Se disculpará gobierno con indígena abusada y torturada en 1995

Acceso a la justicia para las mujeres
   Por recomendación de CIDH
Se disculpará gobierno con indígena abusada y torturada en 1995
Por: Gladis Torres Ruiz
CIMAC | México, DF.- 14/02/2007

El gobierno de Chiapas pedirá mañana una disculpa pública a la actual regidora indígena zoque Julieta Flores, quien en 1995 fue abusada y torturada a manos de policías y militares, luego de ser detenida cuando bloqueaba un camino, junto con 17 campesinos, entre ellos su padre Enrique Flores y el señor Reyes Penagos, quien fue asesinado sumariamente por la Policía Judicial del estado.


Julieta, ahora regidora del municipio de Ángel Alvino Corzo y activista por los derechos humanos, no sólo quedó lesionada por los golpes y la violación tumultuaria, sino que perdió a su familia, que la repudió por hacer públicos los hechos.


El acto público de la Declaración de Reconocimiento de Responsabilidad estatal, por el abuso sexual y tortura de las que fue víctima Julieta en 1995, es resultado de un compromiso del gobierno con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues ante dicha organización se denunciaron los abusos en 1997.


En el acto de disculpa estarán presentes la señora Everilda Roblero Villatoro, viuda de Reyes Penagos; Julieta Flores Castillo y Enrique Flores González, víctimas en el caso; Martha Figueroa Mier y Fabián Sánchez Matus, representantes de las víctimas; así como representantes de Cancillería por parte del gobierno mexicano.


El caso, conocido como "Caso Jaltenango", había sido denunciado un año antes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo cual esta instancia hizo la recomendación 61/96 el 15 julio de 1996 por homicidio.


Ante la nula respuesta de los gobiernos para castigar a los responsables, el caso fue llevado en 1997 a la CIDH, que determinó la existencia de violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales, a las garantías judiciales y a la protección judicial que garantiza la Convención Interamericana de Derechos Humanos.


La CIDH recomendó un procedimiento de solución amistosa, mediante el cual el Estado asumió cuatro compromisos: investigar la muerte de Reyes Penagos; someter a juicio a los responsables, continuar las investigaciones del caso y ejercitar acciones penales a partir de declaraciones de Julieta y de su padre.


También se comprometió el gobierno a determinar y entregar ayuda económica a los familiares de Reyes Penagos e informar a la CIDH sobre el avance de las acciones comprometidas.

Actualmente, el proceso de solución sigue su curso.


Al respecto en comunicado de prensa, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM), resalta la importancia del acto de disculpa pública, porque asume su responsabilidad en las vejaciones y tortura de las que fue víctima Julieta Flores y su padre, así como en la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial del señor Reyes Penagos Martínez.


UN PASO MÁS HACIA LA JUSTICIA


En entrevista para Cimacnoticias, Martha Figueroa, encargada del área de incidencia política del Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante AC, coincidió también en la trascendencia del hecho de que un gobierno estatal asuma su responsabilidad por los hechos.


De la misma manera explicó que además de la disculpa pública que ofrecerá mañana el gobierno estatal a la mujer indígena, este está obligado a publicarla en los diarios, de los llamados nacionales, y locales, en dos ocasiones.


En este sentido, enfatizó en que este acto es sólo un paso más en la búsqueda de justicia de Julieta, ya que está luchando por conseguir el servicio médico gratuito para sus hijos, así como una beca para su educación, pues es ella quien se encarga de su manutención al haberse divorciado por sufrir violencia familiar.


Es además una oportunidad para exigir al gobierno federal y estatal que también den cumplimiento a otras recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a las violaciones de los Derechos Humanos que se han generado en Chiapas y en otros estados de la Republica mexicana.


Y es que "no parecen detenerse en su política represora".


07/GT/GG/CV