Las y los candidatos del Partido del Trabajo (PT) que lleguen a ocupar alguno de los cargos por los que contenderán el próximo 5 de julio se comprometen a promover reformas legislativas en defensa de los derechos humanos de las mexicanas, entre los que se encuentra el derecho a ejercer una maternidad libre y voluntaria. En contraste, sus legisladores en Nayarit y Guanajuato han apoyado con su voto las reformas que criminalizan la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
En su Plataforma Electoral 2009, el punto número 4 es «Mujeres y Democracia»; ahí se afirma que el partido promoverá la creación de programas en materia de educación sexual y reproductiva, y paternidad responsable. Además, que toda iniciativa de ley se estudie y analice en las Comisiones de Equidad y Género del Congreso, con el fin de considerar la perspectiva de género y la manera en que lo propuesto impactaría en el ámbito femenino.
No obstante, el pasado 17 de abril, el Congreso de Nayarit aprobó la reforma al artículo 7º de la Constitución de la entidad, que prohíbe el aborto bajo el pretexto de reconocer y proteger el derecho a la vida desde la concepción (sic). La reforma contó con el voto del diputado petista José Ángel Castro Mata.
De igual manera pasó en Guanajuato donde, para aprobar una reforma igual, las y los legisladores de Acción Nacional (PAN) necesitaban tres votos de la oposición; la diputada petista María Esther Badillo otorgó su voto, y la reforma que criminaliza el aborto en esa entidad se aprobó el 9 de mayo de este año.
El PT, fundado en diciembre de 1990, se considera un partido de izquierda y cuenta con el apoyo de algunos sectores populares. En sus documentos fundacionales destaca su compromiso en la construcción de medidas legales y culturales que coadyuven a terminar con la violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones y en todos los ámbitos, así como garantizar su seguridad. Los hechos muestran que no siempre es así.
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