Militares agresores de mujeres deben juzgarse por la vía civil

Violación ejercida por militares
   Como indica la Constitución: General Gallardo
Militares agresores de mujeres deben juzgarse por la vía civil
Por: Hypatia Velasco Ramírez y Guadalupe Gómez Quintana
CIMAC | México DF.- 28/06/2007

Los militares que han agredido a mujeres civiles (violaciones sexuales, tortura o asesinato) en Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Chiapas deben enfrentar la ley civil, no la militar, porque el fuero militar no debe ser aplicado en tiempos de paz, como indica la Constitución, afirmó el General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez.


Durante la mesa de medios que realiza cada mes Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) y que hoy abordó el tema de la militarización y la justicia, Gallardo dijo que el militar no es un fuero absoluto. No existen tribunales militares propiamente dichos. La jurisdicción militar es administrativa y depende del Ejecutivo. Pero el Secretario de la Defensa administra y procura la justicia, tareas que corresponden al Poder Judicial.


Si el Ejército está actuando en el ámbito civil, dijo Gallardo, y comete una violación debe ser puesto a disposición de la autoridad civil, en casos como los de Zongolica o Castaños, ya que el Artículo 13 de la Constitución deja muy claro que quien debe llevar a cabo el proceso judicial es la autoridad civil, sin embargo es acogido por el fuero militar.


En ello coincidió Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional(Cejil), quien recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que la jurisdicción militar no se debe aplicar en casos de tortura o violación sexual, sino únicamente en casos de indisciplina de los miembros del Ejército: "Los civiles nunca deben estar bajo la jurisdicción militar".


Por ello, ante la militarización que vive México, en donde el Ejército está siendo ocupado en tareas propias de las policías, en tareas de seguridad interior con el fin de controlar a la población civil e inhibir la protesta social, el Estado mexicano debe evaluar los alcances de la jurisdicción militar, pues esa militarización ha traído como consecuencia que la ciudadanía --de manera importante las mujeres-- se vea afectada en sus derechos humanos, dijo la representante de Cejil.


Gallardo consideró que la serie de violaciones en los que ha incurrido el Ejército mexicano en los últimos tiempos deben derivar en una reforma constitucional y en esos términos crear reglamentaciones donde se abrogue el fuero militar, el cual, reiteró, no debe existir en tiempos de paz, sino en tiempos de guerra.


Sin embargo, apuntó el diputado federal David Sánchez Camacho, aunque es el Congreso de la Unión quien tiene que definir qué tipo de Ejército necesita el país, en la Cámara sólo 5 diputados del Partido de la Revolución Democrática tienen la clara intención de reformar al instituto armado.


Y, como propuesta clara para reformarlo sólo existe la que hizo el General Gallardo. Así, mientras no exista una reforma del Ejército, la reforma del Estado no es posible, sentenció el Sánchez Camacho.


LEGISLACIÓN INTERNACIONAL, LA OPCIÓN


La solución para buscar justicia para las mujeres cuyos derechos humanos han sido violados por militares es recurrir a instancias externas, a las cortes internacionales, coincidieron en señalar los tres ponentes.


México, dijo Viviana Krsticevic debe ser conciente de que si en la reforma del Estado no se aborda el tema de la jurisdicción militar, en este momento hay posibilidades de que la Corte Interamericana intervenga y le exija al Estado un cambio de Constitución o de legislación.


Señaló que hasta el momento ha habido muy pocos casos que han llegado de México al sistema interamericano y que algunos tienen la posibilidad de llegar a la Corte Interamericana la cual, indudablemente va a ordenar a nuestro país que se cambie el alcance de la jurisdicción militar.


Y "México tiene que hacerlo por las buenas o por las malas, es importante que incluya la discusión en el marco de la reforma de Estado pero si no lo hace ahora, más adelante lo tendrá que hacer porque la Corte Interamericana se lo va a ordenar y esas sentencias son vinculantes, esta obligado a hacerlo según sus propios compromisos asumidos por la ratificación de la Convención Americana de cumplir con las sentencias de la Corte".


Podemos hacer una lista enorme de las violaciones a mujeres y aún cuando hay recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Ejército no ha cumplida ninguna, dijo.


VIOLACIONES A MUJERES


De acuerdo con Alma Buciaga, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional reporta que desde 1994 hasta 2006 se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de las Fuerzas Armadas, sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca y que no tienen aún resolución alguna.


Lo que falta para esclarecer estos casos, dice el General Gallardo, es voluntad política, decisión, porque el Ejército mexicano puede identificar perfectamente quién estaba asignado en el lugar donde se cometieron los ilícitos.


El Ejército, explica, tiene todos los documentos, desde el acta de nacimiento, de sus miembros, saben en dónde están.


Interrogado sobre los soldados prófugos en el caso Castaños y sobre la identidad de los presuntos responsables de la violación y muerte de doña Ernestina Ascencio, en Zongolica, el General Gallardo indicó que pueden ser identificados perfectamente porque, además, el 90 por ciento de los militares viven en zonas habitacionales militares.


CASOS PENDIENTES


Entre los casos de abuso sexual contra mujeres cometidos por militares o fuerzas de seguridad, está el de las tres hermanas tzeltales violadas por militares en el municipio de Altamirano, Chiapas en 1994.


Dos mujeres tlapanecas en Guerrero que fueron violadas por cinco soldados el 3 de diciembre de 1997, año en que también fueron violadas por efectivos del Ejército mexicano 12 mujeres indígenas de la zona de Loxichas en Oaxaca.


Esta pendiente el caso de dos mujeres nahuas de Guerrero, interceptadas y violadas por militares en casas abandonadas en abril de 1999.


El de una mujer más agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero, Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero.


Las 23 mujeres agredidas sexualmente en Atenco por fuerzas de seguridad en mayo de 2006.


Las 14 mujeres de Castaños, Coahuila que fueron violadas por militares que resguardaban paquetería electoral el pasado 11 de julio de 2006.


Y, uno de los casos más recientes, el de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio que fue presuntamente violada y asesinada por miembros del Ejército en la Sierra de Zongolica.


VISITA DE CEJIL


Integrantes de Cejil, organismo que litiga varios casos de violación a derechos humanos ante la CIDH, iniciaron el pasado 25 de junio una gira por nuestro país con el fin de visitar el estado de Guerrero, entidad que junto con Chiapas se ha convertido en emblemática por las violaciones sexuales de militares contra mujeres de comunidades indígenas.


Sobre la visita, Krsticevic señaló que han tenido acercamientos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero, con la Procuraduría General de la República (PGR) y esta tarde sostendrían una junta con miembros de la chancillería.


Aseguró que su visita a nuestro país deja una gran preocupación por la falta de avances en temas claves entre los que se encuentra la falta de respuesta efectiva frente los abusos cometidos por el Ejército, los pendientes de jurisdicción militar, la falta de avances sustanciales en la investigación judicial en los hechos de tortura cometidos por judiciales o militares.


Además, dijo, nos preocupa el tema del goce pleno de los derechos de las mujeres en particular de aquellas en situación de vulnerabilidad como las indígenas pobres del medio rural que son una de las más afectadas en los abusos y son desamparadas por la respuesta de la justicia.


En ese sentido indicó que no se han visto avances ni voluntad por parte de las autoridades militares o civiles para que se avance en la investigación de los casos en los que están comprometidos miembros del Ejército.


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