Según datos de la Fiscalía de la Mujer, esta institución recibe un promedio de 41 denuncias diarias sobre violaciones a los derechos de las mujeres en todo el país, en su mayoría por violencia intrafamiliar; durante el 2004 se presentaron en esta instancia 15 mil 240 diligencias.
Así, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres, Guatemala conmemorará esta fecha en medio de violencia armada, asaltos y discusiones en los hogares, que, en comparación con años anteriores, en el 2005 aumentaron sin que el gobierno haya implementado un plan efectivo de seguridad para las féminas.
La Policía Nacional Civil (PNC), de enero de 1999 a diciembre de 2004, contabilizó la muerte violenta mil 680 mujeres; durante el presente año se reportaron 574 asesinatos de mujeres; 65 por ciento de ellos, ocurridos en los departamentos, donde, según la relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Susana Villarán, existe menos acceso a la justicia.
Esto da muestra de que cualquier esfuerzo que haya realizado el Estado guatemalteco durante el 2005 para erradicar la violencia contra las mujeres parece haber sido en vano, pues las cifras de feminicidio y violencia intrafamiliar continúan en ascenso.
LOS ESFUERZOS
El estado creó la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (Conapevi), que a su vez implementó desde enero de 2004 el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres (Planovi); asimismo, se promovió la boleta única de denuncia con el objetivo de crear una base de datos para analizar la violencia intrafamiliar y contra las mujeres.
Por su parte, el Ministerio Público (MP) amplió dos Fiscalías de Delitos contra la Vida para que investiguen específicamente el fenómeno del feminicidio, y la Comisión de la Mujer del Congreso de la República signó tres documentos derivados de los tres Diálogos Interparlamentarios sobre Violencia Feminicida donde también participaron congresistas de México y España, lo que compromete al gobierno guatemalteco a tipificar el feminicidio como crimen de lesa humanidad.
El Fondo de Empoderamiento de las Mujeres, promovido por la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), aprobó tres proyectos de la sociedad civil e instituciones del Estado para apoyar investigaciones sobre las características de la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres y el papel del sistema de justicia en el tema.
COBERTURA MEDIATICA
El movimiento de mujeres ha colocado el tema en la agenda mediática; asimismo, las y los familiares de las víctimas se han involucrado en los esfuerzos de organismos internacionales en la búsqueda de la justicia, y las ciudadanas se han atrevido a denunciar, como lo prueba la alta cifra de quejas que existe en las instituciones encargadas.
Según la Investigación en Prensa Escrita sobre Violencia contra las Mujeres que llevó a cabo la Agencia Cerigua, durante el 2005 la prensa nacional dio poca cobertura al tema: en el 2004 cubrió 88 por ciento de los asesinatos mujeres; asimismo, varias publicaciones y campañas para abordar el flagelo desde una perspectiva social.
En contraste, durante el presente año se le ha dado espacio en un 60 por ciento mayoritariamente concentrado en la nota roja.
El 21 de octubre de 2005, el New York Times denunció en su editorial la indiferencia e ineficiencia del Estado guatemalteco en la erradicación del feminicidio.
Lo que tienen en común las mujeres asesinadas en Guatemala es que «sus casos van a ningún lado»; la policía e investigadores usualmente las victimizan, aduciendo que ellas buscaron la muerte al relacionarse con pandilleros o que eran integrantes de maras, añade el editorial.
En el proceso también han intervenido Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Relatoría especial para los Derechos de las Mujeres de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Fondo de Desarrollo para las Mujeres (UNIFEM), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y muchas instancias más que en su momento redactaron recomendaciones para el estado guatemalteco, de las cuales éste ha hecho caso omiso.
05/YT
