Es «urgente» reestructurar el sistema de aportaciones para el seguro de enfermedad y maternidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) porque es insuficiente para cubrir la atención médica que requieren las y los derechohabientes, principalmente las trabajadoras y trabajadores pensionados, cuyos gastos médicos ascienden en promedio a 18 mil pesos cada año.
En entrevista, Miguel Ángel Sáenz, presidente del Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social (CAESS), señaló que cubrir dicha prestación social es una responsabilidad del gobierno del país, de la que «se deslindó» desde la última reforma a la ley del IMSS, en 1995.
A partir de las modificaciones a la Ley del Seguro Social de ese año, que entró en vigor en 1997, el gobierno federal, entonces encabezado por el priísta Ernesto Zedillo Ponce de León, en lugar de establecer la cuota necesaria para lograr el financiamiento adecuado, disminuyó la cuota patronal y en menor medida la de las y los trabajadores, aumentando la gubernamental «mínimamente».
A decir del especialista en seguridad social esta disminución tuvo el propósito de beneficiar al sector patronal, sin preveer que a futuro esta situación sería «insostenible» y en perjuicio de las y los derechohabientes.
El argumento que utilizó el gobierno federal fue que con la reducción de la cuota patronal aumentaría la creación de empleos y se pagarían mejores sueldos a las trabajadoras y trabajadores al disminuir la carga de la nómina para las empresas, «lo que por supuesto no sucedió», mencionó el presidente del CAESS.
Para «agravar» la situación, señaló Sáenz, la cuota del gobierno ha ido disminuyendo con los años porque se aplica con base al salario mínimo, que no se incrementa en la misma medida que los sueldos de las y los derechohabientes.
Además, en perjuicio de las y los trabajadores, mencionó, en la ley se fijó una cuota de 1.5 por ciento del salario base de cotización para cubrir la atención médica de las personas jubiladas y pensionadas, la cual «no es ni remotamente suficiente para cubrir el costo de la atención médica de esta población que por razones de edad y de costo del tratamiento de enfermedades crónico degenerativas, es más cara que la del personal activo.
De acuerdo con Miguel Ángel Sáenz, esta cuota no garantiza a las y los derechohabientes de la tercera edad que puedan tener la atención médica que necesitan en el IMSS, por lo que se requieren aportaciones más altas de parte de los patrones y del gobierno federal.
«El gobierno federal dice que se hace cargo de todos los jubilados y pensionados, pero no dijo también me hago cargo del seguro de enfermedades y maternidad como le correspondía», declaró el experto en el tema.
Recalcó que el gobierno federal tiene la obligación de hacerse cargo de las prestaciones sociales y entre ellas está la de ofrecer una atención médica de «calidad» para las y los trabajadores del país.
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