Violencia política

REPORTAJE
Participación Política de las Mujeres
   No basta el 50-50
Candidatas necesitan dinero y tiempo en medios
Foto retomada del sitio cincodias.com
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/08/2016

Desde 2015, igual número de mujeres y hombres compiten en las elecciones para elegir senadurías y diputaciones locales y federales, se logró la paridad, sin embargo en cuestión de recursos económicos para las campañas la equidad aún no llega. En 2015, los candidatos de los 10 partidos con registro nacional recibieron 28 millones de pesos más que las candidatas, como lo demostró un diagnóstico realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
 
Tampoco se ha logrado que accedan a los tiempos en radio y televisión en igualdad de condiciones, importante factor de influencia en el electorado, tal como sucedió en las campañas a diputaciones federales, realizadas en los meses de abril y junio de 2015, según reveló un monitoreo del Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
CANDIDATOS, PREFERIDOS DE LOS MEDIOS
 
El monitoreo del INE, que  analizó las campañas para diputaciones federales del 5 de abril al 3 de junio de 2015, dejó claro que los medios prefieren dar voz a los candidatos varones, lo que constituye una de las muchas barreras que enfrentan las mujeres que compiten por cargos de elección.  
 
Dicho monitoreo, que el INE encarga a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), incluyó por primera vez la variable de género.
 
En esas campañas, de las 95 mil 349 notas, entrevistas o reportajes transmitidos y monitoreados en radio y televisión, 7 mil 502 se dedicaron a las candidatas y 16 mil 581 a los candidatos, es decir, apenas 8 por ciento de las notas hablaron de las mujeres y un 17 por ciento de los hombres. El resto fue para ambos o no incluyó género. 
 
En cuanto a tiempo en radio y televisión, se registraron 277 horas, 24 minutos, 26 segundos para candidatas mientras que los candidatos tuvieron más del doble de tiempo al sumar 595 horas, 50 minutos, 48 segundos para candidatos.
 
RECOMENDACIONES NO BASTAN
 
Los resultados del monitoreo solicitado por el INE a la UNAM dejaron  claro que los concesionarios de medios de comunicación electrónicos no atendieron las recomendaciones que hizo la  autoridad electoral antes de los comicios para que la cobertura se hiciera en condiciones de igualdad para ambos sexos y sin discriminación. 
 
De ahí que, de cara a las elecciones de 2018, las mujeres pidan que los partidos sean conscientes de estas diferencias y actúen según la desoída recomendación del INE.
 
Sofía Palau Cardona, investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), señala que la necesidad de impulsar la presencia de las mujeres en los medios pero tomando en cuenta las condiciones de las empresas comunicativas.  
 
Señala que el observatorio electoral del ITESO de 2015 analizó los titulares de las notas electorales a nivel local y nacional y encontró que la aparición de términos como “candidatas”, “género” o “paridad” era prácticamente mínimas; mientras que palabras como “INE”, “candidatos” y “partidos” sobresalieron.
 
Sin embargo, argumenta la investigadora, si bien hay una pretensión de cobertura equitativa, en los medios hay unos criterios para publicar lo que es noticia y las abanderadas no son noticia, a menos que estén en un escándalo, tengan posibilidades de ganar la elección o presenten un buen proyecto político.
 
¡CUIDADO CON LOS CONTENIDOS!
 
María del Carmen Alanís Figuera, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dice que, además del tiempo en medios, se debe hacer un análisis de los contenidos, porque las agrupaciones políticas hacen campañas que utilizan los cuerpos de las mujeres para reforzar los estereotipos de género.
 
Como ejemplo, dice, este año en Quintana Roo un simpatizante de Carlos Joaquín González, candidato a gobernador de la alianza de los partidos  Acción Nacional y de la Revolución Democrática difundió fotografías en las redes sociales con el mensaje “Si votas, te toca”, colocado en el trasero de las mujeres una imagen con el logo de los partidos.
 
En otro ejemplo, durante el cierre de campaña del Partido Nueva Alianza para la elección de diputados constituyentes en la Ciudad de México, el partido llevó a edecanes con el torso desnudo y pintado con la técnica del body paint con los colores partidistas. En este caso las mujeres declararon que era una “estrategia artística” para atraer la atención.
 
Alanís Figueroa alerta que estas campañas sexistas incitan a reproducir los estereotipos e incentivan la discriminación hacia las mujeres.
 
COMUNICACIÓN ANDROCENTRISTA
 
Aimée Vega Montiel, investigadora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades (CIIECH) de la UNAM, asegura que la cobertura que los medios hacen a las candidatas está marcada por una “comunicación política androcentrista”, porque los esquemas de género dominan también en las rutinas de producción y en los contenidos de la prensa, la radio y la televisión.
 
De acuerdo con su análisis, una de las imágenes más comunes en los spots partidarios es la que relaciona a las candidatas con temas como “la familia”, “el bienestar social”, “la salud” y “las relaciones humanas”, y difícilmente en áreas como la economía, la política, la ciencia y la tecnología, presuntamente  de dominio masculino.
 
A ello se suma, dice Vega Montiel, prácticas comunes de los medios, como hacer alusión a su situación marital de las candidatas y poner énfasis en su apariencia física, su ropa, corte de cabello y hasta su maquillaje, un discurso donde se cuestiona su viabilidad para gobernar y aunque en general no están inmersas en campañas sucias, si compiten, el costo puede ser su carrera política.
 
Por eso, dice la académica, es necesario que el monitoreo del INE incluya variables cualitativas, que permitan identificar cómo se valora la participación política de las mujeres en comparación con la masculina, a qué estereotipos de género se asocian, y de ahí retomar estrategias para incidir en el cambio.
 
Y una vez que se logre la equidad en el acceso a recursos financieros  y tiempo en medios de comunicación, seguirá el trabajo por construir mensajes que acaben con estereotipos y reivindiquen la agenda de las mujeres.
 
16/AGM/GGQ








ESTADOS
Participación Política de las Mujeres
   Y dar garantías a su mandato
Gobierno de Chiapas, obligado a proteger la integridad de alcaldesa Rosa Pérez
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/08/2016

El gobierno de Chiapas debe atender los casos de violencia política de género y tiene la obligación de proteger la integridad física y moral de Rosa Pérez Pérez, la alcaldesa del municipio de Chenalhó, reinstalada en su cargo tres meses después de que fue forzada a pedir licencia indefinida, asegura la activista Elva Narcia Cancino.
 
La integrante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), integrada por académicas, activistas y políticas, afirma en entrevista que el gobierno de Manuel Velasco debe facilitar la pronta y eficaz gestión de las instituciones para atender el malestar de la población, que habría orillado a Rosa a retirarse del cargo. Recuerda que no es el único caso en el estado.
 
A decir de la activista, quien ha acompañado la denuncia de la alcaldesa, lo que le ocurrió a Rosa Pérez jamás debió acontecer, pero hoy el Ejecutivo estatal tiene la responsabilidad de garantizar la integridad física y moral de la alcaldesa, de su familia y de sus colaboradores en un municipio donde hay grandes conflictos sociales.
 
Desde abril pasado un grupo de pobladores comenzaron a realizar actos vandálicos e incluso secuestraron a dos legisladores locales para obligar a la alcaldesa a renunciar, por supuestamente no cumplir sus promesas de campaña, aunque ella aseguró que en realidad fue una táctica de síndico Miguel Santiz Álvarez para quitarla del cargo. 
 
Como resultado, el pasado 25 de mayo Pérez Pérez presentó al Congreso una solicitud de licencia, pero después presentó un juicio por la violación a sus derechos políticos y el 17 de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó su reinstalación.
 
GARANTÍAS A SU MANDATO
 
Tras la orden del TEPJF, la Repare urgió a las instancias correspondientes que giren de inmediato medidas precautorias y cautelares y dijo que el gobierno del estado tiene en sus manos una oportunidad histórica de allanar el camino para que la primera mujer electa democráticamente en Chenalhó concluya su mandato sin traspiés.  
 
El reto para el gobierno del estado, dijo Repare en un comunicado, es “prevenir, contener, evitar el resurgimiento de la violencia en Chenalhó, para lo cual se requiere oficio e intervención política, de operadores que trabajen a favor de la paz y que estén a la altura de las circunstancias”. 
 
Considera Narcia Cancino que la autoridad estatal tiene que formalizar la restitución al cargo de Rosa Pérez, que la ceremonia tenga lugar en el edificio municipal de la cabecera de Chenalhó, con la participación del gobernador, Manuel Velasco; del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Ramírez; del secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez, y de las y los titulares de otras dependencias.
 
Todavía  no hay fecha para su reinstalación, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral está enviando los oficios correspondientes a las autoridades locales donde informa que Rosa debe seguir en el cargo. Por ello, Repare se reúne este viernes con representantes del Gobierno estatal, quienes presentará sus propuestas de ruta crítica.
 
Entre las propuestas están: garantizar que Pérez Pérez pueda disponer de los recursos municipales retenidos, para destinarlos de inmediato a obra pública y al pago de adeudos con artesanas, que se nombre un  subsecretario de Gobierno que trabaje a favor de la reconciliación y de la paz.
 
Asimismo, que se nombre un comisionado para el diálogo y acuerdos entre los grupos de conflicto, capaz de diagnosticar e identificar el problema y las causas que lo producen y que trabaje en la reconciliación. Cabe recordar que fue en este municipio donde ocurrió la masacre de Acteal en 1997, donde asesinaron a 45 indígenas tzotziles, la mayoría mujeres, incluidas algunas embarazadas.
 
La restitución de poderes de la alcaldesa, considera Narcia Cancino, debe ser vista como una oportunidad para empoderar la gestión de una mujer y mandar señales a los ciudadanos de los municipios chiapanecos, principalmente indígenas, de que una mujer puede hacer un buen gobierno.
 
Repare consideró que lo ocurrido a Rosa Pérez forma parte de un cuadro conflictivo de violencia política en contra de las mujeres gobernantes en el estado de Chiapas, donde ella representa el extremo visible de un problema grave que se extiende por todo el territorio estatal, sin que sea atendido por el gobierno del estado, ya que carece de instituciones que respondan ante los problemas de violencia política contra las mujeres.
 
Al menos 10 mujeres, entre sindicas y regidoras, están siendo violentadas, sin que ninguna institución les dé garantías de justicia. Por ejemplo, en  Chamula, Malpaso, Reforma, Tecpatán, Amatenango del Valle, Oxchuc, San Cristóbal de las Casas y Las Rosas, las regidoras o sindicas son violentadas al grado que ellas no ejercen los cargos para los que fueron electas el año pasado y son sus pares varones los que toman las decisiones.
 
16/AGM/GG








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Violencia política motivó su renuncia
Restituyen a Rosa Pérez como alcaldesa de Chenalhó, pero faltan garantías de seguridad
Rosa Pérez Pérez presidenta municipal de San Pedro Chenalhó | Imagen retomada del sitio elcentinela.com.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/08/2016

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la inmediata reincorporación de Rosa Pérez Pérez como presidenta municipal del municipio de Chenalhó, en el estado Chiapas, quien fue víctima de violencia política y obligada a renunciar a su cargo hace tres meses.
 
En la sesión de este 17 de agosto, la magistrada y los magistrados del TEPJF consideraron que la alcaldesa electa renunció contra su voluntad, bajo presión y por violencia política y de género, por lo que decidieron revocar el decreto 216 emitido por la Legislatura del Congreso de Chiapas, que aprobó su dimisión.

El pasado 25 de mayo, Pérez Pérez presentó al Congreso una solicitud de licencia, a cambio de que los pobladores dejaran en libertad al diputado Eduardo Ramírez Aguilar y al coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Arturo Penagos, a quienes tenían secuestrados.
Tras la resolución del Tribunal, la alcaldesa difundió un video en redes sociales, en donde explica que las agresiones en su contra comenzaron desde abril de 2016, cuando un grupo minoritario de personas pretendía su destitución, por lo que tomaron y vandalizaron el Palacio municipal, hicieron quema de casas y  secuestraron a dos legisladores.
 
En el video, Rosa Pérez afirma que la violencia en su contra se debió a que el síndico Miguel Santiz Álvarez no aceptó que una mujer asumiera la autoridad municipal y por eso, de  manera ilegal, logró la renuncia de la alcaldesa y que se le nombrara a él como alcalde sustituto.
 
Hace también un llamado al diálogo y al reconocimiento de la resolución. “Hoy comienza una nueva etapa para la vida política y social en San Pedro Chenalhó. Mi compromiso ahora es por la gobernabilidad, la paz de nuestras comunidades, por la inclusión de todas las fuerzas políticas para lograr la unidad de nuestros hermanos”.
 
EL FALLO
 
En el análisis del caso, el Tribunal Electoral consideró que los hechos de violencia fueron determinantes para que Rosa Pérez se viera forzada a firmar el escrito de renuncia, aunque no había justificación constitucional ni legal para ello. 

En el fallo también se pidió al gobernador Manuel Velasco que se generen condiciones de seguridad, para que la presidenta municipal y  el cabildo puedan ejercer el cargo en un ambiente de tranquilidad. 
 
Durante el debate, la magistrada María del Carmen Alanís coincidió en que hubo violencia política de género y que a  Pérez no se le permitió el derecho de ejercer el cargo para el cual fue electa en julio de 2015. La sentencia, dijo, manda el mensaje claro de que ser de mujer no debe ser obstáculo para desempeñar un cargo público.

En estos casos, dijo Alanís, se debe garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y que las autoridades electorales dicten y, en su caso ejecuten, medidas para prevenir daños mayores a las víctimas, sus familiares y personas vinculadas con sus campañas y/o cargos públicos.

El magistrado Manuel González Oropeza afirmó que la alcaldesa corrió peligro de ser quemada viva, por lo que escapó y que la licencia solicitada no cumplió ningún requisito de ley, no recibió calificación del Congreso ni del Ayuntamiento y no hubo argumento para justificar la ausencia; esta se aceptó automáticamente. 

El magistrado Pedro Esteban Penagos habló de coacción y violencia política y el magistrado Flavio Galván afirmó que se debe revisar el sistema electoral, el de partidos y la responsabilidad de los servidores públicos. No es admisible la conducta violenta de ciudadanos que pretenden ejercer justicia por propia mano”, dijo.

El magistrado presidente Constancio Carrasco Daza destacó la  violencia física y violencia moral registrados en San Pedro Chenalhó para exigir la renuncia de la alcaldesa electa. La oposición contra su gobierno tuvo que ver con su condición de mujer. 
 
FALTAN GARANTÍAS
 
La Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) –organización integrada por mujeres políticas, académicas y activistas– aplaudió  la sentencia y aseguró que no es suficiente la restitución sino que las autoridades competentes deben otorgar garantías de seguridad a ella, su familia y colaboradores.
 
Para esta red de promotoras de la participación política de las mujeres chiapanecas, la manera como Rosa Pérez fue obligada a retirarse del cargo violentó la legalidad y el Estado de derecho y no puede ser tolerada en un Estado democrático.
 
La agrupación advirtió que aún hay muchos riesgos y por eso exigió al Gobernador, al Congreso, al secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y al Procurador General de Justicia del estado, Raciel López Salazar, que realicen las acciones pertinentes para que la alcaldesa pueda continuar con la responsabilidad que le otorgó la ciudadanía que votó por ella.
 
16/AGM/GGQ








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Inicia análisis de 12 iniciativas
Busca el Congreso definir y tipificar la violencia política de género
Foto: cortesía Senado de la República
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/08/2016

En respuesta al incremento de la violencia contra las mujeres que participan en política y a las 103 denuncias que se presentaron tan solo este año  por esas agresiones, el Congreso instaló esta mañana una mesa de trabajo para analizar las siete iniciativas presentadas en el Senado y las cinco en la Cámara de Diputados en los últimos tres años, con el fin de definir y tipificar la violencia política de género.
 
Las doce iniciativas fueron presentadas desde febrero de 2013 hasta agosto de 2016, con el propósito de modificar las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral  y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
La mesa de trabajo pretende analizar las 12 iniciativas, para que en el próximo periodo de sesiones ordinarias, que inicia este 1 de septiembre, ambas Cámaras las discutan y dictaminen.
 
El análisis legislativo será respaldado por la Consejería Jurídica Federal, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), entre otros organismos.
 
La senadora Diva Hadamira Gastélum, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, afirmó que el propósito de la mesa es hacer un traje a la medida para esta problemática que se presenta en todo el país.
 
Señaló que desde hace dos años la Cámara alta ha impulsado la definición y tipificación de este concepto, por ello aseguró que la mesa de trabajo con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, presidida por la priista Laura Nereida Plascencia Pacheco, permanecerá hasta que se alcance el objetivo final. 
 
PASO A PASO
 
La participación política femenina ha tenido avances, como la reforma político electoral de 2014 y las Leyes Generales de Partidos Políticos y de Instituciones y Procedimientos Electorales, que obligó a los partidos políticos a que 50 por ciento de sus  candidaturas a diputaciones federales y locales sean ocupadas por mujeres.    
 
Resultado de que la paridad sea un principio constitucional, la Cámara de Diputados está conformada por 42.4 por ciento de mujeres y el Senado por 32 por ciento. Sin embargo, frente a ello, crecieron también las barreras.
 
Ejemplo de estos obstáculos, recordó Lorena Cruz Sánchez, presidenta de Inmujeres, son los casos que se presentaron durante las jornadas electorales de 2015 y 2016, cuando los partidos obligaron a las mujeres a firmar sus renuncias y cuando varias candidatas fueron hostigadas para abandonar sus aspiraciones.
 
“Es indignante que los hombres amenacen, ataquen e insulten a las mujeres que ostentan cargos públicos o que, por su participación en los comicios, se impida la instalación de casillas, se boicotee el voto y se les niegue que tomen posesión de los cargos cuando son electas”, dijo Cruz Sánchez.
 
Hasta hoy, frente a esto, debido a que no está reconocida la violencia política contra las mujeres políticas, las aspirantes, candidatas o funcionarias electas recurren a los tribunales, en algunos casos buscan justicia en la Fepade.
 
Ante la falta de un tipo penal, en marzo pasado diversas instituciones electorales y dependencias federales como el TEPJF, la Fepade, el Inmujeres y el Instituto Nacional Electoral (INE) elaboraron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres a fin de establecer una ruta de denuncia y atención en estos casos.
 
De ahí la necesidad, dijo el magistrado presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, de que exista una respuesta ejemplar que no permita la impunidad en los casos de agresiones hacia las mexicanas que se desenvuelven en la esfera pública.
 
El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, recordó que en las elecciones de 2015 se registraron 38 denuncias, las cuales revelan  que las conductas delictivas afectaron “de manera desproporcionada” a las mujeres mientras que en 2016 se documentaron 103 casos más.
 
Estamos, dijo el fiscal Nieto, ante un marco legal insuficiente para  abarcar todas las conductas denunciadas que afectan a las militantes de los partidos políticos o a las ciudadanas, lo que da como resultado una sensación de impunidad.
 
 
16/AGM/GGQ








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Senadoras van por protección de derechos político-electorales
Presentan iniciativa para recurrir a juicios por violencia política
Senadora Angélica de la Peña | Foto: Comunicación Social Senado de la República
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/08/2016

La senadoras Angélica de la Peña y Diva Hadamira Gastélum, presentaron una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual pretende que se pueda recurrir a juicios en materia electoral cuando las personas consideren que fueron víctimas de violencia política de género.
 
En la sesión de este miércoles, de la Comisión Permanente, las senadoras presentaron la propuesta toda vez que aseguraron que uno de los principales retos para las mujeres que participan en el ámbito político y que enfrentan violencia es el acceso a la justicia y la reparación del daño.
 
La iniciativa modifica el artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, añadiendo un inciso “e” que diga que se pueden presentar juicios ante los tribunales electorales alegando “la existencia de cualquier acto u omisión que constituya violencia política de género contra las mujeres con la finalidad de impedir o restringir el ejercicio de sus derechos político electorales”.
 
Tras las denuncias de violencia política durante el proceso electoral de junio pasado, las legisladoras pretenden que las candidatas o mujeres electas en los comicios que fueron víctimas de violencia por razones de género, tengan herramientas de impugnación ante las autoridades jurisdiccionales electorales.
 
A decir de la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, se ha visto que la vía más adecuada para impugnar este tipo de violencia son los “juicios para la protección de los derechos político-electorales”, un recurso constitucional para la defensa de esos derechos.
 
De acuerdo con las senadoras, en los procesos electorales 2015 y 2016 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), inició carpeta de investigación en 29 casos, en los que el común denominador fueron las amenazas, intimidación, ofensas, difamación, agresiones, y hasta asesinatos de mujeres que se atreven a disputar un encargo de representación popular.
 
En este sentido, al hablar en tribuna, la senadora De la Peña dijo que ya hay propuestas legislativas para modificar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y las Leyes Generales de Partidos Políticos; de Delitos Electorales; y de Instituciones y Procedimientos Electorales, y tipificar la violencia política de género.
 
“Ya hay un avance en cuatro ordenamientos que van a ser reformados, en un trabajo muy importante con la FEPADE, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente con la Sala Superior; por supuesto, con el Instituto Nacional de las Mujeres también, y con distintas expertas y, claro, también con las senadoras”, expuso la legisladora perredista.
 
Como conclusión, la senadora aseguró que se trabajará en conferencia con la Cámara de Diputados a fin de que en el próximo período de sesiones sea aprobado el paquete de reformas para establecer este delito y las sanciones aplicables, ya que es urgente garantizar la protección legal que necesitan todas estas mujeres que hoy están enfrentando violencia política.
 
A su vez la senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Diva Hadamira Gastélum, quien preside la Comisión para la Igualdad en el Senado, destacó que las mujeres que ejercen cargos públicos y de decisión también enfrentan atropellos y obstáculos para encontrar justicia porque no hay figuras legales que las respalden.
 
Como ejemplo, las senadoras citaron los casos de la presidenta municipal de Chenalhó, Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien en mayo pasado presentó su “licencia al cargo”, luego de que durante cinco días, habitantes de la localidad tzotzil mantuvieran tomada la alcaldía, las instalaciones del DIF y el juzgado de paz y conciliación indígena en demanda de su destitución por “no cumplir lo que en campaña prometió.
 
En Chiapas también renunció la alcaldesa del municipio de Oxchuc María Gloria Gómez Sánchez; en el municipio de Tila pobladores destituyeron a Fabiola Vázquez Ortíz, con lujo de violencia sin que haya un sólo detenido; y en el municipio de Chanal, la presidenta municipal Olga Gómez renunció para que el cargo lo ocupara su esposo, que se desempeñaba como síndico.
 
Además de estos casos en Chiapas, Morelos y Oaxaca, hay mujeres que ocupan cargos edilicios, que han sido violentadas y que han optado por presentar juicios ante las autoridades electorales en busca de una respuesta. La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos.
 
16/AGM/LGL








NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Legisladoras se suman al llamado para que SCJN integre ternas con mujeres
Senado intervendrá en caso de violencia política contra magistrada
En conferencia de prensa las senadoras Marcela Torres Peimbert, Angélica de la Peña y Martha Tagle | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/08/2016

Las senadoras Angélica de la Peña, Martha Tagle y Marcela Torres Peimbert aseguraron que el Senado tomará acciones en el caso de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, violentada por sus colegas.
 
Así lo dijeron luego de participar en una conferencia de prensa que se realizó esta tarde en la Cámara alta para llamar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a integrar a las mujeres en las siete ternas para ocupar el cargo de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Marcela Torres Peimbert, dijo que son lamentables casos como el de la magistrada toda vez que demuestra que en México hay muchos casos de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos.
 
El 30 de marzo el TEPJF emitió una sentencia donde acreditó que la magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes fue víctima de violencia política por parte de sus pares magistrados.
 
De acuerdo con la denuncia los magistrados Oskar Kalixto Sánchez y Rigoberto Garza de Lira, así como el secretario del organismo Joel Valentín Jiménez Almanza, violentaron a la magistrada, le aseguraron sus oficinas y le impidieron el acceso a información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su función.
 
Al resolver el caso la Sala Superior del TEPJF determinó dar vista al Senado y a la Contraloría Interna del Tribunal de San Luis Potosí para que revisen ese caso de violencia, acoso, discriminación e inequidad política.
 
Al respecto la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, expuso que el Senado no ha tomado una determinación porque la investigación de los hechos aún no concluye ya que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) abrió una investigación.
 
La Fepade, que depende de la Procuraduría General de la República, investiga al secretario de Acuerdos del Tribunal Electoral estatal; y por otra parte los magistrados impugnaron la sentencia que emitió el TEPJF (la del 30 de marzo). Ambas investigaciones deben concluirse para que el Senado pueda tomar acciones.
 
Cabe recordar que en mayo, el magistrado Oskar Kalixto Sánchez, presentó un juicio ante la Sala Superior del TEPJF por supuestos actos de intimidación de la magistrada, quien llevó a personal de la Fepade a las instalaciones del organismo; demanda que en junio fue desechada porque se presentó de forma extemporánea. 
 
Sobre este tema la senadora independiente Martha Tagle, explicó que la investigación en el Senado se ha retrasado porque no hay proceso claro para seguir este tipo de casos; sin embargo ya hizo un exhorto para que la Mesa Directiva lo conozca.
 

En conferencia de prensa las senadoras junto con integrantes de la Red Mujeres en Plural llamaron a la SCJN a integrar a las mujeres en las siete ternas para ocupar el cargo de magistrados | CIMACFoto: César Martínez López

La propuesta de la senadora es que el caso sea enviado a la Comisión de Justicia y luego a la Junta de Coordinación Política para que determinen cuál será la sanción contra los dos magistrados que incurrieron en violencia política contra la magistrada.
 
Por otra parte integrantes de la Red Mujeres en Plural, que acompañaron a las senadoras en su llamado sobre el proceso de elección de magistrados, reiteraron que estarán vigilantes del proceso de elección de magistrados electorales que deberán ser electos para ocupar el cargo a partir del 4 de noviembre.
 
16/AGM/LGL








ESTADOS
Participación Política de las Mujeres
   Alcalde dice “no querer a una mujer en ese puesto”
Impiden a indígenas oaxaqueñas ejercer cargo de agentes municipales
Agustina Castellanos Zaragoza | Foto retomada del sitio primeralinea.mx
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/08/2016

En diciembre de 2015 la indígena mazateca Agustina Castellanos Zaragoza fue electa para ser agente municipal de San Felipe Zihualtepec, una localidad ubicada en el municipio de San Juan Cotzocón, en el estado de Oaxaca; sin embargo, sólo ejerció el cargo 109 días porque el alcalde, Eleazar Poblano Celis, “no quiso a una mujer en ese puesto”.  
 
Ante la violencia en su contra, desde mayo pasado, Agustina junto con las integrantes de su planilla, su suplente Cecilia Fermín Bautista y la alcalde municipal propietaria Estela Muñoz Rubio, y su suplente Petra Martínez Marcelino, acudieron a las instituciones electorales para solicitar su reinstalación, un proceso que ya lleva cuatro meses. 
 
Así lo expone en una relatoría de hechos que entregó al Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) y según se deprende del juicio que presentó ante las autoridades electorales estatales y federales, a quienes pide que se haga valer su derecho a realizar las funciones para las cuales fue electa.
 
En marzo de este año, el Tribunal Electoral de Oaxaca resolvió el juicio a favor de las mujeres y señaló que debían seguir en sus cargos, pero eso no sucedió, por lo que las agraviadas ahora acudieron a la recién creada Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas que depende del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 
VIOLENCIA POLÍTICA
 
El 13 de diciembre del año pasado Agustina y las tres mujeres fueron electas a través del sistema normativo indígena, es decir, por medio de una Asamblea Comunitaria. Ellas fueron designadas para ejercer el cargo durante un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, pero ni siquiera cumplieron la mitad de su gestión.
 
De acuerdo con la información que la también profesora jubilada– dio al IMO, en esa elección participaron cuatro planillas: dos integradas por hombres, otra mixta y la que ella encabezó, conformada por cuatro mujeres. Al resultar triunfadoras, por primera vez en la localidad hubo cuatro gobernantes mujeres.
 
A decir de Agustina, desde el inicio de la campaña el presidente municipal de San Juan Cotzocón, Eleazar Poblano Celis, formó su propia planilla para que compitiera por la agencia, aquella encabezada por Heraclio Uriarte Gaspar, pero al ver que las cuatro mujeres eran apoyadas por la población comenzaron las agresiones con rumores que cuestionaban que una mujer “fuera a mandar”.
 
Aún así resultó triunfadora y el 16 de enero tomó protesta del cargo. A finales del mes organizó la primera Asamblea General para informar los horarios de atención de la agencia municipal, quiénes participarían como policías, quién sería la secretaria y cómo se organizarían los cobros, además de invitar a la gente a participar en las actividades de faena (trabajo comunitario).
 
La primera faena se realizó el 13 de febrero cuando la gente acudió al campo de futbol donde se hizo limpieza y se cercó con postes de madera, además se levantó el alambrado de una clínica que está abandonada.
 
Al siguiente día se realizó una segunda asamblea para informar de las acciones realizadas pero algunos pobladores le reclamaron que no estaba resolviendo problemas de la comunidad como falta de orden en el panteón y en las cantinas del pueblo.
 
Después de ese día hubo personas que reiteradamente le señalaron supuestas fallas y esparcieron rumores para hacer ver que una mujer no podía gobernar. En ese mes, el presidente municipal le llamó por teléfono para decirle que no estaba haciendo buen uso de los recursos; como consecuencia el 26 de abril le llegó un oficio donde le comunicó la suspensión del financiamiento.
 
Lo que motivó la suspensión de los recursos fue un escrito de inconformidad firmado por un grupo de vecinos de la agencia, en la que manifestaban un supuesto mal manejo de una donación de 150 mil pesos que la cervecería Cuauhtémoc- Moctezuma dio a la agencia municipal, y que ella asegura, fue invertido en beneficio de la comunidad.
 
La tarde del 28 de abril se celebró una Asamblea comunitaria en la agencia de San Felipe Zihualtepec, en la que el pueblo exigió saber dónde estaba el dinero. Tras los reclamos, los gritos se convirtieron en insultos y luego en amenazas de muerte. A ella intentaron golpearla y desnudarla por lo que tuvo que salir huyendo del lugar.
 
Ese mismo día mientras la gente del pueblo tomó la oficina de la agencia, el Consejo Municipal determinó desconocer a Agustina y a su cabildo, y solicitar la intervención del presidente municipal Poblano Celis, para elegir a su nueva autoridad.
 
DERECHO A EJERCER EL CARGO
 
Después de los hechos Agustina intentó interponer una denuncia penal pero en la Fiscalía General de Oaxaca no la atendieron por lo que se dirigió con el presidente municipal –mismo que considera está atrás de los ataques– quien le dijo que intervendría y le aclaró que si la agencia no tenía recursos es porque ella no había pasado por los cheques.
 
Así Poblano Celis convocó a una Asamblea extraordinaria el 4 de mayo en la localidad, en la que los asistentes informaron a Agustina y a su equipo de trabajo que fueron destituidas y que en la Asamblea del 29 de abril se eligieron nuevas autoridades.
 
Ante el acto de ilegalidad, las mujeres interpusieron un juicio (29/2016 y 31/2016) ante el Instituto Electoral de Oaxaca, institución que las ratificó en su nombramiento, sin embargo en junio pasado la resolución fue impugnada por los nuevos funcionarios ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF.
 
En este nuevo proceso los magistrados electorales revocaron la sentencia anterior para proteger el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas que destituyeron a la agente municipal y su equipo.
 
Al conocer la resolución Agustina pidió asesoría a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas TEPJF, encargada de apoyar o defender los derechos político electorales de las comunidades indígenas.
 
Ahora el caso fue enviado a la Sala Superior del Tribunal Electoral que esta semana podría resolverlo, en esta ocasión considerando los derechos de los pueblos indígenas que se rigen por usos y costumbres pero también aplicando el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.
 
16/AGM/LGL








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