Proyecto de Ley General no afectaría derechos de mujeres

NACIONAL
Interrupción Legal del Embarazo en México
   Inviable Código Penal Único, advierte jurista
Proyecto de Ley General no afectaría derechos de mujeres
Especial | Patin Nadal
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 28/05/2013

La eventual discusión y promulgación de una Ley General Penal (LGP) no pondría en riesgo los derechos de las mujeres, ni afectaría las conquistas alcanzadas en materia de aborto legal, sentenció la experta jurista por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Lucía Núñez Rebolledo.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la especialista se refirió a la nueva propuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) para crear una LGP, en lugar del proyecto inicial de Enrique Peña Nieto de crear un Código Penal Único.
 
Dijo que del Pacto por México saldrá una Ley General Penal que será útil para los juristas y litigantes, pero que no impactará de forma negativa ni positiva los derechos ganados por las mujeres, pues nos quedaremos igual en el tema del aborto, es decir, con 31 estados que lo criminalizan y con el Distrito Federal que lo permite.
 
Así –abundó– seguirán existiendo 32 códigos penales estatales, un Código Penal Federal y ahora una LGP. La abogada previó que de ser aprobada la nueva normatividad, los Congresos estatales tendrían que hacer algunas reformas a su legislación penal para adecuarse al nuevo marco de principios básicos.
 
En contraste, la también doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana advirtió que en caso de que se hubiera optado por un Código Penal Único es muy probable que los derechos de las mujeres fueran relegados.
 
Lo anterior viene a colación luego de que al conocerse la propuesta inicial del Ejecutivo federal para crear un Código Penal Único, grupos feministas vieron la oportunidad de despenalizar el aborto en todas las entidades federativas, y así evitar el encarcelamiento de mujeres que interrumpen un embarazo no deseado.
 
A partir de 2008, 17 estados del país modificaron sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, lo que ha derivado en la criminalización del aborto.
 
En abril pasado, organizaciones de mujeres, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, se reunieron con el Consejo Rector del Pacto por México para solicitar que en el nuevo Código Penal Único –que regiría en todo el país– se despenalizara el aborto hasta las 12 semanas de gestación, tal y como está estipulado en el DF.
 
Sin embargo, la abogada Lucía Núñez Rebolledo explicó que la propuesta del Código Penal Único es inviable porque hay un amplio sector político que se opone a homologar la legislación penal.
 
Advirtió que la existencia de pugnas ideológicas y políticas en el país complican la creación de un Código Penal Único ya que hay quienes de forma equivocada sostienen que unificar los delitos “atentaría” contra la República federal, es decir, se afectaría la autonomía de los estados.
 
La autora de la investigación “Género y ley penal 1871-1931” detalló que promulgar una LGP implica que los estados seguirán definiendo tipos penales como el aborto, el feminicidio, la violación sexual, o cualquier otra conducta delictiva, tal y como ocurre en la actualidad.
 
Según Núñez Rebolledo, la propuesta de LGP explica términos teóricos como qué se entiende por el momento y lugar de la comisión de un delito, o qué es una actuación dolosa o imprudente; es decir, organiza y condensa principios básicos del sistema penal.
 
Por tanto, sostiene que el proyecto –que se vendió en un principio como la norma que homologaría penas y delitos para que una ciudadana o ciudadano no tuvieran distintos derechos según el lugar de residencia– en realidad terminará siendo un “catálogo de términos jurídicos”.
 
Respecto a la propuesta de crear un Código Único de Procedimientos Penales, la especialista señaló que la norma se puede expedir sin mayores dificultades porque se trata de un marco jurídico que establecerá mecanismos a seguir en un proceso judicial, y ahí los estados no tienen grandes diferencias.
 
Aclaró que un Código de Procedimientos Penales establece los procesos y principios para que al impartir justicia no se violenten los Derechos Humanos de los acusados y las víctimas, como por ejemplo cómo integrar una averiguación previa o cómo hacer una consignación.
 
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