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Salud SyR y participación política, retos para nuevas diputadas

Por Gladis Torres Ruiz

Salud sexual y reproductiva y participación política de las mujeres son pendientes que deberán enfrentar las diputadas de la entrante LXI Legislatura, pues implican temas como la prohibición de la interrupción legal del embarazo (ILE) en 14 entidades del país y el incumplimiento de la ley electoral sobre la inclusión de al menos 40 por ciento de mujeres en cargos de elección.

En materia de salud sexual y reproductiva, está pendiente una iniciativa presentada por la presidenta de la Comisión de Equidad y Género Maricela Contreras Julián para ampliar las causales del aborto: económicas, cuando el embarazo haya sido producto de la trata de personas o lenocinio y cuando la mujer considere que el embarazo afecta su proyecto de vida.

La iniciativa incluye reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal Federal (330, 331, 332, 333 y 334), del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley General de Salud en torno al aborto.

Actualmente, el Código Penal Federal sólo contempla la interrupción legal del embarazo en casos de violación o por imprudencia de la mujer, lo que no está acorde con las legislaciones locales, que son diversas para el tema.

Dicha propuesta, surgida con la idea de armonizar la legislación federal con la de las entidades federativas, mediante la inclusión de causales excluyentes de responsabilidad penal en caso de aborto, fue turnada a comisiones sin que haya prosperado.

Sin embargo, esta propuesta y las que lleguen en esta materia verán más difícil su camino, ya que durante los últimos nueve meses los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) han aprobado, en 14 congresos locales, reformas a las leyes en contra de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), incluso en casos de violación sexual.

Dichos estados son Baja California, Colima, Jalisco, Sonora, Puebla, Morelos, Campeche, Quintana Roo, Durango, Nayarit, Guanajuato, San Luis Potosí, Yucatán, mientras que en Chihuahua fue aprobada hace ya varios años.

Hasta el momento, 497 mujeres en el país –167 de Guanajuato, 115 de Puebla, 67 de Colima, 72 de Sonora y 76 de Quintana Roo– han promovido amparos contra las reformas que las obligan a ser madres, según información del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Mientras que 150 mujeres más del estado de Morelos presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para que analice la reforma constitucional de la entidad que viola sus derechos humanos, sexuales y reproductivos.

La CIDH notificó el pasado 29 de julio a las peticionarias que había admitido su solicitud y que haría la investigación del caso para emitir un informe de fondo.

Entre las acciones que violentan a las mujeres se encuentran las pretensiones de los gobernadores de Jalisco y Guanajuato para anular la Norma Oficial Mexicana Mexicana 046 (NOM-046), en materia de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

El único que ha hecho esta petición formalmente es Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco; por lo que legisladoras de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Social Demócrata (PSD), Convergencia y PRI, presentaron el 25 de junio pasado una demanda de juicio político contra el gobernador panista.

INSUFICIENTE PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA

En el ámbito político, queda aún muy lejos el cumplimiento de la ley electoral sobre la inclusión de al menos 40 por ciento de mujeres en cargos de elección, como se estableció legalmente con la Reforma Electoral de 2008.

Ante ello, las diputadas de la LXI también tienen tarea pendiente, porque si bien es cierto que con las elecciones celebradas el 5 de julio pasado se aumentó la participación de mujeres en 4 puntos, éstos no fueron de manera sustancial, ya que hasta la fecha el promedio de participación de las mujeres en las últimas legislaturas es de 24 por ciento, muy lejos del 40 por ciento al que aspiraban con la Reforma Electoral de 2008.

Así lo evidenciaron especialistas reunidas en el coloquio: «La democracia en clave de género: límites y alcances de la cuota de género en el proceso electoral 2008-2009», quienes coincidieron en que hay que revisar la Ley de Cuotas de Género del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), respecto al 60-40, aprobada en la actual legislatura para replantear las cuotas de género y garantizar la paridad en los tres niveles de gobierno.

Para impulsar la participación equitativa entre mujeres y hombres, el Cofipe ha tenido diversas modificaciones; la reforma más reciente se discutió a finales de 2007 y su publicación en el Diario Oficial de la Federación se hizo el 14 de enero de 2008.

En esta reforma se hicieron modificaciones respecto a las cuotas de género y algunas acciones afirmativas para acelerar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la participación política.

El promedio de participación de las mujeres en las últimas dos legislaturas es el siguiente: en la Cámara de Diputados, el promedio de participación de las mujeres por ambas vías –mayoría relativa (MR) y representación proporcional (RP)– ha sido de 24 por ciento, en la Cámara de Senadores, 21 por ciento.

En las presidencias municipales apenas alcanzan 4.6 por ciento, hay sólo tres secretarias de Estado (de 19), y dos gobernadoras (de 32); en la actual legislatura LX, 49 mujeres fueron diputadas por MR (16 por ciento) y 92 por RP.

La jornada electoral de este año significó un adelanto en la participación política de las mujeres en San Lázaro, pues la LXI legislatura estará integrada por 149 diputadas, es decir, 32 lugares más que las de la legislatura saliente, lo que se traduce en cuatro puntos porcentuales.

A decir de la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, es urgente que haya más mujeres al frente de las comisiones de la Cámara Baja.

«En la actual legislatura sólo once están presididas por diputadas; además de que es necesario que las mujeres entren en las comisiones de ‘los dineros’, ya que cualquier iniciativa, si no va acompañada de presupuesto, no funciona, por ejemplo la Ley de Trata de Personas, que no se ha podido implementar por falta de recursos», dijo.

09/GTR/PBC/GG

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