Comprometido Gil Díaz con mujeres para integrar grupo de trabajo

    Se pretende formular políticas económicas con perspectiva de género
Comprometido Gil Díaz con mujeres para integrar grupo de trabajo
Por: Sonia del Valle
cimac | Monterrey.- 22/03/2002

El secretario de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP), Francisco Gil Díaz, convino con organizaciones civiles de mujeres en reunión informal, integrar un grupo de trabajo a fin de que se pueda formular el presupuesto nacional desde la perspectiva de género.

Dicha propuesta fue también promovida por la directora Ejecutiva del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Noeleen Heyzer, en la que trabajan redes mexicanas como la Coordinación Nacional de Organizaciones de Mujeres por un Milenio Feminista, el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población y la Red de Género y Economía.

En el marco de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Diana Alvarez de Milenio Feminista sostuvo que Francisco Gil se comprometió con las organizaciones civiles a entablar un diálogo y formar una mesa de trabajo a fin de poder dar respuesta a políticas económicas con perspectiva de género.

Para las organizaciones civiles es importante elaborar presupuestos desde la perspectiva de género que consideren las diferentes características, necesidades e intereses de cada grupo social para que la derrama de recursos contribuya a eliminar las desigualdades y la discriminación que afecta, principalmente, a las mujeres.

Este tipo de presupuestos permite medir el impacto diferenciado que tiene el gasto del gobierno federal en los hombres, las mujeres, la infancia y adultos mayores. Para ello se requiere contar con diagnósticos e indicadores que reflejen la situación y características de los diferentes grupos de edad y sociales, a quienes van dirigidos los recursos.

A decir de las organizaciones de mujeres, este tipo de presupuestos favorece la equidad, ya que propone la asignación de recursos para generar igualdad de oportunidades y cerrar las brechas existentes; apoya la eficiencia de las instituciones porque permite diferenciar las necesidades, condiciones e impactos en cada grupo de la población.

Igualmente fortalece la transparencia presupuestal porque requiere de un verdadero acceso a la información gubernamental y facilita la rendición de cuentas.







       
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