Negar derecho al aborto es otra forma de violencia de género

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   Estados obstaculizan interrupción legal del embarazo: OEA
Negar derecho al aborto es otra forma de violencia de género
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 03/12/2014

La no garantía por parte de los Estados de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres –especialmente en el acceso a la interrupción legal del embarazo–, además de limitar a la población femenina una amplia gama de servicios de salud, constituye una de las formas de violencia de género más oculta.
 
En ello coincidieron expertos y especialistas en Derechos Humanos (DH) y de las mujeres reunidos en la “Mesa Redonda Violencia contra las mujeres y derechos sexuales y reproductivos en las Américas: avances y desafíos persistentes”, que se realizó ayer –como parte de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género–, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
 
Carmen Moreno, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), señaló que pese a que los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos como DH, una gran proporción de las mujeres en América Latina (AL) y el Caribe enfrentan severos obstáculos para acceder a estas garantías, “que a su vez son puente para acceder a una serie de servicios y al pleno goce de todos los derechos”.
 
Sostuvo que en la región, las mujeres todavía no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, y en su sexualidad y capacidad reproductiva en igualdad de condiciones que los hombres. “Esta realidad perjudica su desarrollo y participación económica y política dentro del desarrollo de sus naciones”, alertó.
 
Jean-Claude Nolla, observador permanente de Francia ante la OEA, señaló que la igualdad entre los sexos es todavía un reto en la región, y “las disparidades” en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos “son aún más grandes”.
 
De acuerdo con el embajador, el rechazo de las naciones a garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo “es una violencia oculta” en contra de la población femenina.
 
Argumentó que al no garantizarse este derecho, “la opción que se le ofrece a las mujeres es un aborto clandestino”, que pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres.
 
Aunque no existen cifras reales sobre los abortos inseguros, el representante francés dijo que desde 1994 la proporción de mujeres que recurren a esta práctica se mantiene constante en AL, y se estima que el 13 por ciento de casos de muerte materna corresponde a abortos inseguros.
 
Al recordar que al año se realizan 450 millones de abortos inseguros en el mundo, que derivan en la muerte de 50 mil mujeres, Nolla sostuvo que “la interrupción legal del embarazo es un derecho fundamental que salvaría la vida de miles de mujeres y con él, le evitaríamos a millones de ellas que pongan su vida en riesgo, al mismo tiempo que evitaríamos que millones sean estigmatizadas en los casos de violación sexual, como ocurre actualmente”.  
 
Rosa Celorio, abogada y especialista en DH de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que el acceso a la información y educación son claves para avanzar en los derechos sexuales y reproductivos.
 
Dijo que a través del trabajo de la CIDH –que recibe testimonios, y realiza informes especiales o visitas a los Estados– se tiene conocimiento del impacto “desmesurado que tiene en las mujeres” la prohibición total del aborto, “que propicia la realización de abortos inseguros que ponen en riesgo la vida y seguridad” de las latinoamericanas, sostuvo la experta.
 
Agregó que la CIDH también tiene conocimiento de las barreras que deben enfrentar las mujeres incluso para acceder a las excepciones legales del aborto que se garantizan en algunas naciones: “Vemos con preocupación que también deben enfrentar barreras para ejercer sus derechos dentro de la ley”.
 
También se han documentado “problemas bastante serios” con respecto a la criminalización del aborto, especialmente cuando las mujeres deben acceder a servicios médicos por complicaciones durante el embarazo o abortos prematuros, pues son denunciadas por el personal de salud, y es así que ellas “tienen que tomar una decisión (en medio de emergencias obstétricas): ‘o no acudo a los servicios de salud o accedo a ellos y me arriesgo a que me consideren una criminal’”. 
 
Al mismo tiempo indicó que en la CIDH “estamos muy preocupadas por las mujeres que trabajan en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos”, ya que su criminalización “se acentúa más por las causas que ellas persiguen y el carácter polarizante de las causas que persiguen”.  
 
Finalmente recordó que la CIDH, en reiteradas ocasiones, se ha pronunciado –con medidas cautelares, informes especiales y recomendaciones– porque las naciones garanticen de manera plena todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
Enfatizó que un ingrediente crítico para garantizar estos derechos  es que las naciones desarrollen espacios que permitan la participación femenina en el diseño, aprobación y aplicación de las leyes y normativas que protegen estos derechos.
 
La mesa redonda fue realizada en conjunto por la CIM, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Misión Observadora Permanente de Francia.
 
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