Inicio El regreso del PRI, foco rojo para la lucha feminista

El regreso del PRI, foco rojo para la lucha feminista

Por Gladis Torres Ruiz

El retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con una mayoría en la legislatura LXI que iniciará en septiembre próximo, es un foco rojo; ni el instituto político ni su dirigencia nacional tienen una postura clara de defensa de la salud sexual y reproductiva de las mexicanas, expresaron feministas de diversas agrupaciones.

En entrevista con Cimacnoticias, Daniela Díaz, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, señaló que es un gran riesgo la ausencia de una línea de ese partido que responda a una agenda en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hasta el momento, dijo, estos derechos fundamentales se han visto subsumidos en la agenda conservadora del Partido Acción Nacional (PAN), con el que las y los legisladores del PRI los han negociado.

Las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la defensa de estos derechos, expresó Díaz, estaremos obligadas a empujar al PRI para que defienda del estado laico y los derechos sexuales y reproductivos, así como la diversidad sexual, ya que estos derechos están en sus propios estatutos.

La investigadora indicó que el PRI está lleno de diversidades; habrá que investigar perfiles de las y los nuevos diputados, «conocerlos, saber qué opinan en esta materia, si han tenido otros puestos políticos y si han hecho algo en favor o en contra de los derechos de las mujeres, y evidentemente negociar con los que se pueda».

Subrayó que, si bien ciertas legisladoras y legisladores locales del PRI han estado en claro contubernio con el PAN, «hay que formar acuerdos, buscar la manera de colocar nuestros temas, que siempre han estado supeditados para mantener el poder y la economía de unos cuantos».

Por su parte, Orfe Castillo, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario, indicó también que el hecho de que el PRI tenga la mayoría de legisladoras y legisladores es un foco rojo pues el voto priísta fue definitivo en los procesos de reforma constitucional que se dieron en 13 estados de la republica, con los que ha sido limitado o abolido el derecho a decidir de las mujeres.

Desde el 21 de octubre y hasta el 21 de mayo, tanto PAN como PRI han venido realizando reformas a las constituciones políticas de Baja California, Colima, Jalisco, Sonora, Puebla, Morelos, Campeche, Quintana Roo, Durango, Nayarit, Guanajuato y San Luis Potosí, a fin de «limitar o abolir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres». A estos 12 estados habría que sumar a Chihuahua, en donde fue aprobada una reforma similar hace ya varios años.

En Consorcio –agregó Castillo– trabajamos para incidir en la toma de decisiones de las mujeres en el Congreso de la Unión, siempre en la defensa de los derechos humanos; si bien en la legislatura que viene será más complicada esta defensa, también hay mujeres con una trayectoria en esta labor y algunas que ya antes ejercieron el cargo.

Tal es el caso de las priístas Diva Hadamira Gastelum, de Sinaloa, quien presidió la Comisión de Equidad y Género en la LIX Legislatura (2003-2006); Marcela Guerra y Cristina Díaz Salazar, ambas de Nuevo León y ex legisladoras federales; Rosalinda Mazari Espín y Angélica del Rosario Araujo Lara, que proviene de colaborar en el gobierno de Ivonne Ortega en Yucatán.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) están Estela Damián Peralta, Laura Piña Olmeda, María Aracely Vázquez Camacho, procedentes de la Asamblea Legislativa del DF.

«Quienes trabajamos en defensa de los derechos humanos de las mujeres tenemos que hacer un pacto para defenderlos, esperando y buscando que en la nueva legislatura no se den retrocesos que desde hace tiempo está buscando la derecha; no podemos permitir que se avance en el fortalecimiento de este tipo de políticas públicas», subrayó Orfe Castillo.

Por su parte, Nuria Marrugat Mendoza, de Salud Integral para la Mujer (Sipam), en entrevista con Cimacnoticias definió como grave el hecho de que el PRI sea el instituto político con más avances en las elecciones, sobre todo si este hecho se enmarca en el proceso de democratización que estaba llevando México.

En la transición política, los movimientos sociales iniciados en la década de los 60 tuvieron una consecuencia en el año 2000, cuando se marcó la alternancia en el poder luego de 70 años de control hegemónico priísta.

Esto creó un ambiente de legitimidad y de avance democrático en todo el país; una arista fue la composición del la Cámara de Diputados, pues desde 1997 ningún partido político tenía la mayoría absoluta en el congreso.

Marrugat Mendoza, expresa: «que este partido tenga la mayoría en el Congreso de la Unión es muy delicado en la vida de las mujeres. El PRI, en los últimos meses no ha tenido una postura clara en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y sí ha estado abiertamente reformando constituciones políticas en contra esos derechos».

09/GTR/RMR/GG

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