Alto a la criminalización de las mexicanas por abortar: Andar

NACIONAL
Interrupción Legal del Embarazo en México
   Falta de respeto al Estado laico fomenta clima de persecución
Alto a la criminalización de las mexicanas por abortar: Andar
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 29/09/2014

La libertad reproductiva de las mexicanas se enfrenta a severos obstáculos, por lo que el Estado mexicano debe garantizar servicios de aborto legal y seguro en todos los estados del país, y la clase política debe dejar de anteponer sus creencias religiosas e intereses particulares en el ejercicio de la función pública.
 
Así lo dijo la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar) –integrada por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Ipas-México y Population Council– mediante un posicionamiento público en el que recuerdan que el aborto es un tema de salud pública en el país.
 
Con motivo del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina (28 de septiembre), Andar llamó al Estado mexicano a despenalizar el aborto en todo el país, garantizar la instrumentación de las causales legales, y erradicar el clima de persecución contra las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas debido a abortos inseguros o partos espontáneos, y acuden a los servicios de salud.
 
La alianza denunció que en México los derechos reproductivos de las mujeres están sumamente limitados, especialmente en el tema de aborto, ya que aún en los casos permitidos por la ley el acceso a servicios seguros de aborto es restringido.
 
Expuso que estas limitaciones también son consecuencia de que “las mujeres desconocen sus derechos (debido a que no se les informa sobre ellos), a que los servidores públicos y personal de salud anteponen sus prejuicios a sus obligaciones éticas y profesionales, y a que los tomadores de decisiones, en todos los niveles, evaden su responsabilidad ante el ejercicio efectivo del derecho a un aborto legal”.
 
Lo que ocasiona que muchas mujeres, en especial en pobreza y marginalidad, tengan que recurrir a un aborto inseguro, poniendo en riesgo su salud, vida y libertad.
 
Para Andar, las barreras de acceso al aborto legal y seguro son un tema de justicia social, “puesto que en México los derechos más vulnerados suelen ser los de las mujeres de bajos recursos”.
 
Por ello enfatizó que la penalización del aborto y la criminalización de las mujeres generan estigma y discriminación que se traducen en consecuencias adversas en el  entorno social, laboral y familiar de las mujeres.
 
En 2012 –recordó Andar– el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó a México armonizar las leyes de modo que no sean discriminatorias y que se garantice el acceso al aborto legal como un servicio de salud.
 
Desde 2011 los derechos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano son parte integral de nuestra Constitución. Pero tanto el llamado internacional como la reforma nacional son incumplidas por las y los funcionarios.
 
En ese contexto, Andar pidió que se garanticen servicios de aborto legal y seguro en todos los estados del país, y las instituciones públicas respeten el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad en los casos permitidos por la ley.
 
Así como que se detenga la persecución y encarcelamiento arbitrario de las mujeres que abortan, y sobre todo que la clase política deje de anteponer sus creencias religiosas e intereses particulares a su función pública, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres.
 
Según datos de la Secretaría de Salud (Ss), entre 1990 y 2012 murieron 2 mil 109 mujeres por causas de aborto, de un total de 28 mil 961 muertes maternas (MM); en particular, en 2010 el aborto significó 11 por ciento de las MM.
 
Asimismo, las hospitalizaciones por aborto han ido en constante aumento entre 2000 y 2012, tanto en números absolutos como en tasas, totalizando un millón 339 mil 330 mujeres atendidas en hospitales de la Ss en el país, lo que representa el 10 por ciento de las mujeres en edad reproductiva atendidas.
 
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