Incumple Estado Mexicano derecho a la salud

SALUD
   Cinco miradas de expertos en libro editado por Fundar
Incumple Estado Mexicano derecho a la salud
Por: Anayeli García Martínez
CIMAC | México, DF.- 23/02/2010

El acceso a la atención médica, medicamentos y en general a servicios de salud de calidad, no debe ser considerado una concesión, sino una obligación por parte del Estado mexicano y un derecho de las y los ciudadanos que no se resuelve con políticas asistencialistas, afirmó Cristina Pirker, socióloga e investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Durante la presentación del libro "Cinco miradas sobre el derecho a la salud" que se realizó en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Cristina Pirker junto con Marina Pérez Arguelles, coordinadora del proyecto, hablaron de los principios transversales de los derechos humanos en salud.

De acuerdo con las investigadoras los derechos humanos comparten preceptos básicos que los definen de forma integral. Es decir, en este caso el derecho a la salud aplica para todas y todos sin discriminación, para ejercerlo el Estado debe canalizar recursos monetarios, legales y humanos de forma adecuada y garantizar una rendición de cuentas clara y responsable.

Sin embargo, en el libro editado por Fundar, investigadores de la Fundación de Estudios Sociales para la Aplicación del Derecho (FESPAD) de El Salvador, el Centro de Investigación en Demografía y Salud (CIDS) de Nicaragua; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la Defensoría del Derecho a la Salud de Chiapas y el Centro Fray Julián Garcés de Tlaxcala, México dan cuenta de cómo estos principios no se cumplen.

En 1946 la Constitución de la Organización Mundial de la Salud señaló que "el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica social" y definió a la salud como "…un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y de enfermedades".

No obstante, para las organizaciones involucradas en este estudio, los Estados no tienen una perspectiva de derechos humanos, así lo demuestran las normas, políticas públicas, movilización de recursos financieros y humanos que no dan cumplimiento satisfactorio a los compromisos internacionales que han adquirido en la materia.

En este sentido Mariana Pérez hizo referencia a la investigación que realizo Fundar: "Sistema de Protección Social en Salud: ¿Avances para la realización del derecho a la salud en México?", en donde afirma que aunque la Secretaría de Salud debe atender a la población sin seguridad social, sus deficiencias estructurales -falta de personal, infraestructura y recursos- hacen que no responda a esa obligación.

Por ello, dijo, el gobierno de Vicente Fox puso en marcha en 2001 el Seguro Popular de Salud (SPS) que proveería de protección financiera a la población sin seguridad social, pero señaló que actualmente no se ha cumplido con el objetivo de disminuir el empobrecimiento por gastos de salud en la población no derechohabiente, por lo que dijo "ha fracasado".

Por su parte Eduardo Morales, investigador del Centro Fray Julián Garcés, puntualizó que su texto "Casos de daños a la salud por contaminación en los estados de Tlaxcala y Puebla" es un estudio de caso que busca ser un aporte para la reivindicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero, esencialmente, a los derechos a la salud, al agua, a un ambiente sano y a la procuración de justicia.

Esto debido a que forma parte de una denuncia que evidencia como a partir del año 2002, enfermedades como leucemia linfoblástica, púrpura trombocitopénica y anemia hemolítica comenzaron a afectar de forma más aguda a comunidades cercanas a corredores industriales y al río Atoyac, ubicado entre los límites de los estados de Tlaxcala y Puebla.

Situación causada por la contaminación ambiental. Por ello, demandaron asistencia médica oportuna y adecuada a las personas enfermas y la implementación de políticas públicas para la eliminación de las sustancias tóxicas. La respuesta del gobierno del estado de Tlaxcala fue no reconocer la contaminación ambiental ni los daños a la salud como un problema público.

Finalmente Marcos Arana, integrante de Defensoría del Derecho a la Salud de Chiapas enfatizó en que el 47 por ciento de la población de Chiapas vive en pobreza alimentaria, por lo que la desnutrición y la tuberculosis son dos problemas de salud persistentes que por su marcada determinación social, reflejan la existencia de una larga historia de pobreza, explotación y exclusión.

Así lo establece en el estudio "Dos padecimientos de la pobreza y la exclusión en Chiapas: la desnutrición y la tuberculosis", que también indica un marcado retroceso en esta entidad. No obstante en Chiapas y en el resto del país no se ejercen los recursos destinados a estos rubros, lo que dijo, "es preocupante".

10/AGM//LR