La historia de las minas en la zona carbonífera de Coahuila, la más importante del país, es un hito negro. En un año han muerto en esta región 71 hombres: 65 de ellos en la mina de carbón número 8 de Pasta de Conchos, en febrero de 2006, un rescatista y otras cinco personas en los llamados pocitos de carbón.
La falta de seguridad fue la causa real del fallecimiento de los 65 mineros en Pasta de Conchos el año pasado, coinciden mineros, sus familias, expertos, ONG solidarias e iglesias, algo similar a lo que ha sucedido en la historia de poco más de 100 años en la región carbonífera del estado que incluye a este municipio y a otros como Sabinas, Muzquiz, Juárez y Progreso.
En esta zona, donde se producen 15 millones de toneladas de carbón al año, según datos de la Cámara Minera de México, sus habitantes viven una contradicción entre las empresas que crecen y se enriquecen con la producción de carbón y los mineros sujetos a una explotación permanente.
Sin seguridad en el trabajo y con sueldos de 400 pesos semanales, a un año de la muerte de los trabajadores de Pasta de Conchos, la exigencia de las familias y los organismos sociales es que cambie esta cultura de la muerte por una cultura de vida, que les entreguen los cuerpos aún atrapados entre la tierra, se castigue a los culpables y que, incluso, se cancele la concesión al Grupo México, propietaria de la compañía «minera más grande de México» Industrial Minera México (IMMSA).
El equipo nacional de Pastoral Laboral asegura en su primer informe sobre Pasta de Conchos, «una tragedia que no debió ocurrir», que desde el año 2000 la concesión a IMMSA debió ser cancelada por las dependencias federales responsables, cuando luego de una inspección se demostró la inseguridad y falta de higiene en la mina número ocho.
«Es evidente que las condiciones ponían en riesgo la salud y la vida de los trabajadores desde la inspección del año 2000 y hasta que ocurre el siniestro y que dichas condiciones continúan incluso después del siniestro», señala el informe que contiene los resultados de una serie de entrevistas a trabajadores de las minas y actas de inspección realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).
UNA HISTORIA DE NEGLIGENCIA
Por una cuerda de vida para los mineros del carbón, como se titula el documento de Pastoral Nacional, apunta entre sus conclusiones «que es innegable que existió desde el año 2000 una muy grave negligencia por parte de los inspectores de la STyPS, así como de la delegación de la misma secretaría en Coahuila».
Como ejemplo, cita una inspección «extraordinaria por existir presuntas violaciones a la legislación laboral en condiciones de seguridad e higiene en lo que se refiere a la ventilación en el año 2001», lo que resulta ?dice Pastoral Laboral- un claro ejemplo de este historial de negligencia tanto de la empresa IMMSA como de la delegación federal del Trabajo, a la que también se suma el Tribunal Fiscal de la Federación.
Sobre esta última instancia recae la responsabilidad de haber apoyado el cambio de fecha de la inspección para anular el emplazamiento, al determinar que la inspección que solicitaron los trabajadores estaba viciada de origen, por lo que ordenó se archivara el expediente.
Entre otras anomalías efectuadas entre la empresa y las dependencias federales, Pastoral Laboral detecta en su primer informe que los interrogatorios a los trabajadores se hacían frente a los representantes de la empresa y el sindicato y sus respuestas quedaban asentadas en el acta.
Ello, destaca la investigación, es una contradicción a lo que establece el artículo 20 del Reglamento General para la Inspección de Sanciones por Violación a la Legislación Laboral que faculta a los inspectores a separar a los trabajadores del patrón; como tampoco los inspectores no verifican físicamente el cumplimiento de las medidas emplazadas.
Por ejemplo, en noviembre de 2005, hay un acta de inspección de comprobación, en la que aparece nuevamente señalamientos como repolveo sistemático, arreglar las fugas de aire de los puentes y terminar la construcción de tapones de los cañones ya explotados, medidas que un mes antes se habían inspeccionado y que en el acta de inspección periódica aparecen como cumplidas.
En ese sentido, tanto el abogado del equipo de Pastoral Laboral, Manuel Fuentes, como Cristina Auerbach Benavides, de ese organismo, coinciden en que para la empresa le resultaba menos oneroso pagar una multa de 580 mil pesos por la inspección que garantizar la seguridad de los trabajadores.
El organismo de la iglesia católica, apunta que hubo omisión de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a pesar de estar obligados en términos del artículo 82 de la ley de Seguridad Social para llevar a cabo investigaciones sobre riesgos de trabajo y las recomendaciones que debería emitir a efecto de prevenir dichos riesgos.
En tanto, la Secretaría de Economía (SE) no supervisó al titular de la concesión minera, es decir IMMSA, como lo marca el artículo 34 de la Ley Minera que establece la obligación de prevenir accidentes, cosa que pasó el 19 de febrero de 2006 y que terminó con la vida de 65 mineros y el rescatista Jesús Meza Lozano.
Cristina Auerbach Benavides, del equipo nacional de Pastoral Laboral, sostiene que la empresa obtuvo entre enero y septiembre ganancias por más de mil millones de dólares (unos 11 mil millones de pesos mexicanos), en tanto 64 familias han recibido la ayuda humanitaria de 750 mil pesos, es decir, cada familia recibió 68 milésimas de la ganancia de IMMSA en sólo nueve meses.
UNA CUERDA DE VIDA
María del Refugio de Mijares sostiene que su compañero ya no está, ya no está el padre de sus hijos. Pero habría justicia ?dice- para los que quedan vivos, para los mineros activos si cambiaran sus condiciones de trabajo, en vez de riesgo que haya seguridad, entonces «así sentiría yo que la muerte de mi esposo no queda impune».
Las horas de dolor siguen a lo largo de poco más de 365 días para las familias.
Luis Barrera, habla de su suegro quien quedó sepultado, el 19 de febrero de 2006, en Pasta de Conchos y se refiere a las declaraciones hechas por el vicepresidente de Relaciones Internacionales del Grupo México.
Él dice que no entiende porque seguimos luchando, que la empresa dio ayudas nunca vistas (como el pago triple de salarios) y critica al obispo (Raúl) Vera. Decía el funcionario que «no tenemos abuela y que ojalá cuando muera le den ese dinero a su esposa e hijos. Yo le voy a preguntar que pasa si le metemos a un hijo debajo de la mina ¿me gustaría preguntarle qué es más importante el dinero o la vida?», señala Luis.
Barrera habla también de las tres hijas que se quedaron sin su padre, de los nietos sin abuelo. Se le quiebra la voz pero no llora.
«Ustedes pueden contar unos 25 pocitos de carbón por acá cerca, de Aguijta para acá, y lo poquito que entiendo es que por el mismo boquete sale y entra la gente, sale y entra el gas, sale y entra el carbón, me pregunto ¿tenemos que esperar una inspección para saber si eso está mal? pues no».
Yo digo ?agrega el joven- que si las autoridades tienen ganas y la intención de hacer las cosas bien, ahora pueden parar eso y no esperar que muera otro minero, como sucedió hace un mes.
«Ojalá que la muerte de los mineros nos volteen a ver, ojalá se den cuenta que sin el carbón una buena parte se quedaría sin luz? Creo que si queremos ser diferentes, los castigos que estamos buscando deben ser diferentes».
Guillermo Iglesias recuerda a su padre muerto en la mina número 8 y a su madre que murió 11 meses después por el dolor de la tragedia. Desde el principio, explica, supe que en Pasta de Conchos las cosas estaban mal, por eso es mi lucha contra IMMSA y el gobierno federal: «Es muy traumático esperar los restos de mi padre para que descanse junto a los restos de mi madre. Quiero que traigan peritos no sólo para investigar sino también para rescatar los cuerpos, hoy se pueden hacer muchas cosas».
Elvira Martínez Espinoza, quien quedó viuda en febrero del 2006, se une a la petición y asegura que IMMSA quiere calmar todo el dolor con dinero, «los queremos a ellos, por más dinero que nos den nunca nos van a llenar el vacío que dejaron en una tragedia que no debió pasar.
En el informe de Pastoral Laboral, Cristina Auerbach Benavides escribe que «todo el tiempo el tema de la ?cuerda de vida? se nos quedó gravado en el corazón, quizá porque precisamente se trata de una medida de seguridad que en su nombre incluye y procura la vida. Y porque la vida es gratuita. A la empresa (IMMSA) no le hubiera costado nada poner esa cuerda de vida? ello refleja el enorme desprecio de Industrial Minera por la vida de sus trabajadores».
07/SJ/CV
