleja a la humanidad de construir un mundo más justo, resilientes y sostenible, pues si queremos tener futuro hay que garantizarles el presente a ellas.

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