Guerrero: asesinan a hermano de mujer tlapaneca violada por soldados

Violación ejercida por militares
   Investigación inmediata e imparcial, piden ONG
Guerrero: asesinan a hermano de mujer tlapaneca violada por soldados
Por: Gladis Torres Ruiz
CIMAC | México DF.- 26/02/2008

Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobierno de Guerrero para que investigue, inmediata e imparcialmente, el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y hermano de Inés Fernández Ortega, indígena me´phaa (tlapaneca), que fue violada sexualmente por soldados del Ejército Mexicano en marzo del 2002.

En un comunicado, el organismo internacional manifestó su preocupación por la seguridad de Inés Fernández, de su esposo Fortunato Prisciliano Ortega y de la traductora Obtilia Eugenio Manuel, también integrantes de la OPIM que han sido amenazados e intimidados a partir del 9 de febrero de 2008, día en que desapareció Lorenzo de su lugar de trabajo, el cual fue hallado muerto al día siguiente en Ayutla de los Libres.

AI destaca que las y los activistas de la OPIM han trabajado para pedir justicia respecto a una serie de violaciones de derechos humanos de las que son víctimas las y los habitantes de Guerrero. Tal es el caso de la violación sexual que sufrieron las indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en 2002.

Lorenzo trabajó ampliamente, como integrante de la OPIM, en favor de su hermana Inés, quien por no tener acceso a la justicia en México presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 12 de octubre del 2007, junto con Valentina Rosendo Cantú, otra indígena me´phaa que fue atacada sexualmente por militares, señala el organismo internacional.

Lorenzo --quien fue secuestrado el 9 de febrero de 2008 y hallado muerto al día siguiente en Ayutla de los Libres, municipio donde trabajaba como albañil-- había hecho también campaña en favor de los 14 indígenas que afirman fueron esterilizados por la fuerza en 1998.

TLAPANECAS EN LA CIDH

Tras agotar las instancias de justicia nacionales, el caso de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, de los municipios de Acatepec y Ayutla de los Libres en Guerrero, violadas por soldados en 2002, fue presentando a la CIDH en noviembre de 2003 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan (CDHT) y la Organización de Pueblos Tlapanecos.

Tres años después, en noviembre de 2006, la CIDH les notificó que admitía el caso, mismo que se presentó el 12 de octubre del 2007.

Lo que ambas mujeres expusieron en esa ocasión ante los integrantes de la CIDH fue la dilación de la justicia y que el caso haya sido "juzgado" en el fuero militar, donde fue cerrado por considerar que no había sido acreditada la violación y por lo tanto no hubo sanción a los responsables, así como la destrucción de pruebas.

Según información manejada por Tlachinollan, tras el ataque Valentina tuvo que salir de su comunidad. Como resultado de la violación fue infectada con el Virus del Papiloma Humano, por lo que estuvo dos años en tratamiento médico. Ahora trabaja y va a su comunidad sólo de visita.

Inés no ha asumido aún lo que sucedió y, aunque ha recibido acompañamiento y tratamiento psicológico, ha sido más trágico para ella. Permaneció en su comunidad, se volvió aislada, no sale de su casa y le resulta difícil relacionarse con los demás. "Han comentado que hasta que no vean encerrados a los militares que las violaron no van a estar tranquilas, su corazón no va a estar sano" (Cimacnoticias 25/06/07).

En este sentido AI ha señalado que estas mujeres han tenido que luchar contra un sistema que ofrece mala asistencia médica y exámenes forenses de mala calidad, que parece reacio a proporcionar ni siquiera las garantías mínimas de un resultado satisfactorio, o es incapaz de proporcionarlas.

DESPUÉS DE LA CIDH

El secuestro de Lorenzo ocurrió el 9 de febrero de 2008 y fue hallado muerto al día siguiente en Ayutla de los Libres, municipio ubicado a dos horas y media de distancia de su domicilio en la comunidad El Camalote.

Se alojaba en el almacén de su empleador, junto con otros trabajadores de la construcción, debido a lo distante de su domicilio. Sus compañeros lo vieron por última vez la tarde del 9 de febrero. Esa noche no regresó a dormir y fue hallado muerto con "señales de tortura" en el río Ayutla la mañana siguiente. Fue recogido por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Antes de su desaparición, un compañero de trabajo informó que tres hombres armados se habían acercado al almacén el 6 de febrero, con una lista de nombres y le preguntaron si conocía a Lorenzo Fernández. Cuando dijo que no lo conocía, los hombres se marcharon.

Además, a mediados de enero, Lorenzo había dicho a su hermana y a su cuñado Fortunato que temía por su seguridad y la de otros miembros de la OPIM, ya que unos desconocidos se le habían acercado para preguntarle por la organización y su trabajo.

Es por ello que Amnistía recomienda a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que se envíen llamamientos "lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma" al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo; al procurador General de Justicia en el Estado, Eduardo Murueta Urrutia, y al presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en la entidad, Juan Alarcón Hernández.

Señala AI en su comunicado la urgencia de que los responsables del homicidio comparezcan ante la justicia y expresa su preocupación por la seguridad de las y los integrantes de la OPIM, en particular de Inés, de su esposo y de Obtilia Eugenio Manuel, para que se realice una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas que han sufrido.

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan afirmó por su parte que se adhiere al llamado de AI, ante la gravedad de la situación que enfrentan los miembros de la OPIM que desde hace 6 años han sufrido violaciones sexuales, amenazas de muerte y recientemente el homicidio de Lorenzo.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, manifestó que todas estas acciones al margen de la ley han permanecido en la impunidad a causa de que las autoridades competentes han asumido una actitud tibia y poco comprometida con las víctimas, es decir, estas omisiones forman parte del ambiente de impunidad que prevalece en la región y del grado de descomposición social en que se encuentran sumidos los pueblos indígenas.

"Incluso, señala Barrera Hernández, hemos detectado que se integró mal la averiguación previa (ALLE/SC/01/032/2008) que abrió el MP de Ayutla por el caso de Lorenzo".

Lo que más preocupa, señala, es que con estos hechos no hay garantía del trabajo para los defensores de derechos humanos y se mantiene en un estado de indefensión a las y los familiares de las víctimas. Por eso pedimos, finaliza el documento, que se garantice el trabajo de las y los defensores de derechos humanos y se dé garantía y protección a las y los familiares de Lorenzo.

08/GT/GG