El Salvador debe responder por muerte de mujer acusada de aborto

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   CIDH admite queja por violaciones a Derechos Humanos
El Salvador debe responder por muerte de mujer acusada de aborto
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 23/04/2015

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado salvadoreño responder por las violaciones a las garantías fundamentales derivadas de la criminalización del aborto en el país centroamericano, ya que a más tardar en tres meses debe responder sobre su responsabilidad en la muerte de “Manuela”, mujer que tuvo una emergencia obstétrica pero fue acusada de aborto.
 
El pasado lunes 20 de abril, la CIDH informó que admitió la solicitud que el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) y la Agrupación Ciudadana y la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local presentaron en marzo de 2012, en la que alegan la responsabilidad del Estado salvadoreño en las múltiples violaciones a los Derechos Humanos (DH) que sufrió “Manuela”, debido a la prohibición total del aborto en El Salvador.
 
En un comunicado, el CDR informó que el mismo 20 de abril la CIDH pidió al Estado salvadoreño que en un plazo no mayor a tres meses explique su responsabilidad por los hechos ocurridos, lo que según la organización civil constituye un paso hacia la justicia para “Manuela” y tantas otras mujeres que hoy padecen el impacto de la criminalización del aborto bajo cualquier circunstancia.
 
En 2012 el CDR y la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local demandaron ante la CIDH al Estado salvadoreño por trato cruel y detención arbitraria en el caso “Manuela”, mujer de 33 años de edad y madre de dos hijos, que fue acusada de homicidio agravado y sentenciada a 30 años de prisión tras sufrir una grave emergencia obstétrica.
 
De acuerdo con los grupos ciudadanos, en 2009 “Manuela” estaba embarazada cuando acudió a un hospital para atenderse por una fuerte hemorragia. El personal médico la trató mal y la denunció de inmediato ante las autoridades. Fue esposada a su cama y acusada de homicidio.
 
La mujer fue condenada a 30 años de prisión sin haber contado con un abogado y sin derecho a una apelación. Tras varios meses en prisión, se descubrió que los tumores que “Manuela” tenía desde años atrás en el cuello de la matriz eran producto de un cáncer en el tejido linfático, conocido como linfoma de Hodgkin, enfermedad que probablemente provocó el aborto espontáneo.
 
Antes de sufrir la emergencia obstétrica, “Manuela” pidió ayuda médica muchas veces sin ser diagnosticada. Ella nunca recibió un tratamiento para su enfermedad y murió en prisión en abril de 2010.
 
Según las activistas, las graves violaciones a DH cometidas contra “Manuela” son resultado de la criminalización total del aborto que durante más de 16 años ha mantenido el Estado salvadoreño.
 
“En la realidad, la prohibición se ha traducido en la detención arbitraria y criminalización de un amplio número de mujeres que han sufrido complicaciones relacionadas con el embarazo y abortos espontáneos y que son sentenciadas por homicidio agravado con penas hasta de 40 años en prisión”, reprochó el CDR en su comunicado.
 
Mónica Arango, directora regional para América Latina y el Caribe del CDR, celebró que la CIDH finalmente haya iniciado el trámite y dijo que es determinante que el Estado no sólo responda por las violaciones a “Manuela” y su familia, sino que además tome los pasos necesarios para flexibilizar las leyes sobre aborto.
 
En abril de 2014 una coalición de organizaciones sociales salvadoreñas y de otros países, convocada por la Agrupación Ciudadana y el CDR, puso en marcha la campaña “Las 17” para pedir la liberación de 17 salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas y luego fueron declaradas responsables de homicidio en varias modalidades.
 
“Mirna”, una de “Las 17”, fue liberada en noviembre de 2014 tras cumplir su sentencia y sin la oportunidad de haber sido indultada. Otra mujer, “Guadalupe” obtuvo el indulto a principios de este año gracias a la campaña de las activistas.
 
Actualmente, 15 de las 17 mujeres siguen detenidas purgando penas de entre 30 y 40 años de cárcel.
 
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