Urgen medidas para restituir la democracia hondureña

Especial - Golpe de Estado en Honduras
   Señalan organismos internacionales de DH
Urgen medidas para restituir la democracia hondureña
Por: Gladis Torres Ruiz
CIMAC | México DF.- 27/08/2009

Ante los continuos abusos documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la falta de garantías legales efectivas en Honduras es crucial que la comunidad internacional adopte medidas enérgicas de presión para restablecer al gobierno democráticamente electo, señaló Human Rights Watch (HRW).

De acuerdo con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con su propio reglamento, del 17 al 21 de agosto la CIDH realizó una visita in loco a Honduras y recorrió diferentes regiones del país para recibir denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas desde el pasado 28 de junio, fecha en que tuvo lugar el golpe de Estado.

Sobre esta visita, el organismo presentó un informe en que se demuestra la existencia de un patrón de graves violaciones llevadas a cabo por el gobierno de facto y que incluyen violencia sexual contra las mujeres, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y ataques contra los medios de comunicación, además de varias muertes confirmadas y posibles desapariciones.

Ante ello, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señaló en comunicado de prensa que es urgente que la comunidad internacional adopte medidas enérgicas para superar la crisis que atraviesa actualmente el país mesoamericano.

VIOLENCIA SEXUAL

La Comisión comprobó que las mujeres, en razón de su género, han estado especialmente sometidas a actos de violencia y vejación, como lo prueban los testimonios sobre dos hechos ocurridos en San Pedro Sula, donde una mujer afirmó haber sido violada por agentes policiales, y otra relató haber sido desnudada del torso para abajo y golpeada con bastones.

De igual manera, confirmó que algunas de las mujeres detenidas sufrieron el manoseo de senos y genitales por miembros de la policía y el ejército. También se recibieron denuncias de varias mujeres a quienes los agentes de seguridad habrían abierto las piernas y tocado los genitales con bastones policiales.

Según información de las feministas organizadas en la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), en el primer caso los hechos sucedieron al momento de capturar y golpear a varios manifestantes; sin embargo, la mujer no fue presentada ante las autoridades, la llevaron a un matorral a las afueras de Choloma, donde después de violentarla física y sexualmente la abandonaron. Ella logró salir a la carretera y fue auxiliada por una señora que pasaba por ahí.

Codemuh señala además que una mujer perteneciente a la Congregación Educadoras de Notre-Dame sufrió acoso y violencia sexual cuando la policía la tocó y agredió en términos sexualmente implícitos y en un lenguaje vulgar.

FORMAL PRISIÓN, CON MEDIDAS SUSTITUTIVAS

En tanto, hoy la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Rehabilitación e Investigación para las Víctimas de la Tortura (RCT) manifestaron en comunicado de prensa su preocupación por las detenciones arbitrarias y el uso de la violencia y de malos tratos observados en Honduras.

Los organismos internacionales hacen especial referencia a las brutales golpizas contra las y los manifestantes que el 12 de agosto de 2009 participaron en la movilización llevada a cabo en las ciudades de Tegucigalpa y en San Pedro Sula a fin de protestar contra el golpe de Estado.

La Fiscalía de Delitos Comunes encauzó a 24 personas acusadas de "sedición y daños en propiedad ajena", entre ellas dos mujeres. Durante la audiencia inicial, realizada el 18 de agosto pasado en la Corte Suprema de Justicia, fueron presentados como testigos de la Fiscalía tres policías, quienes en sus declaraciones ante el juez mostraron contradicciones e incoherencias sobre los hechos, señala la OMCT.

Después de tres días de diligencias en la Corte Suprema, el Juez Quevedo dictó auto de formal prisión, pero con medidas sustitutivas, bajo el cargo de participación en manifestaciones ilícitas, contra Jhoana María Alvarado Barahona, Milson Emilson Cárcamo Garay, Santos Arnulfo Moncada Cáceres, Ángel Geovanny García Arguijo y Milco Durán Céspedes, ciudadano colombiano.

Las medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva incluyen la presentación periódica en el Juzgado de Letras, Penal de Tegucigalpa, y las prohibiciones de salir del país sin previa autorización del juzgado y de concurrir a reuniones "donde haya actos de violencia".

A las demás personas detenidas el 12 de agosto de 2009 e inicialmente imputadas se les dictó el sobreseimiento definitivo de la acción penal.

09/GTR/LG