Baja California, en riesgo de aumentar aborto clandestino

Especial - Caso Paulina
   Por la criminalización de la interrupción legal
Baja California, en riesgo de aumentar aborto clandestino
Por: Gladis Torres Ruiz y Sandra Torres Pastrana
CIMAC | México DF.- 08/04/2009

En Baja California, el aborto clandestino constituye un problema de salud pública pues, según la Secretaría de Salud, es la segunda causa de egresos hospitalarios en el estado; sin embargo, los partidos Acción Nacional, Encuentro Social, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista, aprobaron el 23 de octubre de 2008, con apoyo de agrupaciones vinculadas con la Iglesia, la criminalización de la interrupción legal del embarazo (ILE), con lo cual la cifra de intervenciones clandestinas puede dispararse.

Esta tendencia del gobierno local y de organizaciones "provida" para negar la ILE, aún en casos de menores de edad violadas, malformaciones congénitas o riesgo para la gestante no es nueva: hace una década, el gobierno panista negó a Paulina, una niña de 13 años violada sexualmente y como consecuencia embarazada, su derecho a interrumpir la gestación, pese a que el Código Penal lo permitía.

El caso se convirtió en un problema internacional, ya que a la violación sexual sufrida por Paulina se sumó la violación del gobierno del PAN a sus derechos, en contubernio con religiosos y militantes provida.

Sin respuesta en la jurisdicción nacional, los abusos contra Paulina fueron denunciados por organizaciones feministas que trabajan en favor de los derechos sexuales y reproductivos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

La CIDH recomendó en marzo de 2006 al Estado mexicano crear una norma oficial para que nunca más ocurrieran casos de violencia institucional como el cometido contra la niña y que se atendiera en forma pronta, científica y expedita a las víctimas de violencia sexual y familiar (ámbito donde ocurren muchos casos de abuso sexual), poniendo a su alcance anticoncepción de emergencia, medidas profilácticas e ILE.

Surgió así la Norma Oficial Mexicana 046, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, aprobada por unanimidad en la Secretaría de Salud (SS), con el consenso de expertas, expertos y organizaciones civiles, pero nunca fue publicada.

Lejos de oficializar su ejecución a través del Diario Oficial de la Federación, la NOM-046 fue alterada de forma irregular por la SS para restringir los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, pero ni aún así se publica. Esto significa que no existe hasta el día de hoy un lineamiento para atender casos como el de Paulina.

Feministas, académicas y académicos han denunciado en forma reiterada no solo el incumplimiento del Gobierno mexicano para publicar la NOM-046 y cumplir con su compromiso ante la CIDH, también alertan sobre el inminente crecimiento de las cifras de aborto clandestino, ante la falta de atención gubernamental al problema de los embarazos no deseados, riesgosos o producto de la violación.

Sin embargo, en Baja California, un puñado de organizaciones integrantes de la Coalición de Grupos a Favor de la Vida y la Familia, así como legisladoras y legisladores del Partido Acción Nacional, Partido Encuentro Social (PES) y Partido Nueva Alianza (Panal), insisten en obstruir el acceso de las mujeres a la ILE.

La Coalición, donde confluyen A favor de lo mejor, Federación de Estudiantes de Mexicali, Federación de Padres de Familia y Alianza de Jóvenes y Mujeres Libres a favor de la democracia, solicitó al Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, no publicar la NOM-046, que obliga a las instituciones de salud a brindar atención médica para la ILE en caso de violación. No se doblegue, dijeron al funcionario, a "intereses ocultos" y sea "congruente con los principios de su partido".

La "petición" tuvo lugar, según medios locales, al término del 8º Congreso Internacional Vida y Familia, convocado por la jerarquía católica y al que asistió Felipe Calderón, donde se definió que aborto es "siempre un delito, no un derecho, pues extermina la vida".

ABORTO CLANDESTINO, CIFRAS REZAGADAS

Según datos de la Secretaría de Salud en su anuario estadístico 2004, -- cifras más recientes, ya que no existe actualización de este tema en el estado--, los egresos hospitalarios por aborto en Baja California fueron de mil 846, con lo cual constituyeron en la segunda causa de egresos en el estado, representando el 8 por ciento del total de egresos hospitalarios de entidad.

Al respecto, en entrevista telefónica con Cimacnoticias María del Carmen Rioseco, de la Organización de la Sociedad Civil (OSC) Alaíde Foppa con sede en Baja California, afirmó que las cifras de aborto en el estado, "se han rezagado y no hay actualización al respecto".

Tan es así que en el dictamen presentado en el Congreso local para aprobar la personalidad jurídica desde la concepción, las y los legisladores de Acción Nacional, "no incluyeron ningún dato estadístico que permitiera observar los avances o retrocesos al respecto", puntualizó.

El 23 de octubre de 2008, legisladoras y legisladores de Acción Nacional, Nueva Alianza y Encuentro Social, aprobaron ese dictamen con 21 votos a favor y 3 en contra dos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 1 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con lo cual se modificó el Artículo 7º de la Constitución local.

Con ello se "protege la vida en gestación, desde el momento de la concepción". De igual manera el Artículo transitorio tercero de la reforma establece que se derogarán las disposiciones que contravengan la reforma, es decir, las causales permitidas para la ILE en el Código Penal.

Con la aprobación de estas reformas se le dio incongruencia a los Códigos Penales en donde se permiten el aborto por Violación, por peligro de vida de la gestante, por malformación del producto y por inseminación artificial sin autorización.

Y se dejan de lado las recomendaciones internacionales sobre el tema, como la hecha hace cuatro años por el comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que exhortó a México atender los abortos legales, revisar las leyes de los estados y brindar educación sexual a la población adolescente, al considerar preocupante las prácticas clandestinas.

CONTUBERNIO POLÍTICO

La iniciativa de tal modificación fue presentada por la diputada panista Gloria Loza y su aprobación se logró gracias al acuerdo entre los partidos, los mismos que formaron coalición con el PAN para las elecciones locales del 2007.

De esta forma, el PAN formó coalición con el PES, partido ligado al presidente del Congreso, José Alfredo Ferreiro Velazco, quien se presume es también activista cristiano; con el Panal y con Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismo que votó en contra cuando se presentó por primera vez la iniciativa.

El Congreso del estado de Baja California esta integrado por mayoría panista, compuesta por 12 escaños; le sigue el PRI con 8, entre los que se encuentran Roberto Beltrones Rivera, hermano de Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI en el Senado de la República, y Enrique Acosta Fregoso, dirigente de diputados priistas, a quien también vinculan con el grupo de Beltrones.

Están también Nueva Alianza con 2 legisladores, el PRD con una diputada, el Verde con un diputado y finalmente el PES con un legislador, mismo que colocó gracias a la coalición con el PAN.

El PES, surgido en 2001, indica su dirigencia, trata de preservar valores y principios morales a través del ejercicio de la política, su prioridad es "regresar a esquemas de políticas públicas que favorezcan la cohesión social a través de la unidad familiar". Liderado por Hugo Flores Cervantes, ha participado en coalición electoral en los procesos electorales nacionales del año 2003 con Convergencia y 2006 PAN. Actualmente se encuentra en proceso de obtener su registro en 12 entidades de la República mexicana.

"CRUZAR LA FRONTERA PARA ABORTAR"

"Cruzar la frontera para abortar en silencio y soledad" es el título de una investigación de Norma Ojeda, académica del Colegio de la Frontera Norte (El Colef), donde documenta cómo la falta de acceso a la ILE obliga a mujeres de municipios de Baja California, como Tijuana, Ensenada, Tecate, Mexicali, a cruzar la frontera para que se les practicara un aborto.

El estudio de Ojeda, que retoma los registros clínicos de Womancare Planned Parenthood para los condados de San Diego y Riverside, en California, indica que las mujeres mexicanas que acudieron en un año a practicarse un aborto representan de 15 a 31 por ciento de los casos atendidos.

El estudio de Ojeda, concluye que las mujeres mexicanas que cruzan la frontera para abortar, "si bien logran escapar de los riesgos de salud y de leyes que las limitan a decidir sobre sus cuerpos, se enfrentan a la etapa aborto y post-aborto en silencio y soledad, al igual que lo hacen las que recurren a clínicas clandestinas localizadas en el territorio mexicano".

Existe, sin embargo, otra parte de la población femenina, empobrecida, que no puede acudir a la ILE en Estados Unidos, por lo que recurre a interrupciones clandestinas en condiciones de insalubridad o mediante procedimientos rudimentarios, como agujas de tejer, alambres, tés, que ponen en riesgo su vida: sobre ellas y su destino poco se sabe.

LA INCONSTITUCIONALIDAD

Ante estos hechos, el 26 de enero de este año, el Ombudsman de Baja California, Francisco Sánchez Corona, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la reforma que prohíbe despenalizar el aborto, elimina causales para practicarlo en caso de violación y malformación del producto.


Sánchez Corona consideró que las modificaciones fijan las bases para que en un futuro también se prohíba el uso de anticonceptivos y que las reformas a la Constitución local atentan contra los derechos de las mujeres y viola los Artículos 1, 3, 4, 6, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La acción de inconstitucionalidad del Ombudsman es congruente con la posición de la SCJN, quien el pasado 3 de marzo de este año oficializó su sentencia definitiva sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal, al publicar el documento en el que se ratifica que la ILE en el DF no contradice la Carta Magna del país. Habrá que esperar qué respuesta tiene la Corte ante la criminalización de la ILE en Baja California.


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