Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio presentaron ayer miércoles su apelación formal a la sentencia de 21 años de prisión, impuesta en su contra el pasado 19 de febrero, por el supuesto «secuestro» de seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2006.
En un comunicado de prensa, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Fray Jacobo Daciano dieron a conocer hoy que asumen la defensa integral de ambas mujeres y que la apelación será resuelta en los próximos meses por el magistrado del tribunal unitario del vigésimo segundo circuito, Hanz Eduardo López Muñoz, quien ya tuvo conocimiento del caso
A las acciones de defensa de las mujeres hñahñús por parte de los centros de derechos humanos, se suma la campaña emprendida por Amnistía Internacional (AI) desde el pasado 12 de febrero, cuando las nombró «presas de conciencia», en busca de su inmediata liberación.
Los activistas añaden que la sentencia dictada por el juez Pedraza Longi contra Alberta y Teresa, confirma la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres indígenas frente al sistema de justicia mexicano. Un sistema profundamente discriminatorio y usado facciosamente para fabricar delitos e instaurar procedimientos irregulares e injustos contra quienes, como Teresa y Alberta, defienden legítima y dignamente sus derechos.
Es preocupante que en México las autoridades desconozcan el principio de presunción de inocencia. El juez Pedraza Longi, además de avalar las pruebas irregulares presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR), argumentó nuevamente que «Alberta y Teresa no han podido desvirtuar las acusaciones que pesaban en su contra». Es decir, decidió presuponer su culpabilidad antes que su inocencia y esas afirmaciones están fuera de lugar en un Estado democrático de derecho, sostienen.
Resulta también grave que se haya ordenado la reposición del procedimiento a causa de las «contradicciones sustanciales» en que incurrieron los agentes Afis y que éstas hayan persistido durante los careos procesales, dejando en claro incluso nuevos puntos de contradicción, que en su momento fueron señalados, y que no fueron tomados en cuenta por el juez que emitió la sentencia.
Los centros Prodh y Fray Jacobo Daciano subrayan que continuarán denunciando las violaciones a los derechos humanos en agravio de Alberta y Teresa, «cuya defensa integral asumimos a partir de hoy con la apelación ante el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, el cual deberá revocar la sentencia condenatoria y dictar la absoluta e inmediata liberación de ambas mujeres», concluye el comunicado.
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