El Senado de la República detectó 39 «lagunas» legales en la normatividad constitucional, sanitaria, educativa, civil y penal del estado de Chihuahua, que contribuyen a fomentar la discriminación contra las mujeres y cuyo trágico ejemplo es la imparable ola de asesinatos en Ciudad Juárez que ha dejado alrededor de 400 víctimas desde 1993.
En un documento elaborado por la Comisión Especial del Senado que da seguimiento a las investigaciones del feminicidio en Juárez -proporcionado a Cimacnoticias-, se asienta que dichas «lagunas» legales «han impedido que los jueces y magistrados actúen con la celeridad y eficacia necesarias» en torno a la ola de violencia de género que azota a la ciudad fronteriza con Estados Unidos.
La Comisión Especial encabezada por la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leticia Burgos llevará a cabo este viernes en un hotel capitalino el seminario «Cumplimiento de las convenciones y acuerdos internacionales en materia de violencia contra las mujeres en la tarea legislativa, como propuesta de acción contra el feminicidio de Ciudad Juárez, Chihuahua».
En ese evento en el que también participarán la Comisión Especial de la Cámara baja para el feminicidio, académicas, funcionarias, juristas, y agrupaciones de familiares de las víctimas, se analizarán los vacíos legales en la normatividad de Chihuahua con el fin de adecuarla a los acuerdos internacionales firmados por México para proteger los derechos de las mujeres en aquella entidad.
En el documento base para el debate del seminario, las senadoras integrantes de la Comisión Especial expondrán: «La impunidad de los actos de violencia contra las mujeres tiene una connotación importante de discriminación de género porque las estructuras jurídicas tienen como base la neutralidad de la norma y la imparcialidad de jueces y magistrados».
Debido a esa «neutralidad» de la ley –abunda el texto-, «se desconoce una realidad: la violencia contra las mujeres no es neutra y sí es un acto de abuso de poder».
Las senadoras explican que en el caso de Chihuahua «se está frente a una estructura de control y represión insensible a la forma de funcionar de la violencia contra la población femenina y, por lo tanto, incapaz de reconocer los actos punibles y sancionarlos».
La Comisión Especial del Senado advierte que los diversos relatores de Naciones Unidas y de grupos humanitarios como Amnistía Internacional (AI), que han analizado la situación en Juárez, coinciden en que es necesario contar con un marco jurídico apropiado para evitar la impunidad y lograr la capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos encargados de la procuración y administración de justicia.
«Es evidente que hasta ahora la perspectiva de género es una materia pendiente en estas tareas fundamentales para evitar la impunidad de los actos de violencia contra las mujeres», destacan las senadoras.
Entre las «lagunas» detectadas en el marco normativo del estado de Chihuahua, la Comisión Especial del caso Juárez destaca que la Constitución de la entidad no garantiza la protección que el Estado debe dar a la familia y a la niñez; tampoco prohíbe de manera expresa todas las formas de discriminación, y todas las formas de esclavitud, trata de personas y prostitución forzada.
En materia de justicia penal, las senadoras advierten «sería conveniente» revisar las formas clasificación de la gravedad de ciertos delitos y su persecución de oficio o querella, así como normatividad procesal. Tal es el caso –precisan-, de ciertos abusos sexuales, el hostigamiento, la inseminación indebida, el rapto y el estupro.
2004/RM/GV/SM
