Cámara de Diputados

NACIONAL
VIOLENCIA
   Kathia Bolio reconoce que son “grupo vulnerable”
Desconocen diputadas información sobre orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/03/2017

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión sobre la No Discriminación de la Cámara de Diputados, Kathia Bolio Pinelo, dijo desconocer información sobre niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa del feminicidio, ni conoce propuestas legislativas para atender a esta población.
 
Consultada por Cimacnoticias, la diputada panista señaló que desconoce el tema y que, en todo caso, quien debería tener información no es ella sino las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, presidida por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Valencia Guzmán.
 
La también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dijo que desconoce cuál es la situación de la orfandad en México, ya que ni familiares ni asociaciones civiles se han acercado para hablar al respecto e incluso afirmó que era la primera vez que le mencionaban el tema. 
 
Lo único que la diputada Bolio Pineda pudo asegurar es que las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa de la violencia de género son un grupo vulnerable.
 
Señaló lo anterior, a pesar de que las legisladoras tienen la facultad de proponer reformas a las leyes o la creación de normas para atender problemáticas particulares y de que las Comisiones son órganos parlamentarios de revisar las iniciativas y dictaminarlas para, en su caso, enviarlas al pleno y sean aprobadas.
 
Una investigación publicada el 8 de marzo por Cimacnoticias destaca la falta de cifras y de información sobre las hijas e hijos de mujeres asesinadas quienes quedan en la indefensión por falta de políticas públicas; de acuerdo con estos datos, sólo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) registró 65 casos de orfandad por feminicidio en tres años.
 
Por su parte la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión Especial para la Atención a la Niñez y Adolescencia con Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo, Patricia Elena Aceves Pastrana, también dijo desconocer la situación de la orfandad en México a causa del feminicidio.
 
A la pregunta de esta agencia, la ex rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, señaló que la orfandad es un tema sensible para ella, porque perdió a su madre desde muy pequeña, pero destacó que las personas en esta situación se acostumbran a vivir “porque no queda de otra”.
 
La también química y secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, señaló que no cuenta con datos sobre la situación educativa, social ni psicológica de esta población que constituye un grupo vulnerable y destacó que debería haber políticas públicas al respecto. 
 
17/AGM/GG








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   Los imaginarios de la libertad
10 años de Sociedades de Convivencia
Imagen de Antonio Medina
Por: Antonio Medina Trejo*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/03/2017

La primera década de este siglo será recordada como la época en que la lucha de los colectivos homosexuales por su visibilización trascendió el clóset y se instaló en la ruta de los derechos civiles. La discusión, la exhibición de los prejuicios y de la homofobia asesina y los cambios legales que se han sucedido en cascada marcan un parteaguas simbólico. El imaginario en torno a la homosexualidad se ha transformado en todo el mundo occidental.
 
Esta ola civilizatoria ha tenido una participación mexicana notable. Con orgullo podemos decir que la Ciudad de México ha sido vanguardia latinoamericana en este movimiento de liberación que ha transformado mentalidades y ha logrado, por fin, una aceptación sin precedentes de la libertad personalísima de amar, sin distingos de sexo o de género. 
 
En esa lucha por un derecho humano básico, la ley de Sociedades de Convivencia aportó un pequeño gran paso. Los marginales estuvieron al centro, como diría Carlos Monsiváis, protagonizando la ardua batalla por ser iguales ante la ley. Sin la discusión pública que acompañó el proyecto a lo largo del primer lustro del siglo no serían imaginables los cauces de libertad —siempre imperfecta, siempre perfectible— de los que ahora gozamos en la Ciudad de México, que ha inspirado a otros estados del país a homologar leyes, códigos y políticas públicas que integran la perspectiva de diversidad sexual, como las de la capital del país.
 
El 16 de marzo de 2007, hace una década, se conjuraron los fantasmas del oscurantismo y la homofobia, y se selló con un beso entre personas del mismo sexo el inicio de una nueva era. Llegar a ese día no fue sencillo, hubo que vencer resistencias de curas y sacristanes, de derechas y también de izquierdas, entre conveniencias políticas y manipulaciones mediáticas.
 
El sexo fue política y, rubores aparte, se exhibió bajo la lupa y a plena luz del día, normalizándolo como nunca antes en nuestra maltrecha república. El camino no estuvo exento de derrotas, como los traspiés que tuvo que pasar la ley en 2001 y 2003, por el miedo legislativo a la condena de la Iglesia Católica y también por la franca oposición del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Eran tiempos difíciles, según la encuesta de Parametría 76 por ciento de la población se oponía a la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo.
 
En un nuevo entorno político, la aprobación se logró, finalmente, en 2006, arropada por el PRD y respaldada por años de activismo ciudadano y de cabildeo de los desaparecidos partidos Democracia Social y Alternativa Socialdemócrata y Campesina. La ley de Sociedades de Convivencia fue un esfuerzo desde la izquierda, un triunfo colectivo y un símbolo de trabajo común alrededor de un principio básico. La marejada tras la promulgación de la ley jugó a favor de la percepción ciudadana: para 2009, en vísperas de la aprobación del matrimonio civil igualitario entre personas del mismo sexo, la oposición se había derrumbado a 55 por ciento, también de acuerdo con Parametría.
 
De ninguna manera se ha vencido al oscurantismo, agazapado detrás de la derecha e, incluso, de ciertos sectores de izquierda. El matrimonio entre personas del mismo sexo es todavía un anhelo en más de veinte estados del país, ilegalidad condenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero solapada por la Cámara de Diputados, cuya mayoría priista y panista ha optado por bloquear la propuesta presidencial que garantiza el matrimonio civil igualitario en toda la nación. Gracias a los años de lucha, esa cerrazón es cada vez más evidente, hipócrita y ridícula.
 
De ese 16 de marzo de hace diez años recuerdo, en medio de mi nerviosismo por el significativo evento que estaba protagonizando en la explanada de la delegación Iztapalapa, las palabras de Sabina Berman: “cinco días antes del inicio oficial de la primavera, ustedes dos se darán un beso. Y 30 siglos de intolerancia se desplomarán a sus pies.” Y Jorge y yo nos besamos.
 
*Activista, académico, periodista independiente y actual secretario nacional de Diversidad Sexual del PRD. @antoniomedina41
 
17/AMT/GG 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Negocian, no quieren discutir: diputada
Posponen de nuevo debate sobre NOM 046 sobre violación e ILE
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2017

Por segunda ocasión, la Cámara de Diputados pospuso el debate sobre la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que reforzaría la responsabilidad del personal de salud para ofrecer anticoncepción de emergencia y la interrupción del embarazo a las mujeres víctimas de violación sexual.
 
En la sesión de hoy se tenía previsto discutir cinco iniciativas en materia de género, pero sólo se aprobaron tres: una al reglamento interno de la Cámara baja, otra en materia de violencia económica y una más sobre atribuciones municipales; sin embargo en las dos restantes los grupos parlamentarios no lograron un acuerdo y decidieron postergar la discusión.
 
Apenas el jueves 9 de marzo, el pleno de San Lázaro pospuso la aprobación de la reforma a los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso que establecía la obligación de los estados y del Sistema Nacional de Salud de capacitar a los prestadores de servicios de salud en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) que regula el aborto en casos de violación.
 
Cuando la diputada priista y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco, estaba a punto de presentar el dictamen sobre la NOM 46, las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón Castillo y Cristina Gaytán Hernández; así como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín y César Camacho Quiroz, pidieron aplazar la discusión para este jueves.
 
Las y los legisladores reclamaron que no conocían los dictámenes, que se hicieron acuerdos “en los oscurito” y que se violentaba el proceso legislativo porque en la reforma en materia de violencia económica se hicieron modificaciones de última hora. Acusaron que la Comisión convocó a una reunión a las once de la noche mientras que otras no fueron convocadas.
 
Entre los reclamos no quedó claro qué dictamen se aplazaría, pero finalmente la presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Murguía Gutiérrez, aclaró que los temas en vilo eran las reformas sobre la NOM 046 y otra sobre la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG). Ambas fueron aplazadas para el próximo jueves. 
 
La diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, manifestó su preocupación, ya que los coordinadores del PAN y del PRI no se pusieran de acuerdo y advirtió que hay una negociación y no se quiere discutir temas fundamentales sobre los derechos de las mujeres; en tanto que la perredista Cecilia Soto aclaró que la discusión no era aprobar el aborto sino reforzar acciones que ya están en la ley.
 
Mientras en las curules circulaban tarjetas con un feto y la negativa al aborto, Jorge Carlos Ramírez Marín, rodeado por César Camacho y un grupo de legisladores, dijo que después de hablar con los coordinadores parlamentarios se acordó reorganizar la sesión para que no se diga que alguien no conoció los documentos o que se trabajó en los oscurito.
 
Finalmente la diputada Plascencia Pacheco destacó que ninguna de las reformas contraviene el marco jurídico nacional o internacional y afirmó que el dictamen sobre la NOM 046 está enfocado en fortalecer la atención de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual por lo que pidió consideración con estas modificaciones a la ley.
 
Las reformas aprobadas y enviadas al Senado dicen que la violencia económica también se expresa en recibir un salario menor por realizar un trabajo igual; que los municipios deben tener un Sistema Municipal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; y que las inactivas legislativas deben tener perspectiva de género
 
17/AGM/GG
 
 








NACIONAL
POLÍTICA
   Tras cuatro años de intentos
Senado tipifica, por fin, la violencia política de género
Imagen retomada del portal comunicacion.senado.gob.mx
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/03/2017

El Senado de la República aprobó tipificar la violencia política de género y con ello concluyó un pendiente que tenía desde hace cuatro años, cuando las senadoras intentaron dejar claro en las leyes electorales que es un delito denostar, menoscabar y restringir las funciones de una mujer que ejerce la política. 
 
Ayer, apenas unas horas después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las y los senadores aprobaron reformas las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
Se analizaron para eso 10 iniciativas presentadas por distintas fracciones parlamentarias, con definiciones sobre la violencia que se ejerce contras las mujeres que realizan actividades políticas, tras lo cual las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, presentaron un dictamen que fue avalado
 
Las leyes electorales dirán ahora que la violencia política en razón de género “es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
Con estas modificaciones, instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y los tribunales electorales tendrán la obligación de prevenir, atender, sancionar y en su caso sancionar las conductas de violencia política de género con las sanciones que marca la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
 
El Senado determinó que  las sanciones por los delitos electorales que se cometan contra las mujeres se castigarán hasta con la mitad de la pena que actualmente se establece. 
 
CUATRO AÑOS DESPUES…
 
El camino para lograr la inclusión de esta forma de violencia en la ley inició  el 8 de noviembre de 2012, cuando la senadora priista Lucero Saldaña Pérez propuso incluir y definir este término. La propuesta fue aprobada en febrero de 2013 en la Cámara alta y enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación.
 
Pero en San Lázaro nunca se discutió ni aprobó en el pleno, se truncó el proceso legislativo. Sin embargo, la reforma político electoral de 2014 creó nuevas leyes y derogó el entonces Código Federal de Procedimientos Electorales, por lo que tanto la senadora Saldaña Pérez, como otras de sus compañeras redactaron y presentaron nuevas propuestas en el mismo sentido que la de 2012.
 
La Comisión de Igualdad de Género, presidida por la priista Diva Hadamira Gastélum, pidió las opiniones de organismos electorales para robustecer el dictamen. En febrero pasado reveló que a pesar de que ya se tenía la reforma, había resistencias de algunos legisladores para avalar la propuesta.
 
Recién el pasado 3 de marzo los representantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación de la violencia política.
 
Esto sucedió durante un acto público en donde la integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, increpó a los líderes partidistas y estos aceptaron el reto de apoyar la propuesta de las legisladoras en el Senado.  
 
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su aval, órgano parlamentario donde las diputadas Candelaria Ochoa Ávalos, Arlet Mólgora Glover, Yolanda de la Torre Valdez, Carolina Monroy del Mazo, Kathia María Bolio Pinelo y Maricela Contreras Julián ya habían presentado propuestas similares.
 
17/AGM/GG
 
 








NACIONAL
POLÍTICA
   El 8M en el Congreso
Diputadas en tribuna proponen igualdad y respeto a DH
Imagen retomada del twitter de la Cámara de Diputados
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/03/2017

Promover presupuestos con perspectiva de género en los estados, un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, incorporar en la ley la violencia simbólica y mediática, promover los derechos de las mexicanas en el extranjero y sancionar la discriminación en el trabajo fueron algunas de las propuestas de reformas que ayer presentaron las legisladoras en la Cámara de Diputados.
 
Como pocas ocasiones y a propósito del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, este miércoles en San Lázaro sólo las diputadas subieron a tribuna a exponer sus propuestas de reformas legislativas, todas relacionadas con la igualdad de género y los Derechos Humanos de las mexicanas. 
 
En una sesión que inició con la presencia de 283 diputadas y diputados de un total de 500, las diputadas de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal), Encuentro Social (PES) y Movimiento Regeneración Nacional (Monrena) tomaron la palabra.
 
LAS PROPUESTAS
 
La legisladora del PRI, Yulma Rocha Aguilar, comenzó la presentación de iniciativas y propuso crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos que sea público y contenga los datos de las personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias con sus hijas e hijos.
 
De acuerdo con la diputada ya existen estados que tienen registros de este tipo, sin embargo dijo que se deben homologar los criterios de estas bases de datos para que este derecho sea más fácilmente exigible en todo el país.
 
Rocha Aguilar dijo que, de acuerdo con la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, y el 67 por ciento de los hogares sostenidos por madres solteras, tampoco reciben algún tipo de pensión alimenticia.
 
Al hablar frente a los legisladores, la panista Guadalupe González Suástegui propuso que los estados promuevan los presupuestos con perspectiva de género toda vez que a las fecha sólo 16 de las 32 entidades incluyen en sus leyes presupuestales algún artículo relacionado con la perspectiva de género.
 
González Suástegui dijo que no tener recursos etiquetados dificulta alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y destacó que sólo 8 de los 32 estados incluyen indicadores vinculados con el género.
 
Otra de las propuestas fue presentada por la perredista Maricela Contreras quien habló de los piropos, las prácticas, gestos, silbidos, sonidos de besos, tocamientos, masturbaciones públicas, exhibicionismo, persecución a pie o en carro que realizan los hombres con una clara intención sexual.
 
La también presidenta de la Comisión especial de Delitos Cometidos por Razones de Género propuso introducir en el Código Penal Federal el tipo penal de “acoso sexual” en espacios públicos para hacer frente y no normalizar al acoso en la calle que cotidianamente viven las mujeres.
 
El acoso sexual se definiría como “aquellas conductas de tipo sexual que, sin llegar a la agresión física, generan hostigamiento, intimidación o un ambiente hostil, que limita las oportunidades de participación, tránsito y recreación en los espacios públicos de las personas en contra de las que son cometidas”.
 
En tribuna también se presentaron iniciativas de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y reformas constitucionales que fueron turnadas a Comisiones para su análisis y dictamen respectivo.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
SALUD
   Analiza calidad y seguridad de todas
Solo una empresa tiene registro sanitario para copa menstrual: Cofepris
Imagen retomada de You tube
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/02/2017

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó a la Cámara de Diputados que en México sólo hay una empresa con registro sanitario para vender copas menstruales y que, para catalogarlas, se solicitará analizar si se trata de un dispositivo médico y de qué clase. 
 
El 3 de febrero de 2016, la Cofepris emitió una alerta sanitaria para recomendar no adquirir ni utilizar las copas menstruales –una alternativa para las toallas sanitarias y los tampones– porque ninguno de estos productos, considerados dispositivos médicos, contaba con registro sanitario vigente.
 
A un año de esta alerta, el pasado 11 de enero, la Comisión Permanente del Congreso exhortó al organismo encargado del control sanitario realizar una investigación científica sobre estos productos sin registro y de su entrada al país, toda vez que se venden principalmente a través de internet. 
 
En respuesta a este llamado, el organismo informó que a la fecha sólo la marca The Diva Cup, de la empresa Emergo, cuenta con registro sanitario para vender la copa menstrual y que se solicitará a la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos que establezcan los requisitos necesarios de calidad, seguridad y eficacia del producto, lo que estará listo en próximos meses.

De igual forma, la Cofepris dijo que propondrá solicitar al Comité de Dispositivos Médicos de la Farmacopea que analice si se trata de un dispositivo médico y de qué clase porque, de clasificarse como un dispositivo médico, se deberá detallar sus especificaciones.
 
ALTERNATIVA
 
En diciembre pasado, la diputada Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, dijo que la alerta de la Cofepris sólo causaba la “estigmatización” de productos alternativos a las toallas sanitarias y a los tampones, ya que estos productos cuentan con certificaciones sanitarias en sus países de origen como la Food and Drug Administration en Estados Unidos.
 
La diputada, quien originalmente propuso a la Cofepris promover una campaña para el registro de estos productos e informar sobre sus beneficios, indicó que las copas menstruales son una alternativa más económica y compatible con el ambiente y con mejores beneficios higiénicos para la salud de las mujeres.
 
En un documento que presentó al Congreso, la diputada recordó que este tipo de productos alternativos, que se fabrican  generalmente con silicón quirúrgico, puede tener un precio entre los 400 hasta los 700 pesos, y puede durar hasta diez años, mientras que una mujer adquiere, de los 13 hasta los 50 años de edad unas 13 mil toallas sanitarias o tampones desechables, por más de 26 mil pesos (dos pesos por unidad, en promedio)
 
Sobre este tema en abril de 2016 la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, pidió que se exhortara al Servicio de Administración Tributaria (SAT) desgravar las toallas sanitarias y tampones, y reconoció que las copas menstruales eran una alternativa amigable con el medio ambiente.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Se instaló Comisión Especial de Alerta de Género
Urge revisar impacto de AVG y cumplimiento del gobierno: OSC
Foto: cortesía Cámara de Diputados
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/02/2017

Con la tarea pendiente de definir una agenda de trabajo y de concretar acciones, hoy se instaló la Comisión Especial de Alerta de Género de la Cámara de Diputados que dará seguimiento al funcionamiento de este mecanismo para proteger a las mujeres en todo el país.
 
En un acto al que sólo asistieron seis de las 12 diputadas que integran este órgano parlamentario, las legisladoras se comprometieron ante agrupaciones de la sociedad civil a revisar cómo se implementa la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
A la fecha, grupos de mujeres han solicitado activar la alerta en 21 estados y han conseguido que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), la decrete en seis estados.
 
La alerta es un mecanismo que se prevé en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres pero, de acuerdo con la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Karen Hurtado Arana, ha sido letra muerta.
 
La alerta se emitió para 11 municipios del Estado de México, 8 de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 de Nuevo León y 11 de Veracruz; sin embargo las agrupaciones ciudadanas han señalado que no hay resultados sobre la implementación y funcionamiento de este mecanismo.
 
Como respuesta a estas denuncias, la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados, la primera con 43 por ciento de mujeres, creó la Comisión Especial de Alerta de Género aunque en su reunión de instalación las legisladoras señalaron que harán un plan de trabajo después de escuchar a la sociedad civil.
 
Hurtado Arana dijo que cada día crece el miedo de que las hijas, hermanas o mujeres estén solas en la calle porque están inseguras, de ahí la necesidad de revisar este mecanismo.  
 
La diputada perredista señaló que esta Comisión revisará los protocolos que la alerta contempla y el seguimiento puntual en los municipios donde se decretó; además hará análisis y documentos, diagnósticos y estadísticas sobre temas relacionados con la violencia de género.
 
Al acto asistieron las diputadas Melissa Torres Sandoval, de Encuentro Social; Erika Rodríguez Hernández y Arlet Mólgora Glover, del Revolucionario Institucional; Guadalupe González Suástegui, de Acción Nacional, y Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática.
 
ESTRATEGIAS CERTERAS
 
Al respecto, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Asociación de Justicia, Derechos Humanos y Género, que acompañan casos de feminicidio y han sido solicitantes de la alerta, señalaron que este organismo parlamentario debe tomar acciones concretas.
 
La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, dijo que esta Comisión no debe analizar si la alerta es viable o no, sino entender su naturaleza y revisar el impacto, porque los diagnósticos ya existen y ya se sabe qué funciona y qué no sirve.
 
Expuso que las Comisiones especiales son limitadas, porque no se sabe qué tanto podrán incidir para que los gobiernos cumplan con las recomendaciones de los expertos, por lo que pidió que las diputadas se acerquen a las agrupaciones que han solicitado este mecanismo y concreten estrategias más certeras.
 
La activista señaló que el objetivo de un organismo parlamentario como este no debería ser la revisión sobre cómo funciona un protocolo sino revisar cómo un gobierno implementa las recomendaciones y detectar deficiencias, pues sólo así el Congreso ayudará a lograr cambios en la materia.
 
Hasta ahora no se prevé fecha para la próxima sesión de la Comisión, aunque se tiene planeada una reunión con sociedad civil para escuchar a profundidad los argumentos y plantear una ruta de trabajo
 
17/AGM/GG








NACIONAL
LABORAL
   Buscan ratificar Convenio 169 de la OIT
Inicia Campaña Nacional por los Derechos de Trabajadoras del Hogar
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/02/2017

El Sindicato de Trabajadoras  y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) declaró el 2017 como el “Año de las Trabajadoras del Hogar” con el fin de generar cambios sustantivos en las condiciones de empleo y el acceso de los derechos laborales de las 2.4 millones de empleadas del hogar que hay en el país.
 
Como parte del primer aniversario de su registro, la directora de Sinactraho, Marcelina Bautista Bautista, presentó en la Cámara de Diputados la “Campaña Nacional por los Derechos de las Trabajadoras del Hogar”, que busca en primer lugar concretar la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
 
Esta norma garantiza un trabajo digno para las empleadas del hogar, pero no ha sido ratificada por México desde 2011, a pesar de que el Senado de la República ha sido exhortado en más de 10 ocasiones a hacerlo. Desde entonces, dijo Marcelina Bautista “no se han visto avances”, inclusive las autoridades no han llamado al Sinactraho para revisar y concretar su aplicación.
 
Al llamado se unió la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Amalia Dolores García, quien calificó como una “vergüenza nacional” la negación por parte del Estado a ratificar el Convenio. Este ha sido aprobado en 22 países del mundo.
 
Para la implementación del instrumento internacional, señaló Marcelina, es necesario antes modificar el Capítulo XII de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, otra las demandas de la campaña, pues estas leyes no garantizan de manera integral los derechos de las trabajadoras e impiden el aseguramiento social de las empleadas.
 
Al momento, 97 por ciento de las trabajadoras del hogar no cuentan con ningún tipo de servicio de salud, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, además de tener jornadas laborales mayores a 8 horas y uno de los salarios más bajos del país.
 
El representante de la OIT, Helmut Schwarzer, dijo que al ser modificada la Ley de Seguro Social, se debe garantizar que las trabajadoras sean contempladas dentro del régimen general, y no crear un apartado específico, que pueda ser discriminatorio y contemple menos prestaciones a las empleadas.
 
Añadió que el Gobierno mexicano debe generar mecanismos de inspección laboral para garantizar el cumplimiento de las condiciones de labores dignas, además de crear campañas que fomenten la formalización de este trabajo y la no discriminación de estas mujeres.
 
Las diputadas y diputados presentes se comprometieron a iniciar las reformas necesarias para lograr incluir en la ley los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Amalia Dolores dijo que dentro de su Secretaría crearon una procuraduría especial para atender estas demandas y brindar servicios de atención a las empleadas del hogar.
 
PRIMER AVANCE: CONTRATO COLECTIVO
 
La Campaña también busca invitar y promover la firma del Contrato Colectivo de trabajo creado por el Sinactraho. Este es el primer avance del gremio que da a las empleadas del hogar la oportunidad de acceder a un salario acorde a los servicios que brinda, servicios públicos de salud, y el derecho a emplazar una huelga.
 
El Contrato es firmado por el empleador o empleadora, la trabajadora del hogar y una representante del Sindicato y es, de acuerdo con la OIT, “un paso histórico para avanzar en la formalización del trabajo del hogar en nuestro país”.
 
Los presentes dijeron que la creación del Sindicato es un suceso que sienta las bases para avanzar en el reconocimiento del trabajo del hogar, así como el reconocimiento de los derechos de quienes se emplean en este sector. El gremio ya cuenta con integrantes del Estado de México, Puebla, Colima, Chiapas y la Ciudad de México.
 
17/HZM/GG








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Legisladoras federales
Buscaremos alianza con autoridades para castigar crímenes contra mujeres
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/02/2017

Las legisladoras federales buscarán alianza con los gobiernos estatales y las instancias de impartición y procuración de justicia para que se investiguen y castiguen los crímenes contra las mujeres, informaron las integrantes de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por razón de género de la Cámara de Diputados.
 
Con este organismo parlamentario se dará continuidad al trabajo que en Legislaturas anteriores realizó la Comisión Especial de Feminicidio porque continúa “la lucha para derribar esa barrera de violación de derechos que tanto ha cegado a nuestra sociedad”, dijo la diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de esta Comisión, Maricela Contreras Julián.
 
Al instalar los trabajos de este organismo parlamentario, la diputada dijo que uno de las metas será crear un Protocolo Nacional de Actuación Ministerial, Pericial y Policial para la Atención de Delitos Cometidos por Razones de Género, así como fortalecer el trabajo con las instancias para mujeres estatales, municipales y con los Congresos locales.
 
En la sesión de instalación, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri, dijo que México aún no cuenta con un marco jurídico sólido en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres, a pesar de los avances en este tema.
 
El también coordinador del PRD en la Cámara baja, recordó que al día en promedio se asesina a siete mujeres, lo que al año suma más de dos mil 600 homicidios, por lo que este problema no se debe soslayar sino atender con medidas de prevención, atención, sanción y erradicación.
 
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
 
En su participación, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, dijo que la tarea de esta Comisión será primordial, porque se ha constatado la negligencia de las instituciones de procuración de justicia en la investigación y atención de los delitos cometidos contra las mujeres.
 
La funcionaria dijo que esta falta de las autoridades se evidencia con el gran porcentaje de expedientes donde no hay líneas de investigación ni peritajes, ni seguimiento porque simplemente se archivan; también en el irrisorio número de agresores sujetos a proceso y en la ridícula cifra de sentencias dictadas.
 
Por su parte, el magistrado y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Edgar Elías Azar, dijo que la igualdad de género es una verdad jurídica, pero no en los hechos porque en la práctica hay acciones discriminatorias hacia la población femenina.
 
Elías Azar dijo que, siendo autocritico, faltan pasos firmes para lograr esa igualdad y destacó que esta Comisión debe logar que los gobiernos estatales hagan que sus procuradurías trabajen y alienten la denuncia para combatir los delitos de género como la trata de personas.
 
17/AGM/GGQ








REPORTAJE
   Violencia política, violencia obstétrica y acoso callejero
Faltan leyes para otros “focos rojos” de la violencia contra mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/02/2017

El maltrato y desatención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; las agresiones que reciben en la calle y el transporte público; y las amenazas hacia aquellas que ejercen la política son nuevas formas de violencia que se deben legislar en todo el país.
 
Por esta razón el martes 14 de febrero la Cámara de Diputados instalará la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, organismo parlamentario que promoverá la inclusión de la violencia política, obstétrica y el acoso callejero en las leyes federales y estatales, durante el año y medio que resta de la 63 Legislatura.
 
La Comisión Especial propuesta en noviembre de 2015 por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras Julián, fue desde entonces aceptada,  pero tardó más de un año en concretarse.
 
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA
 
El feminicidio, dijo en entrevista Contreras Julián, no es el único tema que se debe considerar, porque la violencia contra las mujeres no se refleja sólo en el asesinato, también hay un foco rojo por los casos de la violencia política por razones de género, la violencia obstétrica y el caso callejero, por lo que el espectro de atención debe ser más completo.
 
Son conocidos los casos de mujeres embarazadas, en su mayoría indígenas, que acuden a hospitales públicos y no reciben atención, por lo que dan a luz en la calle o, cuando las atienden, son maltratadas y agredidas por el personal de salud. Pese a ello sólo Guerrero, Veracruz y Chiapas consideran la violencia obstétrica como un delito en sus Códigos Penales.
 
Respecto a la violencia política, a partir de 2014, tras la inclusión de la paridad (50-50) de género en candidaturas como principio constitucional, se registró un aumento agresiones a mujeres que participan en política. De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) hay 52 casos registrados con características de género.
 
Esta violencia va desde insultos y amenazas para impedir que las mujeres sean candidatas o ejerzan las funciones para las cuales fueron electas, obligarlas a renunciar o hasta el asesinato, como ocurrió en 2015 con la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, la perredista Aidé Nava González; y en 2016 con la alcaldesa de Temixco, Morelos, la perredista Gisela Mota Ocampo.
 
Respecto a la violencia sexual, la legisladora señala que únicamente en la Ciudad de México 72 por ciento de las capitalinas reportaron haber vivido algún tipo de violencia sexual, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), a lo que se suman los casos de violencia en el transporte y los testimonios de acoso callejero que, dice, deben ser atendidos.
 
LEGISLATURA RETRASADA
 
Desde hace más de 17 años las legisladoras han trabajado en San Lázaro para crear comisiones que coadyuven a crear políticas para prevenir y sancionar los asesinatos contra las mujeres, primero en Ciudad Juárez y luego a nivel nacional.
 
En 2004 se instaló por primera vez la Comisión Especial de Feminicidio, presidida por legisladora del PRD y antropóloga Marcela Lagarde, quien realizó un diagnóstico sobre asesinatos de mujeres e impulsó la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
Ahora, en la 63 Legislatura (que cuenta con 42.4 por ciento de diputadas) iniciada en septiembre de 2015 y que concluye en abril de 2018, no se instaló un organismo enfocado en los crímenes de feminicidio, sino en delitos por razones de género. Amplía su objetivo de trabajo, sí, pero llega cuando transcurrió la mitad de la Legislatura y a pelear recursos económicos.
 
La diputada federal señala que esta Legislatura “ha sido muy retardada en algunos procesos y esta Comisión es uno de ellos. Aunque tuvimos la asignación de la presidencia desde hace meses, hubo un retardo por parte de las fracciones parlamentarias para la integración de sus miembros”.
 
La propuesta de crear organismos parlamentarios para revisar la legislación en materia de violencia de género surgió en 2015, pero apenas el 7 de diciembre del año pasado la Junta de Coordinación Política informó que se había integrado; y también anunció que se conformó la Comisión Especial de Alerta de Género, presidida por la perredista Karen Hurtado Arana.
 
El objetivo de esta segunda Comisión Especial –aún no instalada– será dar seguimiento a las medidas implementadas en los estados con  Alerta de Violencia de Género, aunque en la iniciativa de creación se hizo mención expresa de los casos de feminicidio en el Estado de México, donde este mecanismo se activó en julio de 2015 para once municipios.
 
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
 
Maricela Contreras, ex asambleísta y ex jefa delegacional de Tlalpan, asegura que, por la austeridad, no hay presupuesto específico para las Comisiones Especiales, pero sí recursos para proyectos, por lo que presentará una propuesta financiera para crear protocolos de actuación en torno a los crímenes que estará trabajando.
 
“Obviamente cuando la estructura es sin recursos se vuelve muy difícil incluso podríamos decir que podría haber desinterés, pero tendremos que multiplicarnos para concluir la tarea que se nos encomendó”, dice.
 
Integrada por 12 diputadas, esta Comisión tendrá prácticamente un año y medio para trabajar aunque la legisladora indica que habrán logrado visibilizar estos problemas si por lo menos logran uno de los objetivos, entre ellos crear protocolos para estos tipos de violencia e incluir las definiciones en las leyes federales y estatales.
 
En México ya existe el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, creado en marzo de 2016 por autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) difundió en 2015 un Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio.
 
Contreras Julián asegura que el interés en estos instrumentos es revisar lo que existe a nivel federal y estatal a fin de indagar si están armonizados.
 
Otro objetivo es hacer un frente de legisladoras para lograr la tipificación de la violencia política de género porque “es urgente definir este delito, sus alcances, los elementos que hay que considerar para acreditarlo y el castigo para los responsables”.

17/AGM/GGQ
 
 








Pages

Subscribe to RSS - Cámara de Diputados