Inicio 50 años de conflicto armado en Colombia y violencia sexual contra mujeres

50 años de conflicto armado en Colombia y violencia sexual contra mujeres

Por Kerstin Bognar

A casi 50 años del conflicto armado en Colombia, no se ha «podido» cuantificar, ni siquiera de manera aproximada, cuántas mujeres y niñas colombianas han sido víctimas de violencia sexual la cual ha sido utilizada de forma sistemática y generalizada durante el conflicto, destaca un informe presentado en septiembre pasado por Oxfam Internacional.

El reporte señala que la violencia sexual ha sido empleada por todos los grupos armados – fuerzas militares del Estado, paramilitares y grupos guerrilleros – como arma de guerra, tanto contra las mujeres civiles como contra sus propias combatientes, con el objetivo de sembrar el terror en las comunidades. Así, la mujer se convierte en moneda de cambio a través de la cual se lesiona, aterroriza y debilita al enemigo para avanzar en el control de territorios y recursos económicos.

El Estado colombiano oculta y niega este delito, lo que ha permitido perpetuar un entorno de impunidad para los agresores. «La violencia sexual no se investiga, ni se enjuicia, ni se castiga en este país», destaca el informe.

Según Oxfam-organización civil que trabaja con 3 mil organizaciones civiles contra la pobreza y por los derechos humanos- existen varias razones por las que no se puede calcular el número de mujeres que han sufrido violencia sexual por parte de los integrantes de un grupo armado.

Por un lado, muchas mujeres renuncian a denunciar por el temor a las represalias, a la vergüenza, al miedo y al peligro que pueden correr ellas y sus familias. Además, la falta de garantías legales y la falta de confianza en las instituciones estatales impiden declarar a aquellas mujeres que desean hacerlo. A ello, se añade el sentimiento de culpa que suele acompañar a las víctimas.

La suma de todos estos factores ha hecho que este tipo de violencia se haya «normalizado» dentro de la sociedad colombiana y muchas de las mujeres no se consideren víctimas porque no creen, o no saben, que la violencia sexual es un delito.

VIOLENCIA SEXUAL DURANTE EL DESPLAZAMIENTO

Oxfam informa que la violencia sexual es una de las principales causas del desplazamiento forzado de las mujeres en Colombia, concretamente dos de cada diez mujeres desplazadas se han visto obligadas a huir debido a este delito.

Pero la amenaza y el miedo no terminan con el desplazamiento. Según datos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el 2005, la violencia sexual continuó durante el desplazamiento: 52 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de maltrato físico y 36 por ciento han sido forzadas por desconocidos a tener relaciones sexuales.

Además, muchas de las niñas desplazadas se ven obligadas a mantener relaciones sexuales y a contraer matrimonio de forma precoz para obtener un sustento y alojamiento.

DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA A LA SEXUAL

Los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2005, citada en el informe, indican que en Colombia existe un alto índice de violencia doméstica. El 66 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia verbal, 39 por ciento violencia física, el 12 por ciento ha sido violada por su pareja y un 6 por ciento por algún otro miembro de la comunidad.

Además, la encuesta destaca que las mujeres son víctimas del 95 por ciento de los casos relacionados con la violencia conyugal, de tal manera que el entorno más cercano resulta el más peligroso en vez de ser un factor protector.

El 50 por ciento de las mujeres agredidas tienen entre 15 y 24 años de edad. Estas mujeres, en particular las menores de edad y las que tienen los niveles más bajos de educación y de riqueza, son las más vulnerables ya que sufren además otros tipos de discriminación al ser explotadas laboral y económicamente.

Oxfam calcula que sólo un nueve por ciento de los casos en los que una mujer sufre un abuso físicos, psíquico, sexual o político, es denunciado, lo que indica una escasa confianza de las mujeres en las instituciones públicas y la persistencia de un sistema patriarcal y machista. En Colombia, a este entorno se suma el conflicto armado persistente desde hace cinco décadas, que recrudece las pautas de violencia de género agravando la situación de discriminación y marginación de la mujer.

Las mujeres en Colombia representan poco más del 50 por ciento de la población total, lo que supone alrededor de 22.3 millones. De esta cifra, el 54 por ciento vive por debajo del umbral de la pobreza, mientras que la media nacional es del 46 por ciento. Además, el 46 por ciento de la población que vive en la indigencia son mujeres.

DISCRIMINACIÓN CONTRA AFROCOLOMBIANAS E INDÍGENAS

Dentro de los grupos de la población colombiana, las mujeres afrocolombianas y las mujeres indígenas son las más vulnerables ante la violencia sexual dada la triple discriminación que sufren marcada por su género, su etnia y su pobreza. La historia de ambos grupos étnicos es marcada por la marginación, la invisibilización y la desventaja social y económica.

Actualmente, más del 30 por ciento de los desplazados son afrocolombianos, de los cuales, el 50 por ciento son mujeres y casi la mitad de ellas son cabeza de familia, señala Oxfam. Las mujeres afrocolombianas desplazadas padecen actos de racismo por parte de las comunidades receptoras dificultando aún más su inmersión en esta nueva sociedad. Además, el conflicto las ha despojado su función de transmitir creencias y tradiciones a su comunidad.

Se calcula que el 12 por ciento de los desplazados pertenecen a grupos indígenas, dado que los territorios indígenas son de gran importancia estratégica para los grupos armados por su uso para infraestructuras, por sus recursos naturales y por su empleo para el tráfico y cultivo ilegal de drogas. Esto ha tenido graves consecuencias para las mujeres indígenas que se han visto obligadas a huir de sus tierras, a las que están histórica y culturalmente vinculadas.

A pesar de ello, tampoco existen cifras oficiales que den cuenta de la magnitud de la violencia a las que están sometidas las mujeres afrocolombianas e indígenas, quienes aparte de dificultades geográficas, encuentran una reducida presencia de instituciones donde puedan denunciar los hechos.

Oxfam finaliza el informe con un llamado a la Unión Europea y concretamente a España, a que reaccionen ante este delito y presionen al Gobierno colombiano para que ponga en marcha una política integral que transforme las causas que ocasionan esta sistemática violación de los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado, lograr su protección y autonomía.
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