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De cómo se niegan recursos públicos a víctimas de trata

Por Teresa Ulloa Ziáurriz*
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Mientras Enrique Peña Nieto desplegó un presupuesto millonario para publicitar su Tercer Informe de Gobierno, y luego de haber atendido al mensaje que dio a la opinión pública (en el marco de una recepción privada con invitados de lujo pagados con el erario), y haber leído las secciones relativas a los supuestos logros en materia de atención a víctimas (además del discurso a favor de la igualdad de género que acaba de pronunciar ante la ONU), consideramos de suma importancia hacer énfasis en el verdadero trato que éstas reciben.
 
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a sus Víctimas establece la existencia de dos fondos.
 
Uno para proteger y asistir a las víctimas, ofendidos y testigos, cubrir sus necesidades urgentes y subsidiariamente para la reparación del daño. Otro, para el cambio de identidad, reubicación nacional o internacional cuando se trata de víctimas, ofendidos o testigos de la delincuencia organizada.
 
También la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Secuestro establece un fondo de asistencia a las víctimas y ofendidos.
 
No obstante, ninguno de estos fondos ha recibido presupuesto, ni un solo peso, con el pretexto de que existiría un solo fondo para todas las víctimas.
 
Ese fondo es al que se refiere la Ley General de Víctimas, que resulta, en teoría, ser el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cuyo manejo se encuentra a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación.
 
Según dicha ley, el fondo se encuentra destinado a “brindar los recursos necesarios para ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”, lo cual tiene la intención de incluir también a las víctimas de delitos en materia de trata de personas y de secuestro, a pesar de lo que establecen las leyes generales respectivas.
 
Tal fondo está conformado, según la propia ley, por:
 
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso.
 
II. El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales (…).
 
III. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad.
 
IV. El monto de las reparaciones del daño no reclamadas.
 
V. Aportaciones altruistas.
 
VI. Los rendimientos que generen los recursos que obren en el Fondo… entre otros.
 
En este orden, cabe señalar que Peña Nieto reportó la creación de dicho fondo multimillonario como un avance de su administración en 2014.
 
Desgraciadamente, la realidad apunta a una necedad de facto por querer desaparecer los fondos de tales leyes, ya que con la nula respuesta que ha ofrecido la CEAV a las víctimas de delitos en materia de trata de personas, el mensaje del presidente es que ellas no son de su interés… a pesar de lo que la ley dispone.
 
Los medios de comunicación han sido sumamente importantes para visibilizar las condiciones en que son rescatadas las víctimas de delitos en materia de trata y formas contemporáneas de esclavitud en este país. Producto de distintos intercambios entre los grupos del crimen organizado, estas mujeres, niñas y adolescentes padecen un sinfín de secuelas que pueden tardar muchos años en ser superadas.
 
Uno de los casos paradigmáticos que seguimos atendiendo en CATWLAC es el de “Paty”, una joven centroamericana que fue secuestrada y trasladada a México –en medio de incontables episodios de violencia–, hasta caer en manos de uno de los cárteles de la droga más poderosos, en cuyo poder permaneció cautiva y esclavizada por varios años en un “table dance”.
 
Al momento de ser rescatada, presentó diversos padecimientos físicos y sicológicos (parálisis facial, matriz inversa, vejiga caída, pérdida de dientes, trastorno de estrés postraumático severo, depresión, ataques de pánico); varios de ellos con secuelas permanentes.
 
Es en ese lapso que grupos civiles como CATWLAC, dedicados a apoyar a víctimas, nos topamos con pared. En vez de contar con el gobierno como aliado, generalmente parece el enemigo dedicado a obstaculizar la recuperación de las víctimas (véase especialmente la reglamentación burocrática que la CEAV impuso al fondo).
 
Los recursos que deberían ser específicamente asignados a las necesidades de las víctimas, se pierden en el desinterés y la burocracia para terminar en las arcas de la CEAV. Es probable que sean usados a espaldas de las víctimas con criterio discrecional. Es decir, sin transparencia.
 
Lo que ocurrió en el caso de “Paty” ejemplifica por qué pensamos así. A raíz de su parálisis facial solicitamos a la CEAV material quirúrgico para su operación (neurotrasmisor y balín de titanio y platino para que pudiera cerrar el ojo), por un monto de 10 mil pesos y, luego de diversas llamadas y trámites de nuestra parte, dicha instancia optó por obtenerlo de la Beneficencia Pública y no del fondo.
 
El caso de la CEAV ilustra el grado de contradicción entre lo que informó Peña Nieto en su Tercer Informe y la revictimización a la que son sometidas las víctimas –valga la redundancia–, ante un Estado ineficaz.
 
No obstante, el orden federal no es el único que adolece de falta de interés en el cumplimiento de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas.
 
El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral debe existir en cada una de las entidades federativas y el Distrito Federal, y sin embargo, ninguno de ellos ha cumplido en la elaboración de su respectivo reglamento para definir y transparentar la distribución de los recursos.
 
El DF ha estado discutiendo el Reglamento de la Ley de Trata, dentro del cual sí se contempla un Fondo de Asistencia, Protección y Reparación del Daño.
 
En el tortuoso camino de las víctimas –que acompañamos las organizaciones civiles honestas–, estamos acostumbrados a lidiar con todo en contra. Lo que no vamos a permitir es que se digan mentiras en aras de quedar bien con la sociedad.
 
No podemos hablar de logros mientras se nos siga cerrando la puerta en la cara.
 
Twitter: @CATWLACDIR
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
 
15/TUZ/RMB

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