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32 años después se hizo justicia

Por Karla Micheel Salas*
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“Yo no me iré tranquila hasta que se haga justicia, sólo entonces podré descansar”
Doña Demesia, sobreviviente de Sepur Zarco
 
El pasado viernes 26 de febrero, en la sesión número 20 del juicio de Sepur Zarco, se dio por cerrado el debate y se dio lectura a los resolutivos de una sentencia emblemática para los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, así como para la justicia y memoria histórica de Guatemala.
 
A las 4 de la tarde, ante una sala repleta, la presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, la juez Yassmín Barrios, dictó sentencia condenatoria en contra del teniente del Ejército Esteelmer Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig.
 
Este juicio y su sentencia pasará a la historia por varias razones: por ser la primera ocasión en la que se enjuicia a militares por esclavitud sexual en un Tribunal nacional; y fundamentalmente, porque 15 mujeres lograron romper el silencio y contar sus historias, porque estas valientes mujeres lograron colocar la vergüenza donde debe de estar: del lado de los perpetradores, de los violadores.
 
Sepur Zarco es una comunidad ubicada entre los departamentos (estados) de Izabal y Alta Verapaz, entre los municipios de Panzós y El Estor; ahí, en 1982, se instaló un destacamento militar cuyos soldados cometieron graves violaciones a los DH de la población indígena q’eqchi’. A los hombres los desaparecieron y asesinaron; a las mujeres las obligaron a lavar la ropa y cocinar, además de esclavizarlas sexualmente. 
 
De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los enfermeros del destacamento se encargaban de inyectarles anticonceptivos o administrarles pastillas para no presentar embarazos. Las víctimas también narraron que debían alimentar a los militares, mientras veían a sus hijos morir por falta de alimento y medicamentos.
 
La historia de violencia sufrida por las mujeres en Sepur Zarco fue conocida por primera ocasión en el Tribunal de Conciencia en marzo de 2010 en Guatemala.
 
En aquel tribunal, el Estado guatemalteco fue juzgado de forma simbólica por la utilización de la violencia sexual como un arma de guerra en contra de las mujeres indígenas, y como parte de la política genocida del ex dictador Efraín Ríos Montt.
 
A partir del acto simbólico que implicó la sentencia emitida por el Tribunal de Conciencia en 2010, organizaciones civiles integradas en la Alianza contra la Impunidad trabajaron junto con las mujeres y lograron conjuntar los elementos necesarios para en 2012 presentar una querella en contra de los perpetradores.
 
Así, gracias al trabajo de litigio estratégico, el pasado 1 de febrero, después de vencer varios obstáculos legales, inició el juicio en contra de Reyes Girón y Valdez Asig, acusados por los delitos de deberes contra la humanidad, en su modalidad de violencia sexual contra 11 mujeres, el asesinato de dos mujeres y dos niñas, así como la desaparición forzada de seis hombres.
 
En su fallo, el Tribunal determinó que la violencia ejercida en contra de las mujeres se produjo en el contexto del conflicto armado, y específicamente en un despojo de tierras a personas indígenas q’eqchi’ por parte de un grupo de la élite guatemalteca.
 
Ante el reclamo de restitución de sus tierras por parte de la comunidad de Sepur Zarco, el Ejército, en alianza con los terratenientes, señaló a la población como colaboradores de la guerrilla y los ubicó como enemigos internos para acusarlos ante los tribunales militares.
 
Heriberto Valdez Asig, quien se desempeñaba como comisionado militar, fue el encargado de señalar a los supuestos colaboradores de la guerrilla y participó en sus detenciones. Por su lado, Esteelmer Reyes Girón –quien era teniente del Ejército y fungió como el jefe del destacamento– tuvo conocimiento pleno de todo lo que ocurría.
 
El Tribunal dio por acreditado el patrón de desaparición y asesinato de los hombres y la posterior violación de las mujeres, a quienes además se les quitaron sus propiedades y fueron esclavizadas. Todo esto propició que la población huyera a la montaña, donde murieron de hambre y frío.
 
Consideró además, que al violar a las mujeres, los militares buscaron su destrucción humana y cultural. La violación sexual no se realizó en calidad de botín de guerra, sino como una estrategia para destruir no sólo el cuerpo de las mujeres, sino al enemigo. Es así como la violencia sexual se convirtió en un instrumento de guerra. 
 
El pasado 26 de febrero, tras 20 sesiones, el desahogo de 26 peritajes, 34 testimoniales, 16 pruebas documentales relacionadas con el teniente y nueve con el ex comisionado militar, se sentenció a Esteelmer Reyes Girón a 120 años de cárcel por su autoría en la comisión de los delitos de deberes contra la humanidad, en su modalidad de violencia sexual, cometido en contra de 11 mujeres y el asesinato de una mujer y dos niñas.
 
Y a Heriberto Valdez Asig se le condenó a 210 años de cárcel por su autoría en la comisión de los delitos de deberes contra la humanidad, en su modalidad de violencia sexual contra 11 mujeres y la desaparición forzada de seis hombres.
 
Este caso es un triunfo para los DH: la verdad histórica de la violencia cometida en contra de las mujeres es una verdad legal.
 
Con Sepur Zarco se inicia un proceso que debe continuar; todos los perpetradores de la violencia sexual que sufrieron miles de mujeres durante el conflicto armado en Guatemala deben ser juzgados y sancionados, solo así aseguraremos que estos crímenes nunca más vuelvan a cometerse.
 
*Abogada feminista
 
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