Violencia política

NACIONAL
VIOLENCIA
   Término ayuda a resguardar derechos político-electorales
Campeche incluye en su ley “violencia política contra las mujeres”
Imagen retomada del twitter del Congreso de Campeche
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/06/2017

El Congreso del estado de Campeche aprobó incluir el término de “violencia política contra las mujeres” en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal y con ello establecer un mecanismo procesal que permita a las ciudadanas hacer efectivos sus derechos políticos electorales.
                                                                                            
En la sesión de hoy y con una votación unánime, las y los diputados aprobaron la iniciativa promovida por las diputadas de todos los partidos políticos para reformar los artículos 755, 757 y 758 y adicionar una fracción VI al Artículo 756 de la Ley.
 
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una de las promoventes, Alejandrina Moreno Barona, destacó que con estas reformas el Congreso legisla con perspectiva de género.
 
De acuerdo con el dictamen que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, estas modificaciones a la ley permitirán hacer frente a las cuestiones estructurales, como la violencia política contra la mujer, que obstaculizan el ejercicio de los derechos políticos electorales.
 
En Campeche la violencia política de género se entenderá como: “acciones y omisiones basadas en elementos de género dadas en el ejercicio de los derechos político-electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Con este concepto, dice el dictamen, se establece que la violencia política afecta el desarrollo de las mujeres en la escena política pública, porque afecta su derecho humano a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a ser electas en puestos de dirigencia al interior de su partido; o a ejercer su cargo de elección popular hasta el final de su mandato.
 
Las y los diputados también señalaron que las reformas a la legislación electoral permitirán defender los derechos políticos de las mujeres, impidiendo conductas que los frenen u obstaculicen, así como que aquellos que ejerzan conductas de violencia política contra ellas, puedan ser sancionados.
 
El Artículo 755 dirá que el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano también procede por violencia política contra las mujeres; el Artículo 756 dirá que este juicio podrá ser promovido cuando exista violencia política contra la mujer; y el Artículo 757 señalará que el Tribunal Electoral será competente para resolver estos juicios.
 
Además el Artículo, 758 señalará que las sentencias en la materia serán definitivas e inatacables y que en los casos de violencia política contra las mujeres también procederá la imposición de las sanciones conforme al catálogo de la Ley.
 
Estos cambios normativos, que aún deben ser publicados en el Periódico Oficial del estado, fueron posibles gracias a la reforma constitucional en materia político electoral de 2014, que incorporó la paridad de género (50-50) en postulaciones a diputaciones y senadurías y debido a los instrumentos internacionales que protegen y reconocen los derechos políticos de las mujeres.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
POLÍTICA
   Debieron aprobarlas a más tardar hoy
Reformas contra violencia política de género no se aplicarán en 2018
Imagen retomada de twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/06/2017

Pese a las denuncias de violencia política y a la advertencia de líderes partidistas de que los casos de violencia política podrían aumentar en el proceso electoral 2018, senadores y diputados no convocaron a un periodo extraordinario antes del 2 de junio para incluir el concepto en la ley y aplicarlo en los próximos comicios.  
 
El Artículo 105 de la Constitución federal, en su fracción II, inciso I, indica que las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio de un proceso electoral y durante el mismo no podrá hacerse modificaciones legales fundamentales.
 
En este caso, como el proceso inicia en septiembre de 2017, las reformas sobre violencia política de género se debieron aprobar a más tardar este 2 de junio y ahora no podrán aplicarse el año próximo cuando se elija Presidente de la República, se renueven 500 legisladores de la Cámara de Diputados y 128 senadores, y se realicen  además elecciones locales.
 
Esto a pesar de que en tres años, del 1 de enero de 2013 al 20 de diciembre de 2016, se registraron 335 averiguaciones por denuncias de violencia política de género, según un informe de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
El informe de la FEPADE sobre atención de casos de violencia política contra las mujeres de 2013 a 2016 indica que cada año aumentó el número de averiguaciones registradas: en 2013 fueron 61; en 2014 sumaron 55 y para 2015 aumentaron a 173. Sin embargo, destaca que en 2016 bajó el número de denuncias porque hubo un total de 46 casos.
 
No todas las denuncias fueron investigadas por falta de competencia de la FEPADE pero, de acuerdo con las estadísticas de la dependencia, se otorgó la calidad de víctima a 26 mujeres, en razón de la situación particular de riesgo en la que se encontraban y por el contexto político de discriminación, amenazas e intimidación.
 
El 9 de marzo, el Senado aprobó incluir la violencia política de género en las Leyes Generales; de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
ESTANCADA
 
La reforma para dejar en claro que constituye un delito denostar, menoscabar y restringir las funciones de una mujer que ejerce la política, fue enviada a la Cámara de Diputados, pero en este órgano no pasó al pleno porque antes debió ser aprobada por las Comisiones para la Igualdad de Género, y de Gobernación, pero sólo se avaló en esta última.
 
Una vez que en abril concluyó el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, legisladoras de todos los partidos políticos exigieron que las reformas sobre violencia política se aprobaran en un periodo extraordinario de sesiones.
 
Los reclamos de diputadas y más tarde de senadoras hicieron que el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez Neri, aseguraran en la última sesión del periodo ordinario en la Cámara de Diputados que “sería un tema a discutir”.
 
17/AGM/GG
 








ESTADOS
POLÍTICA
   Red denuncia agresión contra dos funcionarias
Guerrero: urge tipificar violencia política contra mujeres antes de elecciones
Imagen retomada del facebook de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/05/2017

La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses hizo un llamado urgente al Congreso del estado para aprobar las iniciativas que tipifiquen y sancionen la violencia política contra las mujeres, para que puedan ser aplicadas en proceso electoral que inicia en septiembre.
 
Las iniciativas se encuentran “sin avance alguno en comisiones del Poder Legislativo”, es decir congeladas, en la Comisión de Justicia, que preside el diputado Héctor Vicario Castrejón, señaló en un pronunciamiento público la Red, integrada por más de 500 mujeres de las distintas regiones de la entidad y diferentes partidos políticos.
 
Fueron propuestas por las diputadas Yuridia Melchor, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Rosaura Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a finales de 2016
 
La integrante de la Red y Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE), Luz Fabiola Matildes Gama, argumentó que para que las reformas a las leyes locales tengan efecto para el próximo proceso electoral, que inicia el mes de septiembre, éstas deben aprobarse 90 días antes; es decir, que el plazo vencería el 30 de mayo. 
 
Sin embargo, el Congreso Local se encuentra en receso y volverían a sesionar el 31 de mayo, un día después de la fecha indicada.
 
Matildes Gama sostuvo que es imprescindible que la violencia política contra las mujeres se instituya como delito grave o como agravante de los delitos ya existentes en el Código Penal del Estado de Guerrero, en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación del Estado de Guerrero, que deberán establecer sanciones contundentes que contribuyan a su erradicación.
 
En su llamado pidieron, de manera específica, a las diputadas que conforman la 61 legislatura del Congreso Local, que hagan lo que les corresponde y asuman su papel, que demuestren su sororidad por los derechos políticos de las mujeres, “porque aunque (la sororidad) es un tema de moda, no se ejerce en los hechos”.
 
VIOLENCIA POLÍTICA EN LOS MEDIOS
 
Además de su petición concreta al poder Legislativo estatal, en la rueda de prensa expusieron los casos de la regidora de Participación Social de la Mujer, del municipio de Iguala, Martha Eugenia Todd y la asesora de la presidencia municipal de Ometepec, Yareth Saraì Pineda Arce, quienes son víctimas de agresiones por razón de género desde algunos medios de comunicación.
 
El primer caso, narró que la agresión en su contra fue en aumento porque no reaccionaba, aunque se trataba de un delito. “Me decían es que esto es así, que en la política hay que darle libertad a los medios”, y precisó que el problema es que muchas veces los comunicadores confunden la libertad de expresión con la agresión, y “los derechos de ustedes terminan en donde empiezan los nuestros” y eso no lo vamos a permitir más”, afirmó.
 
Martha Todd documentó cada publicación en su contra que hiciera su agresor, buscó la asesoría legal y lo denunció ante las autoridades competentes. Fue vinculado a proceso “porque no criticaba mi trabajo”, sino que hacía alusión a su cuerpo y la denigraba con apodos discriminatorios.
 
Desatacó que se trata de la primera demanda a un comunicador que se interpone en el estado de Guerrero por violencia de género y el mensaje es para las mujeres es de no permitir un caso más de violencia política, y no dejar pasar la violencia que proviene desde algunos comunicadores y medios de comunicación.
 
Luego de la demanda interpuesta ante la Fiscalía General y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum) indicó que se obtuvo por parte del juez la declaración del delito de violencia de género que incluye medidas cautelares, sin embargo, señaló que los ataques por parte del comunicador no han cesado.
 
Por su parte, Yareth Saraì Pineda Arce, originaria de Tlacoachistlahuaca, denunció que ha sido víctima de acoso, y violencia política de género, mediante acusaciones sexistas, discriminatorias y denigrantes, por medios locales y por perfiles falsos creados para ese fin.
 
Dijo que ya procedió con las denuncias respectivas en contra de dos medios locales de la región Costa Chica y de un comunicador, por lo que, apoyada en la Red, no permitirán que se sigan violentando sus derechos personas que se escudan en el anonimato y en una equivocada libertad de expresión.
 
En ambos casos dejaron en claro su defensa de la libertad de expresión pero no se permitirá que escudándose en un medio informativo se denigre, calumnie y ofenda a las servidoras públicas por su condición de mujeres.
 
Aseguraron que sus respectivos presidentes municipales les han manifestado el respaldo a sus denuncias por agresiones, sin embargo en el caso de Iguala el alcalde no ha procedido en contra del agresor, ya que además de comunicador, es trabajador del Ayuntamiento.
 
PARIDAD NO LAS EXIME DE SER VIOLENTADAS
 
Las mujeres de la Red expresaron que el hecho de estar avanzando en la paridad, con más mujeres en cargos públicos, no les exime de la violencia, y que, así como ellas lo han exhibido, en los municipios abundan los casos de mujeres violentadas que, por temor, no se atreven a denunciar.
 
En ese sentido, dieron a conocer que la Red lleva un seguimiento documentado de los casos de violencia política contra las mujeres de la entidad, de los cuales próximamente rendirán un informe, además realizarán talleres regionales de prevención y denuncia, dirigidos principalmente a quienes piensan contender por cargos de elección en la próxima contienda electoral.
 
17/RED








NACIONAL
POLÍTICA
   Chihuahua incluye concepto en Ley de Acceso local
Llama diputada a promover sanciones por violencia política de género
Imagen retomada del twitter de Elizabeth Mateos
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/05/2017

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Elizabeth Mateos Hernández, llamó a legisladoras de todos los estados y de todos los partidos políticos a establecer una mesa de trabajo para promover sanciones a quienes cometan violencia política de género en la contienda electoral de 2018. 
 
Luego de que el 23 de mayo la ALDF aprobó reformar el Artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir el término de violencia política, la asambleísta llamó a sus compañeras de partido y a las diputadas y senadoras a sumar esfuerzos para que en los próximos comicios se cumplan este tipo de normas.
 
En conferencia de prensa, acompañada por la secretaria nacional de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, la ex jefa delegacional de Iztacalco dijo que las reformas sobre violencia política también buscan reconocer a las mujeres por su capacidad y su trayectoria y no juzgarlas por su género o por ser mujeres.
 
Con la reforma, la Ley de Acceso local dice que esta violencia es: “toda acción u omisión ejercida en contra de las mujeres en el ámbito político o público que tenga por objeto resultados de sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso o goce a ejercicio de los derechos políticos electorales de una mujer”.
 
En la Asamblea Legislativa, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó también una iniciativa que, además de reformar la Ley de Acceso local, formulaba modificaciones en materia electoral, pero la propuesta continúa en revisión debido que se está trabajando la redacción de las nuevas leyes electorales que deben aprobarse a más tardar el 2 de junio.

Mateos Hernández señaló que prevén una mesa de trabajo con diputadas y senadoras antes de las elecciones de 2018 y señaló que es importante reconocer que hay violencia política contra las mujeres y que ellas han luchado por participar en los proceso políticos y ahora deben pugnar para que se reconozcan sus capacidades.
 
La legisladora aprovechó para recordar que en el organismo parlamentario de la Ciudad de México, de 66 diputados, 26 son mujeres y que de las 16 delegaciones 4 son encabezadas por mujeres: María Antonieta Hidalgo Torres, en Álvaro Obregón; Dione Anguiano Flores, en Iztapalapa; Claudia Sheinbaum, en Tlalpan, y Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo.
 
IDENTIFICAR CONDUCTAS DE RIESGO
 
Por su parte, Castello Rebollar destacó que es importante el concepto de violencia política porque permite identificar conductas de riesgo para las mujeres que participan en el ámbito público y señaló que el partido del sol azteca ya ha sido víctima de dos crímenes extremos contra sus militantes.
 
El primero ocurrió en marzo de 2015 cuando fue asesinada la perredista y precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en Guerrero, Aída Nava González; y el otro fue el 2 de enero de 2016 con el asesinato de la alcaldesa electa de Temixco, en Morelos, Gisela Mota Ocampo.
 
Ante estos hechos, la secretaria de Igualdad de Género del PRD reiteró su llamado a la Cámara de Diputados a aprobar en un periodo extraordinario las reformas para incluir este concepto en las Leyes Generales, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
AVANZAN REFORMAS
 
Este 25 de mayo, el pleno del Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad un dictamen para reformar el Artículo 6 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, a fin de incluir la violencia política, iniciativa impulsada por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Leticia Ortega Máynez, y a la que se sumaron legisladoras de Acción Nacional y del PRD.
 
En esta iniciativa se hizo un recuento de las acciones y omisiones que cometen partidos políticos y militantes para violentar a las mujeres, por ejemplo: postularlas en distritos perdedores, hacer mal uso del presupuesto etiquetado para capacitarlas, agresiones y amenazas durante campaña, sustituciones arbitrarias cuando son legisladoras o tiene un cargo edilicio y difamación y desprestigio, entre otras.
 
Similar a la redacción que se estableció en la ley de la Ciudad de México, la ley de Chihuahua dice que violencia política es “el conjunto de acciones y omisiones cometidas por una persona por sí o a través de terceros que causen daño en contra de una mujer o de su familia en el ejercicio de la representación política o el ejercicio de cargos públicos que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Por otra parte, la Red por la Paridad Efectiva en Chiapas (Repare) informó que junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, entregó al presidente del Congreso del estado, diputado Eduardo Ramírez Aguilar, el anteproyecto de Ley para la igualdad entre los géneros y sin violencia, propuesta de norma que incluye la violencia política.
 
En un comunicado la Repare dijo que instó al legislador a iniciar el trámite legislativo correspondiente para aprobar esta ley y consideró que, de aprobarse, sería un marco jurídico que garantizará los derechos políticos, electorales y cívicos de la ciudadanía en general y en particular de las mujeres en el próximo proceso electoral 2017-2018.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
POLÍTICA
   Define también violencia simbólica y mediática
ALDF incluye “violencia política de género” en Ley de Acceso de CDMX
Diputada del PRI, Dunia Ludlow Deloya. Imagen retomada de twitter de la asambleadf
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/05/2017

De cara al proceso electoral local de 2018 y con una Ley Electoral en debate, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó definir el concepto de “violencia política en razón de género” en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
 
En la sesión de ayer las y los diputados aprobaron por unanimidad agregar al Artículo 7 la Ley de Acceso local esta nueva modalidad de violencia política, una propuesta impulsada por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
 
Esta reforma establece que la violencia “es toda acción u omisión ejercida en contra de las mujeres en el ámbito político o público que tenga por objeto resultados de sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso o goce a ejercicio de los derechos políticos electorales de una mujer”.
 
De acuerdo con esta definición, que incluye y detalla19 actos de violencia, es obligar a una mujer con un cargo público a realizar actos diferentes a sus funciones, condicionar su participación política, proporcionarle información falsa, errónea o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones, entre otras acciones.
 
Al presentar el dictamen, la diputada por Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Nury Delia Ruíz Ovando, dijo que el dictamen fue producto de las propuestas de asambleístas del PRD, Morena y del PRI, este último además propuso incorporar el término a legislación penal y electoral.
 
La iniciativa priista se turnó a Comisiones Unidas a la de Asuntos Político Electorales y Administración y Procuración de Justicia y para la Igualdad de Género, misma que continúa en revisión debido que la Asamblea Legislativa está analizando las nuevas leyes  electorales que deben aprobarse el 2 de junio.
 
La reforma aprobada consideró los planteamientos del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres creado por instituciones electorales en 2016; y la reforma en la materia aprobada el pasado 9 de mayo en el Senado. 
 
Sobre esta iniciativa, la diputada del PRI, Dunia Ludlow Deloya, dijo que esta reforma era un mensaje para todas las ciudadanas, “con ello protegemos y promovemos los derechos políticos de las mujeres desde las precampañas, durante los procesos electorales y, lo que es fundamental, en el desempeño de sus encargos”, dijo.
 
A la sesión asistió la senadora y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara alta, la senadora Diva Gastélum Bajo, y diputadas de la Comisión de Igual de Género de la Cámara de Diputados, órgano donde se mantiene congelada la discusión para aprobar la reforma de violencia política de género a nivel federal.
 
VIOLENCIA SIMBÓLICA Y MEDIÁTICA
 
En la sesión de este martes también se aprobó reformar el Artículo 6 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para agregar la definición de violencia simbólica y la violencia mediática a fin de identificarlas.
 
Con estas modificaciones quedará establecido que la violencia simbólica “es la que a través de patrones, estereotipos, mensajes, valores, íconos o signos trasmiten el proceso de denominación desigualdad y discriminación en las relaciones sociales naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.
 
La definición de violencia mediática contra las mujeres dirá que es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación que “promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres”.
 
En esta violencia también se incluye la utilización de mujeres adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas.
 
Sobre esta reforma, la diputada del PRI y promotora de la iniciativa, Mariana Moguel Robles, aseguró que la violencia de género también está presente en los medios pero dijo que en los espacios de comunicación impresos, audiovisuales y digitales, están los aliados para erradicar este problema.
 
“Al legislar sobre la violencia simbólica y la violencia mediática contra las mujeres, estamos dando nombre a este fenómeno creciente que pueden sufrir las mujeres y ayudaremos a definir sus límites en términos y acciones que constituyente casos de violencia”, señaló.
 
Las reformas a la Ley de Acceso local entrarán en vigor una vez que sean publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
POLÍTICA
   Dictamen pasaría hoy al Pleno
Violencia política de género se incluirá en 5 leyes generales
Décima Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para incluir en diversas leyes el concepto de violencia política de género | Imagen del twitter de Hortensia Aragón.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/04/2017

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó que se defina la violencia política por razones de género en las siguientes leyes generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
De cara a los procesos electorales en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz  y a las elecciones de 2018, que podrían generar actos de violencia hacia las candidatas, esta mañana las y los diputados aprobaron sin modificaciones la minuta enviada por el Senado, pero aún falta que la Comisión de Igualdad apruebe el dictamen para que las reformas suban al Pleno de San Lázaro para ser ratificadas.
 
Con esto se avanzaría en la definición de la violencia política por razones de género, que en el dictamen quedó como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al Pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
COYUNTURA OBLIGA
 
En la sesión de esta mañana en la Comisión de Gobernación, las diputadas Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Roció Nahle García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se pronunciaron a favor de aprobar las reformas sin hacer modificaciones, pero señalaron que aún falta tipificar este delito en el Código Penal Federal por lo que dejaron abierta la posibilidad de hacerlo en un futuro.
 
En su intervención, la diputada Aragón Castillo dijo que la coyuntura obliga a hacer estas reformas y hay ejemplos sobre la urgencia de legislar la violencia política. Por tanto, aseguró que para no demorar la aprobación de la minuta, sería avalada sin cambios y se dejarían fuera del debate otras iniciativas presentadas en la Cámara baja.
 
“En el PRD entendemos que sería un error meternos a la discusión y entrar a un proceso de dictaminación largo que implicaría varias consultas, que esta Comisión no estaría en condiciones de asegurar que estuviese este instrumento”, dijo la diputada perredista.
 
UN PASO MÁS
 
Con este paso, se da seguimiento a la propuesta presentada por la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, quien en noviembre de 2012, presentó la primera iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para incluir la violencia política de género.
 
La iniciativa de la senadora priista fue aprobada en el Senado, pero no fue ratificada en la Cámara de Diputados. Más tarde, con la reforma político electoral de 2014 y la derogación del Cofipe, varias senadoras y diputadas de todos los partidos políticos presentaron propuestas de reforma en el mismo sentido que la de 2012.
 
Entre los argumentos de las legisladoras para incluir este término en la ley están los casos de violencia en procesos electorales. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que depende de la Procuraduría General de la Republica, documentó 232 casos de violencia hacia las mujeres políticas en el proceso electoral del 2014-2015.
 
Algunos de estos casos fueron el de Chiapas, donde la candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía del municipio de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, fue golpeada; en el Estado de México la candidata a la alcaldía de Ecatepec por el Partido del Trabajo, Jessica Salazar, denunció que tuvo un intento de secuestro.
 
En Guerrero, la precandidata por el PRD, Aída Nava, fue  asesinada y hallada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político; otro caso fue en Sonora, cuando en abril de 2015 aparecieron unas mantas con las frases “las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón”, en alusión a la participación de las mujeres en la política.
 
Estos casos hicieron que instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Fepade elaboraran el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, en marzo de 2016.
 
VIOLENCIA POLÍTICA
 
De acuerdo con el dictamen, constituyen acciones y omisiones que configuran violencia política en razón de género acciones como imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones inherentes a su cargo o función; restringir injustificadamente la realización de acciones o actividades inherentes a su cargo o función; y proporcionar información o documentación incompleta o errónea.
 
Asimismo la violencia política de género es ocultar información o documentación a una funcionaria o candidata; impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función para el cual ha sido nombrada o elegida; o impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos en razón de género, entre otros.
 
La Comisión de Igualdad de Género se declaró en sesión permanente, por lo que se prevé que este día voten el dictamen para que sea enviado al Pleno de la Cámara de Diputados.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
POLÍTICA
   30 mujeres fueron obligadas a renunciar
Violencia política da marcha atrás a la paridad: Favela Herrera
Imagen retomada del twitter del INE
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/03/2017

El nuevo fenómeno de la democracia mexicana es una operación hormiga para que las candidatas que ganan una sindicatura, regiduría o presidencia municipal asuman los cargos, ejercen sus funciones por un tiempo, pero luego son obligadas a renunciar, aseguró la consejera electoral Adriana Favela Herrera.
 
Datos recabados por el Instituto Nacional Electoral (INE) indican que hasta el 3 de febrero de 2017, 30 mujeres fueron obligadas a renunciar y de ellas 23 fueron sustituidas por hombres y siete por otras mujeres. “En estas sustituciones perdimos a 23 mujeres”, declaró la consejera. En ese mismo periodo, renunciaron 24 hombres y 20 fueron sustituidos por hombres y dos por dos mujeres y hay dos cargos que todavía no se designan.
 
En el foro “Igualdad de derechos y paridad de género en la agenda internacional. Avances y retos del sistema mexicano de justicia electoral”, la consejera electoral dijo que en la actualidad el mayor reto es la violencia política que siempre ha existido pero que se ha incrementado a la par que más mujeres son candidatas a cargos de elección popular. 
 
Favela Herrera llamó a las integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a dar seguimiento al número de mujeres que llegan a los cargos de elección popular, y vigilar que lo sigan desempeñando, porque en estados como Chiapas y Guerrero las  candidatas que ganan en los comicios, toman protesta, ejercen el cargo por unos meses y después son obligadas a renunciar.
 

Adriana Favela Herrera, consejera electoral | imagen retomada del twitter del INE.

La consejera electoral dijo que en 2014 se hizo un estudio a nivel nacional que arrojó que solamente el 7 por ciento de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres; después de la reforma en materia político-electoral de 2014 y la jurisprudencia de la Sala  Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2015 se alcanzó 13 por ciento y en 2016 cuando hubo elecciones en 11 entidades federativas, se alcanzó casi un 26 por ciento.
 
También señaló que, sumando las elecciones de 2015 y de 2016 que se realizaron en 27 entidades federativas que tuvieron elecciones de los ayuntamientos, hay un 18.09 por ciento de mujeres en cargos edilicios.
 
Por su parte el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, coincidió en que después de la reforma de 2014 surgieron otras modalidades de violencia política y “se manifestaron diversas pulsiones autoritarias que pretenden sostener, o bien, ocultar la discriminación”.
 
El consejero manifestó sus dudas en tipificar la violencia política de género porque, como lo ha explicado en otras ocasiones, una democracia tiene que construir cambios culturales. “Bienvenida la criminalización, pero cuidado con la criminalización, porque suelen pagar los más desfavorecidos, los más pobres, los más desprotegidos y aquí el problema que tenemos no es un problema de combatir y sancionar”.
 
En el acto participaron las magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso, Janine M. Otálora Malassis; la ministra Margarita Luna Ramos; el fiscal de Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; y la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes García.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
POLÍTICA
   Se debe tipificar esa violencia
Acciones de los opositores a la paridad ponen en riesgo a candidatas
Imagen de saeso.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/03/2017

La Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) alertó que la paridad de género ha implicado para muchas mujeres una respuesta adversa de quienes se oponen a la medida y que pone en  riesgo su dignidad, su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, por lo que pidió al Congreso de la Unión definir y tipificar la violencia política de género.
 
A propósito del Día Internacional de la Mujer, la AMCEE difundió un pronunciamiento donde señaló que en casos extremos la paridad ha implicado poner en peligro la integridad física y psicológica de las mujeres que quieren participar en política, quienes incluso pueden sufrir actos de violencia política por razones de género
 
La Asociación dijo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República, ha registrado 156 casos de violencia política contra postulantes, candidatas, funcionarias y políticas electas en todo el país, tan sólo entre 2012 y 2016.
 
La paridad como un derecho constitucional, dicen estas autoridades electorales, ha propiciado un aumento en la participación política de las mujeres en los procesos para renovar cargos de elección popular, principalmente en las senadurías, diputaciones federales y locales, presidencias municipales y planillas de ayuntamientos.
 
Si bien este avance ha permitido una mayor representatividad democrática en los ámbitos federal y local, la AMCEE rechazo la violencia política de género que generan quienes están en desacuerdo con dicho avance por lo que hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de todas las entidades federativas, para que la violencia política contra las mujeres se defina y tipifique como un delito.
 
Destacaron que las mexicanas tienen derecho a una vida libre de violencia, tal y como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
 
Con base en estos instrumentos legales, las mujeres dijeron que es obligación del Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para suprimir toda discriminación, así como garantizar medidas de protección, seguridad y justicia a las mujeres contra cualquier tipo de violencia en la familia, el trabajo, en cualquier ámbito de la vida social y en el ámbito político-electoral.
 
En este sentido, como asociación civil se comprometieron a difundir y aplicar el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, con la finalidad de desarrollar acciones para impulsar la sanción y eliminar los obstáculos que enfrentan en el acceso a los espacios político-electorales y en el desempeño de los cargos públicos.
 
Asimismo, dijeron que continuarán impulsando la creación de Observatorios de Participación Política de las Mujeres; promoverán seminarios de capacitación y sensibilización con perspectiva de género y a darán seguimiento a los casos en los que las consejeras electorales hayan sido víctimas de violencia política.
 
17/AGM/GG
 








ESTADOS
POLÍTICA
   Decisión unánime del Congreso local
En Morelos, ya es delito la violencia política de género
Imagen retomada del twitter del Cogreso de Morelos
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/03/2017

El Congreso de Morelos aprobó por unanimidad tipificar la violencia política de género, al reformar la ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como los códigos Penal y el de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad.
 
Durante la sesión de ayer del Congreso local, integrado por seis diputadas y 30 diputados, la legisladora perredista y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Beatriz Vícera Alatriste, dijo que con esta reforma se avanza y las legisladoras aportan su trabajo como parte de las actividades del 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer.
 
La diputada de Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Norma Alicia Popoca Sotelo, señaló que esta aprobación es fundamental para que las mujeres que se enfrentan cotidianamente con la violencia se sientan respaldadas; “es un paso más, en la búsqueda de la justicia y el fortalecimiento de un Estado de derecho”.
 
En tanto, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortencia Figueroa Peralta, dijo que “entre mujeres, más allá de los colores, más allá de las ideologías, tenemos que unir nuestra voz en una expresión de solidaridad, si tocan a una tocan a todas”.
 
A LA LETRA
 
Con las reformas se adicionó una fracción X al Artículo 384 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal, para señalar que los partidos políticos, dirigentes y militantes incurren en una infracción si realizan cualquier acción u omisión “que basadas en elementos de género, tengan por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Asimismo, el Artículo 272 Bis del Código Penal del estado establece que se equipara al delito de abuso de autoridad y se aplicará una pena de uno a tres años de prisión, de 50 hasta 300 días-multa y destitución o inhabilitación hasta por dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión, al servidor público, cuando “ejerza cualquier tipo de violencia contra un servidor público por elección o designación, para obtener contra su voluntad, la renuncia o licencia al cargo que ejercen”.
 
Además, con las reformas se modificó el Artículo 19 Quarter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal para establecer que la violencia política es cualquier acción, conducta u omisión, que basada en elementos de género tenga por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su participación en asuntos públicos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
 
En el Artículo 19 Quintus de la misma ley se dice que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, la Fiscalía General del estado, el Tribunal Electoral local y los demás integrantes del Sistema Estatal, coordinarán las acciones e instrumentos interinstitucionales que permitan avanzar en materia de combate de la violencia política contra las mujeres
 
Con respecto a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se reformó el Artículo 27 para señalar que dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento de las siguientes obligaciones: garantizar el acceso de un servidor público por elección o designación al ejercicio de su función o a la realización de programas, proyectos o actividades inherentes a la misma.
 
También se establece la obligación de garantizar que un servidor público por elección o designación integre comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo o asista a las sesiones o reuniones de los mismos; abstenerse de imponer estereotipos de género en la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo, así como la asignación de responsabilidades que tengan como propósito la limitación del ejercicio de sus funciones.
 
El dictamen fue elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación; de Justicia y Derechos Humanos; de Seguridad Pública y Protección Civil; de Igualdad de Género; de Gobernación, Gran Jurado y Ética Parlamentaria: así como de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
   E investigar misoginia de magistrado
Senado solicita información sobre violencia política de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/02/2017

Ante la falta de estadísticas sobre violencia política de género, el Senado solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) un informe sobre esta violencia en todo el país.
 
Este martes, el pleno del Senado de la República aprobó dos dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género, uno para solicitar un informe sobre esta violencia, y otro para investigar al presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Juan Manuel Sánchez Macías, por los comentarios misóginos que hizo el año pasado.
 
El dictamen aprobado indica que, de acuerdo con medios de comunicación, la FEPADE ha señalado que en las elecciones del pasado 5 de junio de 2016 se documentaron  429 asuntos relacionados con delitos electorales en 14 estados del país; se iniciaron 357 números de atención, 53 carpetas de investigación y 19 actas circunstanciadas.
 
Según esta información Chiapas, Puebla, Tabasco y Tlaxcala encabezaron la lista de entidades en donde las candidatas, las presidentas municipales y regidoras fueron amenazadas para que dejaran su cargo.
 
Al debatir estas iniciativas, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa María Calderón Hinojosa, expuso que las políticas para erradicar la violencia política no están funcionando porque sólo las mujeres trabajan por las mujeres, así que propuso que las Comisiones legislativas se integren por 50 por ciento de mujeres y varones y que ellos también acudan a los talleres de violencia de género.
 
“No está funcionando esta estrategia pública de género en el que sólo las mujeres luchamos por las mujeres, porque ya siendo paridad siguen estando ellos en la foto, ellos en las negociaciones, ellos en las candidaturas ganadores, ellos en las presidencias de las comisiones fundamentales”, dijo.
 
La también ex candidata a gobernadora de Michoacán reclamó que cuando ellas compiten por un puesto sus compañeros las dejan solas.
 
“En nuestras campañas nuestra gente bajó los brazos, cerraron la llave, no nos acompañaron, nos pusieron a disposición y lo hicieron nuestros compañeros que están en las cúpulas de las tomas de decisiones, los que salen en la foto, y esa violencia no se ve, no se ve en nosotros, pero existe, no se ve en el trabajo cotidiano de la toma de decisiones de los que al final salen en la foto”.
 
La senadora dijo que los hombres son políticamente correctos pero en la realidad violan la paridad, por lo que invitó a sus homólogos legisladores a presentar una iniciativa de reforma que busque evitar que las mujeres sean violentadas.
 
Por su parte la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y originaria de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, dijo que la violencia de género provoca que mujeres con trayectoria desistan de sus actividades políticas, lo que vulnera su derecho a participar en la vida pública de su comunidad.
 
En tanto que la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Itzel Ríos de la Mora, comentó que uno de los grandes pendientes que tiene la sociedad mexicana es prevenir la violencia política que afecta a las militantes en los partidos políticos y aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular.
 
LA MISOGINIA DEL MAGISTRADO
 
En otro dictamen se exhortó al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Administración del TEPJF a iniciar una investigación para determinar si las declaraciones ofensivas y misóginas que el 7 de noviembre de 2016 hizo el magistrado Manuel Sánchez Macías son faltas o conductas graves que limitan, anulan y menoscaban los derechos de las mujeres y, en su caso, ameritan sanción.
 
El año pasado al participar en un foro sobre paridad de género en Tabasco, el magistrado Sánchez Macías expresó: "Yo lo que quiero es que lleguen porque realmente tienen capacidad como todas las aquí presentes, intelectual, porque tienen trabajo, porque saben hacer sentencia, saben tomar decisiones y no porque están bien buenas y tienen unas nalgas exquisitas".
                            
Las legisladoras señalaron que, de acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, elaborado el año pasado por organismos electorales, esta violencia comprende todas las acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
 
17/AGM/GG








Pages

Subscribe to RSS - Violencia política