Violencia política

NACIONAL
   TEPJF refrendó su compromiso por erradicar violencia política
Magistrado sexista renuncia a presidencia pero sigue en funciones
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/11/2016

El magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, presentó su renuncia a la presidencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin embargo permanecerá en funciones, informó en un comunicado el Tribunal.
 
Luego de las críticas que recibió por diversas instancias y grupos de mujeres Juan Manuel Sánchez, por sus comentarios sexistas realizados el pasado 7 de noviembre durante la mesa de diálogo “La paridad y la violencia de género en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”, realizada en Villahermosa, Tabasco, donde el funcionario dijo que las mujeres deben ocupar cargos por su inteligencia y no por sus atributos físicos, ayer presentó su renuncia.
 
Ante los comentarios, el TEPJF se deslindó de las declaraciones del magistrado y señaló que no reflejaba la postura de este organismo el cual ha mantenido su compromiso por erradicar la violencia política contra las mujeres.
 
Asimismo, las integrantes de la Comisión de Equidad y  Género de la Cámara de Diputados al presentar un dictamen que pretende reformar diversas disposiciones sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, exigieron la renuncia inmediata del funcionario.
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó su indignación ante el acto y manifestó que las expresiones misóginas son discriminatorias y atentan contra la dignidad de las mujeres.
 
Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señaló que el vocabulario sexista se trata de un acto de violencia política que atenta a los derechos de las mujeres y añadió que estas actitudes son evidencia de la necesidad de seguir trabajando contra este tipo de violencia que enfrentan las mujeres por su condición de género.
 
Tras la renuncia de Sánchez Macías, será el magistrado Adin Antonio de León Gálvez quien presida la sala Xalapa hasta el 6 de marzo de 2019, informó el TEPJF.
 
16/HZM/LGL








CRISTAL DE ROCA
Participación Política de las Mujeres
   CRISTAL DE ROCA
Reflexiones de una ciudadana común
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Cecilia Lavalle*
Cimacnoticias | Quintana Roo.- 08/11/2016

Soy una ciudadana común. Común como las miles que no estamos cómodas con la incompleta ciudadanía que tenemos. Común como las cientos que trabajamos en distintos ámbitos para que todas las mujeres gocen y ejerzan una ciudadanía plena. Y desde mi común ciudadanía hoy quiero aplaudir de pie a otra ciudadana común y ejemplar.
 
Hace casi 20 años la teoría feminista me permitió comprender el sinsentido que implica que a las mujeres, sólo por nacer mujeres, se nos suprima o se nos regateen los espacios de poder. Y elegí la acción para cambiar y no la abnegación para soportar.
 
En esa ruta he conocido y admirado a varias ciudadanas. Una de ellas, María del Carmen Alanis Figueroa, recién termina su gestión al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 
Cuando en la década de los 70 se apostaba a que mientras más mujeres entraran al poder más pronto se cambiaría la condición y posición social de las mujeres, la realidad de los 90 demostraba ya que ni era tan fácil, ni era tan simple.
 
Entonces el debate fue (es): ¿sólo más mujeres o sólo mujeres feministas? Mi postura es: más mujeres. Punto. Porque defiendo el Derecho Humano de las mujeres a la mitad del poder. Pero en el camino apoyaré y reconoceré a las mujeres que hagan realidad el sueño feminista de la igualdad.
 
La inteligencia, trabajo, talento argumentativo, mirada estratégica, capacidad para forjar alianzas, firmeza, aunado al compromiso y entrega de María del Carmen Alanis mostraron, una vez más, que mujeres comprometidas con la igualdad cambian la historia de muchas mujeres.
 
Fue magistrada del TEPJF 10 años, de los cuales, cinco fue la presidenta. Y en esa década fue la única mujer entre seis hombres. Remar contracorriente seguro fue la constante más que la excepción.
 
Pudo formar un gran equipo de trabajo. Lo ha reconocido siempre.

Y también ha reconocido el importante papel que para construir paridad ha jugado la Red Nacional Mujeres en Plural, a la que pertenecemos. Pero esos ingredientes, sin su particular claridad, persistencia y resistencia no hubieran dado los resultados que hoy tenemos.
 
¿Y qué tenemos? En materia de derechos políticos tenemos los avances más significativos en seis décadas. Tenemos un nuevo horizonte y una nueva página en cuyo encabezado se lee: Paridad.
 
La contribución de María del Carmen Alanis fue esencial para comenzar a escribir esa página y deja buenos cimientos para seguir escribiendo.
 
Por si eso fuera poco, dejó abierta la puerta para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Siempre ha existido, pero ella fue fundamental para conceptualizarla y unir fuerzas institucionales para empezar a poner diques al respecto.
 
Dos mujeres conforman hoy la Sala Superior del TEPJF: Janine Otalora Malassis y Mónica Soto Fregoso. Y sin duda escribiremos más páginas de paridad, pues ambas están comprometidas con la igualdad. Pero ya hay ruta marcada. Y eso es mérito de María del Carmen Alanis.
 
Por eso ahora que terminó su gestión como magistrada, deseo hacerle un profundo reconocimiento. Mi ciudadanía, mi común ciudadanía, luce esperanzadoramente maravillosa en buena medida gracias a su trabajo. De modo que: Aplaudo de pie largamente.
 
Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com
 
*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género.
 
16/CLT/LGL








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Impidieron ejercicio de sus funciones, dicen magistrados
Emite TEPJF fallos por violencia política a favor de alcaldesa y consejera
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/10/2016

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió dos sentencias, una para proteger los derechos político-electorales de la alcaldesa del municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero, Felicitas Muñoz Gómez; y otra a favor de la consejera electoral de Jalisco, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, informó en un comunicado.
 
A casi dos semanas de que la magistrada y los magistrados dejen el cargo, el pasado 19 de octubre emitieron un fallo que acredita la violencia política de género que ejerció el síndico Benito Sánchez Ayala, las regidoras Edelmira del Moral Miranda y María del Rosario López García, así como el regidor Humberto Palacios Celino, en contra de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez.
 
En su resolución, la Sala Superior ordenó a todos los funcionarios locales abstenerse de afectar el pleno ejercicio del cargo de la presidenta municipal quien denunció que ha recibido amenazas de muerte, allanamientos y disparos de arma de fuego, robo de bienes muebles, obstrucción de obras, quema de vehículos propiedad del municipio y toma de carreteras, actos orquestados por los ediles que tratan de “presionarla” para que deje su cargo.
 
En este caso la Sala Superior vinculó a las autoridades estatales, a fin de que coadyuven en el cabal cumplimiento del fallo y dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), así como al Fiscal General del estado de Guerrero, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que proceda.
 
La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa señaló que los elementos aportados por la alcaldesa acreditan la violencia apolítica de género porque desde el inicio de su campaña, se han gestado acciones encaminadas a agredirla y denostarla como mujer, las cuales cobraron mayor fuerza en el ejercicio del cargo.
 
En otro asunto, la Sala Superior del TEPJF dio vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que analice la actuación de funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, por no entregar información o hacerla llegar de manera tardía a la consejera electoral, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, lo que impedía el ejercicio de sus funciones.
 
Al conocer el caso, la magistrada y los magistrados estimaron procedente dar vista al Consejo General del INE, a efecto de que analice el actuar profesional de los integrantes del Instituto Electoral para que en ejercicio de sus funciones determine lo que corresponda.
 
La magistrada Alanís Figueroa votó a favor del proyecto, aunque emitió un voto concurrente dado que consideró que este caso constituye acoso y violencia laboral, en el sentido de que son fundados los agravios de que no se le entrega la información a la consejera y no se le permite formar parte de las Comisiones, lo que en su criterio es acoso laboral.
 
La magistrada se pronunció por la creación de una vía administrativa que permita sancionar este tipo de conductas, lo cual se podría realizar a través de la emisión de un reglamento que inhiba el acoso y actos de intimidación hacia las consejeras.
 
El magistrado Salvador Nava Gomar señaló que no deja de llamar la atención que el órgano que organiza los comicios, los debates, el diálogo con la sociedad, el respeto entre los contrincantes, el debate vigoroso, no pueda llevar un colectivo de sus órganos pares.
 
“Que un integrante de un órgano electoral o de un órgano colegiado tenga que venir aquí para tutelar su derecho a la información, de información necesaria para poder ejercer con su encargo, me parece muy grave”
 
El magistrado Pedro Esteban Penagos López destacó que la información solicitada por la consejera era para poder intervenir en las discusiones y en la votación de los plenos, por lo que la negación afecta el desempeño del cargo y la seguridad y certeza jurídica que deben tener los ciudadanos en sus órganos locales en materia electoral.
 
El magistrado Flavio Galván Rivera dijo que el Consejo General del INE tiene facultad de remoción y de vigilancia del adecuado funcionamiento de los consejeros. “El que designa puede remover y el que puede remover puede vigilar y tomar las medidas precautorias necesarias para evitar que un órgano colegiado no funcione adecuadamente, son funciones del Estado, somos servidores públicos y estamos para el servicio público no para los pleitos internos”, recalcó.
 
El magistrado Constancio Carrasco Daza indicó que la lógica en darle vista al INE es que conozca de los hechos denunciados por Ruvalcaba Corral, para que sean investigados y, después de una investigación, determinar las responsabilidades de los involucrados.
 
16/AGM/LGL








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Partidos políticos deberán postular a mujeres para cargos de elección
Activistas por la paridad efectiva vigilarán comicios de 2017
Foto: cortesía Red de Redes por la Paridad Efectiva
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/10/2016

Las integrantes de la Red de Redes por la Paridad Efectiva, se comprometieron a vigilar los procesos electorales de 2017 en los estados de Nayarit, Coahuila, Veracruz y Estado de México, para que los partidos políticos postulen a las mujeres para competir por cargos de elección y no se ejerza violencia política de género.
 
En un comunicado donde informaron de su tercer encuentro que se celebró este 6 de octubre, las promotoras de la participación política femenina señalaron que con base en su experiencia en observación y vigilancia de procesos electorales anteriores, elaborarán un manual o guía de observación electoral con perspectiva de género que servirá para las próximas elecciones.
 
El próximo año en el Estado de México se elegirá gobernador, en Coahuila gobernador, diputaciones y ayuntamientos; en Nayarit se renovará gubernatura, diputaciones, ayuntamientos y regidurías; y en Veracruz sólo se votará para elegir ayuntamientos. 
 
Al respecto, las activistas manifestaron su preocupación por el incremento de las agresiones contra mujeres que ejercen cargos de elección popular por lo que exhortaron a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a aprobar de inmediato las reformas necesarias para tipificar la violencia política por razón de género como delito grave.
 
En este encuentro se analizó en detalle la situación que enfrentan María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, presidentas de los municipios indígenas de Oxchuc y Chenalhó, en Chiapas, respectivamente, quienes fueron obligadas a separarse de sus cargos mediante violencia política, violencia institucional y violencia social.
 
En fechas distintas, hace mes y medio la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la inmediata restitución de los derechos políticos de las alcaldesas, pero las sentencias aún no han sido ejecutadas porque las autoridades argumentan que no hay condiciones para hacerlo.
 
La Red hizo un llamado a las autoridades correspondientes a facilitar el proceso para que ambas presidentas municipales puedan reanudar sus funciones y observaron que el cumplimiento de esa sentencia tendrá implicaciones sobre los derechos políticos de las mujeres indígenas de todo el país.
 
La Red actualmente conformada por organizaciones de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Hidalgo, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Zacatecas y Morelos, fue fundada en agosto de 2015 con el fin de promover el avance político de las mujeres y tutelar el principio de paridad de género.
 
En el encuentro también participaron el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, María del Carmen Alanís Figueroa y la senadora Martha Tagle.
 
16/AGM/LGL








ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   ZONA DE REFLEXIÓN
Dónde están las Buenas Noticias
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/09/2016

Ahora que nos han llenado de comerciales sobre la importancia de las buenas noticias, me quedé pensando qué buena noticia podrían tener las mexicanas.
 
Por más que busqué, no encontré las buenas noticias, por el contrario, las malas noticias, aquellas que afectan a las mujeres crecen y crecen. Y son tan graves, que es éticamente imposible dejar de mencionarlas.
 
En un pincelazo hecho por varias organizaciones el pasado 24 de agosto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Encuentro “Cumplir para Avanzar México ante el 9° informe periódico de la CEDAW 2016” -que se realizó del 24 al 26 de agosto por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos-
las malas noticias fueron muchas y cuentan mucho en la vida, integridad y desarrollo de las mexicanas, sus familias y el país.
 
Estamos frente a un problema de seguridad nacional. En 21 entidades federativas se ha solicitado la Alerta de Violencia de Género ante el incremento de violencia contra las mujeres y la impunidad que impera sobre el feminicidio. Es decir, 66 por ciento del territorio nacional está llamando a salvar la vida de sus ciudadanas y se encuentra con oídos sordos, con actitudes políticamente correctas del funcionariado que busca cuidar las espaldas a su gobernador.
 
A este panorama de violencia contra las mujeres se suma la violencia política, recrudecida por la omisión e inacción del Estado en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
 
El embarazo temprano sigue en aumento, y niñas de entre 10 y 12 años están siendo madres con todas las consecuencias negativas que esto trae. Podemos creer que detrás de cada niña embarazada hay violencia, sí.
 
En Chiapas, por ejemplo,  12 por ciento de las niñas menores de 12 años presenta embarazos y se casan, informó la abogada chiapaneca Martha Figueroa, durante el Encuentro “Cumplir para Avanzar, en donde no solamente se habló del incremento de la violencia contra las mujeres sino de la saña con la cual se les asesina; por ejemplo, en Guerrero, donde las mujeres están siendo lapidadas y en algunos casos presentan signos de canibalismo, explicó la guerrerense Marina Reyna Aguilar.
 
No, no hay buenas noticias que contar en cuanto al cumplimiento del Estado para la protección efectiva de los Derechos Humanos de las mujeres; situación que se ha visto agravada en estos 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Como ejemplo, el informe que tenía que presentar el Estado Mexicano ante la CEDAW para este año se ha pospuesto para el 2018.
 
La persecución contra las mujeres por aborto se incrementó de 2008 a 2016; de acuerdo con investigaciones hechas por la doctora Lourdes Enriquez, en 8 años las mujeres presas por homicidio en razón de parentesco -que es como se está juzgando a las mujeres que abortan intencionalmente o no- pasó de 80 casos en 2008 a 600 en el primer semestre de 2016.
 
De estas 600 mujeres en reclusión, 60 por ciento fueron juzgadas por aborto y de ellas, 40 por ciento bajo la premisa de homicidio en relación al parentesco, es decir, se está equiparando un producto en gestación con una persona viva, lo cual implica una aberración jurídica, explicó Enriquez.
 
A la ausencia de buenas noticias ahora se avizoran otras más, como la ausencia de las mujeres en las cinco prioridades anunciadas por el ejecutivo federal para los próximos 2 años.
 
Otra mala noticia es que el borrador que actualmente se discute en el Senado sobre la Ley General de Víctimas, elimina a las víctimas de violencia sexual. De concretarse, dejará en desprotección a las mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales, negándoles la atención integral, la reparación del daño y violando el principio pro persona que mandata nuestra Constitución.
 
No es que no queramos dar buenas noticias, pero cuando se tiene enfrente un panorama tan doloroso e indignante, las buenas noticias son las que hacen falta.
 
16/LLH/LGL








ESTADOS
Participación Política de las Mujeres
   Deben garantizar su seguridad
TEPJF ordenó el regreso de Gloria Sánchez como alcaldesa de Oxchuc
María Gloria Sánchez Gómez | Foto retomada del sitio chiapasencontacto.com
Por: Isaín Mandujano
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 01/09/2016

Tras una sesión que terminó en los primeros minutos de este jueves, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el decreto emitido por el Congreso de Chiapas, por el cual aprobó la renuncia de María Gloria Sánchez Gómez como presidenta municipal de Oxchuc, y ordenó su inmediata reincorporación en el cargo para el que fue electa en 2015.
 
Al resolver el recurso jurídico SUP-JDC-1756/2016, la magistrada y los magistrados determinaron por unanimidad que las pruebas aportadas por la presidenta del municipio indígena tseltal resultaron determinantes para confirmar que se vio forzada a firmar el escrito de renuncia al cargo y, por la forma en que ocurrieron los hechos, no tienen justificación constitucional ni legal.
 
El TEPJF ordenó a las autoridades estatales, incluyendo al titular del Poder Ejecutivo, Miguel Velasco Coello, que generen las condiciones de seguridad para que la presidenta municipal, así como el propio cabildo, puedan ejercer el cargo en un ambiente de tranquilidad en el municipio de Oxchuc.
 
Esta resolución se da 13 días después de que el propio TEPJF resolvió un caso similar que favoreció a Rosa Pérez Pérez para ser reincorporada e su cargo de alcaldesa en el municipio de Chenalhó, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
 
Similar a lo que sucedió con la presidenta municipal Chenalhó, el pasado 11 de febrero, en una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del estado se aprobó la solicitud de licencia indefinida –que fue tomada como renuncia– de la alcaldesa María Gloria Sánchez.
 
La alcaldesa nunca pudo tomar posesión de su puesto debido al conflicto que se desató en ese municipio por los resultados de las elecciones en donde resultó electa. Diferentes grupos señalaron irregularidades en el proceso de elección.
 
El Congreso del estado designó como nuevo alcalde a Oscar Gómez López, a petición de las autoridades con bastón de mando de las 115 comunidades que conforman ese municipio.
 
Sin embargo, ante la presión política a la que fue orillada para pedir licencia, la alcaldesa postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en los comicios del domingo 19 de julio del 2015, interpuso un recurso ante el TEPJF que hoy fue resuelto a su favor.
 
REPARE CELEBRA FALLO
 
Tras conocer el fallo del TEPJF, la Red por la Paridad Efectiva en Chiapas (Repare) –una agrupación de activistas y políticas que ha acompañado los casos de violencia política de género en la entidad– emitió un renunciamiento donde condenó los actos para arrebatar los cargos de elección popular y dijo que estos conflictos se deben dirimir por las vías pacíficas y legales.
 
En su comunicación, la Repare reconoció el debate que se dio en la Sala Superior, por ejemplo que la magistrada María del Carmen Alanís afirmara: “No podemos mandar el mensaje de que con violencia se pueden arrebatar los puestos de elección popular”.
 
El fallo del Tribunal Electoral ordenó también la restitución de los derechos políticos de las regidoras plurinominales, quienes habían denunciado que no se les tomó protesta, no se les convocó a las sesiones de cabildo y se les retuvieron sus dietas desde el inicio de la gestión municipal.
 
Es por ello que la Repare manifestó su respaldo absoluto a los argumentos de la magistrada y de los magistrados que manifestaron que la violencia no debe decidir quién debe gobernar, también consideraron como urgente una reflexión sobre la convivencia de los sistemas normativos internos y de partidos políticos en los municipios indígenas del estado de Chiapas.
 
Asimismo exigieron al Congreso del estado una explicación sobre el tratamiento de renuncia a la licencia indefinida presentada por la presidenta municipal, sin haber sido consultada al respecto, y que el Gobierno estatal genere las condiciones de gobernabilidad que permitan el cumplimiento a cabalidad de la sentencia del Tribunal.
 
Las activistas destacaron que el proyecto del magistrado Manuel González Oropeza sugería que “la única forma de sofocar la violencia, garantizar la paz y la tranquilidad en Oxchuc era respetando la voluntad de la población mediante una consulta popular”, es decir que la población decidiera si confirmaba a Oscar Gómez López o María Gloria Sánchez en la presidencia o elegían a un tercero.
 
Sin embargo, el magistrado Flavio Galván Rivera rechazó la propuesta del magistrado Oropeza con el argumento de que “no se puede dictar una sentencia para imponer una solución que no tiene sustento constitucional”.
 
La sentencia a favor de la restitución fue aprobada por la mayoría de los magistrados por lo que la Repare señaló que, ante el desafío para cumplir con la sentencia las instituciones locales y federales, deben sumar esfuerzos para garantizar la paz social.
 
16/IM/GGQ








ESTADOS
POLÍTICA
   Legisladora presenta iniciativa
Piden incluir violencia política en Ley de Acceso de Tamaulipas
Por: Rosa María Rodríguez Quintanilla, corresponsal
Cimacnoticias | Ciudad Victoria, Tamps.- 29/08/2016

La diputada local por el partido Nueva Alianza en Tamaulipas, Erika Crespo Castillo, presentó ante la diputación permanente, una iniciativa para incluir el concepto de violencia política en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres de Tamaulipas.
 
La propuesta legislativa es para adicionar el inciso H y las fracciones I a la IX del artículo 3 de la citada ley y establecer que: “La violencia política, es toda acción u omisión basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”.
 
La legisladora destacó la necesidad de legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones para desarrollarse en el ámbito político-electoral.
 
Al exponer el objeto de la iniciativa, la también Presidenta de las Comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología del Congreso del estado, dijo que en Tamaulipas y en México, todavía tenemos un largo camino por recorrer para desterrar la violencia hacia las mujeres en todas sus formas.
 
“En el espacio de la política mexicana, no existe todavía la igualdad sustantiva ni se ha erradicado la discriminación hacia las mujeres en cargos de poder: aún son cuestionadas en función de su papel de madres y amas de casa; asimismo, su influencia en políticas públicas favorables a ellas es insuficiente”, insistió.
 
La iniciativa, que recepcionó la diputación permanente para su análisis, plantea los distintos actos que serán considerados violencia política.
 
Entre estos, cuando impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo; asignen responsabilidades de género que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político-pública y eviten por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas a una función pública, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los hombres.
 
También, cuando impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando hagan uso de una licencia justificada; restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación establecida e impongan sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos.
 
De igual manera, se considera violencia política cuando discriminen a la autoridad electa designada o en el ejercicio de la función político-pública, por encontrarse en estado de embarazo o parto, divulguen o revelen información personal y privada de las mujeres candidatas electas, designadas, o en el ejercicio de funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia o licencia al cargo que ejercen o postulan; y cualquier otro acto que limite o restrinja la participación política de las mujeres.
 
Al presentar la iniciativa con el apoyo del Grupo Parlamentario del partido Nueva Alianza, la diputada Erika Crespo dijo que la violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público.
 
Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales, de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla.
 
La legisladora local dijo que ante la falta de un marco legal especifico en materia de violencia política en México, recientemente diversas instituciones, elaboraron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres y este concepto se construyó a partir de las leyes y convenciones internacionales.
 
En Latinoamérica, hasta el momento, únicamente Bolivia cuenta con una ley específica en la materia, mientras que en Costa Rica, Ecuador, México y Perú, se han presentado iniciativas.
 
Por lo que se refiere a los estados de la república mexicana, señaló que las leyes en materia de la violencia contra las mujeres de Campeche, Jalisco y Coahuila ya cuentan con una definición de la violencia política. Por su parte, el estado de Oaxaca, además de incluirla en su ley de violencia, aprobó tipificarla.
 
16/RMRQ/LGL








REPORTAJE
POLÍTICA
   Activistas pedirán que grupo de expertas visite México
AVG y violencia política a informe de CEDAW
CimacFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Cristina Acuña Roeder
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/08/2016

En junio pasado el Estado mexicano debió presentar un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones que en 2012, le hiciera el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), sin embargo una vez más se retrasó con este proceso, por lo que Naciones Unidas evaluará a nuestro país hasta el 2018.
 
Cabe recordar que desde hace una década, México retrasa la presentación de estos reportes que se entregan cada 4 años. El séptimo informe se debió presentar en 2002, pero se hizo hasta 2006; por lo que en 2010 se entregaron dos, el séptimo y el octavo informe.
 
A propósito de esta revisión, Gloria Ramírez,  coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, aseguró a Cimacnoticias que antes de esperar a que pase el tiempo el gobierno debe trabajar para cumplir las recomendaciones de 2012.
 
En cada informe oficial, las organizaciones civiles envían a Naciones Unidas información paralela a la que proporciona el Estado, en diferentes temáticas, pero destaca la situación de violencia de género y el alarmante incremento en casos de feminicidio, por lo que el tema se ha vuelto recurrente en CEDAW, quien en 2012 generó una serie de recomendaciones al Estado mexicano en la materia.
 
Entre ellas destacan prevenir el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos; y revisar la estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada, implementada de 2006 a 2012.
 
Además lo exhortó a abordar urgentemente los obstáculos que limitaban (en ese entonces) la activación de la Alerta de Violencia Género (AVG), un mecanismo de emergencia para enfrentar y erradicar esta violencia, que para ese entonces, no se había activado en ningún estado.
 
Frente a estas problemáticas y con miras a la rendición de cuentas que en 2018 deberá hacer México ante la CEDAW, feministas y académicas aseguraron que el Estado debe tomar acciones inmediatas.   
 
Gloria Ramírez enfatizó que debido a que ahora se cuenta con información suficiente de que el feminicidio se ha extendido en todo el país, existe la posibilidad de que la sociedad civil pida que, con base en el artículo 8 del Protocolo Facultativo de la CEDAW, un grupo de expertas visite México para profundizar la investigación.
 
Y esto no sería la primera vez; ya en octubre de 2003, las relatoras especiales del Comité CEDAW, María Yolanda Ferrer Gómez y María Regina Tavares da Silva, visitaron el país para investigar los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
 
LA INEFICACIA DE LA AVG
 
Pese a que la AVG ya se implementó en algunas entidades federativas de las 21 que la solicitaron, para las activistas que documentan los homicidios dolosos de mujeres, esta herramienta no está funcionando para prevenir y atender el feminicidio.
 
Como ejemplo, citaron el caso de Chiapas, donde el número de mujeres asesinadas se incrementa. Martha Figueroa Mier, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de esta entidad, dijo que en 2012 registraron 97 muertes violentas de mujeres y en 2013 la cifra ascendió a 103, por lo que en noviembre de 2012 las agrupaciones civiles chiapanecas decidieron hacer un llamado de emergencia a través de una “alerta autónoma” mediante la cual sistematizaron y documentaron casos.
 
Desde entonces las asociaciones piden investigar con perspectiva de género la muerte violenta de cualquier mujer, sancionar a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades o que obstruyeron la justicia, y garantizar la reparación del daño a las víctimas y sus familias.
 
Y es que la experiencia de la AVG en otros estados demostró que el mecanismo se comenzó a utilizar “como una amenaza, se politizó, se volvió un mecanismo muy perverso pero yo creo que las alertas sí funcionan”, aseguró Figueroa Mier.
 
Este uso político de la alerta lo han comprobado las organizaciones integradas en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una red que agrupa a agrupaciones enfocadas en la documentación y acompañamiento de casos de violencia de género.
 
Patricia Bedolla, activista del Estado de México, dice que en esa entidad existe un contexto de impunidad y es que si bien fue el primer estado donde se decretó la AVG en realidad todavía no se ven resultados alentadores.
 
En 2010 el OCNF junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron la activación de la AVG ante los 922 casos de homicidios dolosos contra mujeres que se registraron de enero de 2005 a enero de 2010, y aunque el proceso judicial para conseguirlo fue largo, en 2015 lograron que se decretara.
 
Con todo y esto, de enero a junio de 2015 se contabilizaron 2 mil 895 desapariciones de mujeres, según Patricia Bedolla.
 
Lo mismo sucede en otras entidades como Guerrero donde Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, aseguró que sólo en 2015 hubo 164 casos de feminicidio en ocho municipios del estado, lo que llevó a solicitar la Alerta en junio de 2016.
 
Por su parte, Lucero Circe López, directora de Humanas sin Violencia en Michoacán, donde se solicitó la Alerta en 2014 por la violencia y los crímenes de mujeres en un contexto de crimen organizado y surgimiento de autodefensas, advierte que este mecanismo atiende lo emergente pero no modifica lo estructural.
 
Esta herramienta, dice, pone en evidencia que “se prefiere administrar la violencia en vez de darle una solución”. Ante la incipiente implementación de la AVG, las activistas aseguran que el Comité de la CEDAW debería preguntar al gobierno mexicano por qué las Alertas no están funcionando y qué se está haciendo para eliminar la violencia feminicida.
 
Como si fuera poco con los asesinatos de mujeres, la trata de personas, la criminalización de defensoras y periodistas, la violación de los derechos de las mujeres presas acusadas de homicidio cuando en realidad tuvieron un aborto espontáneo, ahora las organizaciones civiles están documentando una nueva forma de agresión.
 
Se trata de la violencia política contra las mujeres que deciden participar en política, ya sea como candidatas o funcionarias electas, casos que  comenzaron a ser públicos después de la reforma político-electoral que en 2014 elevó a rango constitucional la paridad de género, y que también será materia de análisis por parte de las organizaciones, en el próximo informe ante la CEDAW.
 
16/AGM/CAR/LGL
 
 








ESTADOS
POLÍTICA
   Sala del TEPJF resuelve fallo a su favor
Restituyen derechos políticos a indígenas oaxaqueñas
Agustina Castellanos Zaragoza, de blusa con flores bordadas a mano, y su cabildo. Foto retomada del portal página3. Diana Manzo
Por: Jaime Guerrero
Cimacnoticias/página3 | Oaxaca, Oax.- 26/08/2016

Por comprobarse violencia política contra mujeres indígenas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó la sentencia de la Sala Xalapa del TEPJF y modificó la del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), para dejar sin efectos la destitución de mujeres integrantes de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón Mixe.
 
Por unanimidad, el máximo tribunal electoral del país, dejó sin efectos la Asamblea Comunitaria realizada el 28 de abril y demás actas vinculadas a la destitución de las integrantes de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec.
 
Al resolver el SUP-REC-170/2016, la Sala Superior señaló que en la Asamblea Comunitaria en la cual se destituyó a Agustina Castellanos Zaragoza, Cecilia Fermín Bautista y Sofía Sixto Mendoza, se dejó de garantizar su derecho de audiencia pues no fueron informadas del tema a tratar, ni consta en autos que en esa reunión se les hubiera permitido expresar, en un ámbito de libertad, lo que a su interés conviniera para su defensa, ni aportar las pruebas respecto a las imputaciones en las que se sustanciaba la pretensión de removerlas.
 
“Además, de que dicha destitución se desarrolló en un contexto de violencia en el que evidentemente cualquier persona no puede defenderse libremente de alguna acusación en su contra, y esto, a la vez, se tradujo en un acto de violencia política contra las integrantes de la agencia municipal, lo cual no puede ser subsanado por actividades posteriores”, establece la sentencia de la Sala Superior del TEPJF.
 
Y es que desde el pasado 10 de abril el edil de San Juan Cotzocón, Eleazar Poblado Celis, junto con otros hombres identificados como caciques, terratenientes y ganaderos, ubicaron como “enemiga política” a Agustina Castellanos Zaragoza, Cecilia Fermín Bautista y Sofía Sixto Mendoza, y emprendieron acciones ilegales de represión y destitución.
 
En un primer momento le negó la entrega de recursos del ramo 28 y 33, posteriormente el munícipe le exigía que explicara el destino de los recursos que recibía para ejecutar obras.
 
El 28 de abril, Castellanos Zaragoza, y su cabildo convocaron a una Asamblea para informar sobre el destino de los recursos, con dinero en efectivo y la lista detallada de las acciones.
 
En instantes, la Asamblea se convirtió en un escenario de violencia verbal contra ellas e incluso llegaron a la violencia física.
 
Castellanos Zaragoza y otras mujeres de su cabildo abandonaron el lugar y de inmediato el secretario municipal de la alcaldía, Víctor Iván  Manuel Alonso, respaldado por Michael Mendoza, Ramiro Ortela, María del Carmen Vásquez, Odilia Baranda, Lucía Vicente, entre muchas personas más, tomaron la agencia municipal y clausuraron el inmueble.
 
Mientras Castellanos Zaragoza, viajaba a la capital de Oaxaca a buscar apoyo y defensa legal, en San Felipe Zihualtepec, el alcalde de San Juan Cotzocón, junto con los caciques nombraron a otra agenta municipal: Cecilia Victoriano Santiago, sobrina de Aurelio Santiago, quien se dice defensor de derechos indígenas de esa comunidad.
 
Para el 6 de mayo se interpuso un recurso de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) sobre la violencia política electoral que enfrentó por ser mujer y la misoginia que vivió. El 31 de mayo el fallo  fue a su favor.
 
No obstante, el edil de San Juan Cotzocón, recurrió a la Sala Regional Xalapa del TEPJF en donde no le notificaron, los magistrados no escucharon la versión de Castellanos Zaragoza,  y el fallo fue en su contra.
 
Fue a través de la intervención del Instituto de la Mujer Oaxaca (IMO) y el observatorio electoral del Estatal Electoral y de Participación de Oaxaca (IEEPCO) como se interpuso el recurso de reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF.
 
Este miércoles, al comprobarse violencia política contra las indígenas, Agustina Castellanos Zaragoza, Cecilia Fermín Bautista y Sofía Sixto Mendoza, la Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia de la Sala Xalapa del TEPJF y les devolvió el cargo de Agenta municipal de San Felipe Zihualtepec.
 
16/JG/LGL








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   En Guerrero
Piden respeto a Derechos Humanos de alcaldesa Felicitas Muñiz, sujeta a juicio político
Felícitas Muñiz Gómez | Foto retomada del sitio sintesisdeguerrero.com.mx
Por: Scarlett Arias
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.- 25/08/2016

Habitantes del municipio de Mártir de Cuilapan arribaron al Congreso del estado de Guerrero para solicitar que el juicio político al que fue sujeta la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez se resuelva en apego a un marco constitucional de Derechos Humanos.
 
Ayer por la tarde ciudadanos, hombres y mujeres de las 17 poblaciones de ese municipio, con cabecera en Apango, entre las que se encuentra Analco, Ahuxotitlan, San Marcos, Zotoltitlan y San Juan Totolcintla exigieron que el juicio solicitado en mayo pasado por la oposición sea con respeto al Estado de derecho.
 
La alcaldesa, militante de Movimiento Ciudadano, fue demandada por ocho ediles que la acusan de mal manejo de recursos y por lo cual piden su destitución. Sin embargo simpatizantes aseguran que ella es víctima de violencia política y que su destitución será para colocar a un hombre en su lugar.
 
Luego de que el 7 de agosto un grupo de personas prendieron fuego a la camioneta de la alcaldesa, pobladores acudieron al Congreso local para exigir que se aplique el Protocolo para Atender Violencia Política contra las Mujeres que elaboraron las autoridades electorales para atender este tipo de casos.
 
En la manifestación, los pobladores también pidieron la intervención del Gobierno del estado para que ponga atención en el conflicto que ha generado actos de violencia dentro de las comunidades como bloqueo y cierre de carreteras.
 
Anahí Nava Muñiz, representante del contingente de apoyo a la presidenta municipal, responsabilizó al síndico municipal, Benito Sánchez Ayala de encabezar actos vandálicos, es decir, saqueos, y amenazas a los trabajadores del ayuntamiento.
 
Explicó que son acciones que suceden desde hace tres meses y que últimamente se han recrudecido. Nava Muñiz, reiteró que el ex alcalde Crisóforo Nava Barrios –quien estuvo preso por el delito despojo– así como la regidora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edelmira del Moral Miranda, son responsables de lo anterior, mencionado así como de suspensión de obras públicas y de abuso de poder.
 
Unos quinientos pobladores que portaban cartulinas con consignas de apoyo a Felícitas Muñiz Gómez estuvieron a las afueras del Palacio Legislativo para luego reunirse en una mesa de trabajo con la presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso, Flor Añorve Ocampo, la diputada, Angélica Alcaraz Sosa, y el diputado, Ricardo Mejía Berdeja.
 
En la reunión los pobladores comprometieron al Poder Legislativo a revisar todas pruebas y que se analicen con forme a derecho para que se pueda aplicar la ley.
 
16/SA/GGQ








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