Confían en compromiso cabal a favor de Inés y Valentina

   Cejil y otras OSC esperan acto público sin simulaciones
Confían en compromiso cabal a favor de Inés y Valentina
Por: Anayeli García Martínez
CIMAC | México, DF.- 22/11/2011

Agustín Martin, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), confió en que el nuevo secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, cumpla con el acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en las violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo.

En el mismo sentido, organizaciones civiles nacionales e internacionales exigieron al Ejecutivo federal que realice un evento donde reconozca su responsabilidad, garantice la presencia de autoridades de alto nivel y se comprometa a reparar la agresión contra las mujeres tlapanecas, quienes fueron víctimas de violación sexual a manos de militares, en Guerrero en el 2002.

Hasta el momento no hay fecha prevista para realizar el acto público a favor de Inés y de Valentina, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en sus sentencias de octubre de 2010 contra el Estado mexicano.

Sin embargo, en una carta pública los grupos civiles informaron que Valentina Rosendo presentó a la Secretaría de Gobernación (Segob) una propuesta para que el evento de reconocimiento de responsabilidad se realice antes de fin de año.

La indígena solicitó que en el acto estén presentes altos funcionarios, como Felipe Calderón y los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales, entre otros.

DIÁLOGO

Martin, integrante de Cejil –organización que junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan litigó el caso de las dos indígenas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y luego ante la CoIDH–, afirmó que el diálogo y las negociaciones entre las víctimas, sus representantes legales y la Segob, debe continuar.

En la misiva, las organizaciones firmantes –entre ellas Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Amnistía internacional, y el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy–, dijeron que el acto público es una de las medidas de reparación más trascendentales.

"Su relevancia se debe a que para las víctimas es un evento solemne y público en el cual el Estado reconoce la veracidad de su denuncia y reafirma públicamente el compromiso del Estado con el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y el combate a la violencia en contra de las mujeres", añadieron.

Además recordaron que en las sentencias por lo casos de desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla, y por el feminicidio de Campo Algodonero, se ordenó el mismo acto, pero no se cumplió con las expectativas de las víctimas ni con los mínimos ordenados por la CoIDH.

El pasado 17 de noviembre, el encargado de despacho de la Segob, Juan Marcos Gutiérrez, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, encabezaron un acto de reconocimiento a favor de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada a manos del Ejército en 1974.

Sin embargo en el evento no estuvo presente la familia de Radilla ni las organizaciones civiles, quienes no acudieron porque consideraron que el acto no cumplía con sus expectativas.

Lo mismo sucedió el pasado 7 de noviembre en el acto en memoria de las tres víctimas de feminicidio en el predio conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez. El evento fue encabezado por el recién fallecido subsecretario de Derechos Humanos, Felipe Zamora.

En este caso el monumento en memoria de las víctimas estuvo inconcluso, ya que no se incluyeron los nombres de todas las mujeres desaparecidas y asesinadas desde 1993 en Juárez. Tampoco asistieron las familias de las víctimas ni sus representantes legales, y quienes sí acudieron fue para reprochar la falta de justicia en los casos de feminicidio.

En la carta, también firmada por los analistas Carlos Fazio y Gilberto López y Rivas, el general Francisco Gallardo, el activista Miguel Concha y el obispo Raúl Vera, se pide que estos actos cuenten con la presencia de diversos actores sociales y políticos, sean públicos y transmitidos por diversos medios de comunicación.



11/AGM/RMB