Llegó el momento de saldar la deuda con trabajadoras del hogar

Especial - Trabajo del Hogar
   Una lucha de 100 años por mejores condiciones laborales
Llegó el momento de saldar la deuda con trabajadoras del hogar
Por: Guadalupe Cruz Jaimes
CIMAC | México DF.- 13/08/2010

A 100 años de la revolución mexicana, las trabajadoras del hogar organizadas reiteran su exigencia de justicia laboral, la cual fue ignorada por las autoridades de la época. "Ahora, es momento de saldar la deuda, las mujeres que desempeñan esta labor no pueden esperar un siglo más", señaló Mary Golsdmith, académica especializada en el tema.

En entrevista Goldsmith, coordinadora de la especialización y maestría en estudios de la mujer, de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco (UAM-X), refirió que en el año del centenario de la revolución del país, "proliferan actos de festejo, pero también de cuestionamiento sobre los sectores ignorados, entre ellos las trabajadoras del hogar".

-¿Cuándo comenzó la organización de las trabajadoras del hogar?

-La lucha de las trabajadoras del hogar por justicia laboral, tiene una larga historia, no es algo nuevo. Alentadas por la revolución y por los derechos reconocidos en la Constitución de 1917, específicamente en el artículo 123, las trabajadoras y trabajadores domésticos formaron sindicatos en casi todos los estados de la república.

Algunas eran de ideas más avanzadas que otras, estaban inspiradas en el pensamiento anarcosindicalista y ponían en primer plano, no sólo los derechos de las y los trabajadores, también los derechos de las mujeres.

Desde los años 30 reclamaban un salario digno, una jornada de ocho horas, inspiradas en el 123 constitucional, pero el no reconocimiento de su labor como una actividad económica las excluyó del goce de derechos que tiene el resto de la clase trabajadora.

Y es que se basaban en la noción de que el trabajo en el hogar, realmente no es un trabajo, sino una actividad casi natural de todas las mujeres.

A pesar de que en la Ley Federal del Trabajo y en la Carta Magna el trabajo doméstico remunerado es considerado trabajo, las leyes son muy tibias con respecto a sus derechos porque prevalece la idea de que es una ayuda a otras mujeres.

En consecuencia, las personas que lo realizan tienen en primer lugar obligaciones y luego derechos, los cuales se convierten casi en favores.

-¿A que se debe la desvalorización del trabajo en e hogar remunerado?

-El trabajo del hogar remunerado es emblemático de la explotación de clase, género y de raza, por ello se cree que las trabajadoras del hogar son ciudadanas de segunda y hasta de quinta categoría, en el caso de las mujeres indígenas.

Entonces, lo que para otros son derechos, para las trabajadoras del hogar a menudo lo tratan como favores por parte de sus empleadores, les hacen el favor de darles un empleo, de proporcionarles alimentos y una habitación, en lugar de considerarlo como una prestación necesaria si trabajas de planta.

Esta noción prevalece desde que la lucha de las trabajadoras del hogar durante las primeras décadas y hasta mediados del siglo XX, que no sólo se dio en México, también se registró en la mayoría de los países de Latinoamérica, como Bolivia, Chile, Brasil, pero quedó pendiente esta deuda.

-¿Porqué la resistencia a otorgarles iguales derechos que posee el resto de las y los trabajadores?

-Ello se debe a dos factores que se mezclan, el primero es que consideran que el trabajo doméstico remunerado es natural a las mujeres e invisible, porque no se considera actividad económica.

El segundo es que quienes legislan e incluso quienes están a cargo de impartir la justicia laboral, entran en un conflicto de intereses, pues en lugar de pensar como legisladores se piensan como patrones.

Quizás de manera inconsciente, terminan pensando más como empleadores que como legisladores y servidores públicos, que tienen responsabilidad ante la sociedad.

-¿Cuándo y de qué forma se rearticula la organización de las empleadas del hogar?

-En los años 60, las trabajadoras de América Latina comenzaron a organizarse otra vez, desde entonces han realizado sindicatos, grupos, federaciones, como en Bolivia y Brasil.

En 1988, se reunieron varias dirigentas nacionales de trabajadoras del hogar y formaron la Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar, con el propósito de fortalecer sus organizaciones, crear nuevos grupos para exigir colectivamente sus derechos.

En los veinte años que ha existido la Confederación, en la mayoría de sus 15 países afiliados, ha habido reformas laborales, las más completas son las de Costa Rica, Uruguay y Bolivia.

Estas reformas son muy importantes, porque ya no se otorga una legislación especial con derechos parciales, que las excluye de derechos, como salario profesional digno, también una jornada de ocho horas, días festivos, vacaciones, acceso a la seguridad social y el derecho a una jubilación digna.

-¿Existen diferencias entre la noción del trabajo doméstico remunerado que tenía el Legislativo y autoridades de principios de siglo pasado y las actuales?

-No se ha logrado que la postura de 1921 se mueva, es increíble que se puedan cambiar tantas cosas, pero respecto a las trabajadoras del hogar les siga pareciendo poco importante legislar las condiciones laborales de cerca de 2 millones de mexicanas.

Estamos frente gran oportunidad de resolver esta deuda, en 1965 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó a sus países miembro, crear una legislación más justa para el sector, que en aquel tiempo representaba el 25 por ciento de todas las trabajadoras de la región, actualmente es del 15 por ciento, pero muy pocos hicieron caso.

Sin embargo, en la pasada Conferencia Internacional de la OIT, que se realizó en junio pasado, por primera vez se discutió un instrumento que promueva un trabajo digno, donde las representantes de la Red Internacional de las Trabajadoras del Hogar asistieron a reclamar frente a centrales obreros y autoridades de trabajo que también merecen justicia laboral, y se acordó la creación de un convenio y una recomendación.

Ahora toca lograr la ratificación de los gobiernos para su aplicación.



10/GCJ/LR