Violencia política

ESTADOS
POLÍTICA
   Se incluirá en el Código Electoral
   
Veracruz sancionará la violencia política en razón de género
Imagen retomada del twitter del Congreso de Veracruz
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver.- 26/07/2017

En el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Veracruz, las mujeres contarán con mayores herramientas que hagan valer sus derechos político- electorales, como las sanciones impuestas en el Código Electoral por la violencia política en razón de género, indicó la diputada y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Teresita Zuccolotto.
 
Con 45 votos a favor el congreso del estado aprobó incluir en el Código Electoral una fracción sobre violencia política en razón de género que permitirá sanciones administrativas en contra de quien la ejerza.
 
Durante su participación en tribuna, la Presidenta de la Comisión para la Igualdad, detalló que la aprobación de la iniciativa presentada en la sesión ordinaria del 2 de mayo, coloca a Veracruz a la vanguardia en el respeto de los derechos de las mujeres en el servicio público.
 
“Hoy avanzamos con infracciones y sanciones a aspirantes, precandidatos, candidatas y autoridades, pronto seremos testigos de la aprobación de este tipo de violencia en el Congreso de la Unión y entonces también los partidos políticos tendrán responsabilidad de este tipo de violencia; además será incorporada como delito electoral desde la Ley General de delitos electorales”.
 
La reforma implica infracciones hacia los aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, o autoridades y servidores públicos que a través de la violencia busquen inhibir, impedir o entorpecer el trabajo electoral, político o que como servidoras públicas realicen las mujeres.
 
De igual forma se agregan supuestos a la violencia política de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como el de impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos.
 
Teresita Zuccolotto recordó que antes de la reforma, las mujeres violentadas en sus derechos políticos o electorales, acudían a un Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales, y ahora las sanciones serán claras y aplicadas por el Órgano Público Local Electoral (OPLE).
 
El OPLE será incorporado al Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres de la Ley en la materia, y se le señalan atribuciones específicas para prevenir y atender este tipo de violencia.
 
La legisladora celebró que los legisladores locales apoyaran la reforma solicitada para continuar avanzando en el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y para alcanzar la paridad de género en las próximas elecciones.
 
17/RED








ESTADOS
Participación Política de las Mujeres
   Ley de Acceso no coincide con Código electoral local
   
Reconocen violencia política de género en ley capitalina
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/07/2017

A partir de hoy en la Ciudad de México se reconoce la “violencia política en razón de género” como toda acción u omisión en contra de una mujer que afecte sus derechos político electorales o el ejercicio de sus actividades como funcionaria pública.
 
Este 17 de julio se publicó en la Gaceta Oficial de la capital el decreto por el que se reforma el Artículo 7 de la Ley local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se enuncian 19 supuestos para acreditar la violencia política contra las mujeres.
 
La reforma, aprobada el 23 de mayo por el pleno de la Asamblea Legislativa, tiene el objetivo de proteger y promover los derechos políticos de las mujeres durante las pre-campañas, el desarrollo de los procesos electorales y hasta el desempeño de sus encargos públicos.
 
La ley capitalina establece que esta violencia es toda acción u omisión que “tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público”.

Entre los 19 supuestos para acreditar la violencia contra las mujeres políticas se enumeran acciones como obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir actos diferentes a las funciones y obligaciones de su cargo, establecidas en los ordenamientos jurídicos, incluyendo aquellos motivados por los roles o estereotipos de género.
 
Asimismo, proporcionarle información falsa, errónea o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político públicas; o impedirle participar o en su caso excluirla de la toma de decisiones o del derecho a voz y voto.
 
También se considera violencia política publicar o revelar información personal, privada o falsa de una candidata o funcionaria; desprestigiar o menoscabar su credibilidad, capacidad y dignidad humana; acosar u hostigar a la persona para restringir sus derechos así como amenazarla o discriminarla, entre otras conductas.
 
Sin embargo la definición y los supuestos de violencia política en razón de género que se describen en la Ley de Acceso, recién reformada, no son los mismos que aparecen en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
 
El Código, publicado el 7 de junio de 2017, describía en un primer momento el término “violencia política en razón de género” pero un grupo de diputados de la Comisión de Asuntos Político Electorales de la Asamblea Legislativa pidieron que se suprimiera porque ese texto no fue aprobado por el pleno.  
 
Así, el 21 de junio de 2017 en la Gaceta Oficial se publicó una nota aclaratoria donde se precisa que en la ley electoral debe decir “violencia política” y enumerar sólo 12 supuestos para acreditarla, lo que para algunas legisladoras es un retroceso para los derechos político electorales de las capitalinas.
 
Cabe mencionar que la norma electoral enfrenta 10 acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República y partidos como Movimiento Regeneración Nacional, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y del Trabajo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
Entre estos recursos se impugnó la modificación al Código Electoral que, a través de una nota aclaratoria, suprimió el término de violencia política en razón de género. Se espera que en próximas semanas el alto tribunal se pronuncie al respecto.
 
17/AGM/








NACIONAL
VIOLENCIA
   Inconstitucional quitar concepto, debe revisar SCJN: diputada
   
Diputados quieren excluir de la ley “violencia política de género”
Imagen retomada de Twitter de la Asamblea Legislativa
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/06/2017

Sin un proceso legislativo de por medio, diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF) pretenden borrar de un plumazo el concepto de “violencia política de género” del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la capital porque argumentan que se equivocaron al incluirlo en la ley.
 
El 31 de mayo, el pleno de la ALDF aprobó la expedición del nuevo Código electoral en el tiempo que establecía la Constitución capitalina y, luego de una revisión del texto, por parte de la Jefatura de Gobierno, se publicó en la Gaceta Oficial el 7 de junio, con lo que entró en vigor para el proceso electoral de 2018.  
 
Sin embargo, fue hasta el 21 de junio, prácticamente tres semanas después de que se avaló la ley, cuando los asambleístas se dieron cuenta e informaron que “hubo una equivocación” y que en la norma electoral aparecía el concepto de “violencia política de género” cuando en realidad debería decir “violencia política”.
 
REVERSA
 
Ese mismo día, el miércoles 21, la Mesa Directiva de la ALDF, integrada por los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mauricio Toledo y Rebeca Peralta, y del Partido Humanista, Luciano Jimeno, publicaron una “nota aclaratoria” en la Gaceta Oficial para dejar en claro que la ley no debería tener dicho término. 
 
De acuerdo con la nota, la ley debe decir que “violencia política” es  “toda acción, omisión o conducta ejercida contra las personas, directa o indirectamente, que tiene por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político-electorales…”.
 
Asimismo la definición correcta, que no aparece en el Código electoral, dice que la violencia política se puede manifestar “mediante cualquier modalidad de violencia contemplada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, expresándose en los ámbitos político, público y privado” y enumera 12 características y no 19 como están en la ley vigente.
 
¿CON “ACLARACIÓN” SE CAMBIA LA LEY?
 
Al siguiente día de que fue publicada la aclaración, el diputado del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, afirmó que el proceso legislativo del Código electoral no fue vulnerado sino que la “aclaración” era para que no entrara en vigor “algo diferente a lo votado por los diputados”.
 
El asambleísta también informó que en uso de sus facultades y junto con los integrantes de la Mesa Directiva revisó la versión estenográfica de la sesión del día 31 de mayo. “Hubo un error en el contenido que se envió para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esto es grave porque se hubiera publicado una ley con un artículo distinto a lo aprobado por el Pleno”, destacó.
 
Luna Estrada explicó que durante la discusión del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México se presentaron varias reservas y una de ellas hablaba de la violencia política de género. “El pleno decidió dejar solo el concepto de violencia política”, recalcó.
 
El perredista subrayó que aún con la nota aclaratoria, no había impedimento legal para recurrir a la autoridad correspondiente si se llegase a presentar un caso de violencia política de género, ya que la Constitución Política de la Ciudad de México contempla este concepto.
 
¿ACLARACIÓN DESAPARECE CONCEPTO?
 
Sin embargo, el 24 pasado la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dunia Ludlow, se pronunció sobre el tema y dijo que la nota aclaratoria dejaba la puerta abierta para que los supuestos para acreditar la violencia política de género se consideren inexistentes porque se construyeron a partir de un proceso legislativo inadecuado e ilegal.
 
Durante la aprobación del Código Electoral, el día 31 de mayo, la asambleísta presentó reservas al Artículo 4 de la norma, a fin de incluir el concepto aprobado anteriormente en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia capitalina; y reservas al Artículo 351 del Código Penal para que se incluyeran los “actos de violencia política”.
 
Pero ese día las reservas se presentaron en bloque junto con otros seis artículos, no se discutieron una por una, se generó confusión y fueron rechazadas. No obstante se publicó el decreto como si hubieran sido aprobadas.
 
ACCIÓN INCONSTITUCIÓNAL
 
Al respecto, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ana Juana Ángeles Valencia, consideró que excluir el término “violencia política de género” en toda su acepción es una acción inconstitucional que merece ser sometida a revisión mediante un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
Para la legisladora, la modificación que la Asamblea Legislativa quiere hacer a través de una nota aclaratoria y no por medio de un proceso parlamentario, implicaría dejar inválida la posibilidad de argumentar que la violencia política de género como una causal para anular una elección, tal como lo establece la Carta Magna de la Ciudad de México.
 
El Articulo, Apartado D, numeral 2 de la Constitución capitalina dice que “sin perjuicio de las causales específicas que prevea la ley de la materia, será nula la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la existencia de violencia política de género e irregularidades graves durante las diversas etapas del proceso electoral que violenten los principios previstos en esta Constitución”.
 
Con el proceso electoral de 2018 para renovar la Asamblea Legislativa y poner en marcha la nueva estructura electoral de la capital, todavía no hay certeza de si una nota publicada en la Gaceta Oficial es suficiente para modificar el Código electoral o si es necesario un proceso parlamentario para rectificar un error del Legislativo local.
 
En tanto, el 22 de junio, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, César Cravioto, dijo que “el cambio” no se informó a los diputados y ante ello mencionó que su partido analizaría la pertinencia de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte porque la modificación era de fondo y no una fe de erratas.
 
17/AGM/GG








REPORTAJE
POLÍTICA
   Faltan herramientas que garanticen sus derechos políticos
   
En 2018 habrá paridad, pero candidatas aún enfrentarán violencias
Archivo CIMACFoto
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017

En 2018 habrá elecciones en México para renovar la Presidencia de la República y elegir 3 mil 326 cargos legislativos, lo que supone  gran cantidad de mujeres participando, aunque las analistas presagian que las virtuales candidatas podrían enfrentar violencia para desalentar su incursión en la política.
 
La buena noticia –dicen las expertas– es que todos los partidos políticos estarán obligados a postular igual número de mujeres y varones a los cargos electivos (principio de paridad de género) pero la mala es que todavía no hay suficientes herramientas para que   compitan en condiciones de igualdad.
 
A la fecha el principio de paridad en candidaturas aplica para integrar la Cámara de Diputados federal, el Senado y los 32 Congresos locales. Sin embargo, hay casos, como el de Oaxaca, donde la paridad es constitucional aunque su ley electoral establece solo una cuota de género del 40 por ciento en candidaturas al Poder Legislativo.  
 
Entre los problemas que enfrentarán las aspirantes a una candidatura y a un cargo de elección están: no tener un piso parejo en la competencia, por ejemplo, que los partidos elijan a mujeres para gobernar a través de ellas; falta recursos para hacer campaña y de espacios en medios de comunicación; acompañamiento de los líderes del partido y, en particular, acoso, amenazas, descalificación o intromisión en su vida privada.
 
MÁS ASPIRACIÓN, MÁS VIOLENCIA
 
Ante la falta de una legislación que defina el término violencia política, en 2014 instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres crearon el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres para crear una ruta de atención a estos casos. 
 
De acuerdo con el Protocolo, la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
La consultora e integrante de la comisión que está actualizando este instrumento, Teresa Hevia Rocha, señala que en los últimos dos procesos electorales en los estados se ha visto recrudecer la violencia contra las mujeres; en especial cuando compiten por obtener un cargo en los ayuntamientos.
 
Están los casos de mujeres que ganaron la elección y que fueron violentadas para obligarlas a abandonar el cargo: Samantha Caballero, en el municipio de San Juan Bautista lo de Soto, en Jamiltepec, Oaxaca; Felicitas Muñiz, en el municipio de Cuilapan, en Guerrero; y Rosa Pérez, en el municipio de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, entre muchos otros.
 
Dice Hevia Rocha que hay menos casos de violencia cuando se busca una diputación pero se incrementa en los municipios porque todavía hay un rechazo a que las mujeres tengan posiciones de autoridad y porque los municipios son los más condicionados porque allí están los programas, los recursos, la posibilidad de influir y porque al ser cargos unipersonales concentran el poder.
 
Para la experta es importante que a nivel federal y en los estados se legisle y que estas conductas contra las mujeres en la política se sancionen. Según un análisis que realiza sobre la normatividad en la materia, hay 17 estados que han incorporado la figura de violencia política de género, pero destaca Oaxaca que incluyó el término en el Artículo 401 bis de su Código Penal y Nayarit que lo tienen como una infracción en su ley electoral.
 
LEYES SIN ARMONIZAR
 
Después de la reforma político electoral de 2014 que elevó a rango constitucional la paridad de género, algunos estados han legislado también para incorporar la violencia política, pero aún hay una diversidad de criterios. En el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa, que se realizó esta semana, el tema apenas fue mencionado por la senadora Diva Hadamira Gastélum.
 
La normatividad indica que hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral. 
 
Además nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia.
 
Al respecto, la ex senadora independiente y fundadora de la organización Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Martha Tagle Martínez, dice que es necesario empezar a hablar de la violencia y visibilizarla como un delito electoral porque estas formas de intimidación buscan que las mujeres no puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos.
 
A decir de la ex legisladora, esta violencia siempre ha existido pero nunca se ha conceptualizado como tal y es a raíz del aumento de las mujeres violentadas en política que se ha dado esta discusión, justo cuando surge la necesidad de contar con herramientas legales para hacerle frente.
 
Por ello, en febrero pasado la entonces senadora propuso citar a comparecer ante el Senado al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, para que expusiera las acciones en la materia. Según esta instancia, de 2013 a 2016 se iniciaron 416 expedientes por violencia política contra mujeres; de los cuales 53.1 por ciento se presentaron en 2016. 
 
Tagle Martínez explicó que en dos ocasiones el Senado aprobó una minuta en la materia para definir el término en las leyes electorales, primero en febrero de 2013 y luego en marzo de 2017. En ambos casos la reforma no fue avalada por la Cámara de Diputados por lo que a nivel federal el tema sigue atorado.  
 
Pese a ello, el tema poco a poco se ventila y, por ejemplo, en 2016, el Instituto Electoral del estado de Zacatecas hizo un estudio con 45 síndicas, presidentas municipales y diputadas electas de 2016 a 2018 en la entidad y 29 (65 por ciento) dijeron haber sido víctimas de violencia durante la precampaña o campaña.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
POLÍTICA
   Necesario modificar Ley General en Materia de Delitos Electorales
Violencia política de género impide igualdad en elecciones
Imagen retomada de Twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/09/2017
Es necesario modificar la Ley General en Materia de Delitos Electorales para que la violencia política contra las mujeres se tipifique como un delito electoral, dijo la maestra en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Lorena Vázquez Correa.
 
En una investigación publicada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la especialista señaló que es necesario legislar la violencia política de género para que las mujeres se desarrollen en igualdad de condiciones con los varones en el ámbito político-electoral.
 
De acuerdo con el estudio, la ley en materia de delitos electorales no tipifica la violencia política de género, por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades perseguir y sancionar estas conductas, esto llevo a que los organismos crearan el Protocolo para Atender la Violencia Política contra la Mujer en 2016.
 
Al presentar el documento en el congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somee) que se realizó en agosto en la Ciudad de México, Vázquez Correa destacó que en el Senado se han presentado 6 iniciativas en la materia y el pasado 9 de marzo se aprobó una minuta que no ha sido ratificada por la Cámara de Diputados.
 
Para atender los casos de violencia contra candidatas o mujeres electas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), ha catalogado como violencia política contra las mujeres aquellos delitos electorales en los cuales la víctima del hecho sea una mujer o cuando ellas sean afectadas de forma desproporcionada.
 
La FEPADE detectó entre 2013 y 2016, 416 expedientes (averiguaciones previas y carpetas de investigación) que podrían constituir violencia política de género. De éstos, más de la mitad (53.1 por ciento) ocurrió en 2016; y entre 2012 y 2016 se han detectado 156 casos de violencia, señala la investigación.
 
Entre los casos detectados por la autoridad destacan tres en contra de los derechos político-electorales de la comunidad lésbico gay; 45 casos de violencia contra mujeres electas que estaban en funciones; y 10 casos de hechos que afectaban los derechos políticos de indígenas. 
 
17/AGM







NACIONAL
POLÍTICA
   Necesario que asuman papel clave para erradicarlas
Medios de comunicación reproducen discriminación y violencia política
Imagen retomada del INE
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 05/09/2017

A cuatro días del inicio del proceso electoral federal 2017-2018, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la reproducción de la discriminación y la violencia política de género.

Al participar en el primer encuentro regional para la sensibilización a medios de comunicación “Comunicar para la igualdad: Los medios como constructores de una cultura de la paz”, el consejero señaló que los medios de comunicación tienen un papel clave para erradicar la propaganda electoral discriminatoria y fomentar un voto informado.

Córdova dijo que los medios deben fomentar una concepción igualitaria de las personas y dejar de ser reproductores y creadores de estereotipos. “Estoy convencido que el fortalecimiento de la democracia requiere la adopción de estrategias que promuevan la inclusión, la libertad de expresión y que garanticen que las contiendas se desenvuelvan en un contexto de equidad”, dijo.

En materia electoral, recordó el funcionario, partidos políticos y legisladores han reconocido la influencia de los medios de comunicación y por ello en 2007-2008 se confeccionó un modelo de comunicación política que después de 10 años se ha consolidado como una herramienta para preservar la equidad en las contiendas. Asimismo el INE realiza un monitoreo para revisar que los partidos políticos incluyan un enfoque de género en sus promocionales.

“Es importante, en una sociedad democrática, más que controles, más que restricciones, más que normas que inhiban este tipo de conducta, una auditoría ciudadana; la participación ciudadana y el control y contextos de exigencia informales que desde la sociedad se generan, resulta indispensables para combatir este tipo de conductas”, agregó.

De acuerdo con Córdova, es indispensable que en el próximo proceso electoral, todos los actores involucrados y particularmente la ciudadanía y los medios de comunicación, avancen en términos culturales.

Por su parte, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete, afirmó que la garantía de las mujeres a una vida libre de violencia implica necesariamente acciones desde los medios de comunicación para difundir medidas de prevención y contenidos que coadyuven a erradicarla, además de empoderar a las mujeres y las niñas.

En tanto la representante de ONU Mujeres México, Ana Güezme, enfatizó que el reto consiste en generar un cambio cultural. “México tiene excelentes leyes y programas, pero hay que trabajar en un cambio cultural y civilizatorio, para el cual los medios deben ser aliados”.

En el encuentro que se realizó este lunes y martes especialistas y representantes de los medios de información discuten el papel de los medios en la promoción de una cultura de equidad, entre ellos, el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Amadeo Díaz Moguel; y el subdirector general de Comunicación e Información en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Frank La Rue.

17/AGM/LGL








NACIONAL
POLÍTICA
   Concepto vigente en Constitución capitalina
Violencia política, causal de anulación de elecciones en CDMX
Imagen retomada de Twitter de la Asamblea Legislativa
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/07/2017

Cualquier proceso electoral que se realice en la Ciudad de México y en el que se acredite la existencia de “violencia política de género” será anulado como lo establece la Constitución Política de la capital y la Ley Procesal Electoral local.
 
De acuerdo con diputados de la Asamblea Legislativa, en la capital del país se reconoce y sanciona la violencia que se ejerza en contra de las mujeres que participan en política, esto a pesar de que en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local se diga “violencia política” y no “violencia política en razón de género”.
 
Así lo dijeron luego de que asambleístas e incluso el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) alertaran de un retroceso en la materia después de que el 21 de junio se publicó una nota aclaratoria en la Gaceta oficial de la Ciudad de México para precisar que el Código (recién publicado el 7 de junio) debía decir violencia política sin considerar las palabras “en razón de género”.
 
El diputado presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales de la Asamblea Legislativa, José Manuel Delgadillo dijo en entrevista que es falso que el concepto de violencia política hacia las mujeres haya desaparecido de la ley electoral y destacó que de cara al proceso electoral de 2018 hay certeza jurídica para aquellas que quieran participar.
 
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) expuso que la ley se divide en tres grandes rubros: sustantivo, procesal y orgánico, y explicó que en el Código electoral (ley sustantiva) se reconoce la violencia pero las causales de nulidad están en la Ley Procesal Electoral. “Ahí están muy claras las causales de nulidad, y entre ellas la violencia policía por razón de género”, dijo.
 
Ante la duda de algunas diputadas y actores políticos de si existen condiciones para que las mujeres participen en los comisos porque al parecer no se reconoce la “violencia política en razón de género”, el diputado Delgadillo señaló que una de las características de la ley es que “debe abstracta” y por eso no se particularizó diciendo “en razón de género”.
 
Mencionó que en una postura radical y muy feminista hay gente que dice que no debe ser así pero destacó que el concepto sí está  en el Código electoral. “Lo que pasa es que un tema legislativo, de redacción y de estilo”, precisó, y es el Artículo 4 de esta norma  remite a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México.
 
Es de destacar que la Ley de Acceso fue reformada apenas el pasado 23 de mayo para incorporar la “violencia política en razón de género”.
 
Para el legislador –quien fue el primero en darse cuenta de que el texto publicado el 21 de junio en la Gaceta no era el mismo aprobado por la Asamblea el 30 de mayo– es claro que hay certeza jurídica porque la nota aclaratoria es como una fe de erras cuyo objetivo fue corregir un error para respetar el texto avalado por el pleno de diputadas y diputados.
 
De acuerdo con el panista, con este error subsanado, no hay que olvidar que las leyes electorales en la capital son de vanguardia porque garantizan que en próximos comicios, por primera vez, se integren concejales paritarios y una Asamblea Legislativa paritaria (con 33 mujeres y 33 hombres). “Es la primera vez en la historia que se tiene garantizado para las mujeres este espacio de paridad”.
 
Por su parte, el vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea, Raúl Flores, coincidió con el legislador panista en que las capitalinas tienen certeza de que cualquier elección en la que participen y en la que se acredite violencia política de género será anulada.
 
A decir del legislador perredista, el acta de la sesión del 31 de mayo dice lo que verdaderamente ocurrió con este tema porque –dijo en entrevista– de ninguna manera el PRD aceptaría ir en contra de la posibilidad de que las mujeres tengan una vida libre de violencia en el ámbito político-electoral. “Definitivamente cualquier conducta de ese tipo tiene que ser castigada”, afirmó. 
 
Para él la nota aclaratoria no es un tema de fondo y no hubo dolo. El diputado Flores destacó que hubo un error en la publicación del Código y que ya se corrigió y no hay duda de ello. “No vi ninguna resistencia al tema de género”, dice al recordar que incluso los Artículos 27 y 29 del Código electoral garantizan que el Congreso estará integrado por 50 por ciento de mujeres.
 
El legislador perredista señala además que no se debe perder de vista que el organismo parlamentario ya ha trabajado para tipificar todos los tipos de violencia hacia las mujeres, incluso aquellos que tienen que ver con los partidos políticos; y coincidió con su compañero panista al destacar que la ley capitalina es de vanguardia en el tema de paridad en la integración del Congreso.
 
A pesar de la postura de los legisladores, el pasado 27 de junio la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dunia Ludlow, envió al consejero Jurídico del Gobierno capitalino, Manuel Granados, un oficio para consultar cuál es la norma vigente: si la que se publicó el 7 de junio o la nota aclaratoria del 21 del mismo mes.
 
La también coordinadora nacional de Legisladoras Locales del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, aseguró que la nota es parte de un proceso inadecuado y desaseado porque con esta se modifica de fondo la ley promulgada y publicada por el Jefe de Gobierno, y por ello destaca que esta aclaración ni siquiera mencionó un fundamento legal.  
 
Además criticó que la nota aclaratoria se publicó sin consultar al pleno de asambleístas y aunque reconoció que el término de violencia no se eliminó y que la ley electoral hace referencia a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también destacó que con la “fe de erratas” se eliminan varios incisos con supuestos para acreditar esta violencia.
 
La legisladora priista destacó que es posible que esta modificación se hiciera sin dolo pero recalca que es consecuencias de un proceso y un trabajo parlamentario inadecuado, por ejemplo, de Comisiones incompletas donde no se permite la discusión y el análisis, y de sesiones exprés y donde no hay tiempo suficiente para leer los dictámenes que se van a aprobar.
 
Sobre este tema, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Rojas, afirma que la participación de las mujeres es de relevancia porque cada espacio que ganan las mujeres es un espacio que pierden los hombres. “Es muy importante que las mujeres ocupen espacios porque necesitamos que las políticas públicas, la forma en que se gobierna, en que se legisla, sea también con la opinión de mujeres”, dice.  
 
17/AGM








NACIONAL
POLÍTICA
   Firman Protocolo de cara a las próximas elecciones
PRD sancionará violencia política por razón de género
Imagen retomada del Twitter del PRD
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/09/2017

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) implementará un protocolo interno para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política en razón de género tanto al interior, como al exterior del partido, por lo que llamó a los demás partidos a realizar lo mismo.

En un comunicado, la Secretaria Nacional de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, informó que su partido tendrá Cero Tolerancia a la violencia política contra las mujeres, y rechazó todas las conductas que impliquen discriminación y violencia política, por lo que el Protocolo, deberá ser aplicado por el Comité Ejecutivo Nacional, Comités Ejecutivos Estatales y Municipales, así como a todos sus órganos autónomos, en el proceso electoral que se avecina.

Con este protocolo se mandata a todos los grupos parlamentarios del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como de las legislaturas de los estados a priorizar en sus agendas legislativas la erradicación de la violencia política de género toda vez que ésta obstaculiza el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

Claudia Castello Rebollar, hizo un llamado respetuoso a que los demás partidos políticos adopten medidas para sancionar esta violencia  ya que se presenta los partidos políticos.

El Protocolo plantea “sancionar toda acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga como finalidad o resultado, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público, conducta que puede ser realizada en forma directa o a través de terceros”.

Detalla una lista de conductas sancionables por violencia política contra las mujeres afiliadas al Partido en su calidad de aspirantes, precandidatas o candidatas a un cargo de elección popular o partidario, candidatas externas, candidatas electas, representantes populares o dirigentes.

Entre las sanciones propuestas, destacan la suspensión de derechos partidarios, destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del Partido, inhabilitación para ser registrarse a candidaturas a cargos de elección popular, la negativa o cancelación de su registro en precandidaturas, hasta la expulsión.

El Protocolo precisa que las y los perredistas y sus equipos se abstendrán de recurrir a mensajes sexistas para descalificar a candidatas de otros partidos con base en estereotipos de género, así

como de ejercer cualquier tipo de violencia política en su contra, haciendo extensivo este compromiso de respeto y no agresión a las mujeres que se desempeñen como autoridades, legisladoras, o funcionarias emanadas de otros partidos políticos.

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NACIONAL
   Sólo 9 de 32 entidades incluyen concepto en su Ley Electoral
Violencia política contra mujeres, mal previsible sin ley federal
Imagen de Guadalupe Cabañas
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017

Descalificaciones, amenazas, intromisión en la vida privada y agresiones físicas serán los principales obstáculos que enfrentarán aquellas mujeres que en los comicios de 2018 se postulen, por un partido político o por la vía independiente, para competir por uno de los 3 mil 326 cargos legislativos y de gobierno que se elegirán en todo el país.
 
En la carrera por ganar el voto ciudadano y ser electas se prevé que las candidatas se topen con acciones que hoy se conocen como violencia política de género, un concepto cada vez más reconocido en las leyes estatales aunque todavía ausente en las leyes que a nivel federal regulan las elecciones y previenen la violencia de género.          
 
Hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral.  
 
Además, de acuerdo con información obtenida a través de la revisión parlamentaria de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia, lo que indica que en 2018 las mujeres que compitan en estos estados podrían hacer uso de estas leyes en caso de ser víctimas de violencia en contextos político-electorales.
 
RUMBO A 2018
 
El próximo año en México habrá elecciones para elegir Presidente de la República y 3 mil 326 cargos: 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas (incluyendo Jefatura de Gobierno en la capital), 984 diputaciones locales, mil 598 ayuntamientos, 16 alcaldías en la Ciudad de México (antes Jefaturas delegacionales), 24 juntas municipales en Campeche y 67 sindicaturas en Chihuahua.
 
En las próximas elecciones habrá una gran cantidad de mujeres haciendo campaña para obtener el triunfo en las urnas, gracias a la reforma aprobada en 2014 que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, es decir, la responsabilidad de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a los cargos electivos.
 
La paridad cumple el objetivo de llevar más mujeres a la competencia electoral y que más de ellas tengan posibilidad de llegar al poder, como se comprobó en los comicios de 2015 cuando fueron electas 212 mujeres, lo que representa 42.6 por ciento de los 500 legisladoras en la Cámara de Diputados.
 
Sin embargo, agrupaciones ciudadanas como la Red Mujeres en Plural, la Asamblea Política Nacional de Mujeres Indígenas y la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas llamaron la atención sobre la violencia y explicaron que un mayor número de ciudadanas compitiendo por obtener cargos implicaba más violencia hacia ellas en razón de su género.
 
HERRAMIENTAS A FAVOR
 
Con 38 casos de violencia contra mujeres políticas y dos asesinatos durante las elecciones de 2015, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) crearon un protocolo de atención para estos casos.
 
En marzo de 2016 las autoridades electorales presentaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres que, ante la falta de una legislación, establece la coordinación entre las dependencias y una ruta para atender las denuncias que surgen durante todo el proceso, desde las precampañas, las campañas, la jornada electoral y hasta que las mujeres ejercen las funciones para las que fueron electas.
 
Como el fenómeno no es exclusivo de México, en octubre de 2016 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) crearon la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres.
 
Este documento se creó como una guía para que los Estados legislen, protejan y garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas, al considerar que las acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito privado no cubren la violencia de género que se produce en el “ámbito público”.
 
SIN LEGISLACIÓN FEDERAL
 
En marzo, el Senado aprobó y envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política en las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
En la Cámara baja la reforma fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia. Sin embargo sólo la Comisión de Gobernación aprobó la minuta, el pasado 25 de abril.
 
Por esta razón la legislación en la materia sigue pendiente a nivel federal, a pesar de que en marzo los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación.
 
ESTADOS QUE YA LEGISLARON
 
Aun con la ausencia de las reformas en las leyes generales, los estados han legislado en la materia. Es el caso del Congreso de Morelos que el 7 de marzo reformó su Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Penal y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado.
 
La ley electoral de esta entidad señala que los partidos políticos, dirigentes y militantes incurren en una infracción si realizan cualquier acción u omisión que “basadas en elementos de género, tengan por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Recientemente, el 6 de junio, el Congreso de Campeche aprobó incluir el término en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal; además este concepto ya estaba en su Ley de Acceso local que en el Artículo 5 dice que violencia política es “cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos”.
 
En Aguascalientes, el 29 de mayo de este año se publicó en el Periódico Oficial estatal la reforma al Código Electoral para definir este concepto en el Artículo 2, fracción XVII y modificar los Artículos 58 y 68 para que los partidos políticos establezcan mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar esta violencia.
 
Meses después, el pasado 8 de junio el Congreso local aprobó reformar diversos Artículos, entre ellos el 16, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Aguascalientes, con el objeto de definir la violencia política de género y especificar esquemas de protección de los derechos electorales de las mujeres.
 
En algunas entidades se discutieron y aprobaron reformas en la materia pero no han sido publicadas o no están disponibles en el catálogo de Legislación estatal de la Secretaría de Gobernación (Segob) ni en el listado de reformas electorales del TEPJF.
 
De acuerdo con el Artículo 105 de la Constitucional federal, las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso federal inicia en el mes de septiembre de 2017 por lo que las reformas en materia de violencia política en los estados restantes no se aprobaron en el tiempo establecido para su aplicación.
 
17/AGM/GG
 








ESTADOS
POLÍTICA
   Reformó Ley Electoral y la Ley Orgánica del IEEZ
Zacatecas fortalece paridad y sanciona violencia política contra candidatas
Imagen retomada del facebook de Congreso de Zacatecas.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/06/2017
El Congreso de Zacatecas aprobó ayer reformar la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para fortalecer la paridad de género en candidaturas a cargos de elección y regular y sancionar la violencia política contra las mujeres.
 
Con estos cambios normativos promovidos por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Elena Ortega Cortés, el IEEZ, encargado de organizar los comicios locales, también deberá fomentar la participación política de las mujeres y tomar acciones para prevenir la violencia política contra las candidatas. 
 
De acuerdo con la legisladora perredista, esta violencia se incrementa en la medida en que las mujeres van ganando terreno en los puestos donde se toman decisiones al interior de los partidos y en la representación popular, porque su derecho a la no violencia sigue sin hacerse efectivo.
 
La Ley Electoral de Zacatecas, que en 2015 enfrentó tres acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Nación por diferentes omisiones, entre ellas por la redacción sobre paridad de género en cargos municipales, ahora también incluye precisiones sobre paridad en candidaturas a alcaldías, sindicaturas y puestos edilicios.  
 
El Artículo 5 de esta ley dirá que la violencia política es “cualquier acción u omisión realizada por una o varias personas o servidores públicos, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, económico o sexual, en contra de una o varias mujeres o su familia, para restringir, suspender o impedir el ejercicio de su derecho a la participación política en los procesos electorales que tengan como fin la inducción a la toma de decisiones en contra de su voluntad”. 
 
Además de definir el término de violencia política, el Legislativo local también aprobó reformar la Ley Orgánica del Instituto Electoral estatal para que el organismo tenga la atribución de promover y difundir la cultura democrática con enfoque de igualdad sustantiva y paridad entre los géneros. 
 
Así, el Artículo 57 de esta norma dirá que es facultad del IEEZ elaborar y proponer los mecanismos para desarrollar la participación política de las mujeres al interior del Instituto y los partidos políticos; contar con una Dirección de Paridad entre los Géneros y generar los lineamientos para prevenir y evitar la violencia política en contra de las mujeres. 
 
El dictamen indica también que los derechos políticos promueven la inclusión al garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones; como ejemplo, después del proceso electoral 2015-2016 fueron electas 16 diputadas locales y 16 presidentas municipales, por ello el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que participen en estos espacios.
 
17/AGM/GG
 








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