Guanajuato: Imug, obstáculo para Ley de Vida sin Violencia

POLÍTICA
   Se desconoce cómo aplica 20 millones para armonización
Guanajuato: Imug, obstáculo para Ley de Vida sin Violencia
Por: Graciela Nieto Urroz *
CIMAC | Guanajuato, Gto..- 18/12/2007

"Si ellos dicen mueran, moriremos; si ellos dicen vivan, viviremos", la periodista italiana Oriana Fallacci sintetizó de esta manera la visión cruel que los dictadores defienden cuando se trata de preservar el poder.

Esta postura es actual y contundente para describir la situación que guarda el fenómeno de la violencia de género en Guanajuato, entidad federativa donde no se ha tomado con sensibilidad, compromiso y voluntad política hacia las víctimas, el asumir ("armonizar") la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El trabajo de sondeo para la concreción de propuestas resultó ser un mero trámite para reforzar la subordinación genérica en el ámbito privado y, abiertamente, igual o peor frente a las instituciones públicas, pues en este año aumentaron más de un 20 por ciento las muertes de mujeres por causas violentas (Periódico Correo, septiembre 19, 2007).

"Estaba desnuda, 47 puñaladas cegaron su vida, el cuerpo destrozado, amordazada, esposada, torturada, violada", esto no es un crimen "pasional", es un asesinato provocado por el odio, por la infinita y justificable cultura misógina que inicia con chistes y descalificaciones cotidianos, hasta concluir en el menosprecio y la crueldad del trato hacia el sexo femenino.

La mayoría de los crímenes se señalan como "intrafamiliares", quizá con un móvil "pasional"; porque el Estado absolutista lo dicta, no existe la violencia de género. Es más, prohibido nombrarla. Y es que por pasión se cometen locuras y atrocidades.

El feminicidio no es nada más un homicidio. Los crímenes y la violencia ejercida contra mujeres de cualquier edad, nada tienen que ver con la pasión ni con cualquier accidente. No es un asunto personal, familiar, ni privado, es un fenómeno donde las constantes son: indiferencia, indolencia, ignorancia, prejuicios, poder sobre la otra, aprendidos generacionalmente y como si fueran parte de la carga genética.

Pero no, no está en los genes, no es un destino planeado desde el cosmos que sea inamovible y con cuya suerte las mujeres tengan que resignarse. La desigualdad basada en las diferencias biológicas es resultado de la construcción social --en la que colaboramos todos y todas-- y es factible de cambiar.

La misoginia es un ejercicio bien aprendido, reforzado por la escuela de la impunidad, el menosprecio institucional y el autoritarismo jurídico. Esta problemática es un asunto de derechos humanos y, sobre todo, es ya un asunto de Estado.

Si el Estado es quien insiste en encerrar al interior de la familia el fenómeno de la violencia de género, lo está convirtiendo en un asunto "doméstico" donde socialmente hablando, todo es perdonable, tolerable y negociable.

Está enviando un mensaje de permisividad a las personas que acostumbran violentar a sus hijas, hijos, parejas, hermanas, alentando los abusos. Es imposible soñar con familias felices e integradas en donde existe una mujer invisibilizada, humillada, menospreciada, amenazada, golpeada o muerta.

Parece que la actual política del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug) está "por la vida" (su slogan interno), pero de quienes agreden y a favor de la muerte de las mujeres, ya que no se vela realmente por su integridad, bajo la mirada complaciente de una mayoría en el Congreso, que está más preocupada por sus propios intereses económicos y de partido que por la equidad de género y la justicia social.

20 MILLONES PARA ARMONIZAR LEY, SIN EJERCER

El Instituto estatal de la Mujer, ha jugado el último año un papel trascendental en el retroceso de políticas públicas para la equidad y para que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se quede momificada en Guanajuato. Si esto ocurre, sería un logro histórico.

En agosto de este año, se cumplió el plazo para estos trabajos y el Congreso no ha resuelto nada; sólo el Ejecutivo envió su propuesta bajo los mismos parámetros que maneja el DIF sobre "violencia intrafamiliar".

Respecto a esta problemática, la abogada Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y una de las más fuertes promotoras en Guanajuato para la "armonización" de la Ley, asegura que a estas alturas y después de discutir pormenores con el equipo de asesores de gobierno estatal, cabe aún --como máxima ganancia para la población femenina guanajuatense-- hacer propuestas al Código Civil. Reformas que, así las cosas, también "nacerán muertas", según la opinión de la experta, pues no existen las vías legales para aterrizar ciertos planteamientos de la Ley General.

El negarse a crear una Ley estatal y decir que basta con revisar los códigos estatales y proponer ciertas reformas, representa también un gran vacío para las miles de mujeres que deambulan de una institución a otra sin encontrar más que "orientación sicológica y legal" incompleta y desde una "perspectiva familiarista" a los graves problemas de violencia que en sus distintas vertientes y fases sufren cotidianamente.

No existen en Guanajuato instancias integrales que acompañen profesionalmente --y no por compromiso institucional-- durante todo el proceso a una mujer. Las leyes bajo las cuales nos regimos continúan permitiendo la impunidad de quienes maltratan, humillan, golpean o incluso asesinan a una mujer

La abogada Ángeles López declara que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia llegó en un mal momento a Guanajuato, pues está sujeta a los tiempos e intereses políticos donde los intereses personales y los atavismos morales de algún funcionario o funcionaria se han convertido en política pública.

Y sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), aportó 20 millones de pesos al Imug para los trabajos de armonización de la ley, cuyo gasto hasta ahora no ha sido del dominio público. Este presupuesto no debe ser para ejercerlo en mensajes publicitarios con "eslogans".

Es inútil gastar los recursos en publicidad para combatir problemas estructurales como la violencia de género o la pobreza. Hasta ahora --que se conozca-- en ninguna sociedad la publicidad ha promovido cambios conscientes en las conductas de los individuos, ni transformado la realidad social; menos cuando no existen mecanismos legales que avalen el mensaje publicitado, respalden y protejan a las miles de "Patricias" que por decreto ya no serían violentadas.

Se requieren estrategias comunicacionales y de educación para la población, que incluyan a funcionarias y funcionarios que hagan a un lado sus dogmas personales aún cuando esto significa para muchos mantener su puesto por apoyo ideológico a un partido, no por capacidad ni profesionalismo.

OPUS DEI CAPACITARÁ SOBRE ACOSO SEXUAL

Por otra parte, el Imug recibió también 5 millones 812 de pesos del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Sedesol).

La directora actual del Imug, Luz María Ramírez Villalpando, militante con amplia trayectoria en las huestes femeninas del Yunque y cuñada del actual secretario de gobierno en Guanajuato, mejor conocido como fundador del mismo grupo fundamentalista ultraconservador, decidió destinar dichos recursos para "capacitación" a servidores públicos en materia de acoso sexual, luego de un penoso caso que salió a la luz pública a principios del 2007, en el que una empleada de la Secretaría de Gobierno fue acosada por un ex diputado panista.

La actual directora del Imug trató de persuadir a la empleada presuntamente afectada por el acoso de su jefe, para que recibiera una cantidad de dinero (luego dijo que era un préstamo, como si Gobierno estatal fuera prestamista) para que instalara su propio despacho de odontología y se fuera "en silencio", sin provocar mayor problema a la Secretaría de Gobierno.

Ramírez Villalpando recién contrató para dicha capacitación sobre acoso sexual al Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), que forma parte de la organización católica conservadora denominada Opus Dei.

Respecto a estos fondos, la diputada Bárbara Botello Santibáñez, integrante de la Comisión de Equidad y Género por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), envió una carta a la opinión pública destinada a Ramírez Villalpando, recordándole que "como funcionaria pública está obligada a respetar la separación del Estado y la iglesia", entre otros puntos de vista, exigiéndole conocer el "proyecto" por el cual le fue asignado al Imug dicho apoyo económico.

CONVENIOS CONYUGALES COBRAN MÁS VIDAS

México guarda el lugar número 14 por feminicidio, en una lista de 34 países estudiados. Apenas hace un mes, se dio esta noticia en el Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana realizado en la Universidad Iberoamericana de León.

La magnitud del problema en Guanajuato requiere una mayor dimensión de esfuerzos, como la capacitación profesional, sistemática, actualizada y ética de funcionarias y funcionarios para el tratamiento de la violencia de género, desde su prevención, detección y erradicación.

Actualmente, el DIF, que es la institución oficialmente reconocida para dictar la última palabra en cuestión de "violencia intrafamiliar" en Guanajuato, se especializa en elaborar "convenios" entre la persona violenta y la receptora de esta conducta, con resultados catastróficos.

No basta con elaborar convenios de negociación entre la pareja, pues de allí hacia el abismo es idéntico el camino. Además, presionar sicológicamente a una mujer a firmar un convenio con su agresor es violatorio de sus derechos como ciudadana.

Igual panorama muestran otros tipos de violencia, como el acoso, la violencia docente y la patrimonial. No hay instituciones especializadas en Guanajuato para estos tratamientos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia obliga a la coordinación de todas las instancias necesariamente involucradas en este fenómeno y, en su caso, a crear la propia ley de acuerdo a las características de nuestro Código y nuestra realidad, pues no siempre existen las vías para realizarla.

Y el Código estatal, en algunos puntos, sólo menciona lo políticamente correcto, sin ningún enfoque de género que es lo que precisamente se está exigiendo.

A pesar de los esfuerzos y las aportaciones de organismos de la sociedad civil para promover la urgencia de una legislación con enfoque de género, como el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Las Libres, Plamac, la Sociedad de Psicoterapia y Psicoanálisis del Centro, AC (Soppac); Casa, de San Miguel de Allende, entre muchos otros, la propuesta para definir las políticas públicas únicamente ha designado al Imug, como figura máxima de decisión para este fin.

Los tratados internacionales suscritos por México no han sido atendidos. Pero nuestro país ya está en la mira de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos y de relatores especiales sobre violencia contra las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes han girado recomendaciones para poner fin a la impunidad mediante reformas en la legislación y en los procedimientos de investigación del poder judicial.

Así mismo, han promovido la promulgación, en el ámbito federal y en todas las entidades federativas, de leyes específicas para prevenir esos actos de violencia de género y atenderlos realmente. La Ley General aprobada por el Senado este año, de observación en todo el país, es una respuesta a esta exigencia y sin embargo, las autoridades estatales han decidido ignorar este compromiso internacional.

Así las cosas, Guanajuato ya es penosamente conocido en el mundo como insensible ante violaciones de derechos humanos de las mujeres. Los recursos ya están, hace falta voluntad política y conocimiento para frenar la violencia de género. Se está condenando a la indefensión a miles de mujeres cuya desesperanza ha sido aprendida en la familia y reforzada por las instituciones.

No es ético que quienes reciben un salario para la protección de las mujeres las conviertan en sus enemigas; no es comprensible esperar a que sea la historia quien resuelva o eche al olvido entre el polvo de algún cementerio, las vidas que pueden salvarse.

Hay mecanismos, instrumentos internacionales que obligan a frenar estas violaciones a los derechos ciudadanos de las mujeres para que el sueño de vivir en equidad no se convierta en quimera.

*Comunicadora, investigadora y docente. Integrante de la Red Nacional de Periodistas con Enfoque de Género. gnietourroz@hotmail.com

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