Violencia política

REPORTAJE
   Violencia política, violencia obstétrica y acoso callejero
Faltan leyes para otros “focos rojos” de la violencia contra mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/02/2017

El maltrato y desatención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; las agresiones que reciben en la calle y el transporte público; y las amenazas hacia aquellas que ejercen la política son nuevas formas de violencia que se deben legislar en todo el país.
 
Por esta razón el martes 14 de febrero la Cámara de Diputados instalará la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, organismo parlamentario que promoverá la inclusión de la violencia política, obstétrica y el acoso callejero en las leyes federales y estatales, durante el año y medio que resta de la 63 Legislatura.
 
La Comisión Especial propuesta en noviembre de 2015 por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras Julián, fue desde entonces aceptada,  pero tardó más de un año en concretarse.
 
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA
 
El feminicidio, dijo en entrevista Contreras Julián, no es el único tema que se debe considerar, porque la violencia contra las mujeres no se refleja sólo en el asesinato, también hay un foco rojo por los casos de la violencia política por razones de género, la violencia obstétrica y el caso callejero, por lo que el espectro de atención debe ser más completo.
 
Son conocidos los casos de mujeres embarazadas, en su mayoría indígenas, que acuden a hospitales públicos y no reciben atención, por lo que dan a luz en la calle o, cuando las atienden, son maltratadas y agredidas por el personal de salud. Pese a ello sólo Guerrero, Veracruz y Chiapas consideran la violencia obstétrica como un delito en sus Códigos Penales.
 
Respecto a la violencia política, a partir de 2014, tras la inclusión de la paridad (50-50) de género en candidaturas como principio constitucional, se registró un aumento agresiones a mujeres que participan en política. De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) hay 52 casos registrados con características de género.
 
Esta violencia va desde insultos y amenazas para impedir que las mujeres sean candidatas o ejerzan las funciones para las cuales fueron electas, obligarlas a renunciar o hasta el asesinato, como ocurrió en 2015 con la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, la perredista Aidé Nava González; y en 2016 con la alcaldesa de Temixco, Morelos, la perredista Gisela Mota Ocampo.
 
Respecto a la violencia sexual, la legisladora señala que únicamente en la Ciudad de México 72 por ciento de las capitalinas reportaron haber vivido algún tipo de violencia sexual, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), a lo que se suman los casos de violencia en el transporte y los testimonios de acoso callejero que, dice, deben ser atendidos.
 
LEGISLATURA RETRASADA
 
Desde hace más de 17 años las legisladoras han trabajado en San Lázaro para crear comisiones que coadyuven a crear políticas para prevenir y sancionar los asesinatos contra las mujeres, primero en Ciudad Juárez y luego a nivel nacional.
 
En 2004 se instaló por primera vez la Comisión Especial de Feminicidio, presidida por legisladora del PRD y antropóloga Marcela Lagarde, quien realizó un diagnóstico sobre asesinatos de mujeres e impulsó la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
Ahora, en la 63 Legislatura (que cuenta con 42.4 por ciento de diputadas) iniciada en septiembre de 2015 y que concluye en abril de 2018, no se instaló un organismo enfocado en los crímenes de feminicidio, sino en delitos por razones de género. Amplía su objetivo de trabajo, sí, pero llega cuando transcurrió la mitad de la Legislatura y a pelear recursos económicos.
 
La diputada federal señala que esta Legislatura “ha sido muy retardada en algunos procesos y esta Comisión es uno de ellos. Aunque tuvimos la asignación de la presidencia desde hace meses, hubo un retardo por parte de las fracciones parlamentarias para la integración de sus miembros”.
 
La propuesta de crear organismos parlamentarios para revisar la legislación en materia de violencia de género surgió en 2015, pero apenas el 7 de diciembre del año pasado la Junta de Coordinación Política informó que se había integrado; y también anunció que se conformó la Comisión Especial de Alerta de Género, presidida por la perredista Karen Hurtado Arana.
 
El objetivo de esta segunda Comisión Especial –aún no instalada– será dar seguimiento a las medidas implementadas en los estados con  Alerta de Violencia de Género, aunque en la iniciativa de creación se hizo mención expresa de los casos de feminicidio en el Estado de México, donde este mecanismo se activó en julio de 2015 para once municipios.
 
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
 
Maricela Contreras, ex asambleísta y ex jefa delegacional de Tlalpan, asegura que, por la austeridad, no hay presupuesto específico para las Comisiones Especiales, pero sí recursos para proyectos, por lo que presentará una propuesta financiera para crear protocolos de actuación en torno a los crímenes que estará trabajando.
 
“Obviamente cuando la estructura es sin recursos se vuelve muy difícil incluso podríamos decir que podría haber desinterés, pero tendremos que multiplicarnos para concluir la tarea que se nos encomendó”, dice.
 
Integrada por 12 diputadas, esta Comisión tendrá prácticamente un año y medio para trabajar aunque la legisladora indica que habrán logrado visibilizar estos problemas si por lo menos logran uno de los objetivos, entre ellos crear protocolos para estos tipos de violencia e incluir las definiciones en las leyes federales y estatales.
 
En México ya existe el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, creado en marzo de 2016 por autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) difundió en 2015 un Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio.
 
Contreras Julián asegura que el interés en estos instrumentos es revisar lo que existe a nivel federal y estatal a fin de indagar si están armonizados.
 
Otro objetivo es hacer un frente de legisladoras para lograr la tipificación de la violencia política de género porque “es urgente definir este delito, sus alcances, los elementos que hay que considerar para acreditarlo y el castigo para los responsables”.

17/AGM/GGQ
 
 








NACIONAL
   Coahuila, Veracruz, Nayarit y Edomex
Estados, unidos para prevenir violencia política contra candidatas
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/02/2017

Para garantizar que las mujeres ejerzan su derecho a participar en el proceso electoral de 2017, autoridades electorales e instituciones de Coahuila, Veracruz, Nayarit y Estado de México anunciaron que unirán esfuerzos para prevenir casos de violencia política contra candidatas a cargos de elección.

La alianza está encabezada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Los organismos informaron que a este compromiso se suman la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El INE informó en un comunicado que organizó una reunión interinstitucional para abordar los casos de  violencia política contra las mujeres, en donde los organismos ratificaron el compromiso de prevenir y erradicar esta violencia para que en los comicios de este año las mujeres sean postuladas y en caso de ser electas puedan ejercer el cargo.

La consejera del INE, Adriana Favela Herrera llamó a las instituciones a actuar con prontitud y eficacia, pues alertó sobre reticencias de los partidos políticos de a cumplir con la paridad de género en las candidaturas; además de los casos de violencia en Chiapas, Guerrero y Oaxaca dijo que hay una nueva modalidad de violencia política en contra de las mujeres.

“Hemos detectado mujeres que fueron registradas como candidatas a cargos de elección popular, cumpliendo con la paridad de género que se impulsa desde la reforma de 2014, pudieron acceder a los cargos de elección popular, las dejaron tomar protesta del mismo y  desempeñarlo por algunos meses, pero luego se les está obligando a renunciar, ya sea a través de una renuncia, de una licencia o inclusive hay separaciones sin ningún tipo de explicación”, dijo.
Citó como ejemplo el caso en el estado de Chiapas, en donde se eligió a representantes de 122 ayuntamientos. En 34 casos se eligió a mujeres como presidentas municipales, 68 como síndicas y 662 regidoras, que es el porcentaje más alto de mujeres electas.

Sin embargo, “hasta el 3 de febrero del presente ha habido 54 sustituciones. De esas, 30 son de mujeres, pero 23 de esas mujeres fueron sustituidas por hombres y sólo siete por mujeres. En cambio cuando se da el caso de hombres que deben ser sustituidos, 24 que renunciaron, fallecieron o pidieron licencia, 20 fueron sustituidos por hombres y sólo 2 por mujeres. De ahí que en esos 54 cargos de elección popular hay sólo nueve mujeres, 43 hombres y faltan dos cargos por designar”.

La consejera electoral alertó también sobre el caso de Coahuila, en donde la semana pasada el Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó un acuerdo de paridad de género en las candidaturas, que ya fue impugnado por la mayoría de los partidos políticos.

“Antes de que existiera la paridad a nivel constitucional, Coahuila ya había logrado una representación importante de las mujeres a nivel de diputaciones locales y sería inadmisible que ahora que ya están obligados a cumplir con la paridad de género en las candidaturas, buscarán un recoveco para no cumplir”, agregó Favela Herrera.

En la reunión la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto, ratificó el compromiso del Tribunal Electoral ora contribuir, desde la impartición de justicia, a la consolidación de una democracia paritaria libre de violencia.

Dijo que éste es el momento de actuar en conjunto, previo a que inicien las precampañas y campañas electorales. “Es el momento propicio para trabajar en la sensibilización, en la capacitación y en la socialización del protocolo de violencia política contra las mujeres y, sobre todo, de prevención de esta conducta no deseada que corta la libertad de las mujeres que desean participar en los procesos electorales”, señaló.

Convocó a las instituciones participantes a revisar y reformular el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres realizado por los organismos electorales y anunció la realización de foros en las cuatro entidades con elecciones en 2017, con la participación de todas las instituciones convocadas, además de los OPLE, sociedad civil y academia.

El público objetivo, dijo la magistrada, son también los partidos políticos, pues se ha detectado que cuando inician las contiendas internas y definen sus candidaturas hay mucha violencia política contra las mujeres.  

Este año habrá elecciones en seis entidades: en Coahuila y Nayarit se renovarán gubernaturas y Congresos locales; en Estado de México sólo gobernador; en Veracruz se elegirán integrantes de Ayuntamientos; y en Hidalgo y Zacatecas habrá elección extraordinaria para elegir una presidencia municipal y un ayuntamiento, respectivamente. 

A la reunión también asistieron el titular de la Fepade, Santiago Nieto; la presidenta de la AMCEE, Gabriela Williams; la directora de Participación Social y Política del Inmujeres, Paula Soto;  representantes de la CEAV y de la Conavim así como los titulares de las Unidades Técnicas de Igualdad de Género y No Discriminación y, de lo Contencioso Electoral del INE, Mónica Maccise y Carlos Ferrer, respectivamente.

17/AGM/GGQ








NACIONAL
   Libro “Democracia y paridad en México”
Diputadas, más preparadas, pero con menos incidencia en la agenda
CIMACFoto: Archivo
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/02/2017

Las diputadas electas para el Congreso federal tienen más experiencia partidista y un nivel de estudios mayor en comparación con los diputados, pero su incidencia en la creación de las políticas públicas es menor que la de ellos.
 
Con esto, “el mito de que las funcionarias solo cubren las cuotas de género está roto, ellas están preparadas”, asegura la investigadora de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato (UG), María Aidé Hernández García, en el libro “Democracia y paridad en México”, coordinado por ella.
 
A esta conclusión llegó la académica, luego de hacer el seguimiento de 11 casos de funcionarias electas para la LXIII Legislatura (2015-2018), la primera en la que se aplicó por primera vez el principio de paridad, en un 50-50 de mujeres y hombres. Definió asimismo el perfil de ellas, así como sus logros.
 
El estudio comprobó también que, al menos en Guanajuato, las y los habitantes siguen prefiriendo que los hombres ocupen los cargos de poder, según una encuesta estatal realizada por Hernández García con la financiación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y cuyos resultados están incluidos en el libro.
 
¿POR QUÉ NO AVANZA LA AGENDA?
 
El retraso en la agenda de género en la Cámara de Diputados, descubrió en su investigación la doctora Aidé Hernández, se debe a que las Comisiones están dominadas por hombres, quienes responden a intereses partidistas y que aprueban la paridad sólo para simular un avance en la promoción de los derechos de las mujeres. 
 
Explica la académica que, aunque hoy existe un número histórico de diputadas en la Cámara, 42.5 por ciento, es complicado incidir en la aprobación y creación de políticas, ya que “aun si una diputada pertenece al PRI, partido con más legisladores, los líderes de las Secretarías con quiénes necesitan entrevistarse para plantear su iniciativa las ignoran porque dudan de sus capacidades”.
 
Un seguimiento de Cimacnoticias sobre el avance en la agenda de género, del 1 de septiembre de 2015 a mayo de 2016, confirma el reducido avance: en este período parlamentario sólo se han aprobado cuatro iniciativas en pro de los derechos de las mujeres: tres reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y otra a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
 
En síntesis, la cantidad de iniciativas es menor en esta Legislatura, en comparación otras Legislaturas que contaban con menos presencia de mujeres.
 
DIPUTADAS A PRUEBA
 
En “Democracia y paridad en México”, María Aidé Hernández García señala que en México las mujeres que ejercen la política y son madres se enfrentan a que duden de su capacidad y a que digan que “anteponen sus problemas personales al trabajo”. En contraste, a los diputados no se les juzga por eso. 
 
En entrevistas de profundidad con diputadas y diputados, la investigadora identificó que a ellas se les pone más a prueba. “Las políticas mexicanas tienen que enfrentarse todo el tiempo a demostrar que son capaces de ejercer, lo que no pasa con los hombres”, dice.
 
En entrevista con Cimacnoticias, durante la presentación de “Democracia y paridad en México”, realizada en el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales (CHyCS), plantel Cuautepec, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la académica sugirió que para hacer frente a este problema deben impulsarse programas que promuevan la participación política de las mujeres.
 
También es necesario hacer mejoras a la educación en el ámbito familiar, escolar y de instituciones gubernamentales para que dejen de fomentarse estereotipos de género.
 
En palabras de Hernández García, cuyas líneas de investigación son la violencia de género y las masculinidades, “la concepción que se tiene de las mujeres actualmente es consecuencia de una educación patriarcal, misma que se reproduce en todos los niveles, por ejemplo, se ve reflejada en la violencia política, campo en que aún hay mucho por trabajar”.
 
17/MMAE/GG








ESTADOS
VIOLENCIA
   Las consideran incapaces en desempeñar puestos gubernamentales
Amenazan a oaxaqueñas por participar en la política
Especial
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/01/2017

Las alcaldesas y síndicas del estado de Oaxaca, una vez en el cargo se enfrentan a conflictos y violencia por ingresar a un espacio predominado históricamente por los hombres.
 
De acuerdo con el libro “Democracia e igualdad en conflicto. Las presidentas municipales en Oaxaca” de la autora Margarita Dalton y publicado en 2012 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la participación de las mujeres de Oaxaca en la política se encuentra condicionada por su género.
 
La lucha por la participación de las mujeres en la política de Oaxaca es una demanda histórica, pero la cantidad de mujeres en puestos gubernamentales de la entidad es muestra aún de la problemática.
 
Actualmente sólo 10 por ciento de los 570 municipios de Oaxaca son gobernados por mujeres. A pesar de no ser suficiente la participación de las oaxaqueñas en la política en los últimos años se presentó un avance significativo; de acuerdo con Margarita Dalton para el 2001 apenas 10 mujeres fueron presidentas municipales, es decir, representaron el 1.7 por ciento de todos los municipios de la entidad.
 
Una vez que las mujeres están en el cargo enfrentan diversos conflictos, sufren hostigamientos, son violentadas e incluso son amenazadas de muerte. La autora retomó diversos casos y testimonios de violencia política hacía las mujeres en Oaxaca que datan desde 1970 hasta 2005.
 
Los casos continúan, recientemente las representantes electas del municipio de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo y la síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López, fueron amenazadas de muerte si no renunciaban a sus puestos.
 
La síndica municipal, Yareli Cariño fue removida de su cargo 24 horas después de haber tomado protesta, acto presuntamente ordenado por el diputado local del PAN-PRD, Tomás Basaldú Gutiérrez, quien le advirtió que “si no cedía a sus pretensiones sexuales no permitiría que desempeñara el puesto como síndica”.

Ante el aumento de la participación política de las mujeres, también se acrecentó la violencia, de acuerdo con datos presentados por el director de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillos. En 2015 esta entidad fue la quinta con mayor número de reportes de violencia política hacía las mujeres.
 
Otro caso reciente es el de la presidenta electa del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Elisa Zepeda, quien al promover los derechos de las mujeres a la participación política en su comunidad, en diciembre de 2014 fue brutalmente golpeada por un grupo de personas y perseguida hasta su casa, fue quemada juntos con sus bienes, su hermano también fue asesinado el mismo día.
 
Para abril de 2016, cuando Elisa Zepeda ganó las elecciones en su municipio, los mismos agresores impugnaron a nivel estatal y federal dicho proceso, hasta el momento la presidenta electa se encuentra a la espera de la resolución del TEPJF de acuerdo con el Colectivo de la Ciudadanía de las Mujeres.
 
La especialista observó que la destitución de las mujeres para desempeñar cargos en diversos municipios de Oaxaca es en su mayoría decisión de los hombres dentro de los grupos políticos, por no considerarlas capaces de desempeñar los puestos, o bien, no querer perder el poder político que detentan.
 
Las mujeres que logran tomar posición de sus cargos se enfrentan también a políticas masculinas muy arraigadas. La escritora Margarita Dalton mencionó que muchas de ellas se ven presionadas por los políticos establecidos para continuar con estas prácticas. Las que tengan la oportunidad lograran proponer un cambio radical en sus formas de hacer política.
 
Otro de los obstáculos que atraviesan las mujeres en Oaxaca es la necesidad de pedir permiso a sus familias y cónyuges para poder postularse por un puesto político.
 
La autora apuntó que los hombres sólo informan a sus familiares de la decisión, mientras que las mujeres negocian, expresan su deseo de contribuir a la política y luego piden permiso.
 
Cabe destacar que en febrero de 2016 en Oaxaca se tipificó la violencia política de género. Además de esta entidad, hasta marzo de 2016, Veracruz, Jalisco y Campeche tipificaron este delito, según información de las autoridades electorales que publicaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.
 
17/HZM/KVR








ESTADOS
POLÍTICA
   Mujeres amenazadas para forzarlas a dejar sus cargos
Pide CNDH protección para representantes electas en Oaxaca
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/01/2017

Ante las amenazas de muerte que recibió la presidenta electa del municipio de San Pedro Atoyac, en Oaxaca, Irma Aguilar Raymundo, y la síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López, la Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDH) solicitó al gobierno estatal brindar medidas cautelares para que ambas puedan asumir sus responsabilidades.
 
Las representantes electas rindieron protesta a sus respectivos cargos el 1 de enero, sin embargo, días antes mediante una llamada telefónica el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres AC denunció ante la CNDH problemas de violencia política contra varias mujeres de la entidad, de acuerdo con un  comunicado del organismo.
 
Entre ellos destacó el caso de la presidenta municipal y la síndica, quienes recibieron amenazas de muerte con el fin de forzarlas a solicitar licencia una vez que asumieran su cargo.
 
Ante esta situación la CNDH giró un oficio y lo dirigió al secretario general de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, para la implementación de medidas cautelares a favor de Irma Aguilar y Yareli Cariño.
 
El gobierno de Alejandro Murat aceptó la solicitud y dio instrucciones a las áreas competentes a efecto de su implementación para salvaguardar la protección de los Derechos Humanos de las afectadas; de acuerdo con la CNDH la protección para las lideresas deberá implementarse durante el tiempo que sea necesario y además deberá extenderse a sus familiares y colaboradores.
 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca también fueron notificados para que asuman las medidas correspondientes.
 
17/HZM/KVR








ESTADOS
VIOLENCIA
   Deben existir programas continuos para concientizar a la población
Falta de presupuestos agrava violencia de género: OVGM
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/12/2016

Debido a que no se cuenta con un plan específico y continuo para atender la problemática de la violencia de género en el país, la  tasa de defunciones femeninas en México se incrementó. Entre 2007 y 2015 fueron asesinadas más de 20 mil mujeres, en promedio seis al día.
 
A partir de 2007 pasó de 1.93 mujeres asesinadas por cada 100 mil en este año, en el 2008 subió 2.50 por ciento y llegó al punto más alto en 2012 con 4.62 mujeres asesinadas por cada 100 mil.
 
De acuerdo con El Observatorio de Violencia de Género del estado de Morelos (OVGM) los programas que debe tener cada demarcación son operados con presupuestos insuficientes, por tanto, la situación se agrava en los estados y un ejemplo de ello es Morelos.
 
A pesar de que se emitió la Alerta de Violencia de Género (AVG) con anterioridad- desde el 2012- la tasa de homicidios de mujeres en este estado era de 6.58  y se elevó a un 41.31, en el mismo periodo.
 
Tan sólo en lo que va del 2010 a 2015, la tasa de homicidios de mujeres en el municipio de Yautepec se acrecentó en un 452.86 y en Cuautla en un 276.66 por cada 100 mil.
 
A través de un comunicado, El Observatorio de Violencia de Género del Estado de Morelos afirmó que “las acciones no se han llevado a cabo de forma uniforme para los ocho municipios de acuerdo con el análisis realizado”.
 
En este 2016, El Observatorio detectó casos de violencia política: “La composición del congreso estatal de Morelos en 2015, denotó una mayor presencia de hombres, 24 diputados son varones y 6 mujeres. De esta forma, se identifica la existencia de una representación desigual aun cuando las mujeres representan 51.4 por ciento de la población”.
 
Por ejemplo, la síndica municipal de Amacuzac denunció exclusión por parte del presidente municipal de la localidad. Mientras que la síndica de Zacualpan de Amilpas, al igual que en el caso anterior evidenció que se le desconoció del cargo bajo con el argumento de que “por usos y costumbres una mujer no debe asumir esas funciones”.
 
 “La violencia política de género no se encuentra tipificada aun cuando ha habido iniciativas para integrarla en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), y pese a que en este ámbito se han registrado varios incidentes que denotan desigualdad”.
 
En lo que respecta a la discriminación, el informe menciona que del total de trabajadores por cuenta propia está la participación de las mujeres que oscila en 40 por ciento.
 
Esta proporción está cercana a la mitad, pero cambia radicalmente al hablar de empleadores. En este rubro la participación de las mujeres no ha superado 25 por ciento desde 2013 e incluso sufrió una caída en el último año de casi seis puntos porcentuales con respecto a 2015.
 
En Morelos, 79 por ciento de las personas realizan trabajo no remunerado. Mientras que  65 por ciento de quienes realizan este tipo de trabajo son hombres; 91 por ciento son mujeres.  La brecha más amplia entre hombres y mujeres que realizan trabajo no remunerado se encuentra en el municipio de Ocuituco. Puente de Ixtla y Temixco (municipios con AVG).
 
La discriminación en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) 2010; 10.9 por ciento de las mujeres pedía permiso a sus parejas para usar anticonceptivos. En cuanto a las mujeres que hablan alguna lengua indígena el porcentaje llega a 18.4 por ciento.
 
Respecto a la participación en comicios electorales destaca que un 8 por ciento de las morelenses piden permiso a su pareja al decidir por quién votar, esta tendencia aumenta en las mujeres que no cuentan con ningún grado escolar cursado. En tanto, 17.7 por ciento de quienes tienen licenciatura concluida “avisa” para decidir por quién votar.
 
El porcentaje de mujeres que pide permiso al ejercer su derecho al voto llega a 15.8 por ciento en mujeres hablantes de una lengua indígena.
 
Por último, El Observatorio reiteró que: “Las instancias en los municipios deben llevar a cabo tareas de prevención y atención a la problemática provienen de varios ámbitos. Existe falta de recursos, escasa participación en las actividades que tienen como finalidad atender la violencia de género, poca consideración de la perspectiva de interculturalidad en los programas para erradicar y prevenir la violencia de género”.
 
16/KVR/LGL








ESTADOS
Participación Política de las Mujeres
   Destacan casos como el de Eufrosina Cruz e Itaysa López
Mujeres políticas de Oaxaca denuncian violencia en su contra
Foto: Observatorio de Derechos Políticos de las Mujeres Guerrerenses
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/12/2016

Un colectivo de mujeres oaxaqueñas con cargos de elección popular firmaron un comunicado conjunto para exigir se ponga un alto a la violencia política y se respete su participación en cargos como regidoras, síndicas, diputadas, alcaldesas o representantes de organizaciones.
 
A través de un comunicado, exigieron a los tres órdenes de gobierno y a los partidos políticos “garantizar el ejercicio pleno del derecho a la participación política de las mujeres en el estado de Oaxaca, tanto en el sistema de partidos políticos como a través de los Sistemas Normativos Internos”.
 
En el texto destacaron que han documentado obstáculos para realizar sus labores, por lo que requieren se investigue y sancione a los responsables de las agresiones contra las mujeres, además de garantías de seguridad para el ejercicio pleno de los cargos para los que fueron electas.
 
También puntualizaron que en Oaxaca, en septiembre de 2013 se incorporó el principio de paridad en la Constitución, y durante el proceso electoral de este año, la ley obligó a los partidos políticos a registrar candidaturas que incluyeran 50 por ciento de candidatas mujeres y 50 por ciento de candidatos hombres, tanto para diputaciones como para presidencias municipales.
 
“En el caso de los municipios que se rigen por SIN, el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) emitió en 2015 un acuerdo del Consejo General, a través del cual previene a los municipios para que garanticen la participación de las mujeres en las asambleas y en los espacios de representación comunitaria”, refirió la misiva.
 
Junto con el aumento de la participación política de las mujeres oaxaqueñas creció la violencia política en distintas formas como: campañas de difamación y desprestigio, violencia física, verbal, emocional, amenazas para impedir que ejerzan el cargo, amenazas contra miembros de su familia, entre otras.
 
El colectivo de mujeres oaxaqueñas señaló el caso de Elisa Zepeda, presidenta electa de Eloxochitlán de Flores Magón, a quien la golpearon e incendiaron su casa junto con bienes materiales por promover el derecho de las mujeres a la participación política en su comunidad, en diciembre de 2014. Además asesinaron a su hermano.
 
Otro ejemplo más es el de la profesora Itaysa López Galván, presidenta electa de Santiago Lachiguiri, a quien han amenazado a través de mensajes y llamadas en el celular. De igual forma ocurre con la diputada local de la 63 Legislatura, Eufrosina Cruz, quien acumula en su trayectoria política diversas agresiones, ahora con campañas en redes sociales para denostar su labor en el Congreso del estado.
 
En el comunicado las demandantes recordaron a las autoridades estatales y federales que en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia política está tipificada en el Código Penal del Estado.
 
Entre otras, firman el pronunciamiento, la integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Anabel López Sánchez, la diputada local, y presidenta de la Comisión de Igualdad de la 63 Legislatura, Silvia Flores Peña; la diputada local Eufrosina Cruz Leslie Zavaleta; así como las presidentas, regidoras y síndicas electas de diversos municipios de Oaxaca.
 
16/AMS/LGL








NACIONAL
POLÍTICA
   Las amenazas contra quienes ejercen cargos públicos les afecta en el escenario de sus funciones
Senado llama a atender violencia política contra mujeres en el poder
En elecciones pasadas se dieron casos como las destituciones de Rosa Pérez Pérez (izq) y María Gloria Sánchez Gómez (der), presidentas de los municipios indígenas de Chenalhó y Oxchuc, en Chiapas, respectivamente, a quienes obligaron a separarse de sus cargos mediante violencia y amenazas | CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/12/2016

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado exhortó a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y a los tribunales electorales de los estados a establecer e implementar protocolos para atender la violencia política contra las mujeres.
 
En un dictamen que aprobó la Comisión también se llamó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), a tomar acciones para sancionar a quienes violentan, agreden o intimidan a las mujeres que son candidatas o ejercen cargos públicos.
 
Las legisladoras pidieron a las instituciones locales que tomen como modelo el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, elaborado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres y la FEPADE.
 
De acuerdo con las integrantes de la Comisión, que preside la senadora priísta Diva Hadamira Gastélum, si bien existen disposiciones básicas destinadas a regular la actuación de funcionarios judiciales, resultan insuficientes en casos de violencia contra mujeres que se desempeñan como funcionarias.
 
La violencia política, indicaron las legisladoras en el documento, impacta el derecho de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en procesos electorales, su desarrollo en la escena política o pública ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a un cargo de elección popular o en el ejercicio del cargo público.
 
El Protocolo define este tipo de violencia como todas aquellas acciones y omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
 
Durante las últimas semanas han salido a la luz casos que podrían entrar en esta definición. 
 
Por ejemplo, el 23 de noviembre el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda, espetó a la diputada y académica especializada en pobreza, Araceli Damián González que “no estudié psiquiatría para entenderla”. Esa fue su repuesta cuando ella lo cuestionó sobre las cifras de pobreza que presentó durante una comparecencia en San Lázaro.
 
En Veracruz, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Daniela Griego Ceballos, denunció que el pasado 30 de noviembre desconocidos violaron las cerraduras de su casa, mientras que su correligionaria Eva Felicitas Cadena reveló que en su teléfono celular recibió mensajes amenazantes con nombres de personas, algunas que supuestamente serían asesinadas.
 
El 28 de noviembre la presidenta municipal por Acción Nacional en Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez, indicó que fue víctima de violencia política por parte de su partido y es que síndicos, regidores y diputados de ese organismo la amagaron con someterla a juicio político por supuestas irregularidades.
 
Otras intimidaciones se denunciaron durante los procesos electorales de este año. La entonces candidata a la gubernatura de Puebla por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo, denunció que el 9 de abril fue encañonada por policías municipales mientras viajaba en su auto cuando hacía campaña.
 
En estas elecciones también se dieron casos como las destituciones de María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, presidentas de los municipios indígenas de Oxchuc y Chenalhó, en Chiapas, respectivamente, a quienes obligaron a separarse de sus cargos mediante violencia y amenazas.
 
16/AGM/AMS/LGL








NACIONAL
   70 por ciento de mujeres con VIH es víctima de violencia. Alcaldesa de Reynosa denuncia violencia política. Iniciará periodo de audiencias en la CIDH
BREVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/11/2016

70 por ciento de mujeres con VIH son víctimas de violencia
Ciudad de México.-
En México, 70 por ciento de las mujeres infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) fue víctima de violencia, informó la directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (InmujeresDF), Teresa Incháustegui Romero.
 
A propósito del Día Mundial de la lucha contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre, la directora del InmujeresDF, señaló que las mujeres con VIH son más vulnerables debido a la falta de oportunidades, marginación, abandono y exclusión que viven.
 
Agregó que 70 por ciento de quienes contraen el virus, son infectadas por una pareja estable.

Alcaldesa de Reynosa denuncia violencia política
Ciudad Victoria, Tamps.-
La presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz, denunció que representantes del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, operan en su contra, lo que significa un caso de violencia política contra la funcionaria.
 
Sin embargo, la alcaldesa declaró que pese a no presentar denuncias ya dejó asentado públicamente la condición de violencia política que vive de parte de las autoridades del gobierno de Tamaulipas. (Con información de Red Tamaulipas)

Iniciará periodo de audiencias en la CIDH
San José, CR.-
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) participará en tres audiencias públicas del 159° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 29 de noviembre al 7 de diciembre.
 
Durante las audiencias se hablará sobre la situación de personas defensoras de Derechos Humanos en Honduras; las violaciones de DH a mujeres, niñas y adolescentes en Nicaragua y la matanza de 111 personas privadas de libertad en Brasil.
 
El evento se llevará a cabo en la ciudad de Panamá y se transmitirá en vivo a través de la página de la CIDH. Consulta el programa completo en https://www.cejil.org/es/cejil-participa-del-159deg-periodo-sesiones-cid...

16/HZM/LGL








ESTADOS
Participación Política de las Mujeres
   Felícitas Muñiz no ha incurrido en violaciones a Ley, sostienen
Desecha congreso de Guerrero juicio político contra alcaldesa
Felícitas Muñiz Gómez, alcaldesa del municipio de Mártir de Cuilapan | Foto: retomada del sitio sintesisdeguerrero.com.mx
Por: Scarlett Arias
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.- 16/11/2016

El congreso del estado de Guerrero declaró improcedente el juicio político contra la alcaldesa del municipio de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez.
 
La Comisión de Examen Previo del congreso local emitió un dictamen que declaró improcedente la solicitud de juicio político que interpusieron los regidores, Edelmira del Moral, Humberto Palacio Celestino y María del Rosario López García así como el síndico, Benito Sánchez Ayala contra la regidora.
 
El pasado jueves 10 de noviembre el dictamen a favor fue aprobado por la mayoría de los legisladores en el pleno del congreso. En él se declaró que en lo que va de su administración, Muñiz Gómez no ha incurrido en violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero.
 
La diputada integrante de la Comisión Previa, María Del Carmen Cabrera, dijo que el dictamen carece de certeza jurídica y presenta inconsistencias, ya que el Registro Civil pudo haber aportado datos para saber si hay familiares de la presidenta municipal contratados o no en su administración; por lo que agregó que no podía votar a favor de un dictamen con tantas inconsistencias y pidió devolverlo a la Comisión.
 
En su participación la diputada y coordinadora de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, Erika Alcaraz Sosa, señaló que el dictamen es una defensa a ultranza de presuntos actos de corrupción en la zona y preguntó por qué se evita que el caso llegue a la Comisión Instructora.
 
Por su parte, el representante de la bancada del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, recordó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) la cual confirmó que desde el inicio de la administración de la alcaldesa, el exalcalde, Crisóforo Nava y el síndico Sánchez Ayala, realizaron actividades vandálicas así como de acoso contra Muñiz Gómez, para evitar que ejerciera su cargo.
 
El legislador perredista Sebastián de la Rosa dijo que algunos legisladores votaron bajo presión de sus fracciones y no por su voluntad.
 
El 19 de octubre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un fallo que acreditó la violencia política de género que ejerció el síndico Benito Sánchez Ayala, las regidoras Edelmira del Moral Miranda y María del Rosario López García, así como el regidor Humberto Palacios Celino, en contra de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez.
 
16/SA/LGL








Pages

Subscribe to RSS - Violencia política