Contra militares que agreden mujeres, escasa justicia

Violación ejercida por militares
   Sentencias castrenses, como un regaño para ellos
Contra militares que agreden mujeres, escasa justicia
Por: Soledad Jarquín Edgar/corresponsal
CIMAC | Oaxaca, Oax..- 05/11/2007

El pasado 1 de octubre se escribió en México una historia diferente, cuando por primera vez tres de 12 elementos del Ejército Mexicano fueron castigados por violar a 14 mujeres en la zona de tolerancia del municipio central de Castaños, Coahuila.

El castigo con 41, 31 y 21 años a tres de los soldados, apenas la cuarta parte del total de militares que participaron en la violación a mujeres la madrugada del 11 de julio de 2006, habla de la escasa justicia que existe para castigar la violencia que se comete en este país contra las mujeres.

Un mes después de que el juez Hiradier Huerta Rodríguez justificara el por qué otros cinco soldados no fueron castigados --ocho estaban detenidos, tres más permanecen prófugos y uno más fue liberado por desvanecimiento de pruebas-- señalando que no hubo elementos suficientes que probaran su responsabilidad, de nueva cuenta militares siembran el terror en un bar, ahora de la zona carbonífera, en la misma entidad ubicada en la frontera norte de México.

La nueva "incursión militar" sucedió la noche del martes 30 de octubre en la villa Cloete, municipio de Sabina, como lo hicieron en Castaños el 11 de julio de 2006, los seis militares estaban uniformados, armados y utilizaron vehículos del Ejército y eran, como en Castaños, elementos del 14 Regimiento de Caballería.

Esta vez fue quizá la inmediata intervención policiaca lo que impidió que los militares llegaran a más. Podría pensarse que ya aprendieron la lección las corporaciones policiacas quienes se sabe intervinieron casi de inmediato y trataron de detenerlos. Pero lograron llegar a su base militar.

En Castaños la historia fue diferente. Los cuerpos policiacos no intervinieron durante más de cuatro horas, pese a las súplicas de las mujeres vía teléfono celular, porque se pensó --dicho por el munícipe-- que era un grupo paramilitar al servicio del narcotráfico conocido como los Zetas.

En fin, en el caso de Cloete, si los soldados fueran castigados, lo harán por la justicia militar y sus sentencias, como está visto, no representarán ningún tipo de escarmiento para el resto de los elementos castrenses.

Lo sucedido en Coahuila es lo que se podría decir un "botón de muestra" de lo que podría estar sucediendo en otras entidades del país, en sitios remotos de la geografía mexicana, donde los derechos de las mujeres no son una preocupación para las autoridades. Es decir, los ilícitos que estos militares cometen se quedan en rumores y en la total impunidad.

Cierto, la justicia castrense continúa siendo como un regaño para los militares. Como sucedió en el caso de Castaños, seguramente estos seis soldados que alarmaron a la población en la Villa de Cloete, Sabinas, serán castigados por "abandono de servicio" y nadie más podrá demandar justicia por las posibles lesiones, todo tipo de amenazas y agravios cometidos la noche del 30 de octubre.

Es más, como sucedió hace 16 meses, el gobierno de esa entidad norteña no se inmutará por la agresión que sufre la población civil.

La lección para la sociedad es simple. Las "incursiones" de militares contra la población civil no tienen cabida en la justicia militar, no importan. Eso es lo que la Secretaría de la Defensa Nacional parece decirle a la sociedad mexicana y continúa --tal parece-- educando a los elementos del Ejército para menospreciar a la población, en especial, a los más pobres, las y los indígenas y sobre todo a las mujeres, ¿porque de otra forma cómo podría explicarse este tipo de actitudes?

Frente a estos hechos existen iniciativas que buscan acotar el fuero militar, como el recién presentado por la diputada coahuilense Marina Arvizu, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa.

Se trata, ha explicado la legisladora, de que en cualquier delito cometido por militares y donde las víctimas sean civiles, los soldados deben ser juzgados por la vía civil. La propuesta es realmente importante, pues como esta visto, los soldados están en las calles del país para combatir el crimen organizado. Eso parece bueno, pero sus efectos colaterales tienen ya varias víctimas civiles, muchas de ellas mujeres, quienes han sido sometidas a todo tipo de vejaciones.

Lo sucedido en Coahuila es sin duda un botón de muestra, insisto, por lo que se tendrían que tomar otras medidas, como la de acotar el fuero militar cuya propuesta está ya en manos del Poder Legislativo y cuya decisión podría ser histórica y de enorme trascendencia para la seguridad de la población, en especial de las mujeres.

La otra medida que es inmediata será, dentro de toda la emergencia, sensibilizar a los militares y enseñarles que cada persona tiene derecho a vivir sin violencia, menos aún que la violencia venga de quienes integran una institución.

Si no hay una respuesta rápida del Legislativo y de la Secretaría de la Defensa Nacional tendríamos que preguntarnos si las sentencias a sólo una tercera parte de los responsables de las violaciones a mujeres en la zona de tolerancia de Castaños, la detención a periodistas en Monclova y lo sucedido la semana pasada en Cloete, son como ha dicho el obispo Raúl Vera: cartas abiertas a los soldados mexicanos para que actúen con total impunidad.

Eso sin contar la historia reciente, donde las incursiones de los militares dejaron profundas heridas en mujeres de comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y ahora fuera de los cuarteles esta violencia --casi siempre sexual-- se ha extendido a Veracruz, Michoacán y Coahuila y quizá a espacios donde por miedo se imponga el silencio.

07/SJ/GG/CV